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Privatizadas: ganancias al por mayor

Las empresas privatizadas gozaron de privilegios extraordinarios. Rota la Convertibilidad, el problema es renegociar los contratos de largo plazo con cláusulas en dólares, insostenibles en una economía pesificada y devaluada. El criterio de "razonabilidad" de las ganancias.

Entre 1995 y 1999, las empresas de servicios públicos –vendidas principalmente a multinacionales extranjeras– obtuvieron ganancias por un total de 24.000 millones de dólares y se estima que para toda la década 1991/2001 las utilidades superaron los 34.000 millones. Esto supera con creces los 23.000 millones de dólares que los consorcios invirtieron en la compra de empresas de teléfono, gas, electricidad, ferrocarriles, carreteras, áreas petroleras y todo el resto de la infraestructura económica del país que anteriormente pertenecía al Estado. Si se considera que al menos la mitad de los montos aportados en las adquisiciones y las inversiones subsiguientes fueron financiadas con deudas cuyos intereses se pagan del propio giro de negocios de las compañías, se puede concluir que el capital propio arriesgado por los compradores (el equity, en la jerga financiera) ya ha sido amortizado hace tiempo y en tiempo récord.

Las ganancias de algunas empresas privatizadas en Argentina harían palidecer de envidia nada menos que al propio Bill Gates, el hombre más rico del planeta y cuya empresa, Microsoft, es considerada una de las más rentables del mundo, con un margen de ganancias que llega al 25% sobre sus ventas.

En Argentina se ha superado ese récord. Si se observan los informes financieros de Transportadora de Gas del Sur (TGS), por cuyos tres gasoductos circula el 60% del gas que se consume en el país, se advierte que el margen de ganancia en el año 1998, por ejemplo, alcanzó (suenen las trompetas) al 39,5%. Fueron exactamente unas ganancias de 156 millones de dólares contra ventas por 395 millones. Dos años después, y ya en plena recesión, esta empresa controlada por Perez Companc y Enron (actualmente en proceso de quiebra en EE.UU.), tuvo un margen de utilidad de “sólo” el 26,3%. El caso de TGS no es una excepción, sino más bien la regla.

Según un estudio del INDEC1, las ganancias de las empresas privatizadas (que se han constituido como monopolios regulados), superan en más de dos veces y media la utilidad obtenida por el resto de las 500 mayores empresas de la Argentina, que operan en régimen de competencia: sus tasas de rentabilidad sobre patrimonio neto (otra forma de medir las ganancias) promedian un 12,7%, comparado con el 4,9% de las demás.

Cualquier empresario que compite en una sociedad capitalista podría considerarse feliz y exitoso si su margen de ganancias se acerca al 10%. Algunas empresas, como los supermercados, trabajan con índices que no superan el 2 o 3% de sus ventas. Pero las ganancias de las empresas privatizadas en Argentina son en realidad mayores de lo que se muestra en los balances. Un detalle poco conocido de los contratos de privatizaciones es que éstos permitieron el pago de “honorarios de administración” (management fee) a los operadores técnicos de las concesiones, que no son otros que las empresas multinacionales que controlan o encabezan los consorcios. Estos honorarios superan con creces cualquier pago razonable por un servicio técnico. Usualmente se contabilizan como parte de los “gastos de explotación” de las compañías (es decir que están exentos de impuestos). En otras palabras, se trata de ganancias encubiertas que se giran a las casas matrices eludiendo el pago del impuesto a las ganancias.

Generalmente son un porcentaje del 6 al 7% del margen bruto de utilidad de las empresas. Telefónica de Argentina, por ejemplo, pagó 148 millones de dólares de management fee en 2000 a su operador técnico, Telefónica de España. Si a esto se le suman los 343 millones de dólares de ganancia neta que informó la compañía en su balance, se llega a un total de beneficios de 491 millones de dólares (16,6% sobre ventas). Telecom les pagó a sus dos operadores técnicos, France Telecom y Stet (Italia) 130 millones de dólares en 2000 antes de contabilizar pago de intereses, amortizaciones, impuestos, etc.2. De modo que las dos grandes telefónicas que operan en Argentina podrían no ganar un centavo en sus balances de algún año, y aun así, sus casas matrices seguirían recibiendo unas remesas de cuantiosas utilidades.

Gas Natural BAN (Buenos Aires Norte) le paga a su operador técnico, el consorcio catalán-estadounidense Invergas, siete millones de dólares anuales por honorarios de administración. Esta suma es un tercio de toda la masa salarial de la compañía, que facturó 450 millones de dólares en 2000 y ganó 54 millones (12%). El caso de Aguas Argentinas es similar: pagó 18 millones de dólares en 2000 a su casa matriz, Suez Lyonnaise Des Eaux (subsidiaria del mega grupo francés Vivendi), en concepto de honorarios por un “contrato de control de gestión y transferencia de tecnología” que firmó en 1993. Las ganancias de Aguas Argentinas parecen inmunes a la recesión. En 1998 ganó 36 millones de dólares, al año siguiente 62 y en 2000 tuvo un récord de ganancias de 85 millones (16,5% de las ventas, que sube al 20% si se consideran los “honorarios técnicos”)3.

Tan fuertes rentas no provienen de una extraordinaria eficiencia de los operadores, sino más bien de las condiciones en que se pactaron las concesiones. Éstas incluyeron mercados cautivos y monopólicos con tarifas iniciales muy altas que fueron inmediatamente dolarizadas e indexadas por los índices de precios estadounidenses, amén de una muy débil regulación estatal. Las ganancias extraordinarias fueron el incentivo ofrecido a las operadoras por el gobierno de Carlos Menem para hacerse cargo de los servicios. Pero el correlato fue el mayor costo afrontado por los usuarios. La ley del casino se siguió cumpliendo: lo que unos ganan, otros lo pierden.

Como durante la última década la tasa de inflación estadounidense superó holgadamente a la nacional, también se dio la paradoja de que los servicios se convirtieron en casi el único sector que pudo subir sus precios y eludir todos los riesgos de la operatoria económica enfrentados por los demás. Como agravante, la prolongada recesión argentina provocó deflación, baja de salarios y un aumento inédito de la desocupación, perjudicando aun más a los usuarios, que siguieron afrontando tarifas altas con ingresos menguados.

Roto el horizonte de estabilidad diseñado por la Convertibilidad, se plantea el problema de renegociar los contratos de largo plazo que tienen cláusulas en dólares, insostenibles en una economía pesificada y devaluada. Ante este panorama, se enarbola el clásico argumento de la “seguridad jurídica”, según el cual todas las ventajas, otorgadas por los negociadores estatales de turno, no pueden alterarse durante los largos períodos que duran las concesiones. Aunque parezca un argumento impecable, la seguridad jurídica debe interpretarse en armonía con el conjunto de principios jurídicos que rigen los contratos de larga duración en los que está en juego el interés público.4

En materia de servicios privatizados es comprensible que quien contempló un horizonte para desarrollar un negocio y asumió compromisos y riesgos pretenda el cumplimiento de la previsibilidad acordada. Pero tratándose de servicios esenciales como la luz, el gas, los teléfonos o el agua, esto no puede equivaler a que se permita la invariabilidad de pautas cuyo sostenimiento en el tiempo atente contra toda razonabilidad económica, social y política. Porque precisamente la “razonabilidad” en la renta empresaria es uno de los criterios explícitamente incluidos en los contratos de concesión. Aunque no hay normas claras que establezcan con qué parámetros se puede definir una renta razonable, puede inferirse que deben ser los márgenes de ganancia obtenidos, en promedio, por sectores similares o comparables, tanto en función de la actividad específica como del riesgo empresario asumido. Es de suponer, entonces, que cuanto menos riesgo haya involucrado en una actividad, menor será la tasa de ganancia y viceversa. Sin embargo, en Argentina resultó lo contrario: las mayores rentas las obtuvieron las empresas que, como las privatizadas, consiguieron de los funcionarios políticos ventajas muy superiores a las del resto de las firmas que operan en mercados competitivos. Dicho de otro modo, obtuvieron patentes de corso.

Está internacionalmente probado que los servicios esenciales son muy inelásticos respecto a la estructura de precios: la suba de tarifas no se traduce en una reducción masiva del consumo, sino que los propios usuarios terminan absorbiendo los mayores gastos, a expensas de otros consumos. Esto es, justamente, lo que marca la ventaja de operar servicios monopólicos y la correlativa necesidad de regular precios para evitar abusos en bienes ineludibles.

Hoy el conflicto está planteado de manera seria, dejando en evidencia el importante peso relativo que acumularon las empresas privatizadas. La cuestión clave pasa porque el poder político logre encontrar el punto de negociación que permita a los usuarios afrontar el pago de los servicios y a las empresas sostener un emprendimiento “razonable” en términos objetivos y verificables. Entre el máximo de ganancia pretendido por los privados y el mínimo más allá del cual la explotación del servicio se haría insostenible, hay un trecho mucho más importante que el que hasta ahora los gobiernos han estado dispuestos a transitar. Para atravesarlo hace falta construir un soporte político vigoroso que imponga, para empezar, un control estatal claro sobre la estructura operativa y de costos de cada servicio. Solo a partir de allí podrán adoptarse parámetros de rentabilidad “razonables”. Hacerlo, ciertamente, es una tarea técnica factible, pero es en el plano político donde se disputa, y fuerte, su implementación.

  1. INDEC, Encuesta Nacional a Grandes Empresas.
  2. Telefonica de Argentina y Telecom Argentina Stet-France Telecom: Memorias y Balances Anuales 1999 y 2000.
  3. TGS, Aguas Argentinas, GasNatural BAN: balances anuales e informes a los accionistas.
  4. Mabel Thwaites Rey, “El Estado más allá de las generaciones”, Encrucijadas, noviembre de 2001.
Autor/es Pablo Maas, Mabel Thwaites Rey
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 32 - Febrero 2002
Páginas:9
Temas Corrupción, Desarrollo, Deuda Externa, Neoliberalismo, Privatizaciones, Políticas Locales
Países Argentina