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El neoliberalismo después de la Revolución Cultural

El movimiento social aniquilado en 1989 en la plaza de Tiananmen por la violencia del Estado chino fue, en su conjunto, un movimiento de protesta contra el empeoramiento de las condiciones sociales y contra la dictadura estatal. El gobierno necesitado de legitimidad, por una parte, y los impulsores de la liberalización económica que formaban parte del movimiento, por otra, impusieron la hegemonía neoliberal en reemplazo del monopolio estatal, agravando las desigualdades sociales e instaurando un nuevo autoritarismo.

Desde fines de la década de 1970 –y sobre todo a partir de 1989– el gobierno chino encara una política de liberalización radical, en coincidencia con los más entusiastas participantes de la mundialización. Si las reformas para instaurar una economía de mercado fueron abundantemente comentadas, en cambio la interacción entre el Estado y los mercados no pareció despertar mayor interés. Sin embargo, las reformas, en particular la del urbanismo iniciada en 1984, generaron una redistribución de la riqueza: la transferencia y la privatización de recursos hasta entonces en poder del Estado beneficiaron a nuevos grupos de intereses particulares, que desviaron el proceso de reformas hacia sus propios fines. Surgieron entonces fuertes desigualdades, expresadas en el desmoronamiento de la cobertura social, el creciente aumento de las diferencias entre ricos y pobres, el desempleo masivo y el éxodo de la población rural hacia las zonas urbanas.

Nada de eso hubiera sido posible sin la intervención del Estado, que mantuvo en pie el sistema político pero se desentendió de otras funciones que ejercía en la sociedad. Ese dualismo entre continuidad política y discontinuidad económica y social confiere al neoliberalismo chino un carácter peculiar. Uno de los principales objetivos del gobierno consistía en resolver su crisis de legitimidad, puesta en evidencia por el movimiento social de 1989. Desde entonces, el discurso neoliberal se volvió hegemónico, impidiendo cualquier debate sobre perspectivas y alternativas diferentes. El ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) marca la última etapa de ese proceso (ver artículo de Françoise Lemoine, págs. siguientes).

Para comprender su origen hay que remontarse a las transformaciones económicas que tuvieron lugar entre 1978 y 1989 y analizar el papel del Estado en la instauración de la economía de mercado. El fracaso del movimiento de 1989, cuyas aspiraciones sociales y democráticas fueron aplastadas el 4 de junio de ese año en la plaza Tiananmen, representa el momento decisivo de esa evolución.

La mayoría de los estudios pusieron de relieve el papel de los estudiantes, de los intelectuales y de los núcleos “reformistas” en el seno del Estado pero, en realidad, el movimiento social movilizó sectores mucho más amplios de la sociedad. Los estudiantes desempeñaron por supuesto un papel, pues la liberación intelectual y las “Luces” de la década de 1980 habían socavado las antiguas ideologías, abriendo nuevas perspectivas al pensamiento crítico. Pero la espontaneidad y el alcance de la movilización de 1989 muestran que su origen social era mucho más amplio y diversificado.

De hecho, los intelectuales se mostraron incapaces de proponer objetivos sociales realistas. No lograron captar plenamente la verdadera profundidad de ese movimiento. Como su blanco principal era el Estado socialista, el pensamiento crítico no vio ni entendió las particulares características de las nuevas contradicciones sociales: mientras que el Estado maoísta mantenía, por medio de la coerción y de la planificación, una desigualdad sistemática bajo las apariencias de igualdad, el nuevo “Estado reformador” transformaba esa desigualdad en diferencias de ingresos entre las distintas capas sociales. Los críticos no percibieron las tendencias socialistas profundas que animaban a la oposición de la década de 1980: no ya el “socialismo” de la antigua ideología del Estado, caracterizado por el monopolio, sino un socialismo nuevo, aún balbuceante, que aspiraba a la protección social, a la igualdad, a la justicia y a la democracia, en un contexto de desarrollo rápido del mercado.

A pesar de su diversidad ideológica, el movimiento estaba en general dirigido contra el monopolio y los privilegios; predicaba la democracia y la protección social. Salvo a los campesinos, que no se vieron directamente implicados, la corriente atrajo a personas provenientes de todas las clases, en zonas urbanas medianas y grandes. Esta amplísima movilización de sectores representativos de un gran espectro social puso a la vista de todos las contradicciones existentes en el seno del Estado.

Cabe distinguir dos fases en las reformas. La primera, entre 1978 y 1984, afectó a las zonas rurales. El aumento del precio de los productos agrícolas, el estímulo al consumo y el desarrollo de la industria local redujeron progresivamente la diferencia de ingresos entre las ciudades y el campo. Si bien la introducción parcial de mecanismos de mercado desempeñó un papel anexo en esa evolución positiva, las reformas se basaban en prácticas tradicionales chinas de distribución de la tierra, obedeciendo a principios de igualdad. La productividad agrícola aumentó, y por un tiempo se atenuó la polarización entre zonas urbanas y rurales.

La opción del ajuste

En 1984 comenzó una segunda fase, urbana, generalmente considerada como decisiva en el desarrollo de la economía de mercado. Desde el punto de vista social, ese periodo se caracterizó por la “descentralización del poder y de los intereses” (fangquan rangli): un proceso de redistribución de las ventajas sociales y de los intereses económicos, por medio de la transferencia a intereses privados1 de recursos anteriormente controlados y coordinados por el Estado. A partir de 1978 el gasto público se redujo notablemente y los gobiernos locales tuvieron un mayor poder e independencia2.

Como señala el sociólogo Zhang Wali, la descentralización “no afectó para nada el poder de los organismos públicos en la distribución de los ingresos de la población; sólo redujo el poder del gobierno central (…). Lejos de disminuir, la injerencia administrativa en la vida económica se vio reforzada. Más aun, tomó una forma todavía más directa que cuando era ejercida por el gobierno central. La descentralización no significó de ninguna manera la desaparición de la tradicional economía planificada, sino la simple miniaturización de esa estructura tradicional”3.

Se hizo hincapié en la reforma de las empresas del Estado: en primer lugar, se les dio mayor independencia y se las incitó a reorganizar sus actividades y a cambiar su forma de gestión. Luego, bajo la presión de un desempleo creciente, el Estado, en lugar de cerrar empresas, optó por la transferencia de activos, manteniendo a la vez la orientación fundamental hacia una economía de mercado. Todo el proceso –fusiones, transferencias de activos y cierres de empresas– transformó las relaciones de producción. En cuanto el Estado comenzó a renunciar a sus prerrogativas en los campos industrial y comercial y pasó de la elaboración y aplicación del plan a un ajuste macroeconómico, las desigualdades en la distribución de ingresos propias del antiguo sistema estallaron, traduciéndose inmediatamente en nuevas desigualdades entre capas sociales y entre individuos.

A falta de control democrático y de un sistema económico apropiado, esto era casi inevitable. La posición y los intereses de los trabajadores, e incluso de los funcionarios, se vieron seriamente afectados. Prueba de ello es el debilitamiento de su papel económico, la polarización en el seno de una misma capa social, el estancamiento de los beneficios sociales y de los ingresos obreros. Para no hablar de la falta total de seguridad en el empleo para las personas de edad, débiles, enfermas, discapacitadas y para las mujeres embarazadas4. Sin embargo, las reformas adquirieron legitimidad a causa de sus efectos indiscutiblemente liberadores y del debate intelectual que desataron. El Estado no debe su estabilidad únicamente a la coerción, sino también al hecho de haber podido mantener esa dinámica.

Al promediar la década de 1980 la inflación galopante y la amenaza de caos económico y de inestabilidad social en gran escala reactivaron el debate: ¿qué camino elegir entre una reforma radical de la propiedad y la privatización general de las empresas públicas por una parte, y por otra, un ajuste estructural enmarcado por el Estado y una liberalización parcial de los precios? Se optó por la segunda posibilidad, que en general tuvo éxito, pues la reforma de los precios obligó a los antiguos monopolios a adaptarse, estimulando los mecanismos de mercado. La importancia del éxito se ve claramente cuando se comparan esos resultados con los de la “privatización espontánea” en Rusia.

Pero esa opción generó también un conjunto de problemas. China aplicaba un “doble sistema de precios”: los de los medios de producción, que fijaba el plan, y los de los bienes de consumo, que fijaba el mercado. Esos dos niveles facilitaron la corrupción de parte de los cuadros del Estado y de los organismos oficiales. Los recursos en poder del Estado fueron “legal” e ilegalmente transferidos en beneficio de los intereses económicos de una pequeña minoría. En ese intercambio entre poder y dinero, una parte de las riquezas de dominio público fue a parar a los bolsillos de los “buscadores de rentas”5. Más aun, en 1988, la extensión del sistema de “contratos” que permitía a las empresas del Estado, a los gobiernos locales y a los ministerios (bumen) firmar acuerdos comerciales y financieros con el exterior, generó un aumento de la inflación y la aparición de desigualdades, transformando los “productos del plan” en productos del mercado6.

Para combatir esos problemas, el gobierno anunció en mayo y junio de 1988 que terminaría con el doble sistema de precios y se orientaría hacia su liberalización general. Ello generó pánico e importantes disturbios sociales, que forzaron al gobierno a volver a un control más estricto de la economía. Así fue como se exacerbaron las contradicciones entre el Estado y las entidades que él mismo había creado, los grupos de intereses particulares, a nivel local y nacional.

La aparición de graves desigualdades fue determinante en el desencadenamiento del movimiento social de 1989. En las zonas urbanas, las diferencias de ingresos habían aumentado seriamente: los ingresos de los obreros habían bajado tanto que amenazaban su “plato de arroz”. El desempleo había aumentado entre los trabajadores de las empresas del Estado (sin alcanzar, sin embargo, el dramático nivel actual); la inflación había encarecido el costo de vida, en tanto que los beneficios sociales se estancaron. Los trabajadores no fueron las únicas víctimas: ese fenómeno afectó también la vida cotidiana de los funcionarios medios, provocando una diferencia de ingresos entre ellos y las otras capas sociales y, dentro de la propia categoría de funcionarios, entre los que entraban en el mercado y los que permanecían en el sector público7.

El estancamiento de la reforma agraria a partir de 1985 no hizo más que acentuar la creciente desilusión sobre el programa de reformas. Si se agrega a eso la exacerbación de los conflictos de intereses en el seno mismo del Estado, tenemos todos los ingredientes necesarios para generar una crisis integral de legitimidad.

La opinión pública china no aprobaba la economía planificada. Pero la transformación del sistema, iniciada a fines de la década de 1970, inspiró desconfianza en cuanto las nuevas desigualdades comenzaron a manifestarse claramente. Entonces se puso en tela de juicio tanto la legitimidad de las reformas como su fundamento político y legal.

Los estudiantes y los intelectuales reivindicaban esencialmente derechos constitucionales, una política democrática viable, la libertad de prensa, la libertad de reunión y el Estado de derecho. Querían ser reconocidos como movimiento estudiantil patriótico legal. Otras capas sociales apoyaban esas reivindicaciones, pero dándoles un contenido social mucho más concreto: se oponían a la corrupción y a las malversaciones de los dirigentes; criticaban al “partido del príncipe” (la clase privilegiada) y exigían la estabilidad de precios, garantías sociales y justicia social. También pedían que se controlara la situación de Yangpu, en la isla de Hainan, especie de zona franca cedida al capital extranjero. Junto a la reivindicación democrática se expresaba la de una distribución más justa de la riqueza.

A la vez que criticaba claramente al “antiguo” régimen, el movimiento presentaba sus reivindicaciones al “nuevo Estado reformista” y se oponía a su política. La distinción entre ambos no implicaba una discontinuidad del Estado, sino una transformación de sus funciones. El “nuevo Estado reformista” en realidad dependía íntegramente de la herencia política del “antiguo”.

Un movimiento vaciado

En conjunto, el movimiento representó una reacción espontánea de autoprotección social y de protesta contra el autoritarismo. Sin embargo, entre sus distintos componentes figuraban los grupos de intereses particulares que en otros tiempos habían sido los grandes triunfadores de la descentralización del poder y de las riquezas. Estos presentaban sus propias reivindicaciones y reclamaban que el gobierno pusiera en marcha un programa radical de privatizaciones. Instrumentalizaron el movimiento para modificar las relaciones de fuerza en el seno del gobierno en su propio beneficio (grupos económicos como Kanghua Company y la Sitong Company ejercieron fuertes presiones). El mismo fenómeno se produjo entre los intelectuales muy vinculados al poder del Estado.

A ojos del mundo, los neoliberales chinos aparecieron como críticos del régimen que luchaban contra la “tiranía” y por la “libertad”. Disimularon sus complejas relaciones con el poder, en el que se apoyaban para desarrollar el mercado interno e imponer su política de descentralización y de privatización de las riquezas. A falta de control democrático, esa confiscación de los recursos fue “legalizada” por medio de nuevas disposiciones legislativas. Debido a las vinculaciones entre el “neoliberalismo” chino y el orden mundial, esos “reformadores radicales” impusieron su propia interpretación del movimiento social de 1989, que apareció como la expresión del avance del liberalismo económico.

No es posible explicar los acontecimientos a partir de un esquema “a favor o en contra” de las reformas. El debate entre los neoliberales y los otros componentes del movimiento se refería, no a la reforma como tal, sino a su naturaleza. Si bien todos sostenían la idea de reformas políticas y económicas democráticas, las diferencias tenían que ver con el contenido y con los posibles resultados. La mayoría de los opositores deseaban una reorganización de fondo de la política y del sistema jurídico que garantizara la justicia social y una verdadera democratización de la vida económica. Esas aspiraciones entraban fundamentalmente en conflicto con las de los grupos de intereses particulares.

Como es sabido, el combate por la democracia, la igualdad y la justicia social fue aplastado por la violencia del Estado en la plaza Tiananmen, aniquilando las posibilidades históricas que encerraba el movimiento. Pero su fracaso también proviene, indirectamente, de que no fue capaz de establecer un puente entre reivindicaciones democráticas y reivindicaciones sociales, ni de constituirse en una fuerza social estable.

Es preciso situar al movimiento chino en el contexto global de expansión de los mercados y de la emergencia de fuerzas sociales que impugnaban el sistema mundial dominante. Formó parte de un continuum que llevó hasta los movimientos de protesta contra la OMC en Seattle, en noviembre-diciembre de 1999, y contra el FMI en Washington en abril-mayo de 2000. Todas esas movilizaciones expresaban una esperanza utópica de igualdad y de libertad. En lugar de reconocer esa doble significación del movimiento de 1989, el discurso dominante hizo del mismo la prueba de la excelencia del modelo occidental. Así, el acontecimiento fue vaciado de su contenido y de su fuerza crítica; desposeído de su importancia histórica en tanto que protesta contra las nuevas relaciones de poder, contra la nueva hegemonía y la nueva tiranía (y ya no sólo contra la antigua).

Luego de Tiananmen, la protesta social fue comprimida en un espacio muy reducido y el discurso neoliberal se volvió hegemónico. En septiembre de 1989 el gobierno aplicó la reforma de precios que no había podido imponer unos años antes. Y como consecuencia de la gira de Deng Xiaoping por el sur, en 1992, el gobierno aceleró la instauración del mercado. La política monetaria se convirtió en un importante instrumento de control y se ajustó la tasa de cambio para promover las exportaciones. La competencia exportadora generó la aparición y el desarrollo de compañías de gestión; las diferencias de precios debidas al “doble sistema” disminuyeron; el distrito de Pudong, en Shanghai, se abrió al desarrollo, y nuevas “zonas de desarrollo” proliferaron rápidamente en todos lados.

En los años siguientes, la diferencia de ingresos entre las capas sociales y entre las regiones aumentó, y fue creciendo una nueva población de pobres8. La antigua ideología, irrecuperable, fue reemplazada por la estrategia llamada “fuertes en dos frentes” (ideológico y económico; liangshou ying), que conjugándose con las reformas, se convirtió en un nuevo modo de tiranía. El “neoliberalismo” reemplazó a la ideología de Estado como ideología dominante, brindando su orientación y su coherencia a las decisiones del gobierno, a su política exterior y a los nuevos valores en los medios de comunicación.

La instauración de una sociedad de mercado no suprimió las causas del movimiento social de 1989; las “legalizó”. Los inmensos problemas sociales de la década de 1990 –la corrupción, la especulación inmobiliaria, la decadencia de la protección social, el desempleo, la mercadización del trabajo rural, las migraciones masivas del campo a las ciudades9, las crisis ecológicas, etc.– están íntimamente vinculados con las condiciones sociales anteriores a 1989. La mundialización agravó aun más esos problemas, su magnitud y su alcance geográfico. En síntesis, la expansión de los mercados llevó a la polarización social y a un desarrollo desigual, desestabilizando así las bases de la sociedad, y facilitando la instauración del nuevo autoritarismo.

Por supuesto, las reformas y la apertura económica no tuvieron únicamente efectos negativos: liberaron a China de sus coacciones y de los callejones sin salida adonde la había conducido la Revolución Cultural. Además, pusieron en marcha un desarrollo económico real e importante, y tuvieron efectos liberadores. Es por eso que los intelectuales chinos las aprobaron. Pero, desde el punto de vista histórico, dejaron profundas cicatrices.

Para la generación que creció luego de la Revolución Cultural, el único conocimiento válido viene de Occidente; más precisamente de Estados Unidos. Asia, África y América Latina –para no hablar de Europa– desaparecieron de la órbita intelectual china. Repudiar la Revolución Cultural se convirtió en un medio de defender la ideología dominante y la política gubernamental: cualquier crítica al neoliberalismo es tildada de “regresión irracional”, mientras que se recurre a los críticos del socialismo y de la tradición china para justificar la adopción de modelos de desarrollo occidentales y de discursos teleológicos sobre la modernización.

Sin embargo, China no puede conformarse con medirse según la vara del desarrollo histórico del capitalismo occidental. Al contrario, ese capitalismo debe ser sometido a la crítica, no por gusto, sino para evaluar con una nueva mirada la trayectoria china y mundial, y para descubrir las nuevas posibilidades que nos ofrece la historia. No se trata de rechazar la experiencia de la modernidad, que, ante todo, es un movimiento de liberación respecto de la teleología histórica, del determinismo y del fetichismo del sistema anterior. Se trata de convertir la experiencia histórica de China y de otros países en recursos de donde extraer la innovación teórica y práctica.

En términos históricos, el movimiento socialista chino fue un movimiento de resistencia y de modernización. Para captar las dificultades que encuentra China en su búsqueda de igualdad y de libertad, hoy en día es necesario interrogar nuestra trayectoria de modernización y hallar vías democráticas y sociales capaces de evitar la polarización y la desintegración.

  1. Zhang Wali, “Twenty Years of Research on Social Class and Strata in China”, Shehuiwue janjiu , Pekín, 2000.
  2. Wang Shaoguang, “La construction d’un État démocratique puissant – ‘type de régime’ et ‘capacité d’État’”, Dangdai zhongguo yanjiu zhongxin lunwen (Ensayos del Centro de Investigaciones sobre la China Contemporánea), vol. 4, (Ciudad) 1991.
  3. “Twenty Years…”, op. cit., pp. 28-29.
  4. Zhao Renwei, “Algunos aspectos particulares del reparto de los ingresos en China durante la transición”, en “Investigaciones sobre el reparto de los ingresos en el seno de la población china”, Pekín, 1994. Feng Tongqing, “La situación de los trabajadores chinos; estructura interna y relaciones mutuas” Zhongguo sheshui chubanshe, Pekín, 1993. Zhang Wanli, “Twenty Years”, op. cit.
  5. Hu Heyuan, “Une estimation de la valeur de la rente en Chine en 1988”, en Jingji tizhi bijiao (Systèmes économiques comparatifs), vol. 7, (Ciudad), 1989.
  6. Guo Shuqing, “Transformation du systéme économique, macro-ajustements et contrôle”, Tianjin renmin chubanshe, (Ciudad), 1992.
  7. Sobre los cambios registrados en la situación de los cuadros antes y después de las reformas, ver Li Qiang “Stratification et mouvement dans la société chinoise contemporaine” en Zhongguo jingji chubanshe, Pekín, 1993.
  8. Ver los documentos del grupo de investigaciones económicas sobre el reparto de los ingresos, de la Academia China de Ciencias Sociales: Zhao Renwei, “Recherches sur la répartition des revenus en Chine” en Zhongguo sheshui kexue chubanshe, Pekín, 1994.
  9. Ver Wang, “Étude du développement urbain et de ses antécédents” en Shehuixue yanjiu, (Ciudad), 2000.
Autor/es Wang Hui
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 34 - Abril 2002
Páginas:28,29
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Mundialización (Cultura), Mundialización (Economía), Neoliberalismo
Países China