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Recuadros:

La deuda externa y la Constitución

Lo ignore -o simule ignorarlo- la dirigencia política, la deuda externa argentina es materia de derecho constitucional. A otros cuestionamientos jurídicos, como los principios de buena fe y de equidad, la prohibición de la usura y el anatacismo, la excesiva onerosidad, el enriquecimiento sin causa y la solidaridad y cooperación, se suma la cuestión constitucional, flagrantemente omitida por los sucesivos gobiernos democráticos.

Los comentarios de la prensa anglosajona, que ha hecho del librecambio su dogma principal, reflejan muy bien la naturaleza de los resultados de la Cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada en Doha (Qatar) del 9 al 14 de noviembre pasados: primero, un suspiro de alivio, luego la certeza de que la liberalización de los cambios y de las inversiones va a acelerarse, a pesar de algunos frenazos ocasionales. Para el New York Times, lo importante es que la reunión haya podido terminar con un acuerdo, al que no es totalmente ajena la elección del país en que se celebró: “No hubo manifestaciones masivas de protesta, como en Seattle y en Génova, porque Qatar limitó estrictamente el número de visitantes”1. Y al final, las negociaciones “podrían culminar en una inapreciable cantidad de reformas que contribuirán a la apertura de los mercados”, lo que significa que “representan una victoria para Robert Zellick, patrón de la diplomacia comercial estadounidense”. Sin embargo, tanto para él como para Pascal Lamy, comisario europeo de Comercio, “ambos librecambistas convencidos” y entre los que existen “estrechas relaciones personales”, el trabajo no ha terminado: “les quedan tres años para espolear a sus colegas y transformar la agenda de Doha en reformas reales”2.

Estas luminosas perspectivas bien merecían algunas concesiones formales. En efecto, para el Washington Post, “los asuntos más sensibles han quedado menos resueltos por acuerdos de fondo que por sutilezas lingüísticas”3, sentimiento del que se hacía eco el Financial Times: “Llegar a un acuerdo requiere tal cantidad de compromisos y reservas que la agenda final casi carece de significado”; pero, por otra parte, “no hay nada que bloquee un nuevo ciclo que se centre en el acceso al mercado”4.

Muy distinta, sin duda, es la apreciación que los movimientos ciudadanos y las Organizaciones no Gubernamentales más comprometidas en este terreno hacen del balance de Doha, y que puede resumirse así: “Aunque algunos se alegran de un nuevo ciclo, incluso reducido, la OMC se ha descalificado al proponerse contribuir a la globalización liberal”5. Por supuesto, la OMC y sus portavoces afirman que encarna un sistema comercial multilateral basado en reglas. Pero lo que no dicen es que esas reglas se han elaborado, y funcionan, sólo al servicio de las grandes sociedades multinacionales. Y no se extienden más sobre el catecismo de ese sistema pretendidamente multilateral: privatizaciones, desregulación y absoluta libertad de movimiento de capitales; destrucción de los Estados de bienestar, de los servicios públicos y de lo que queda de los patrimonios nacionales, capaces de frenar la puesta en práctica de ese catecismo. En realidad, no es el multilateralismo lo que caracteriza a la OMC, sino un unilateralismo neoliberal desenfrenado.

Difícilmente la OMC hubiera sobrevivido a un fiasco del tipo del de Seattle en noviembre de 1999, porque habría sido cuestionada toda la lógica del sistema multilateral, que ya es objeto de múltiples críticas internas y externas (entre otras, las de Joseph Stiglitz, ex economista jefe del Banco Mundial y reciente Premio Nobel de Economía). Los librecambistas, que ven en el comercio una panacea capaz de responder a todos los problemas de la pobreza y el desarrollo, no tienen motivo para lamentarse: aunque sólo con plazo (en la mayor parte de los casos al término de la quinta conferencia ministerial, a celebrarse dentro de dos años) “nuevos temas” entran a formar parte del campo de referencia de la OMC: competencia, mercados públicos, “facilidad” de intercambios (entre otras cosas, aceleración de los procedimientos aduaneros), y sobre todo inversiones.

El Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI), expulsado por la puerta de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en 1998, podría volver por la ventana de la OMC en los próximos años6. En lo que se refiere a las negociaciones en el marco de acuerdos ya adoptados (la “agenda incorporada”, en la jerga de la OMC), entre otros el Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios (AGCS), se les ha alentado vehementemente a seguir adelante. Sin embargo, este AGCS, que sólo es objeto de unas pocas líneas en la declaración ministerial, es una potencial máquina de guerra contra los servicios públicos (allí donde existen), y en particular contra los de salud y educación. Eso es lo que quisieron expresar los participantes en las decenas de manifestaciones que se convocaron en Europa, y muy particularmente en Francia, el pasado 10 de noviembre.

En Doha nadie se ha preguntado sobre la contradicción existente entre la expansión de los intercambios comerciales (a la que no se le ha puesto ningún límite) y cuya consecuencia es la proliferación del transporte, y el carácter no renovable de los recursos energéticos del planeta. En cuanto al impacto medioambiental del comercio (contaminación atmosférica, degradación de los medios naturales, efecto invernadero, etc.), la declaración ministerial se centra en promesas de futuras negociaciones, que sólo serán obligatorias para los Estados que forman parte de los acuerdos existentes en la materia. De manera que Estados Unidos, que se niega obstinadamente a firmar el protocolo de Kioto sobre el clima, o el convenio de Cartagena sobre bioseguridad, está de antemano dispensado de toda sanción7. Algo que, sin duda, va a hacer escuela y va a animar a otros Estados a no firmar más acuerdos multilaterales sobre medio ambiente.

Se ha dado a conocer el avance que representa el acuerdo sobre los aspectos del derecho de propiedad intelectual que afectan al comercio (ADPIC) y a la salud pública, en lo que se refiere al acceso a los medicamentos. En Doha se validó la interpretación de este acuerdo que permite a los países producir medicamentos genéricos. Pero ¿y los que no los producen y quieran importarlos? No se ha regulado nada, dado que la declaración se limita a dar instrucciones al Consejo de los ADPIC en el sentido de que “encuentre una solución rápida al problema”. Sobre esto, podemos confiar en que las compañías farmacéuticas estadounidenses y suizas no cederán. De todas maneras, esta declaración constituye un punto indiscutiblemente positivo de Doha para los países del Sur, tal vez el único.

Tampoco se trata de creer que en todos los terrenos haya un “buen” Sur y un “mal” Norte. La totalidad de los gobiernos del Sur, con India a la cabeza, hicieron causa común con Estados Unidos contra la Unión Europea (UE), para impedir cualquier avance en materia de normas sociales y medioambientales, presentadas como otras tantas coacciones suplementarias para sus exportaciones, en momentos en que su endeudamiento los obliga a conseguir divisas a cualquier precio.

Por otra parte, se trata del único objetivo de los planes de ajuste estructural que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) imponen a los países con problemas de crédito: es preciso que el país “beneficiario” exporte cada vez más para no dejar de pagar los intereses de su deuda. Y así se ve obligado a reorientar su producción agrícola o a explotar al máximo sus recursos naturales en dirección a los mercados exteriores, en detrimento del consumo local y del respeto al equilibrio ecológico. Algunas situaciones desafían el sentido común. Por ejemplo la de Brasil, cuyo gobierno lucha por la apertura de los mercados agrícolas europeos, mientras 60 millones de brasileños padecen de desnutrición, y en algunos casos mueren por esa causa.

Es comprensible entonces que las nociones de soberanía y seguridad alimentaria8, defendidas por las organizaciones campesinas de 70 países agrupados en “La Vía Campesina”, no encuentren ningún eco entre los medios dirigentes de sus países. Tampoco en la posición de la Unión Europea que, por presiones de Francia, sometida a su vez al poderoso lobby de la Federación Nacional de Sindicatos Agrícolas (FNSEA) y de los organismos que controla, mantuvo a sangre y fuego la defensa de sus subvenciones a las exportaciones (que Estados Unidos practica igualmente, bajo otras formas). Esas subvenciones son verdaderas primas al productivismo agrícola y a la destrucción de la agricultura campesina de todos los países, incluidos los del Norte. La lección que se extrae de todo esto es que no hay que confundir los intereses de las sociedades de los países del Sur con las posiciones de sus gobiernos, que atados de pies y manos por el FMI, suelen ser meros portavoces de las oligarquías, de los exportadores locales y de las multinacionales extranjeras instaladas en su territorio. La segunda lección es que la cancelación de la deuda pública de los países en desarrollo es el único medio para rebajar la presión sobre el “todo para la exportación”, al que se ven sometidos por las instituciones financieras internacionales. Sus economías podrían reorientarse entonces más fácilmente hacia la satisfacción de la demanda interna, en primer lugar la alimentaria, y la progresiva imposición de normas sociales y medioambientales, sin que se agite sistemáticamente el espantajo del “proteccionismo”.

Por otra parte, las nociones de “proteccionismo” o “librecambio” no se definieron con más claridad que la de “terrorismo”. Después de haber definido a los manifestantes de Génova de julio de 2001 como una “pandilla de granujas”, George Bush declaró que “todos los que están contra el librecambio están contra los pobres”. Esta prédica recuerda el fervor fanático del primer gobernador de Hong Kong, y gran industrial del textil británico, Sir John Bowring: “Jesucristo es el librecambio; el librecambio es Jesucristo”9. Esto ocurría en 1840 en el Reino Unido, en el apogeo del movimiento librecambista contra las leyes proteccionistas del trigo de 1815 (Corn Laws), finalmente abolidas en 1846 por el primer ministro Robert Peel. Pero a la India, colonia que competía con la producción textil de la metrópoli en su propio mercado, se le negó esta “libertad” de comercio, lo que supuso la destrucción de ese sector industrial en el subcontinente. A este respecto, cabe recordar lo que decía Gandhi, cuando lo encarcelaron en 1942: “No puede haber igualdad y libertad entre dos socios desiguales”.

Hay dos cifras que dicen mucho sobre el libre cambio. Los países capitalistas desarrollados dedican cada año 360.000 millones de dólares a la protección de su agricultura y 450.000 millones de dólares a la de su industria; es decir, 810.000 millones de dólares. No se trata de cantidades que se asignan de una vez, sino de una especie de Eldorado permanente. ¿Cómo pueden tener la hipocresía de exaltar los paradisíacos beneficios de un sistema multilateral de libertad de comercio frente a un intervencionismo estatal que se traduce en subvenciones tan astronómicas? Joseph Stiglitz va al fondo de la cuestión cuando declara, aludiendo directamente a Bush, tentado de cerrar el mercado estadounidense a las importaciones de productos siderúrgicos procedentes de Asia y Europa del Este para salvar a los productores de acero estadounidenses: “No podemos impedir plantearnos algunas preguntas cuando alguien nos dice que cree en el librecambio y en la economía de mercado y anuncia después su intención de crear un cártel del acero”.

Hay que tener en cuenta que la cifra de 810.000 millones de dólares constituye tan sólo uno de los elementos de la máquina de guerra, abiertamente proteccionista, de los países desarrollados. El Departamento de Comercio de Estados Unidos, y su dispositivo de espionaje industrial (que comprende el sistema Echelon y la National Security Agency)10, alientan acuerdos entre grupos oficialmente competidores, para conquistar los mercados extranjeros. Lo mismo ocurre en los demás países industrializados, donde se concentran las sedes de las 200 empresas mundiales más importantes. En vísperas de la reunión de la OMC en Doha, el Banco Mundial anunció alegremente que la supresión de todos los obstáculos para el comercio (el librecambio) aumentaría la riqueza mundial en unos 2.800 millones de dólares para el año 2015, y sacaría de la pobreza a 320 millones de personas. Sin demorarnos en la falta de rigor científico de estos cálculos, hay que señalar que no existe ninguna correlación histórica entre el crecimiento del comercio y el de la riqueza mundial, como lo han demostrado los trabajos del economista suizo Paul Bairoch.

Por lo demás, suponiendo que se desmantelaran todas las barreras proteccionistas ¿va a disminuir el poder de las 200 empresas transnacionales que rigen el mundo? La competencia mata a la competencia, lo mismo que un capitalista elimina a otro. La competencia y el monopolio no son polos antagónicos: la dominación monopólica se inscribe en la lógica misma de la competencia. u

  1.  International Herald tribune, París, 16-11-01.
  2. Ibidem.
  3. Ibidem.
  4. Financial Times, Londres, 16-11-01.
  5. José Bové, François Dufour, Yannick Jadot y Bruno Rebelle, “Oublier Doha”, Le Monde, 23-11- 01.
  6. Bernard Cassen, “Vers un nouvel AMI?”, Le Monde diplomatique, París, diciembre de 2000.
  7. Agnes Sinaí, “El clima, rehén de los lobbies industriales”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, 02-2001.
  8. Ambas nociones no son idénticas. La seguridad alimentaria se refiere a la conquista de la autosuficiencia y la independencia en materia de aprovisionamiento. La soberanía alimentaria implica el derecho a aceptar, o rechazar, las importaciones, cuando tengan efectos destructivos (Léase Campagnes solidaires, mensual de la Confederación campesina, Bagnolet, octubre de 2001).
  9. Citado en Karl Marx, Miseria de la filosofía, Siglo XXI, México, 1980.
  10. Nicky Hager, “Del anticomunismo al antiterrorismo”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2001.

 

B.C. y F.C.

Según la Constitución de la República Argentina, el Congreso tiene por un lado la atribución de “contraer empréstitos de dinero sobre el crédito de la Nación” (art. 67, inc. 3); por otro, la de “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación” (art. 67, inc. 6). Según el texto reformado en 1994, se trata ahora de los incisos 4 y 7 del artículo 75, cuya letra sigue siendo la de los arts. 3 y 6 del antiguo art. 67.

La primera de estas atribuciones concierne obviamente tanto a empréstitos externos como internos. Cubre el mismo arco de endeudamiento que la segunda. Pero ambas reglas constitucionales no se superponen. No es la segunda una mera reiteración de la misma potestad de la primera. No tendría sentido que el Congreso tuviese que “arreglar” lo que él mismo ha contraido. Los dos incisos son en rigor complementarios y se refieren a dos situaciones diversas. El inc. 3 apunta y da por supuesto un estado de vigencia constitucional. El Congreso (y sólo el Congreso) puede contraer las deudas internas y externas cuando están funcionando los poderes creados por la Constitución. Estas obligaciones no tienen necesidad alguna de arreglo. Las hipótesis para las que se creó el inc. 6 son claramente diferentes. Atañe esta norma a obligaciones que por alguna razón no han sido, no han podido ser, contraídas por el Congreso y sin embargo hay razones, intereses o motivos para pretender que deban pesar sobre el crédito de la Nación. Se trata de deudas no contraídas por el Congreso, pero que por alguna circunstancia se intenta que por ellas responda el Tesoro nacional.

Así como el inc. 3 ha sido establecido para la vigencia de la Constitución –para los tiempos en que el Congreso funciona como tal– el inc. 6, en cambio, contiene una previsión para situaciones especiales, para hipótesis en que las obligaciones no han podido ser contraídas por el Congreso, órgano constitucionalmente normal para la concertación de obligaciones. Las situaciones previstas en el inc. 6 incluyen, en primer lugar, aquéllas correspondientes al tiempo preconstitucional, a las obligaciones contraídas antes del comienzo de vigencia de la Constitución y que por alguna causa de orden político, histórico o institucional se quiere hacer pesar sobre el Tesoro del Estado, ahora constitucionalmente organizado. Es muy claramente el caso de la ley 26 de septiembre de 1855, que reconoce como deuda nacional los 400.000 pesos fuertes prestados por el Imperio del Brasil a las provincias de Entre Ríos y Corrientes en vistas del tratado del 21 de noviembre de 1851 y las leyes a ésta vinculadas de 1862, 1863 y 1864. Es también con igual claridad el caso de la ley del 3 de octubre de 1866 que reconoce como nacional la deuda de la provincia de Buenos Aires con la banca Baring Brothers, contraída en la primera mitad del siglo XIX.

La inclusión de esta atribución como norma no transitoria en el art. 67 de la Constitución de 1853/60 junto a todas las otras potestades permanentes del Congreso, indica que se trata también de una potestad que trasciende cualquier limitación temporal y que abarca otras situaciones, además de la de las obligaciones preconstitucionales. Entre éstas están indudablemente todas aquéllas en las que por cualquier causa el Congreso ha dejado de funcionar, lo cual cubre desde el receso normal del Poder Legislativo hasta cualquier emergencia de las que han dado lugar a la noción de gobierno “de facto”, así como aquellas en que personas u órganos se atribuyen la autoridad del Estado y contraen deudas que pretenden luego –ellas y los prestamistas– hacer incidir sobre el crédito de la Nación. Ostensiblemente, se trata de obligaciones que deben ser “arregladas” por el Congreso para que puedan valer contra el Estado. Al no haber sido contraídas por el Congreso, es éste el que debe validarlas por medio de la potestad conferida por el inc. 6. Esta es la condición inexcusable de su legitimidad.

Tanto más será éste el caso de las obligaciones que contraen los usurpadores violentos de los órganos del Estado, que se hacen del dominio de éstos a través de la comisión del delito de rebelión. Dicho de otro modo, las dictaduras militares (la ocupación delictual de las funciones de gobierno), constituyen inequívocas hipótesis en las que la concertación de deudas no puede obligar al Estado si no pasan por el control del Congreso a través de su facultad de “arreglar” la deuda interna y externa de la Nación. Es obviamente por esto que el 7 de mayo de 1984, pocos meses después de restablecidos los poderes constitucionales, el mayor de los constitucionalistas argentinos, Germán J. Bidart Campos, reclamaba la intervención del Congreso con estas palabras: “(…) no estamos juzgando motivaciones, estilos, ni tecnicismos satisfactorios para poner en orden esta pesada carga de la deuda exterior. Estamos ante otra cosa: que el Congreso –y no el Poder Ejecutivo– es el órgano de poder al que la Constitución señala para “arreglar” aquella deuda. Y un Congreso que bastante febrilmente ha asumido su rol legiferante –¡y enhorabuena!– no ha tomado la carta que debiera haber tomado en el arreglo de la deuda…” (1).

Ahora bien, ese gobierno de 1984 y los dos que le siguieron luego han hecho todo lo necesario –ellos y sus mayorías legislativas– para que no se cumpliera con el deber constitucional al que aludía con tanta claridad Bidart Campos. Está claro que se ha tratado de pagar los intereses de la deuda externa a cualquier precio, aun al de esta flagrante violación constitucional. Porque “arreglar” legislativamente la deuda externa hubiera significado inevitablemente un gran debate y un minucioso examen de esas obligaciones contraídas originalmente por la dictadura militar. Esos tres gobiernos trataron de evitar cualquier obstáculo que impidiera complacer al poder financiero internacional.

Indelegabilidad

Está claro que cuando la Constitución atribuye a uno de los poderes que ella erige –el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial– unas determinadas potestades, ninguno de esos órganos constitucionales puede delegarlos en otras autoridades, aunque se tratara de otros órganos igualmente constitucionales. La Constitución y solo ella distribuye competencias y ninguno de los poderes subordinados a ella pueden modificar esto, ya sea renunciando, delegando, u omitiendo el ejercicio de sus cometidos.

Es decir que el arreglo de la deuda externa, “olvidado” desde 1984, no ha podido ser convalidado por ningún acto ni por ninguna autoridad. La deuda externa sigue estando tan inarreglada o desarreglada como en diciembre de 1983, cuando fugó la dictadura militar. La deuda externa tiene desde entonces un inevitable y flagrante cargo de ilegitimidad. Se trata, además de un gran daño, de una gran traición que la dirigencia política –representada en este caso tanto por los dos grandes partidos que se han sucedido en el gobierno como por los legisladores que no han reclamado por la omisión– ha infligido al pueblo de la Nación.

En una época funesta, caracterizada por el debilitamiento del espíritu republicano, el Congreso ha venido produciendo unas delegaciones groseramente inconstitucionales. En 1961, por ley 16.432, se impuso a la ley 11.672, llamada Ley Complementaria Permanente del Presupuesto, un nuevo texto a su artículo 48 por el cual se declara que el Poder Ejecutivo “está facultado para contraer empréstitos con organismos internacionales económico-financieros”. En 1973, la ley 20.548 amplió ese texto concediendo someter eventualmente “controversias con personas extranjeras a jueces que otras jurisdicciones”. Estas normas de 1961 y de 1973 son definitivamente inconstitucionales. Suponen, en efecto, la modificación de una competencia constitucional por medios que no son el de la reforma constitucional. Hay una traslación de una competencia fijada constitucionalmente, la mutilación de una atribución del Congreso y la ampliación de atribuciones al Poder Ejecutivo por un órgano, el Congreso, que es extraño y subordinado al Poder Constituyente y al Poder Reformador de la Constitución, únicos con legitimidad para alterar las competencias de los órganos creados por la Constitución. Por otra parte ninguna de esas delegaciones indebidas afecta ni siquiera inconstitucionalmente a la potestad legislativa de “arreglar” la deuda pública.

El art. 67, inc. 6 de la Constitución confiere una atribución específica al Congreso. El verbo “arreglar” es utilizado en varias ocasiones por el constituyente, siempre en el art. 67. Se arregla el sistema de postas y correos, porque era preciso acordar la nacionalización de servicios que estaban en manos privadas o provinciales, teniendo en cuenta sus intereses y voluntades. Se arregla el ejercicio del patronato, controvertido y conflictual, porque era preciso tener en cuenta el eventual concordato en el que la Santa Sede reconociera eventualmente esas potestades al Estado nacional. Finalmente el Congreso arregla los límites internacionales y fija los interprovinciales.

Aquí, muy sugestivamente, se contraponen dos conceptos, el de arreglar, por un lado, y por otro el de fijar. Se arreglan límites que no dependen exclusivamente del Estado nacional; se fijan en cambio aquellos internos al Estado nacional y subordinados a éste. Como se ve, en todas las ocasiones en que el constituyente usa la expresión arreglar hay un elemento de bilateralidad o plurilateralidad: los propietarios de postas y correos al tiempo de la organización nacional, la Santa Sede, los Estados extranjeros limítrofes y los pretensos acreedores externos del Estado nacional. Como dice Bidart Campos en el lugar citado: “El arreglo implica que hay otra parte interesada con la que debe llevarse a cabo y tal vez, que hay un “desarreglo” requerido de solución en la materia a ‘arreglar’”.

Como se advierte sin dificultades, la potestad del inc. 6, tiene una peculiar entidad. Supone una actividad del Congreso respecto de pretensos acreedores titulares de obligaciones no contraídas por el único órgano habilitado para obligar al Estado. Una actividad, en consecuencia, que debe tener en cuenta esas pretensiones crediticias de quienes no contrataron a través del Congreso, único órgano constitucionalmente habilitado, y del que, a pesar de esa grave deficiencia, se consideran acreedores. Se aplica así a situaciones que contienen un elemento de duda, de conflicto, de indefinición o de irregularidad, a un “desarreglo” como apunta con perspicacia Bidart Campos.

Mientras el Congreso no se aplique específicamente a considerar las obligaciones internacionales contraídas a nombre presunto de la Nación Argentina, pero no por el órgano constitucionalmente previsto para ello, no hay deuda externa arreglada, es decir reconocida, es decir exigible, es decir susceptible de ser pagada en su capital o en sus intereses. Sin embargo, lo contrario es lo que ha estado ocurriendo, incluso después de restablecidas las instituciones de la Constitución en diciembre de 1983. A partir de marzo de 1984 el ministro de Economía, Bernardo Grinspun, se lanzó sorprendentemente al pago de los intereses de una deuda meramente presunta –presumida, desde ya, por los acreedores externos y por sus acólitos locales– una deuda no arreglada, es decir no reconocida por el presunto deudor, el Estado nacional, a través del único órgano apto para darle validez. Sus sucesores han seguido alegremente por este camino de ilegitimidad.

  1. Las reflexiones de este artículo están desarrolladas en el capítulo final de un libro del autor, de próxima aparición: La deuda externa y el desguace del Estado nacional, de Ediciones Jurídicas Cuyo.

O’Neill quiere embargar

Lozada, Salvador María

Los Estados son soberanos y ninguna presión sobre ellos es legítima cuando enfrentan problemas como el pago de la deuda externa, sobre todo cuando –como ocurre en la mayoría de los casos– ésta ha sido contraída en condiciones de dudosa legalidad. Mientras Paul O’Neill propone aplicar leyes de su país a otros Estados, Noam Chomsky recuerda el precedente fijado por Estados Unidos en 1898 con la deuda cubana.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos ha arriesgado la propuesta de resolver los problemas del incumplimiento de la deuda soberana de los Estados a través de las disposiciones de la Ley Federal de bancarrotas de su país, lo cual sugiere que podrían hacerse los prestamistas con los activos físicos y las rentas públicas de las naciones deudoras. Esta avidez por los despojos remanentes del Tercer Mundo no sólo es repugnante, también es manifiesta su clara improcedencia por dos razones fundamentales.

Por un lado, se trata de la deuda de un Estado soberano contra el cual ninguna presión o interferencia es legítima luego de la consagración de las Doctrinas Calvo y Drago (por los juristas argentinos Carlos Calvo y Luis Maria Drago) en el derecho internacional público; menos aun la aplicación de la ley de quiebras de otro país soberano. En oportunidad de la formulación de la segunda de esas doctrinas (1902), Calvo, que era ministro plenipotenciario argentino en París, distribuyó su texto en consulta a sus colegas del Instituto de Derecho Internacional, que él había contribuido a fundar al comienzo de su larga permanencia en Europa. Quedaron entonces muy precisas las nociones rectoras en este asunto. Pasquale Fiori, un internacionalista de la época, profesor en Nápoles, decía en respuesta a Calvo: “Considero la injerencia de un gobierno en la administración pública de un Estado extranjero como un atentado al derecho de soberanía interna, y reconozco pues como ilegítima toda acción de un gobierno que, con el objeto de proteger los intereses de los particulares, tendiera a establecer un control, en cualquier forma que fuere, sobre los actos de administración de un Estado extranjero”1.

Drago subraya otro aspecto, sobre el que abundan algunos de los juristas requeridos por Calvo, que tiene pertinencia en nuestros días. El prestamista es, por definición, un calculador de riesgo, alguien que mide, por rigurosa imposición de su comercio, las eventuales dificultades para recobrar el principal y los intereses. Para ello estudia los recursos del deudor, los compromisos adquiridos por éste con otros prestamistas y todas las circunstancias complementarias que permiten pesar y graduar las condiciones de los préstamos futuros. Entre estas circunstancias está la de tratarse, en el caso de los Estados, de un deudor inejecutable, de un sujeto de derecho con cualidad de soberano, al que no se podrían aplicar presiones de modo alguno. Como escribe Laurent, citado por Féraud-Giraud en su respuesta a Calvo: “Los que tratan con un Estado extranjero se someten a las lentitudes administrativas y, si tienen lugar, a las dificultades financieras de los Estados con los que tratan”2.

Estas consideraciones son dignas de recordar porque, como se sabe, uno de los ángulos de la cuestionable legitimidad de la deuda contraída durante la dictadura militar, y aun después de ella, surge de la increíble y sospechosa imprudencia –aparente, tal vez– con la que han actuado los banqueros o prestamistas, lo cual sugiere una colusión dolosa entre tomadores y prestamistas. Finalmente, hay otro punto de excepcional relieve práctico para la cuestión de la deuda externa, tal cual se plantea en la Argentina de estos años. Aparece en la respuesta del citado Féraud-Giraud y es una cita del profesor Frantz Despagnet, en el contexto de la inejecutabilidad de las obligaciones contraídas por los Estados soberanos: “El Estado deudor se reserva siempre, en tales casos, en virtud de su derecho de conservación y de los principios que rigen su derecho público, un beneficio de competencia en el sentido romano de la expresión, es decir, la facultad de no pagar sino en la medida en que su situación financiera le permita hacerlo”3.

La otra consideración proviene del propio texto de la Ley Federal de bancarrotas de Estados Unidos, que el Secretario del Tesoro parece haber leído con superficialidad. El parágrafo 904 de esa legislación limita el poder del juez de la quiebra cuando se trata de las personas públicas de los municipios, prescribiendo que no se podrá interferir: a) en los poderes políticos o administrativos del deudor; b) en ninguna de las propiedades o rentas del deudor, o; c) en el uso y goce de cualquier renta derivada de sus propiedades.

Si caben estas limitaciones para los municipios en el derecho interno de Estados Unidos, cuánto más serían aplicables a las personas públicas de los Estados extranjeros, salvo que en la ofuscación de la histeria hegemónica de su clase político-financiera, enardecida en proporción increíble después de los actos terroristas del 11 de septiembre, se quiera considerar a los Estados extranjeros en un nivel subalterno al de los propios municipios, lo cual ni siquiera alcanza a ser una broma de mal gusto.

La “deuda odiosa”

Noam Chomsky ha hecho por su parte una oportuna referencia a la deuda externa. En una entrevista radiofónica con David Basanian, director de Alternative Radio en Boulder, Colorado4, el célebre lingüista y politólogo calificó a la deuda externa del Tercer Mundo como una “construcción ideológica”. Interrogado por el alcance de esa expresión, dijo: “Hay una deuda, pero quién la debe y quién es responsable por ella es una cuestión ideológica, no una cuestión económica. Por ejemplo, hay un principio capitalista al cual nadie, desde luego, le está prestando ninguna atención, que dice que si yo pido prestado dinero, es mi responsabilidad devolverlo, y si usted es el prestamista, es su riesgo el que yo no lo devuelva. Pero nadie ni siquiera concibe esta posibilidad. Supongamos que seguimos esto. Tomemos el caso de Indonesia como ejemplo. En este momento la economía está destruida por el hecho de que la deuda es de algo así como el 140% del PBI. Si usted rastrea la deuda hacia atrás, parece que los que pidieron prestado son unos 100 o 200 individuos de la dictadura militar (que nosotros –Estados Unidos– sustentamos), y sus adictos. Mucho de esa deuda está ahora socializada. Los prestamistas eran bancos internacionales. Mucho de esa deuda ha sido ahora socializada a través del FMI, lo cual significa que los contribuyentes del Norte son responsables.

¿Qué pasó con el dinero? Se enriquecieron ellos mismos. Hubo alguna exportación de capital y algún desarrollo. Pero los que pidieron prestado no son tenidos por responsables. Es el pueblo de Indonesia el que tiene que pagar. Y esto significa vivir bajo programas de opresiva austeridad, pobreza severa y sufrimiento. De hecho, es una desesperanzada tarea tener que pagar lo que no se pidió prestado. ¿Qué pasa con los prestamistas? Los prestamistas están protegidos del riesgo. Ésta es una de las funciones principales del FMI, proveer seguro de riesgo gratis a gente que presta e invierte en préstamos riesgosos. Ésa es la razón de que haya grandes retornos, porque hay mucho riesgo. Ellos no tienen que tomar el riesgo, porque está socializado. Está transferido de varias maneras a los contribuyentes del Norte a través del FMI y de otros expedientes, como los bonos Brady. El sistema total es uno en el cual los que piden prestado están liberados de responsabilidad. La deuda está transferida a las masas empobrecidas de la población en sus propios países. Y los prestamistas están protegidos del riesgo. Hay opciones ideológicas, no económicas. Hay un principio de derecho internacional, que fue diseñado por Estados Unidos algo así como hace 100 años, cuando ‘liberó’ Cuba, lo que significa que conquistó Cuba para impedir que se liberara sola de España en 1898. En ese tiempo, cuando Estados Unidos la ocupó, canceló la deuda de Cuba con España con el fundamento tranquilo y razonable de ser la deuda inválida desde que había sido impuesta al pueblo de Cuba sin su consentimiento, por fuerza, en una relación de poder. Este principio fue luego reconocido en el derecho internacional, bajo iniciativa de Estados Unidos, como el principio llamado de la “deuda odiosa”. La deuda no es válida si esencialmente ha sido impuesta por la fuerza. La deuda del Tercer Mundo es una deuda odiosa. Esto ha sido reconocido por la representante de Estados Unidos en el FMI, Karen Lissaker, una economista internacional, quien puntualizó hace un par de años que si fuéramos a aplicar el principio de la deuda odiosa, la mayor parte de la deuda del Tercer Mundo sería inválida”.

  1. Salvador María Lozada, Los Derechos Humanos y la Impunidad en la Argentina, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1999.
  2. Ibid.
  3. Ibid.
  4. Transcripta por The Nation, Nueva York, 24-4-2000.


Autor/es Salvador María Lozada
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 30 - Diciembre 2001
Páginas:10,11
Temas Desarrollo, Deuda Externa, Estado (Justicia), Justicia Internacional
Países Argentina