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Una generación combativa

La activa participación obrera en las luchas sociales de los años 70 pagó el precio de una represión brutal, sistemática y selectiva. Seguramente más que otros sectores sociales, los trabajadores aún sufren, como clase, los efectos de aquella masacre, que postergó la imprescindible renovación de la dirigencia.

El pasado reciente de Argentina reclama el conocimiento del grado en que fue puesto en cuestión el monopolio de la violencia de las clases dominantes durante los años 70, que determinó la decisión genocida. El análisis de los conflictos sociales durante ese período1 muestra que el grado de movilización de los asalariados en los años previos al golpe era muy alto: el promedio diario (7,6) de conflictos obreros durante el período 1973-76 era prácticamente similar al de hechos armados (8,2), con otros protagonistas. Aunque la masa de los asalariados no formaba parte mayoritaria del activo de los revolucionarios armados, miraba sin censura sus acciones. Esta conclusión surge del análisis de los fines explícitos de los conflictos, enunciados por sus protagonistas. Si se deja a un lado los conflictos “de estructura” (el 56% era lucha económica contra patrones), el 44% restante se clasifica según su alineamiento revolucionario/contrarrevolucionario, según la terminología de entonces en el país2. En el total de conflictos, hay cinco veces más alineamientos prorrevolucionarios que contrarrevolucionarios. Distinguiendo entre asalariados, cuadros medios y cúpulas, se observa que se alinearon en acciones favorables a la fuerza revolucionaria en sentido inverso a su posición en la estructura de poder: por cada conflicto donde hay alineamiento contrarrevolucionario, hay tres registros de alineamiento prorrevolucionario entre las dirigencias, ocho entre cuadros medios y veintiuno entre los trabajadores, o sea que el alineamiento de las dirigencias era mucho más conservador que el de las bases3.

Los alineamientos prorrevolucionarios rara vez se expresaban como enunciados a favor de los grupos combatientes, lo que sí ocurría contra ellos. El temor a la represalia produjo ese silencio. Lo que a nuestro juicio es definitorio de la conciencia obrera en aquel período es que no se encuentra un solo caso de alineamiento explícito de los trabajadores contra los grupos combativos, que sí se encuentran en todas las demás personificaciones obreras, patronales o estatales. La conclusión es que la movilización y la conciencia de las masas populares en Argentina, junto con la acción de los grupos revolucionarios, llegaron a poner en cuestión el orden establecido.

La respuesta de la fuerza social conducida por los dueños del capital más concentrado fue el castigo. El aniquilamiento comenzó a verse después del golpe de Estado de 1976, pero fue planificado desde el “Cordobazo” (1969). La proporción de desapariciones anterior al 76 llega al 9% del total, de los cuales más de dos tercios son asalariados (3). Los sujetos aniquilados formaban parte de un conjunto esclarecido y consciente de la sociedad, un conjunto solidario de luchadores sociales cuya ausencia ha transformado negativamente a la sociedad argentina, una fuerza social militante y contestataria de envergadura notable para cualquier medición comparativa. Nos referimos a la militancia política de los prisioneros desaparecidos. Hace una década, cuando se hizo el primer rastreo, se contabilizó una cifra muy alta de militantes activos en diversas organizaciones o partidos, que alcanzaba al 18% del total y al 21% entre los asalariados. Esas proporciones muestran una fuerza social con características muy combativas. Pero esa cifra subestimaba la realidad: a la luz de nuevos datos, la proporción de militantes llega hoy al 35%, y debe tenerse en cuenta que no se califica la ausencia del dato como “no militancia”, sino como incertidumbre.

El análisis del castigo ejercido por las fracciones hegemónicas revela una brutal racionalidad de clase, porque los grados de violencia ejercidos sobre los cuerpos militantes y sus posesiones son mayores que en aquellos cuya militancia desconocemos. Quien conserve la ilusión impresionista de que el genocidio argentino fue ejecutado con arbitrariedad o improvisación, debe confrontar los datos. Esto no niega los actos casuales ni el azar, pero su dosis no excede la de cualquier acto humano. Tampoco implica que el actual padecimiento de las mayorías populares sea el resultado de una conspiración de mentes maquiavélicas. Pero la lección es que una resistencia exitosa a las “furias del interés privado” exige acumular conocimiento en el campo del pueblo.

  1. Los datos son originales de dos investigaciones realizadas por la autora y un equipo del Instituto Gino Germani, FCS, UBA y CONICET: “Las luchas obreras entre 1973 y 1976”, con Zulema Aristizábal y “El genocidio en la Argentina”. Los datos sobre “Hechos armados” corresponden a la investigación homónima de Juan Carlos Marín.
  2. En alineamiento contrarrevolucionario incluimos las acciones dirigidas a oponerse a toda conducta obrera autónoma o disidente de la línea “oficial”, o que expresara solidaridad con grupos combativos. En alineamiento prorrevolucionario incluimos todas las acciones contrarias a la categoría anterior.
  3. Muchos datos varían a medida que avanzamos. Se trata de registros dinámicos, de nueva información aportada desde 1996, al cumplirse 20 años del golpe.
Autor/es Inés Izaguirre
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 34 - Abril 2002
Páginas:13
Temas Militares, Desarrollo, Neoliberalismo, Derechos Humanos, Estado (Justicia)
Países Argentina