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La Corte Suprema del partido único

Los reclamos populares contra el actual Tribunal Supremo se multiplican en número e intensidad y se suman a los de los profesionales del derecho y Organizaciones No Gubernamentales, que han presentado propuestas para mejorar el sistema 1. El autor sostiene que la Corte Suprema es funcional al injusto y fracasado régimen que impera en el país desde 1976 y a los dos grandes partidos políticos que, junto a la dictadura militar, se han sucedido en el gobierno en el último cuarto de siglo, prolongando el modelo económico y la corrupción institucional.

Nadie medianamente avisado ignora que desde 1984 Argentina está gobernada por un partido único con dos alas derechas, para usar la figura del pequeño monstruo ornitológico aplicada al bipartidismo de Estados Unidos.

La continuidad en los temas clave –deuda externa, voluntad de privatizar, impunidad en materia de violaciones de los derechos humanos, indemnidad de la clase política– no deja ninguna duda sobre el “contubernio”, para servirse de otra expresión famosa, entre peronistas y radicales. Si la hubiera, ahí están el Pacto de Olivos2, reverdecido a finales de 2001 para permitir la exculpación y libertad del ex presidente Carlos Menem, y la recomposición de la Corte Suprema de Justicia en los años siguientes a ese acuerdo.

Ese Tribunal Supremo ha sido perfectamente funcional al unipartidismo real, con fachada de bipartidismo formal. Ha sido –y es– una Corte del Poder. Ya en 1987, un testigo presencial refirió en un libro3 cómo vio llegar a tres ministros de ese tribunal al despacho presidencial, en los días siguientes a la aciaga Semana Santa4 de aquel año, obviamente en consultas impropias y reñidas con la independencia del Poder Judicial. Otro ejemplo fue la complaciente sentencia subscripta por la mayoría, el 22 de junio de 1987, respecto de la ley de Obediencia Debida5, complacencia que puede verificarse leyendo la esclarecedora disidencia del entonces ministro, Jorge Bacqué.

De aquella bendición judicial de la Obediencia Debida a la decisión de exculpar al ex presidente Menem ha habido una continuada integración del tribunal al sistema de poder político vigente, una fórmula ideal para la protección de la dirigencia partidocrática. Las últimas designaciones hechas por Menem en ese tribunal, dictadas no por la admiración y confianza que puede suscitar un jurista independiente, sino por vínculos personales, parecen haber tenido ese claro designio protector, de indudable eficacia, como se vio luego.

Los acontecimientos del reciente convulso final y principio de año en Argentina alumbraron la esperanza de un cambio profundo, del comienzo de una nueva etapa, de un final para el período iniciado por los sucesivos ministros de Economía Celestino Rodrigo en 1975, ahondado por Alfredo Martínez de Hoz a partir de 1976 y concluido ahora por Domingo Cavallo6. La renuncia de todos los miembros de la Corte Suprema y del Procurador General formaba parte íntima de esa esperanza colectiva, expresada de viva voz en más de un reclamo popular y por muchos profesionales del derecho.

Porque hay una convicción generalizada de que en su cúspide el Poder Judicial no es independiente, que neutralizará todos los actos jurisdiccionales de primera y segunda instancia que puedan afectar a los poderosos, tanto en el poder financiero como en la dirigencia del Partido Único con dos alas derechas.

Esperanza frustrada

Hace unos pocos años, cuando la Alianza estaba todavía en la oposición, diputados de ambos partidos convocaron a un grupo de juristas para estudiar y llevar adelante el juicio político a los miembros de la Corte. Hubo una resonante conferencia de prensa, que despertó gran expectativa, para anunciar esa decisión. Llegada la Alianza al gobierno, ese propósito quedó silenciado y olvidado. Los promotores de la iniciativa ocuparon puestos eminentes en el Poder Ejecutivo y desde allí advirtieron que esa Corte incambiada era ahora útil para un gobierno que en lo esencial no resistía ser la prolongación del anterior7.

Todo señala que el débil gobierno actual está asediado por los lobbies de los servicios públicos privatizados, por la “patria petrolera”, por los bancos extranjeros, por el terrorismo económico de los que no están dispuestos a perder ningún privilegio, por la crispación de la clase media afectada por el “corralito” instituido para sostener y conformar al sector bancario. En estas condiciones todo sugiere también que se ha decidido renunciar a la renovación de la Corte Suprema, la cual, por lo demás, se ha adelantado a servir a este gobierno, mientras dure, como lo ha hecho con los anteriores.

Se ha preferido la conveniencia inmediata del presente a la profundización de los cambios que la opinión pública esperaba y pedía con ansiedad y que hubieran robustecido la legitimidad substancial de los nuevos gobernantes.

Han prevalecido hasta ahora la ley del menor esfuerzo y la tendencia al apaciguamiento de las oligarquías liberales, como Cornelius Castoriadis llamaba a los gobiernos liberales de Occidente.

Grave error, sin duda. La convicción sobre la corrupción de la Corte es vasta e intensa. Satura todos los ámbitos y estamentos. Hasta se ha hecho cargo de ella, como vocero calificado, nada menos que Ernesto Sábato, un argentino singular, en quien confluyen el gran escritor, el ciudadano ejemplar, el comprometido testigo de nuestro tiempo calamitoso y una suerte de personificación de la conciencia moral de la sociedad. El convencimiento colectivo sobre la corrupción de la Corte, cuya mención no ha podido evitar Sábato, es la de los hombres y mujeres de izquierda, centro y derecha; de provincianos y porteños; de viejos, maduros y jóvenes; de quienes antes fueron peronistas, radicales, conservadores, comunistas o socialistas, y aun de los neutros. Es una convicción constante y omnipresente. La necesidad de una nueva Corte no se puede conjurar con lugares comunes como el de la seguridad jurídica, expresado ahora por funcionarios del nuevo gobierno.

Inseguridad jurídica

Se blandirá esa noción en forma airada para explicar el inmovilismo, como palio protector del statu quo, como pretexto de la inacción. Pero la opinión generalizada sabe distinguir entre variedades de la seguridad jurídica. Hay una que profesan los grandes diarios y sobre todos sus avisadores de media página y de página entera. Se la invoca en favor de inversores extranjeros, concesionarios de los servicios públicos, grandes multinacionales; en suma, de la protección del poder económico.

Pero ya se sabe que esta versión es fatalmente olvidadiza de quienes fueron esquilmados contribuyentes durante una larga vida laboral al sistema previsional, sobre cuya destrucción nadie da razón de nada, y menos de la seguridad jurídica escamoteada a millones de ex trabajadores. La violada inviolabilidad de la propiedad de los aportes de los jubilados no encuentra casi retóricos de la seguridad jurídica.

Pero no hay mayor inseguridad jurídica para la comunidad nacional toda que una cumbre del Poder Judicial desprovista de independencia real, un tribunal del que los ciudadanos masivamente han decidido, con muy buenas razones, descreer. La verdadera seguridad jurídica requiere la sustitución de los miembros de la actual Corte Suprema, cuya facciosa factura prefiguró su actuación ulterior, deplorable, provocadora de la indignación o del escarnio.

Se cree a menudo que corresponde a la etapa menemista de la Corte ampliada el per saltum, es decir el avocamiento de la Corte a litigios que se están substanciando en primera o segunda instancia, a fin de sustraerlos a sus jueces, y excogitar una solución complaciente al Poder Ejecutivo y a sus mayorías legislativas, No es así. Los autores del libro arriba mencionado –Ricardo y Fernando Molinas– escriben que luego de haber visto a los tres ministros de la Corte visitar al ex presidente Raúl Alfonsín en la casa de gobierno, “esa misma noche, la Corte Suprema de Justicia dictó una resolución por la cual se ordenaba a las Cámaras Federales del país la remisión de todas las causas vinculadas con violaciones de los derechos humanos durante el ‘Proceso’ militar, aun cuando las mismas no tuvieran sentencia y se hallaran en pleno trámite. El per saltum, como invento jurídico de la Corte para solucionar problemas políticos se acababa de instalar en Argentina, y poco tiempo después sería aprovechado y repetido hasta el hartazgo por la Corte ampliada del ex presidente Menem, cada vez que el Poder Ejecutivo lo requiriese”.

Es válido el argumento de que si no media renuncia de sus miembros o cambio de régimen constitucional inherente a la fundación de una nueva República, el juicio político es la única manera de reemplazar a la Corte Suprema. Pero también es cierto que ningún legislador de la mayoría legislativa que eligió al nuevo Presidente ha mostrado el mínimo entusiasmo por el juicio político a los miembros de esta Corte, aunque sobran elementos para iniciarlo. Lo cual supone conformidad con la Corte del Partido Único, es decir con la continuidad de la estructura de poder pasado que no termina de pasar, a pesar de los reclamos populares.

  1. Santiago O’Donnell, “Propuesta para depurar la Justicia”, La Nación, Buenos Aires, 20-1-02.
  2. El Pacto de Olivos se celebró en 1993 entre los ex presidentes Alfonsín y Menem. En virtud del mismo se acordó una reforma constitucional, realizada en 1994, en la que se sacrificó el principio de la irregibilidad de los presidentes; posibilitó el segundo gobierno de Menem y se amplió en un tercio el Senado, con la creación del tercer senador por cada provincia y la Capital.
  3. “Detrás del espejo”, por Ricardo y Fernando Molinas, citado en Los derechos humanos y la impunidad, Salvador Maria Lozada, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1999.
  4. En la Semana Santa de 1987 se produjo una asonada militar contra el gobierno de Raúl Alfonsín, protagonizada por el teniente coronel Aldo Rico, ulterior creador de un partido político, funcionario fugaz del gobierno de la provincia de Buenos Aires bajo el mandato de Carlos Ruckauf.
  5. La ley de Obediencia Debida –junto con la de Punto Final– constituyen lo que se ha dado en llamar la legislación de impunidad. Fue sancionada en 1987. A fines del 2000 fue declarada inconstitucional por un juez federal de primera instancia, decisión luego confirmada por una de las dos Cámaras Criminal Federal de la Capital. Esta confirmación corre el riesgo de ser revocada por la actual Corte Suprema, si ésta mantiene la bendición judicial de la Obediencia Debida del 22 de junio de 1987.
  6. Alfredo Eric y Eric Calcagno, “Un gran país devenido un casino”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, marzo 2001.
  7. Ocurrió en la segunda mitad de 1998. Entre los juristas convocados estaban el Dr. Raúl Zaffaroni, el Dr. Ricardo Gil Lavedra (luego ministro de Justicia del presidente Fernando de la Rúa) y el autor de esta nota.
Autor/es Salvador María Lozada
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 32 - Febrero 2002
Páginas:12,13
Temas Corrupción, Desarrollo, Estado (Justicia), Movimientos Sociales
Países Argentina