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Recuadros:

El poder y las cacerolas

El estallido de la sociedad argentina del 19 de diciembre sacudió al modelo neoliberal y, pocos días después, demostró a la dirigencia política, que no se había dado por enterada, que la protesta apunta a acabar con un régimen, con un sistema. Los lectores de El Dipló se encontrarán esta vez con un insólito ejemplar de dos portadas. La primera, realizada el jueves 27 de diciembre y de absoluta vigencia, indica que la sociedad puso freno a la Gran Estafa iniciada en 1976. Ésta, hecha de urgencia el 2 de enero, es un simple esfuerzo de actualización destinado a subrayar que la sociedad ha comenzado a movilizarse por un cambio de fondo, pero que los acontecimientos demuestran que no debe bajar la guardia. Lo esencial está por hacerse y sólo será hecho si los ciudadanos lo exigen.

La doble hoja que envuelve esta edición de El Dipló fue realizada el miércoles 2 de enero, a la hora exacta en que el quinto presidente de la República Argentina en menos de quince días, Eduardo Duhalde, recibía el bastón de mando en la Casa Rosada.

Estas cuatro páginas son, al mismo tiempo, una mínima puesta al día ante los vertiginosos acontecimientos del fin de semana de Año Viejo y una ratificación de todo lo que este periódico dice en esta edición y viene diciendo desde su primer número, aparecido en julio de 1999, sobre el carácter profundo, global, terminal, de la crisis argentina. Este número de El Dipló estaba impreso, esperando ser distribuido en los quioscos el miércoles 2 de enero, al cabo del feriado de Año Nuevo, cuando un nuevo “cacerolazo” acabó con el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá. El último artículo (páginas 2 y 3), había sido escrito el 27 de diciembre, en pleno fragor de los extraordinarios acontecimientos que vivía el país.

Decimos allí, como puede leerse, que “la dirigencia política, una vez más, no ha estado a la altura de las circunstancias”. El desarrollo inmediato de la crisis lo demostró. Ante una nueva y evidente burla a sus reclamos –expresada entre otros datos en el nombramiento de conocidos corruptos– la sociedad salió nuevamente a la calle, haciendo insostenible la posición del gobierno y agudizando las contradicciones internas de la dirigencia política. Luego de la renuncia de Rodríguez Saá, ésta acordó en menos de 48 horas el nombre de un candidato, Duhalde, y un plazo: diciembre de 2003, fecha del fin del mandato del último gobierno libremente elegido por la ciudadanía. Las elecciones generales deberían tener lugar en octubre de ese año.

Acorralados, peronistas, radicales y sus aliados satelitales a derecha e izquierda lograron establecer una confortable mayoría en el Congreso para esa propuesta. Al margen de las ambiciones personales de algunos líderes peronistas, el debate que se produjo sobre la necesidad de legitimar al nuevo gobierno mediante elecciones fue pleno de sentido: no debe olvidarse ni por un instante que la sociedad repudió a todos los dirigentes y que los mandatos deben ser revalidados lo antes posible por la ciudadanía. Dicho de otro modo, que no sólo es provisorio el nuevo Poder Ejecutivo, sino también los restantes poderes del Estado. Uno de los reclamos de los manifestantes fue el reemplazo de la Corte Suprema de Justicia.

La solución encontrada debe considerarse pues tanto legítima como transitoria. En la medida en que son tan válidos los argumentos para no llamar a elecciones inmediatas en este contexto de crisis como para hacerlo precisamente por su gravedad, no queda más remedio –y nada parece más razonable– que acatar la decisión de la mayoría de la Asamblea Legislativa.

¿Cuál será entonces el fiel de la balanza, el que determine la paz social, la vigencia de las instituciones democráticas y el fin de la crisis económica? La respuesta está en los acontecimientos de este inolvidable fin de año: la actitud de vigilancia ciudadana ante el comportamiento del gobierno provisional. Las cacerolas no deben volver al armario por ahora. La misión encomendada al nuevo gobierno –no por la Asamblea, sino por el reclamo popular– es cambiar radicalmente el modelo económico y acabar con la injusticia social y la corrupción política e institucional. No se trata de cuestiones opinables desde la derecha, el centro o la izquierda; las dicta el sentido común y la más elemental decencia: los efectos del modelo y la actitud de sus ejecutores están a la vista, han desbaratado al país y son repudiados por la abrumadora mayoría de la población.

En la página siguiente suministramos un “decálogo” de asuntos cuya resolución debe ser vigilada cacerolas en mano. No constituye un programa político (no es esa nuestra función), sino un conjunto de temas de los que dependen la paz social, la continuidad institucional y un mínimo ordenamiento económico y administrativo que al menos frene la decadencia y siente las bases para que el próximo gobierno continúe la tarea según la orientación política que decidan los ciudadanos.

En suma, que las reflexiones sobre la crisis argentina, su amplitud y profundidad y algunas sugerencias para comenzar a resolverla, desarrolladas entre las páginas 2 y 7, son tan válidas para el gobierno que vaya a formar el nuevo Presidente como lo serían para cualquier otro. La crisis argentina no es un problema de nombres ni de partidos, sino de modelo económico y de conducta y hábitos políticos. No es sólo económica, sino global: política, institucional, social, ética y moral. Cultural en suma, en el sentido antropológico: dejar de ser una tribu –o peor, un salvaje conjunto de individuos– para devenir una sociedad moderna. Ahora que ha vuelto a tomar conciencia de sus derechos y de su fuerza, la ciudadanía haría muy mal en imaginar que no le cabe responsabilidad en lo que ocurre: con excepción de la dictadura militar, que sentó a sangre y fuego las bases del modelo económico desde 1976, todos los gobiernos que continuaron por esa senda –eso sí, prometiendo lo contrario en período electoral– fueron electos y reelectos en elecciones libres, pero sin que la sociedad participara y ni siquiera reclamara un debate serio.

El nuevo Presidente pasó por casi todos los cargos electivos, incluyendo el de Vicepresidente en el más corrupto y esperpéntico de los gobiernos democráticos –el de Carlos Menem– y luego, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, aseguraba que su policía era “la mejor del mundo” cuando aquella asolaba el territorio y asesinaba al periodista José Luis Cabezas. Eso –y mucho más– no impidió que fuese el candidato más votado en las elecciones legislativas de octubre pasado.

No cumpliríamos acabadamente aquí con lo que sí consideramos nuestra función, si por último no recordáramos a la clase media argentina que ahora salió a la calle porque le pusieron “el corralito”, que durante años se quedó tranquilamente en su casa o viajó a Miami orgullosa de sus pesos fuertes mientras la marginalidad y la miseria hacían estragos entre otros sectores de la sociedad, en particular entre los trabajadores. Y qué decir de la clase alta, que el 19 de diciembre rodeó y atronó a cacerolazos la mansión en Palermo Chico del ex ministro Cavallo…

“Los pueblos que olvidan su propia historia están condenados a repetirla”, decía el notable intelectual y periodista uruguayo Carlos Quijano. Este es uno de esos momentos en que la historia puede alterarse, dar un salto adelante, pero también acabar de hundir a una Nación. Ahora que la crisis ha puesto al conjunto de los sectores sociales frente al mismo enemigo, se presenta la oportunidad de encontrar un objetivo común. Sin bajar las cacerolas, cada argentino debe pensar con la mayor honestidad y severidad posible en su propia actitud pasada para decidir de ahora en más su comportamiento social y los requisitos de su pertenencia política. Nos va el país en ello.

“Decálogo” (para nada exhaustivo) de vigilancia ciudadana

-Elecciones para fundar un nuevo régimen.

Los argentinos se sublevaron contra un sistema político corrupto, al que condenaron por ajeno y contrario a las necesidades de la Nación y sus habitantes. Es de la más estricta lógica que la restauración de la confianza de la población en sus autoridades –punto de partida para la recuperación del país– no puede nacer de un gobierno elegido y respaldado por los partidos condenados por la más abarcadora movilización social en la historia argentina. No se trata de fechas; pero las intenciones y legitimidad del actual Presidente y de la Asamblea Legislativa que lo designó y respalda se comprobarán si ese clamor de participación masiva es escuchado y canalizado por la única vía posible: reforma política profunda y elecciones generales que eventualmente incluyan un proyecto de reforma constitucional.

-Remoción de la Suprema Corte de Justicia.

Un Poder descompuesto contamina ineludiblemente a los otros dos. La República no sobrevive con estos jueces, comprometidos con el latrocinio y la degradación moral más allá de todos los límites. Si la Corte no renuncia, el Ejecutivo y el Legislativo deben promover de inmediato un juicio político que la destituya.

-Que “la Patria los demande”.

Los responsables del vaciamiento del país, de los escandalosos negociados, del vaciamiento de las arcas del país y del salvajismo represivo al que se apeló ante la rebelión ciudadana, deben ser traducidos en justicia. La ciudadanía no avalará a un gobierno que otorgue impunidad a los principales responsables. Entre otros muchos, los ex funcionarios Fernando De la Rúa, Domingo Cavallo, Enrique Mathov, Carlos Menem, Víctor Alderete, Maria Julia Alsogaray -como antes los generales de la dictadura- deben ser procesados por sus eventuales delitos y responsabilidades. De momento, el nuevo gobierno debería disponer la prohibición de que abandonen el país.

-Saneamiento de la economía nacional.

Deben desconocerse la deuda externa fraudulenta, adoptarse las medidas correspondientes por los casos ilegales y replantearse intereses y pagos de aquella porción que se revele legítima. La producción nacional debe ser protegida y estimulada. El Mercosur impulsado como alianza estratégica para una apertura al mundo. Deben investigarse y traducirse en justicia todos los casos de evasión, dolo y usura en los ámbitos financiero y económico privado, del mismo modo que todos los casos de dolo o dejación de deberes de funcionario público en el estatal. Sobre todo, tomarse las medidas económico-administrativas necesarias para que esos manejos ya no resulten posibles.

-Una política exterior soberana

Fuera de los “asuntos corrientes”, el gobierno provisional no está legitimado para comprometer al país en asuntos estratégicos como, por ejemplo, la Asociación de Libre Comercio Americana (ALCA), o el Plan Colombia.

-Reforma tributaria progresiva.

Rebaja del IVA y aumento del impuesto a las ganancias y a la riqueza. Persecusión y castigo de grandes evasores.

-Garantía para los depósitos bancarios.

Transformación de las deudas en dólares a pesos. Suspensión sine die de las ejecuciones hipotecarias. El fin de la convertibilidad no puede descargarse sobre la población. El compromiso asumido por el Presidente designado respecto de los depósitos en dólares y pesos debe cumplirse. Los bancos deben ser compelidos por el Estado a hacerse cargo de su responsabilidad. Por regla general, la quiebra de chacareros, pequeños empresarios y propietarios de viviendas es resultante de la perversa política económica y su dolosa implementación. En todos estos casos, si alguien resulta perdidoso de la actual situación no deben ser las víctimas, sino los victimarios.

-Desdolarización de tarifas de servicios públicos. Revisión de los contratos de venta y gestión de las empresas de servicios públicos, sobre una base de defensa de la soberanía nacional y de los intereses de la población.

-Defensa del salario real.

Si la devaluación redunda en una nueva redistribución de ingresos en perjuicio de los asalariados, no sólo estarán en tela de juicio las promesas de justicia social, sino también el relanzamiento de la economía.

-Medidas urgentes contra la pobreza

Es de justicia, de la más elemental solidaridad y de interés del mercado interno y la paz social, que el gobierno provisional ponga en marcha un plan de emergencia contra la pobreza. Una base posible son las propuestas del Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO).

-Responsabilidad partidaria y militante.

No hay participación ciudadana en la búsqueda y ejercicio del poder político sin partidos, o si estos son aparatos sin ideología y con programas adaptables a las exigencias de oscuros centros de poder. Los miembros de los partidos –tanto más si tienen participación directa en el gobierno de la cosa pública- deben asumir su responsabilidad. ¿Qué piensa hoy un afiliado radical, después de que De la Rúa sucumbió abrazado a Cavallo y Duhalde -como Menem después del “Pacto de Olivos”- llega al gobierno catapultado por Alfonsín? ¿Qué siente un afiliado peronista después de la década Menem, de la corrupción de sus dirigentes sindicales y del espectáculo ofrecido por el partido durante la crisis? ¿Qué balance hacen las filas del Frepaso? ¿Y qué conclusiones sacan las izquierdas respecto de sus conceptos estratégicos y tácticas de intervención, tras haberse visto no ya desbordadas, sino explícitamente rechazadas por quienes salieron a las calles?

Y así con todos y cada uno de los asuntos, públicos o privados, que han conducido a esta situación…


Autor/es Carlos Gabetta
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 31 - Enero 2002
Temas Corrupción, Desarrollo, Deuda Externa, Neoliberalismo, Estado (Justicia), Estado (Política), Movimientos Sociales, Políticas Locales
Países Argentina