Los estudiantes vienen marchando

El estallido social que conmocionó al país el 19 y 20 de diciembre pasado encontró al movimiento estudiantil disperso por la finalización de las clases, pero con una fuerte presencia en las calles y en las asambleas populares. Ahora, ante el inminente comienzo del ciclo lectivo, los estudiantes universitarios se preparan para entrar orgánicamente en la lucha por la falta de presupuesto, los embates por el arancelamiento y el avance de las políticas neoliberales reflejadas en la Ley de Educación Superior. En el frente interno, la derrota electoral de Franja Morada y el crecimiento de agrupaciones independientes y de izquierda en importantes federaciones universitarias muestran la necesidad de replantear los mecanismos de representación y el rol que debe tener la universidad pública en la construcción de un nuevo país.

El gobierno de Eduardo Duhalde suma frentes de conflicto. Una información señala que un informe reciente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) advierte a los funcionarios gubernamentales que entre las agrupaciones estudiantiles de izquierda que integran la nueva conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), se están preparando manifestaciones violentas en torno de la elección de rector que sucederá a Oscar Shuberoff al frente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se realizarían este 26 de marzo en el Colegio Nacional de Buenos Aires (al cierre de esta edición la fecha y el lugar de la elección aún no estaban confirmados)¹. Aunque la verosimilitud del informe es dudosa y la FUBA desmintió la posibilidad de violencias, las preocupaciones del gobierno no son infundadas. “Cuando se inicien las clases, el movimiento estudiantil va a entrar con todo”, afirma Agustín Vanella, dirigente de la agrupación MST-Izquierda Unida, que ocupará la presidencia de la FUBA a partir del segundo semestre de 2002.

La nueva conducción de la FUBA difundió por Internet una “Carta abierta al diálogo argentino” en la que señala que “ante la invitación al diálogo argentino impulsado por el gobierno, la FUBA responde en forma pública a la sociedad en su conjunto, único interlocutor válido a la hora de reconstruir la Nación (…) cuestionamos tanto la metodología como el objetivo final de la llamada ‘concertación’ convocada por el gobierno, la ONU y la iglesia. Creemos que un diálogo a puertas cerradas, sin mecanismos de participación para la ciudadanía, no refleja las inquietudes y exigencias que nuestra sociedad expresa día a día en las calles (…) El objetivo del Diálogo Argentino no parece ser otro que obtener un paraguas de legitimidad para las decisiones tomadas por organismos internacionales, bancos, empresas privatizadas y grupos económicos transnacionales (…) es imperioso sentar las bases de un proyecto a largo plazo, que implica necesariamente incrementar el presupuesto destinado a la Educación Pública (…) el arancelamiento y el recorte presupuestario no pueden ser aceptados bajo ningún punto de vista, ya que implicarían una elitización aun mayor del conocimiento y la precarización de sus condiciones de producción (…) el costo de la crisis debe ser pagado por quienes hicieron usufructo de este modelo, drenando al país de todo su capital (…) hacemos nuestra la exigencia social, masivamente expresada en las últimas semanas (…) exigimos por lo tanto juicio y castigo para los responsables directos y políticos de la masacre cometida el 20-12-01 (…) es imprescindible en este sentido la liberación y el desprocesamiento de los miles de ciudadanos que participaron en las distintas formas de protesta social (…) Sostenemos que en adelante debería consultarse al pueblo a través de mecanismos de democracia directa (…) debe apostarse a las formas de organización surgidas de las jornadas de diciembre de 2001, como las asambleas barriales en continuo crecimiento”².

Recrear mecanismos participativos

“El movimiento estudiantil hoy no existe”. Las palabras de Iván Heyn, militante de la agrupación independiente TNT de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y presidente de la FUBA en representación del Frente 20 de Diciembre, reflejan la necesidad de relegitimar un movimiento que no escapa a la crisis de representatividad de la clase dirigente argentina. “Los mecanismos de participación democrática están tan viciados que es imposible arrogarse la representación de 200.000 estudiantes. Hay que crear espacios donde la gente se apropie de sus decisiones para llevarlas adelante. Espacios de discusión que permitan reconstruir un sujeto colectivo, una universidad colectiva nueva. Si no hay participación masiva, vamos a entrar en una disputa sin sentido para ver quién marca la línea política de la Federación”.

A fines de diciembre pasado, el Frente 20 de Diciembre, una coalición de agrupaciones independientes y de izquierda, le arrebató a Franja Morada la presidencia de la FUBA (el organismo gremial que agrupa a los centros de estudiantes de la UBA), que la agrupación radical conducía sin interrupciones desde 1983. La nueva conducción será compartida, en dos mandatos de seis meses, entre TNT y el MST-Izquierda Unida. Todo un desafío para agrupaciones con importantes divergencias: “El movimiento estudiantil tiene que pegar el salto cualitativo que exige la situación. No hay que temerle a las diferencias. Tenemos acuerdos profundos. Sería infantil estar pensando en cómo convencer al otro. La Franja apuesta a dividirnos, nosotros apostamos a la unidad”, afirma Vanella³.

Tras 18 años de hegemonía, Franja Morada sufrió una fuerte derrota en las elecciones de consejeros estudiantiles y de centros de estudiantes de la UBA, que concentra alrededor del 25% de todos los estudiantes del país. De 9 de los 13 centros de estudiantes que controlaba en 1999, la agrupación radical sólo logró mantener el control en cuatro de ellos, cediendo bastiones tradicionales como Arquitectura a manos de la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista (CEPA), e imponiéndose con dificultad en la facultad de Derecho, dónde perdió casi el 30% de los votos. En Económicas, la facultad con mayor cantidad de alumnos, la agrupación radical perdió el control del claustro estudiantil, mientras que la justicia deberá dirimir quién conduce el centro de estudiantes –que factura casi 3 millones de pesos por año– ya que tanto Franja Morada como TNT se atribuyen el triunfo. Además, el brazo universitario de la Unión Cívica Radical (UCR) perdió mucho peso en el mecanismo de elecciones de rector de la UBA. De 36 consejeros –sobre un total de 52– que tenía hace 2 años, hoy sólo conserva 18. La derrota también se hizo sentir en la Universidad de La Plata, donde Franja Morada perdió el control de la Federación Universitaria de la Plata (FULP) ante un frente de agrupaciones de izquierda e independientes con apoyos del peronismo, sufriendo su segunda caída en los últimos 17 años. Una derrota importante, si se tiene en cuenta que hasta hace no mucho tiempo, la agrupación controlaba 13 de las 15 facultades platenses.

Franja Morada se vió seriamente afectada por su identificación con el gobierno de Fernando de la Rúa y la conducción del rector Oscar Shuberoff, y por serias acusaciones de corrupción y clientelismo político. El 2-5-01, la defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, presentó un informe en la legislatura porteña sobre irregularidades cometidas con los planes Nuevos Roles Laborales. Según Oliveira, cerca del 30% de esos subsidios –destinados a jefes de familia desocupados– fueron distribuidos entre alumnos y dirigentes de la UBA, todos ellos vinculados a Franja Morada. El caso, que se encuentra en la justicia, involucra un desvío de fondos que ronda los 2.300.000 pesos⁴. El pasado 16 de enero, la nueva conducción de la FUBA también denunció penalmente a Franja Morada por “vaciar” la sede de la entidad, acusando a la agrupación radical de llevarse los libros contables, las actas, fotocopiadoras y apuntes originales y de borrar los discos duros de las computadoras, dejando como único legado deudas bancarias. La acusación fue desmentida por el presidente saliente de la federación, Oscar Zoppi, y sigue su curso en la justicia. Por otra parte, a las frecuentes acusaciones sobre repartos de cargos en la universidad, que son vox populi en los pasillos de las facultades, se sumó la negativa de la vicerrectora de la UBA, Susana Mirande, a firmar, en enero de este año, las designaciones del ex viceministro de Interior Lautaro García Batallán y del ex director de Programación de Canal 7 en la gestión de Fernando de la Rúa, Luciano Olivera, ambos ex integrantes de la agrupación, como asesores del rector.

Sin embargo, en Franja Morada afirman no visualizar en términos dramáticos la caída electoral. Manuel Terrádez, militante y presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), señala que “Franja Morada sigue siendo la primera minoría en términos de representación política. Son procesos históricos. Vamos a seguir estando presentes, vamos a seguir planteando nuestras ideas. Vamos a asumir hacia el conjunto de los estudiantes nuestros errores, nuestros déficits, pero también vamos a plantear cuál es para nosotros la salida”. De hecho, Franja Morada reúne más del 45% de los delegados del próximo Congreso Ordinario de la FUA (tendrá lugar el 8 y 9 de marzo en Córdoba), que congrega a delegados de todas las federaciones del país, y casi con toda seguridad conservará su conducción. Para Terrádez ese congreso “será el puntapié inicial de los debates que se van a desarrollar posteriormente en las universidades del país” y que probablemente contendrán fuertes cuestionamientos a la legitimidad misma del Congreso.

Según Iván Heyn, “el congreso de FUA está totalmente separado de la realidad del estudiante. La gente no está esperando que le digan qué se puede hacer, quiere discutir. Está buscando canales de participación. El estudiante hoy no se identifica con la FUA; ese vínculo hay que recrearlo”. Vanella comparte esa opinión: “Son Congresos de aparato, en los que la mayoría de los estudiantes no sabe lo que pasa. Se tienen que empezar a votar programas. Que se rindan cuentas”. El mismo reclamo amenaza a la elección de rector que definirá el sucesor de Shuberoff, quien tras 16 años y tres reelecciones, finaliza su mandato al frente de la UBA investigado por la justicia y con serias críticas por parte de la comunidad educativa.

El nuevo rector será designado por la asamblea universitaria, compuesta en un 50% por el claustro de profesores, un 25% por el claustro de graduados y el 25% restante por el claustro de estudiantes. La representación de los profesores es discutida por la mayoría del movimiento estudiantil, ya que estos representan aproximadamente el 20% del total de los docentes que trabajan en la universidad. Una “casta acomodada”, según Vanella, quien opina que muchos de los concursos deberían ser revisados. Los reclamos para la inclusión de los no docentes en el cogobierno también van en aumento, aunque existen reticencias a incluirlos en las discusiones académicas. De la misma manera aumentan las exigencias para que el rector y los decanos sean elegidos de manera directa por toda la comunidad educativa.

En todo caso, el movimiento estudiantil en su conjunto coincide en que, hasta el momento, la discusión sólo gira en torno al perfil y el nombre del nuevo rector, dejando de lado el debate programático y la discusión sobre el rumbo que debe tomar la Universidad⁵. Para Rodolfo Kempf, coordinador nacional de la CEPA, la postura que tome el nuevo rector definirá el apoyo que reciba del movimiento estudiantil: “Este año va a haber un quiebre con las políticas neoliberales. El saqueo de la universidad se termina. El nuevo rector deberá tenerlo en cuenta o se enfrenterá al movimiento estudiantil”.

Deudas pendientes

En este debate, el reclamo por mayor presupuesto será una cuestión central. Si bien el proyecto de presupuesto envíado al Congreso Nacional (ver pág. 4) por el ejecutivo mantiene la cifra de 1.800 millones establecida el año pasado, las universidades recibirán menos dinero. En efecto, el proyecto incluye un recorte del 13% en los salarios y retiene una suma de 170 millones para redistribuir según criterios de eficencia. Existen además serias dudas sobre la ejecución del presupuesto, ya que el Estado mantiene deudas pendientes de años anteriores. Un grupo de rectores ya advirtió que de concretarse el recorte, “los sueldos no podrán pagarse y las universidades sólo podrán funcionar unos meses más”⁶, aun cuando según estadísticas de la CONADU del año 2000, el 20% de los docentes del sistema universitario nacional trabajaba ad honorem mientras que el 52% tiene dedicación simple, lo que implica un salario mensual promedio de 115 pesos por mes.

Un estudio realizado por estudiantes de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA señala que en Argentina el total del presupuesto que se destina a la educación superior corresponde al 0,45% del Producto Bruto Interno. Una cifra que está lejos del 1,5 % que destinan países como Venezuela o Brasil y aun más del 2,5% que destinan Francia o Suiza⁷.

Desde la Secretaría de Educación Superior insisten en que no hay planes de arancelar. Sin embargo, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Jorge Matzkin, afirmó que “aquél que tiene capacidad para pagar algo debería hacerlo”. Los constantes embates de aquellos que, como el sociólogo chileno José Joaquín Brunner, sostienen la necesidad del arancelamiento afirmando “que la universidad gratuita genera inequidad en América Latina”, omiten referirse a la equidad del sistema impositivo. También olvidan señalar que mientras el Estado argentino acumuló en el período 1992-1999 una deuda estimada de 27.000 millones de pesos en perjuicio del sistema educativo (según las pautas de financiamiento establecidas por la Ley Federal de Educación), el gasto en intereses de la deuda pública sumó en el mismo lapso 50.000 millones⁸. Por otra parte, un estudio realizado por la Secretaría de Políticas Universitarias a partir de la Encuesta Permanente de Hogares 1998 del INDEC desmiente los mitos referidos a la condición social de los estudiantes. Según el informe, la mayoría de los estudiantes de las universidades públicas proviene de los sectores con ingresos más bajos y medios, al mismo tiempo que existe un circuito cerrado que implica que la mayoría de los que estudian en colegios privados continúan sus estudios en universidades privadas y viceversa⁹.

Para la filósofa brasileña Marilena Chauí, “en toda América Latina, la universidad está en camino hacia su destrucción como institución social y hacia su transformación en una organización cuyo único vínculo es el mercado”¹⁰. Esta situación es consecuencia de las políticas de reforma de educación superior impulsadas de manera uniforme en distintos países por el Banco Mundial y otros organismos internacionales, que introdujeron criterios de eficiencia que aplican lógicas empresariales al sistema universitario a cambio de líneas de crédito, generando así un espíritu de competencia entre distintos sectores académicos y reduciendo las carreras de grado para crear cursos arancelados de posgrado. Este tipo de reformas se ven reflejadas en la Ley de Educación Superior, que sostiene criterios de “equidad” y crea sistemas de evaluación externa –como la Comisión Nacional de Evaluacion y Acreditación Universitaria (CONEAU)– e incluso admite la creación de agencias privadas de evaluación. “La Ley de Educación Superior es realmente nefasta. Favorece una nueva burocracia académica que gana por consultorías y una nueva burocracia estatal que ha sido perniciosa para el sistema educativo superior. Debería ser derogada”, señala Manuel Terrádez. Sin embargo, reconoce que en la actual situación el tema difícilmente sea tratado por el Congreso nacional.

Cambiar el énfasis

En una asamblea realizada en la facultad de Filosofía y Letras de la UBA el pasado 21 de febrero, un estudiante protestaba por la extensa intervención de una alumna que relataba la situación de los trabajadores de la empresa Brukman: “Si vamos a discutir la realidad nacional y el gobierno de Duhalde, vamos a estar acá hasta las 4 de la mañana”. Debido a la fuerte resistencia de sus integrantes y de la comunidad toda, la Universidad ha sido uno de los ámbitos menos afectados por los sucesivos ajustes aplicados en los últimos años. Pero la resistencia tiene sus límites en un país que se desmorona: “El error de la estrategia de la comunidad universitaria es que no ha cambiado el énfasis: sigue poniéndolo en la resistencia y la defensa de la educación pública cuando ya esa defensa no tiene lugar (…) la disyuntiva es de hierro: o el modelo o la universidad”¹¹.

Ante la fuerte puja de intereses entre los sectores dominantes, Terrádez afirma que “es tarea de los sectores populares encontrar un frente único. El movimiento estudiantil argentino debe abocarse a construir un frente único antiimperialista, democrático y popular”. Y subraya con especial enfásis: “El movimiento social sin herramienta política es una estrategia que nos lleva nuevamente al fracaso”. Pero para Iván Heyn, “la articulación con los movimientos sociales no tiene que ver con convocar a marchas o coordinadoras multisectoriales para armar un partido político y disputar los espacios de poder, sino con reestablecer el vínculo en la vida cotidiana, la extensión universitaria, nuevos contactos que permitan redefinir cuál es el aporte que se puede hacer desde la especificidad del estudiante universitario”.

Al igual que otros sectores de la población, los estudiantes parecen recobrar conciencia de la responsabilidad que les cabe en la tarea de refundar una universidad pública que, aun con su magro presupuesto, realiza el 90% de la investigación local. La universidad pública argentina debe recuperar su papel de motor esencial de un pensamiento crítico que permita debatir alternativas para la reconstrucción del país.

1. Javier Lorca, “Con miedo a los estudiantes”, Página 12, Buenos Aires, 19-2-02.
2. http://www.fuba.org.ar/nuevafuba/comunicados/cartaabierta25-1-02.html
3. El Frente 20 de Diciembre está compuesto por las siguientes agrupacionesy coaliciones: TNT (Económicas), NBI (Derecho), SLM! (Exactas), Punta del Iceberg (Psicología), EVET (Veterinarias), FANA (Agronomía), El Mate (Sociales), CEUP (Filosofía y Letras), El Colectivo, La Grieta, Venceremos, Pyre, La Revuelta, La Red, GES, AMBO (Medicina), el MST, el PO y el Frente Amplio de Estudiantes Populares. La nueva conducción obtuvo el voto de 61 delegados; Franja Morada sumó 33 votos; el Movimiento Nacional Reformista, 12; la CEPA, 11; y la Juventud Universitaria Peronista (JUP), 7.
4. Clarín, Buenos Aires, 3-5-01.
5. Al cierre de esta edición los candidatos que sonaban con más fuerza eran Susana Mirande, vicerrectora; Alicia Camilloni, secretaria de asuntos académicos, señalada como la candidata de Shuberoff; y Guillermo Jaim Etcheverry. Éste último contaría con el apoyo de 40 profesores reunidos bajo el nombre de “Reconstrucción Universitaria”, quienes publicaron una solicitada en la que afirman estar en “total desacuerdo con cualquier alternativa de continuismos”.
6. La Nación, Buenos Aires, 13-2-02.
7. Página 12, Buenos Aires, 5-2-02. Según este informe, las 37 universidades nacionales acogen 946.506 estudiantes. La más poblada es la UBA, con 253.000 alumnos, seguida por la de Córdoba, con más de 100.000.
8. Javier Lindenboim, “La deuda interna”, Encrucijadas, Buenos Aires, octubre de 2001.
9. Según el informe, el 62,7% de los alumnos que estudian en la universidad nacional fueron a un secundario estatal, mientras que el 63,9% de los que siguen una carrera en un establecimiento privado estudiaron en un secundario privado.
10. Página 12, 28-10-1999. Veáse también, Irma Antognazzi, “Sistemático desguace de la Universidad Pública”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, abril de 2000.
11. Entrevista a Alfredo Pucciarelli, profesor de la carrera de Sociología (UBA), Ciencias Sociales, N° 48, Buenos Aires, noviembre de 2001.