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Un modelo de producción incompleto

Sólo una prolongada conjunción de políticas errantes, conflictos políticos y sectoriales y la falta de definición estrátegica y de un plan políticamente respaldado pueden explicar la actual situación del sector agropecuario argentino. El país necesita un acuerdo de desarrollo integral, que una los intereses del campo, la industria y los trabajadores.

El primer gran obstáculo para el desarrollo rentable de la producción está determinado por la “comoditización”. Producir un genérico no diferenciado por algún proceso industrial que agregue valor es condenarse a comercializar el producto en las condiciones establecidas por los mercados internacionales. Así, de las tres variables para mejorar un negocio –costo, volumen y precio– la producción agropecuaria argentina sólo puede operar sobre dos: costo y volumen. Paradójicamente, el esfuerzo para incrementar el volumen y mejorar la ecuación económica tiene un efecto adverso en el precio. Del mismo modo, para mejorar los costos y/o aumentar el volumen se requiere el uso de mayor tecnología, deteriorando las relaciones en los términos del intercambio: se requiere un mayor volumen de producción final para obtener la misma cantidad de bienes manufacturados necesarios… para aumentar el volumen. Un círculo vicioso.

No obstante, y a pesar de lo que se suele decir, pocos sectores de la economía argentina han sido más permeables a la incorporación de nuevas tecnologías que el agropecuario. Tal vez como consecuencia de la propia crisis, y seguramente influenciados por organismos públicos o privados, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), los productores han venido incorporando todas las novedades tecnológicas disponibles: fertilizantes, herbicidas, sistemas de riego, técnicas de siembra directa y otras conservacionistas, como la labranza vertical. La proliferación de escuelas rurales contribuyó también a los cambios culturales que se produjeron en las explotaciones, independientemente de su envergadura. Si bien es cierto que hay una relación inversamente proporcional entre el tamaño de una explotación y la incidencia de los costos fijos, esto no fue obstáculo para la incorporación de tecnologías modernas, tanto en las grandes organizaciones como en las medianas y pequeñas y aun en los minifundios de economías familiares. Los incrementos en los rendimientos promedio por hectárea, tanto de la producción de granos como de la de carne, son prueba de estas mejoras. Sin embargo, no hubo la misma predisposición a la integración vertical para la industrialización de los bienes producidos.

La razón de este déficit en el proceso de industrialización tal vez debe buscarse en la sociología y en la historia del desarrollo económico del país. La ausencia de una alianza estratégica entre el sector agropecuario y el industrial, es una de las causas del proceso de “comoditización” de la producción. La desafortunada antinomia campo-industria subyacente durante muchos años en las ideas expresadas por las corporaciones representativas de ambos sectores, y la influencia que las mismas tuvieron en las políticas aplicadas por los distintos gobiernos, impidieron el desarrollo de un proceso de integración positiva.

¿Por qué vender trigo en lugar de fideos? ¿O algodón en fardos en lugar de prendas de vestir? ¿O cueros crudos en lugar de zapatos? Sin pretender hacer una enumeración taxativa de los problemas del sector, es importante resaltar la tremenda importancia de las cuestiones de infraestructura necesarias para que, aun como productor primario, Argentina resulte competitiva en los mercados internacionales.

En este sentido, en la última década se ha retrocedido de manera significativa. Por ejemplo, la virtual desaparición de los ferrocarriles como alternativa al transporte automotor implica un importante encarecimiento1. En muchos casos (agravados ahora por las inundaciones de la provincia de Buenos Aires), la imposibilidad de transportar la produccion hacia los centros de consumo o hacia los puertos genera una pérdida de magnitud tal vez superior al presunto déficit generado por los ferrocarriles.

El mismo retroceso se aprecia en el almacenaje y acondicionamiento de granos. Durante la última década, el crecimiento de la capacidad de almacenaje no acompañó al de la producción. La desaparición de la Junta Nacional de Granos, que con sus sistemas de remuneración del acopio estimuló durante muchos años la construcción de plantas de silos, dejó un vacío no cubierto por ninguna política nacional o provincial.

Otro grave problema que afecta al sector es la falta de financiamiento y, cuando éste existe, el costo del dinero. No hablemos ya de las actuales tasas de interés, que resultan absolutamente confiscatorias y usurarias; aun a las tasas supuestamente normales que se promocionaban hasta hace unos meses (incluso desde los bancos oficiales), cualquier plan de crecimento resulta inviable. Es imposible pretender financiar al 11% anual de costo financiero real inversiones en maquinaria y/o mejoras que por su propia naturaleza requieren períodos de repago prolongados. Estas inversiones requieren financiaciones baratas y de largo plazo que probablemente no sean de interés comercial para la banca privada, pero que constituyen la razón de ser de instituciones como el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco de la Nación, cuya propia carta orgánica establece estos objetivos.

Del mismo modo, como consecuencia del proceso de privatizaciónes –y/o por mala gestión– ha desaparecido toda la estructura de bancos provinciales destinados inicialmente a estimular, mediante una política crediticia adecuada, las economías regionales.

La deuda que el sector agropecuario productivo mantiene con el sistema financiero y con sus proveedores (agroquímicos, combustibles, servicios, etc.) resulta de cumplimiento imposible2. La deuda financiera viene incrementándose en función de una tasa de interés muy alta, que los productores no pueden afrontar, multiplicándose así la deuda y las penalidades. La situación es cada vez peor, generando en los productores una desesperanza y desmotivación que conspiran fuertemente contra cualquier proceso de reconstrucción.

Otro factor importante a tener en cuenta es la política fiscal. Durante los años de favorables términos de intercambio, las políticas cambiaria y de retenciones a las exportaciones estimularon un incipiente crecimiento de la tendencia a la industrialización de la producción primaria, frustrada luego por el mencionado enfrentamiento entre sectores y la ausencia de una adecuada visión estratégica orientada desde el Estado. Actualmente, la caída paulatina de los precios de los productos primarios, la apertura irrestricta de las importaciones y la evolución desfavorable en los valores relativos de los tipos de cambio, ponen al sector en situación de difícil competitividad. Si bien es cierto que se liberaron por completo de gravámenes a las exportaciones, al mismo tiempo la baja de los derechos de importación sobre algunos productos manufacturados (zapatos, por ejemplo), e inclusive la importación de algunos productos agropecuarios a precios de dumping debido a los subsidios a las exportaciones de otros países (los quesos de Francia, por ejemplo), agravaron el panorama.

Un párrafo aparte merece la implementación del Impuesto Mínimo a la Renta Presunta (IMRP). A diferencia del impuesto a la Renta Potencial de la Tierra (IRPT) sancionado por el gobierno peronista de la década del ’70, que apuntaba a estimular la productividad cobrando un impuesto en función de la capacidad potencial de producción, el IMRP grava toda la actividad económica en función de los activos y no del patrimonio. Vale decir que si un productor compra un tractor de 100.000 pesos, pagando el 20% y endeudándose con el banco por el 80% restante, deberá pagar el IMRP sobre su activo (100.000 pesos) y no sobre su patrimonio (20.000 pesos). Aunque este impuesto podía descontarse del impuesto a las ganancias, perdió en la práctica su característica de crédito fiscal y se transformó en un verdadero impuesto regresivo que desestimula fuertemente la inversión, ya que los productores agropecuarios no están obteniendo ganancia alguna. Aunque por aplicación del Plan de Competitividad recientemente se excluyó al sector del IRP, será difícil recuperar los daños provocados durante los tres años que estuvo vigente.

En suma, que el campo argentino puede recuperarse, pero en el marco de un proyecto integral de país. Es imprescindible resolver los problemas estructurales de financiamiento, para lo cual se requiere que la banca estatal subsista y cumpla su función. También los problemas de infraestructura (transportes, acopio, puertos) que permitan poner los bienes producidos en los mercados de consumo de un modo competitivo.

Se requiere asimismo una política fiscal que aliente los procesos de transformación de bienes, estimulando del mismo modo y por los mismos medios (promociones, diferimientos, exenciones), la radicación de industrias de transformación cerca de los lugares de producción, minimizando así los costos de transporte, estimulando el crecimiento regional y evitando de paso las grandes concentraciones urbanas e industriales que conspiran contra la calidad de vida de la población.

Esto no es imposible. Argentina tiene los recursos tecnológicos e intelectuales para llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza. Alguna vez se emprendió ese camino. Es imperioso un gran acuerdo estratégico, con participación de los partidos políticos y los sectores empresariales y sindicales. El país debe iniciar una cruzada por el desarrollo, basada en una Ley Nacional de Desarrollo Agropecuario que establezca las bases para generar las políticas y sobreviva a los gobiernos. Un plan de estas características requiere de muchos años para mostrar resultados, pero durante su implementación se podrán observar signos favorables derivados del efecto multiplicador que tendrán en la economía las inversiones en el proceso de reconstrucción.

  1. En la actualidad, de una cosecha de 60 millones de toneladas, el ferrocarril sólo transporta el 17% (10,2 millones de toneladas); el resto va por camión. Tomando el diferencial de precio entre ambos medios (15% en promedio menos por ferrocarril), se obtiene una idea del encarecimiento. Más grave aun: incluso cuando se transporta por ferrocarril, ese 15% de diferencia no favorece al productor, sino a acopiadores y exportadores.
  2. Según fuentes bancarias, el endeudamiento del sector con la banca oficial y privada y entidades financieras ronda los 6.000 millones de dólares, más la deuda comercial, calculada prudentemente en 2.000 millones de dólares. El total representa alrededor del 50% del PBI agropecuario estimado para el 2001.
Autor/es Luis Alberto Gold
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 30 - Diciembre 2001
Páginas:9
Temas Agricultura, Desarrollo, Políticas Locales
Países Argentina