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Recuadros:

Un “dibujo” para otro ajuste suicida

En situaciones normales, el Presupuesto Nacional es un eje fundamental de la política económica. Allí se fijan los niveles y la composición del gasto y de los ingresos públicos, se proyecta la evolución del Producto Bruto Interno, del comercio exterior, inversión, consumo, precios y tipo de cambio. Allí se decide qué se hará y quién lo pagará: es la cuantificación económica de una política global. Como tal, hoy refleja el proceso de degradación que sufre Argentina, que continuará de no alterarse el rumbo económico.

El gobierno recibe reclamos contradictorios. Por una parte, está la exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de las naciones que lo dirigen (Estados Unidos en primer lugar), que reclaman un presupuesto “creíble” dentro de un programa económico “sustentable”. Esto significa realizar proyecciones verosímiles e instrumentar los habituales paquetes económicos del FMI. Es más ajuste fiscal, en particular a través de la reducción del gasto, así como la continuidad de las reformas neoliberales que condujeron a la situación actual.

Por otra parte, está la realidad de una crisis que reclama inyectar con urgencia poder de compra en las clases más pobres y fija limitaciones políticas y sociales a nuevos recortes. Está fresca la experiencia del fracaso al que llevaron los repetidos ajustes que derrumbaron la recaudación y no lograron reducir el desequilibrio fiscal. El fiasco del “déficit cero” propugnado por Domingo Cavallo es un caso paradigmático, del que habría que sacar enseñanzas.

Como la apuesta económica es conseguir dinero del FMI a cualquier precio, el gobierno procede a establecer un Presupuesto que responda a los deseos de esa institución antes que a considerar la realidad. Se trata de un “dibujo”.

En la jerga de los economistas, un “dibujo” es una información estadística inventada, que se utiliza para influenciar a la opinión pública, a los organismos internacionales de crédito o a quienquiera se desee convencer. Respecto al Presupuesto Nacional para el año 2002 viene a cuento una anécdota del folklore literario-artístico del Buenos Aires de los años 1940. Circulaba entonces la historia –real o imaginaria– de un escritor español emigrado por la guerra civil, gran amigo de Picasso y desocupado. Vivía con comodidad en Buenos Aires porque cuando se quedaba sin plata, Picasso le mandaba un dibujo suyo, que vendía muy bien. Cuando se le agotaban los fondos, Picasso le hacía llegar otro dibujo, y así cada vez. Parece que el equipo económico argentino ha tomado el ejemplo y aspira a vivir de los “dibujos” que le envíe al FMI.

Lástima que la situación sea tan diferente. Primero, Picasso no condicionaba su ayuda: lo hacía por amistad; en cambio, el FMI acepta las cuentas “dibujadas” si a cambio dicta la política económica. Segundo, los beneficiarios del “dibujo” no son los desocupados ni los que realmente lo necesitan, sino el establishment económico, que a poco andar se queda con los fondos que llegan. Tercero, Picasso era un genio…

Pero el Presupuesto presentado al Congreso no sólo es un dibujo; además es una ley a la que deberán ajustarse los gastos durante 2002. En esa función, restringe la posibilidad de gasto del gobierno, impidiendo especialmente que sea el motor de arranque de la reactivación. Además –y sobre todo– es un indicador de que el sector rentístico financiero continúa ganando en la lucha por el poder.

¿Endeudamiento o recursos propios?

La convertibilidad dependía, para mantenerse, de un flujo permanente y creciente de recursos externos. De allí su derrumbe, una vez que ese flujo se revirtió, pero también de allí la pesada herencia que ha dejado, en forma de una deuda externa impagable. Reconocer la imposibilidad de mantener esa política era necesario, y eso ha hecho el gobierno actual, con un tipo de cambio compatible con la generación de divisas a través del comercio exterior, prescindiendo –en teoría– de más préstamos. Debería ahora ser coherente con esa orientación: en lo que hace a las cuentas externas, antes de obsesionarse con la captación de préstamos externos para reconstituir reservas y defender el tipo de cambio, es imperioso disponer que los exportadores liquiden las divisas de conformidad con el control de cambios vigente, que no se respeta1. En lo relacionado con las cuentas fiscales, más que apuntar a más préstamos y más ajustes, debería procurar cobrar los impuestos necesarios para mantener el gasto público en los niveles que requiere el desarrollo del país y, con urgencia, la paz social.

El tipo de financiamiento que se utiliza es una muestra clara del carácter nacional o antinacional de las políticas. Si los recursos son internos (y los hay) pueden ejercerse funciones de país soberano. Por el contrario, los préstamos externos vienen condicionados y para obtenerlos el gobierno debe hacer concesiones no sólo económicas sino políticas, algunas vergonzosas y que nada tienen que ver con la economía, como el voto en Naciones Unidas en contra de Cuba. Aquí cabe recordar una norma política elemental: un país se prostituye si se intercambian decisiones políticas por dinero (en efectivo o en préstamos). Lo correcto es negociar política por política, y economía por economía.

Pero volvamos al Presupuesto. En esta materia, las alternativas son claras. La primera se refiere al saldo fiscal y la segunda a si, para reducir el déficit, hay que gastar menos o recaudar más. El dogma neoliberal prescribe el equilibrio presupuestario, en cualquier lugar y circunstancia. Da lo mismo si se está en recesión o en expansión, si hay inflación o deflación. Ya se ha dicho aquí que los economistas del establishment actúan como los médicos de Molière, que cualquiera fuera la enfermedad y el enfermo, sólo recetaban purgas y sangrías. Aquéllos insisten con el ajuste, aun en épocas de recesión.

Se lee en el Presupuesto: “Todo esto requiere la implementación de una política de gasto acorde con la evolución de la recaudación”. Como la recaudación baja (el Secretario de Hacienda anunció que en febrero caerá 12%)2, habrá menos gasto y así la recaudación volverá a disminuir, con lo que el gasto se reducirá una vez más y así hasta la muerte por inanición.

¿No se les podrá ocurrir que el gasto público es el principal instrumento de reactivación en situaciones recesivas graves como la nuestra? ¿No saben que para los países de la Unión Europea (UE), el Tratado de Maastrich permite sin problemas un déficit fiscal de 3% del PBI? Este porcentaje significaría para Argentina un déficit de 8.780 millones de pesos, en lugar de los 2.949 millones que figuran en el Presupuesto.

La disyuntiva fundamental es reducir gastos o aumentar ingresos. El sentido político de una u otra opción es definitorio, ya que los grupos sociales y económicos perjudicados o favorecidos son diferentes.

La opción de reducir en términos reales los gastos primarios y de inversión afecta al país en su conjunto, pues continuará el deterioro en educación, salud, investigación, infraestructura y defensa. Afecta también a los asalariados públicos y a los jubilados, que no recuperarán los descuentos ya sufridos, además de sufrir nuevas caídas de sus ingresos reales por la inflación (aun si es tan modesta como dice el proyecto de presupuesto: 14%); afecta a los que seguirán excluidos y sin asistencia; prolongará la depresión económica. Hay por supuesto un amplio margen para hacer más eficiente el gasto y para reducir la corrupción, los sobreprecios, los empleados “ñoquis” y los gastos superfluos. Pero no es racional amputar un miembro sano e imprescindible con el argumento de que en otra parte del cuerpo hay un tumor.

La otra solución es el aumento de los recursos. Con sólo cobrar impuestos a algunos beneficiarios de la devaluación se llega a un Presupuesto superavitario (ver recuadro): los exportadores deberían ceder parte de los beneficios adicionales que les regaló la devaluación.

Naturalmente, en vez de gestar un superávit se puede preferir incrementar el gasto social y en infraestructura. Se pueden también obtener ingresos tributarios mediante impuestos a los grandes beneficiarios de la “pesificación” de las deudas. Es posible también recuperar cerca de 4 mil millones de pesos de aportes previsionales revisando el sistema de las AFJP, que ni ha desarrollado el ahorro interno, ni garantiza mejores jubilaciones a futuro a sus afiliados (y precarios aportantes), puesto que funciona como un sistema de cobro de peaje por parte de esas compañías, de flujos financieros que parten y vuelven al Estado: éste cobra los aportes, que cede luego a las AFJP, quienes cobran comisiones exorbitantes a los afiliados… y prestan el remanente al Estado.

Es preciso comprender un principio fundamental: Argentina no tiene arreglo si los beneficiarios de las rentas conservan el poder real. ¿Puede el gobierno hacerlo? Es cierto que no le sobra autoridad; pero una forma democrática y efectiva de generar poder consiste en privilegiar a los grupos sociales relegados. En épocas de crisis los tiempos son muy cortos y las relaciones de fuerza cambian con velocidad: en la Argentina de 1946, ¿quién se acordaba de 1943? Sin ir tan lejos, a dos meses de distancia, ¿quién se acuerda del gobierno de De la Rúa?

Destripando las cuentas públicas

En su misma estructura, el Presupuesto Nacional está lleno de errores. Veamos:

Primero, establece una tasa de decrecimiento del PBI de –4,9%, cuando las estimaciones más optimistas de los organismos internacionales dan entre –7% y –8%, y es probable que la caída sea aun mayor. Con eso se distorsionan los cálculos acerca de la posible recaudación, por lo que en los hechos el ajuste será mayor que el pronosticado.

Segundo, se considera un tipo de cambio de 1,40 pesos por dólar, pero éste ya está en 2 pesos y, sin duda, el promedio anual será mayor a 1,40. Ello significa que el Estado deberá hacer pagos en dólares superiores a los establecidos en el presupuesto, en especial en lo relativo a deuda externa.

Tercero, desaparece en la práctica la inversión pública, que se fija en 493,7 millones de pesos, lo que significa el 1,1% del Presupuesto Nacional. Los “gastos de capital” que figuran como “inversión real directa” se refieren a “la atención de las necesidades sociales, particularmente agua potable y alcantarillado, seguridad social, salud, ciencia y técnica y a la creación de infraestructura y prestación de servicios, destacándose en ella el sector transporte”.

Cuarto, se mantiene la sangría que significa el sistema de jubilaciones de capitalización.

Esos son los errores. Veamos ahora algunas omisiones.

Primero: la moratoria está a medias, ya que figuran pagos de deuda externa por amortizaciones e intereses. Se prevén amortizaciones de deuda externa por 10.379,1 millones de pesos: 28,5% para títulos, un porcentaje igual para el Banco Mundial (BM), 23% para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 12% para el FMI. En cuanto a los intereses, se presupuesta el pago de 5.882 millones de pesos.

Segundo: los programas sociales son insuficientes. Lo que debería ser el motor de arranque de la reactivación por el consumo, se convierte en asistencialismo menor para indigentes. Se establecen tres programas: el alimentario, con 350 millones; el sanitario, con 50 millones (acceso a medicamentos e insumos esenciales) y el de empleo y seguro de desempleo, con 1.200 millones. Se mantiene la rebaja del 13% de los salarios superiores a 500 pesos mensuales y la disminución de las jubilaciones.

De acuerdo con la última encuesta de hogares del INDEC, que corresponde a octubre de 2001, en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, sobre una población de 12 millones de habitantes, el 35,4% (4.295.000 personas) son pobres; dentro de ellos, los indigentes llegan al 12,2% (1.480.000 personas)3. Se calcula para el total del país 16 millones de pobres, de los cuales 6 millones son indigentes. Es obvio que el problema se soluciona con reactivación y empleo, pero ello requiere tiempo y las necesidades son angustiosas.

Veamos entonces para qué alcanzan los fondos presupuestados. Si consideramos nada más que los 6 millones de indigentes, los 350 millones anuales asignados para alimentos sirven para que 479.000 personas (el 8% de los indigentes) disfruten diariamente de tres suculentas comidas, a condición de que –las tres– no excedan los 2 pesos diarios.

En cuanto a los medicamentos, cada uno de los 6 millones de indigentes dispondría de la saludable suma de 0,69 pesos por mes. Para los 10 millones de pobres restantes, el Presupuesto Nacional parece considerar que gozarán de excelente salud durante todo el año.

El monto previsto para empleo y seguro de desempleo es mayor: 1.200 millones de pesos. Sin embargo tampoco alcanza: significa 100 millones de pesos mensuales, lo que equivale a 500.000 planes trabajar, que sólo cubriría al 15 % de los desocupados4.

Estos cálculos no consideran los gastos de administración y otras “filtraciones”, que disminuyen con frecuencia –y mucho– los fondos que realmente llegan a los indigentes. Tampoco considera deterioro por inflación.

En síntesis, que en lo económico se pierde la oportunidad de reactivar con un estímulo en gran escala al consumo; y en lo político se deja pasar la ocasión de movilizar a gran parte de la población en un esfuerzo común para la satisfacción de las necesidades básicas.

Además, el enorme agujero fiscal que implica la pesificación no consta en el Presupuesto. No se trata de una irregularidad, porque el Presupuesto se refiere a los movimientos de caja y la pesificación supone más endeudamiento. Pero es indispensable considerarlo para advertir la verdadera situación fiscal. En esencia, se han regalado a los grupos económicos muchos millones de dólares que figuran como endeudamiento.

La pesificación de las deudas de los grandes grupos económicos a la tasa de 1 peso = 1 dólar es un escándalo económico y moral. Es correcto que se subvencione a los deudores pequeños y medianos, que no tienen dólares en el exterior (por ejemplo, a los que deben menos de 1 millón de dólares). Las empresas grandes tienen dólares en el exterior, con los que pueden pagar sus deudas en dólares a los bancos argentinos. Por lo tanto, es absurdo que se pesifique 1 a 1 a las empresas transnacionales, que por definición tienen la mayor parte de sus activos en el exterior, y que de la diferencia se haga cargo el Estado.

Este es el resultado de la pesificación a los grandes deudores. A fines de 2001, los primeros 50 deudores debían 7.000 millones de dólares al sistema financiero argentino; de ese total, el 60% corresponde a 25 empresas vinculadas al proceso de privatizaciones. Con la pesificación de sus deudas, si la cotización del dólar fuera de 2 pesos, han reducido su deuda a la mitad, a costa del Estado argentino, es decir, de todos los ciudadanos5.

Aunque estos pagos estatales no figuran en el presupuesto –porque se realizan mediante endeudamiento– son deudas contraídas que van a pesar con fuerza en el futuro. Es también una graciosa concesión hecha a empresas que reclaman indemnizaciones al Estado (como Siemens), mayores tarifas o precios (como las privatizadas y las petroleras) o que retienen ilegalmente los dólares de las exportaciones, como varias cerealeras. ¿No habría que excluir de la pesificación de deudas a las empresas con activos e ingresos en dólares, y limitar así el aumento de la deuda pública?

Por último, se presupuestan los mismos recursos que el año anterior. No se propone ninguna reforma fiscal, ni siquiera la obvia, consistente en que los beneficiarios de la devaluación paguen retenciones. Si se aplicara un impuesto del 50% a los ingresos que capten los exportadores por un tipo de cambio superior a 1,40 pesos y si el tipo de cambio fuera de 2 pesos por dólar, se recaudarían 9.300 millones de pesos.

Oportunidad perdida

Las decisiones que se adopten ahora determinarán en gran medida el futuro. El diagnóstico que está detrás del actual proyecto de Presupuesto es que la condición indispensable para superar la crisis es el apoyo financiero externo, que en las actuales circunstancias sólo podría provenir de fuentes oficiales o de organismos multilaterales, como el FMI, el BID y el BM.

Más que la utilidad de disponer de más divisas, quizá se espera que ese apoyo restaurará la confianza de los mercados financieros internacionales y de los propios depositantes argentinos, con lo que se estabilizaría la cotización del dólar y se aplacarían las ansias por retirar depósitos y fugar capitales. De allí esta continuidad en las opciones económicas, que insisten en la afanosa búsqueda de la confianza externa y del “círculo virtuoso” que resucitaría el crédito, el consumo y la inversión.

Si la confianza de los agentes financieros se mostró esquiva pese al “blindaje financiero”, a dos “megacanjes” de la deuda, a un desembolso excepcional del FMI, a la ley del “déficit cero” y los subsiguientes recortes nominales en los pagos de salarios y pensiones para privilegiar el pago de intereses, ¿por qué renacería ahora, tras la indisponibilidad de los depósitos y el incumplimiento parcial de los pagos de la deuda pública? Es indispensable cambiar el enfoque y entender que la confianza de los inversionistas no puede ser el prerrequisito de la recuperación; más bien será su consecuencia. Hay que romper la espiral depresiva con otra política, y si un nuevo préstamo del FMI significa prolongar la actual, entonces será contraproducente.

En sus primeras semanas, el gobierno afrontó la salida de la convertibilidad (con graves defectos en la pesificación) y confirmó la moratoria de la deuda externa (aunque la mitad). Fueron dos actos de gobierno necesarios que antes nadie se atrevía a adoptar. Las presiones de los grupos económicos nacionales e internacionales han logrado desvirtuarlos.

Si el gobierno no reactiva la economía sobre la base del consumo popular y continúa viviendo de prestado y sometido al FMI, los sucesos son previsibles: más ajuste, más recesión, inflación (o hiperinflación), el dólar por las nubes y al final, dolarización y los tenedores de dólares (en su mayoría bancos y empresas extranjeras), comprarán por monedas los activos rentables que queden. No cuesta mucho predecir el final de la película. Lo que nadie sabe es si antes no se quema el cine.

  1. A más largo plazo, hay que evitar que todo el país sea rehén de media docena de empresas exportadoras de cereales que ilegalmente retienen divisas para especular o negociar beneficios diversos. Para ello, habría que considerar la reinstauración de una Junta de Granos, o de otros mecanismos que regulen el comercio exterior.
  2. Clarín, Buenos Aires, 23-2-02.
  3. Clarín, Buenos Aires, 21-2-02. Se considera pobre a la persona adulta que gana menos de 150 pesos por mes o dispone de menos de 5 pesos por día; y a la familia (matrimonio y dos hijos) que gana menos de 435 pesos por mes o menos de 14,50 pesos por día. El indigente no alcanza a cubrir una canasta básica de alimentos de 61 pesos por mes o 2 pesos por día; para una familia esa canasta es de 178 pesos por mes o 6 pesos por día.
  4. En febrero de 2002 existen 3.200.000 desocupados, que equivalen al 22% de la población económicamente activa, según declaraciones del ministro de Economía a Clarín, Buenos Aires, 7-2-02.
  5. Horacio Verbitsky, “El Clon”, Página 12, Buenos Aires, 17-2-02.

El superávit es posible

Sbattella, José A.

A grandes rasgos, el Presupuesto 2002 es similar al del año pasado, con una diferencia importante en el monto a destinar para el pago de intereses de la deuda (producto del default selectivo), además de algunos aspectos llamativos en relación al cálculo de recursos tributarios de la Administración Nacional. Sin embargo, lo esencial es invisible a los análisis superficiales: hay un gran ajuste al sector público, a través de la inflación. Al mantener los gastos nominales fijos y “proyectando” que la recaudación vía impuestos indirectos podría aumentar en forma proporcional a los precios, a mayor incremento de los mismos, menor ajuste nominal necesario para reducir la brecha fiscal.

El gobierno basa sus estimaciones del Presupuesto en cuatro proyecciones macroeconómicas básicas: el PBI caerá 4,8% en términos reales; la inflación anual rondará el 14%; el tipo de cambio utilizado para la transformación en pesos de los pagos en dólares es de $1,4 por cada dólar; y los ingresos tributarios caerán sólo un 0,3%.

La modificación de alguno de estos parámetros afectaría sensiblemente a la estimación de las distintas cuentas del proyecto de presupuesto. Supongamos, por ejemplo, que tenemos tres escenarios diferentes. En el escenario (a) se cumplen las profecías oficialistas; en el (b) la recaudación cae durante el 2002 un 3% (y no un 0,3%) y los gastos en dólares se transforman en pesos al tipo de cambio libre de 2 pesos por cada dólar (a diferencia del tipo de cambio oficial de 1,4 pesos por cada dólar utilizado por el Secretario de Hacienda); y en el (c) se cumple lo mismo que en (b) y además se aplica una retención móvil a las exportaciones del 50% sobre el excedente de 1,4 pesos por cada dólar.

Los resultados para las distintas partidas de resultado presupuestario proyectado se pueden observar en el siguiente cuadro:

La sensibilidad de los resultados a las modificaciones introducidas es llamativa. El resultado financiero puede fluctuar desde –5.800 millones de pesos a +3.200 millones y con significativas modificaciones, principalmente al interior de recursos y gastos corrientes.

Si se blanquea la verdadera magnitud (en pesos) de las erogaciones en concepto de intereses de la deuda a desembolsar durante el año 2002 y se estiman correctamente los ingresos tributarios, el déficit del Sector Público Nacional pasaría de los 3.000 millones de pesos estimados por la Secretaría de Hacienda, a casi el doble (escenario b). Pero en tal caso también deberían blanquearse las ganancias extraordinarias de los sectores exportadores a un tipo de cambio que ya no es de 1,4 sino de 2 pesos por dólar. Estas ganancias deberían compartirse con el resto de la sociedad con retenciones móviles que asegurarían un dólar mínimo de 1,4 para el exportador. De allí en adelante, el aumento del dólar beneficiará en partes iguales al exportador y al Estado.

En caso de aplicarse tales retenciones (escenario c), el sector público nacional podría obtener el superávit financiero más grande de su historia, o una cantidad de recursos suficiente como para financiar planes sociales para los más de 16 millones de pobres1.

  1. Para un análisis de otros recursos potenciales ver J. Sbattella, “El dinero para el despegue existe”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, agosto de 2001.


Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 33 - Marzo 2002
Páginas:4,5
Temas Desarrollo, Deuda Externa, Neoliberalismo, Políticas Locales
Países Argentina