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Adiós libertades

Los atentados sufridos por Estados Unidos en septiembre pasado están dando pie a una serie de preocupantes recortes a las libertades individuales. En primer lugar en Estados Unidos, pero también en otros países. El respeto a la democracia y los derechos humanos, estandarte del período abierto con la caída de la Unión Soviética, se troca en una serie de medidas que coartan las libertades y derechos cívicos.

Puesto que se admite que los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 abrieron un nuevo período de la historia contemporánea, preguntémosnos qué otro ciclo fue cerrado por estos acontecimientos y cuáles son sus consecuencias.

La época que se acaba había comenzado el 9 de noviembre de 1989 con la caída del muro de Berlín y con la desaparición de la Unión Soviética, el 25 de diciembre de 1991. Celebradas sin tregua, las principales características de esta etapa –que conoció, por otra parte, el auge de la mundialización liberal– fueron: la exaltación del régimen democrático, la celebración del Estado de derecho y la glorificación de los derechos humanos. En política interior y exterior, esta Trinidad era considerada como una suerte de imperativo categórico constantemente invocado. No desprovista de ambigüedades (¿es realmente posible conciliar mundialización liberal y democracia planetaria?), esta Trinidad contaba con la adhesión de los ciudadanos, que veían en ella un avance del derecho contra la barbarie.

En nombre de la “justa guerra” contra el terrorismo todas estas grandes ideas se sumieron en un repentino olvido. De entrada, para emprender la guerra en Afganistán, Washington no dudó en establecer alianzas con dirigentes hasta ayer infrecuentables: el general golpista Pervez Musharraf de Pakistán, o el dictador de Uzbekistán Islam Karimov. Los gritos del legítimo presidente paquistaní, Nawaz Sharif, y los de los defensores de las libertades uzbekos no lograron traspasar los muros de sus cárceles… Discretamente, valores hasta ayer aún calificados como “fundamentales” abandonan la escena política mientras que Estados democráticos se hunden, desde el punto de vista del derecho, en una regresión.

Lo atestigua el huracán de medidas liberticidas adoptadas por Estados Unidos. Desde el día siguiente al atentado, se instalaba allí una justicia de excepción. El ministro de Justicia, John Ashcroft, hacía adoptar una ley antiterrorista, denominada “ley patriótica”, que permite a las autoridades arrestar sospechosos por un tiempo cuasi indefinido, deportarlos, hacerlos encarcelar en celdas de aislamiento, vigilar su correo, sus conversaciones telefónicas, sus comunicaciones vía Internet y registrar sus domicilios sin autorización judicial… No menos de 1.200 extranjeros fueron así secretamente arrestados, de los cuales más de 600 permanecen encarcelados sin juicio, una gran cantidad de ellos ni siquiera han sido presentados a los jueces ni han tenido la posibilidad de ser asistidos por un abogado1. El gobierno tiene por otra parte la intención de interrogar a unos 5.000 hombres de 16 a 45 años, que residen con una visa de turismo, devenidos sospechosos por el simple hecho de ser originarios de Medio Oriente2

Aunque los tribunales ordinarios estadounidenses son perfectamente competentes3, el presidente George W. Bush decidió el 13 de noviembre último crear tribunales militares, con procedimientos especiales, para juzgar a los extranjeros acusados de terrorismo. Estos procesos secretos podrán tener lugar en navíos de guerra o bases militares; la sentencia será pronunciada por una comisión constituida por oficiales militares; no será necesaria la unanimidad para condenar el acusado a muerte; el veredicto no se podrá apelar; las conversaciones del acusado con su abogado podrán ser escuchadas clandestinamente; el proceso judicial se mantendrá en secreto y los detalles del proceso no se harán públicos hasta decenas de años más tarde…

Responsables del Federal Bureau of Investigation (FBI) llegaron a proponer que algunos acusados fueran extraditados hacia países amigos, de régimen dictatorial, para que la policia local pueda interrogarlos utilizando métodos “rudos y eficaces”. El recurso a la tortura fue abiertamente reclamado en las columnas de las grandes revistas4. En la cadena CNN, el comentador republicano Tucker Carlson fue muy explícito: “La tortura no está bien. Pero el terrorismo es peor. Así, en ciertas circunstancias, la tortura es un mal menor”. Steve Chapman, en el Chicago Tribune, recordó que un Estado democrático como Israel no duda en aplicar la tortura al 85% de los detenidos palestinos5

Abrogando una decisión de 1974 que prohibía a la Central Intelligence Agency (CIA) asesinar dirigentes extranjeros, Bush le restituyó carta blanca para llevar a cabo todas las operaciones secretas necesarias para la eliminación física de los jefes de Al Qaeda. Olvidando las recomendaciones de la Convención de Ginebra, la guerra en Afganistán fue conducida con este mismo espíritu: liquidar a los miembros de Al Qaeda cuando se rinden. Rechazando toda idea de solución negociada y de rendición, el secretario estadounidense de Defensa, Donald Rumsfeld, se mostró inflexible y llamó claramente a matar a los prisioneros árabes que combaten con los talibán6. Más de 400 de ellos fueron masacrados durante el levantamiento del fuerte de Qala-e-Jhangi y un número sin duda más elevado durante la toma de Tora Bora.

A fin de que no pueda intentarse ninguna persecución contra militares estadounidenses por operaciones en el exterior, Washington se muestra hostil al proyecto de Tribunal Penal Internacional (TPI). Por esa razón, el Senado acaba de aprobar, en primera lectura, la ley ASPA (American Service Members Protection Act) que permite a Estados Unidos tomar medidas extremas –¡ncluyendo la posible invasión militar de un país!– para recuperar todo ciudadano estadounidense sobre quien pese la amenaza de ser llevado ante la futura TPI.

Gracias a la “guerra mundial contra el terrorismo”, otros países –Reino Unido, Alemania, Italia, España, Francia…– también reforzaron sus legislaciones represivas. Los defensores de los derechos públicos tienen motivos para preocuparse: el movimiento general de nuestras sociedades, que tendía hacia un respeto cada vez mayor del individuo y de sus libertades, acaba de ser frenado brutalmente. Y todo indica que en adelante se deriva hacia un Estado cada vez más policial…

  1. El País, Madrid, 10-11-01.
  2. Le Monde, París, 30-11-01.
  3. International Herald Tribune, París, 1-12-01.
  4. Cf. Newsweek, 5-11-01.
  5. Citado por El País, Madrid, 7-11-01.
  6. Le Monde, 14-12-01.
Autor/es Ignacio Ramonet
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 31 - Enero 2002
Páginas:40
Traducción Pablo Stancanelli
Temas Terrorismo, Derechos Humanos, Estado (Justicia)
Países Estados Unidos