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Recuadros:

El gobierno argentino quiere pagar

La ventaja de crisis graves es que muestran con total transparencia los comportamientos de cada actor social. Los negociadores argentinos en Washington rechazaron de plano una propuesta que podría haber significado una quita importante de la deuda externa. Ocurre que el sector financiero que domina en la Argentina desde 1976 se opone porque debería hacerse cargo de parte importante de esa pérdida.

Agotadas las seductoras promesas del modelo (aumentos de competitividad gracias a las privatizaciones, baja de la deuda merced a los excedentes que se generarían, pleno empleo al amparo de la flexibilización laboral), el sector financiero se encuentra frente a la inviabilidad de la economía que creó y a la disolución social engendrada. La respuesta que ofrece, dictada por su naturaleza rapaz y el deseo de aferrarse a los últimos negocios, corresponde a la dimensión mágica: el tótem-convertibilidad nos guía y protege, el tabú del endeudamiento no debe ser siquiera mencionado so pena de terribles calamidades.

Sólo así es posible comprender las extrañas negociaciones sobre reprogramación de la deuda externa del gobierno argentino con el FMI y la Secretaría del Tesoro estadounidense. Porque fueron los representantes del sector financiero local, ungidos como delegación oficial, quienes se opusieron a cualquier negociación que pudiera conducir a una rebaja. Se enfrentan con claridad dos intereses contrapuestos: el del país, que se beneficiaría con una quita importante, y el del sector financiero, que tendría que pagarla. El gobierno argentino se opuso a esa quita, propuesta por el gobierno de Estados Unidos.

Con el nuevo gobierno, los sectores ahora hegemónicos en el país del norte son el complejo militar-industrial y el eléctrico-petrolero, en vez del financiero. Es por eso que el Secretario del Tesoro, Paul O’Neill, atacó a los banqueros que prestan a tasas muy altas a gobiernos insensatos que no pagarán. Esos prestamistas saben que en última instancia el FMI irá en rescate de los acreedores con los fondos del contribuyente estadounidense. Lo que O’Neill no dice es que al final paga el Estado del país deudor: la crisis del tequila, por ejemplo, le costó a México 60.000 millones de dólares1.

De todos modos, la nueva propuesta estadounidense consiste en que los acreedores asuman el riesgo y carguen con una parte significativa de los préstamos impagos. O’Neill dijo que “debemos encontrar una fórmula para que los inversores que obtienen grandes ganancias sufran las consecuencias del riesgo sin que salgamos a salvarlos con el dinero de los contribuyentes”2. Esta fórmula provocaría a los acreedores una pérdida sustancial por los préstamos que no pueden pagarse favoreciendo al país deudor, que así se libera de parte de la deuda. Sin embargo, fue rechazada de plano por el ministro Cavallo y su misión negociadora.

El sector financiero se vale de todos los instrumentos a su alcance –tanto la Asociación de Bancos Argentinos (ABA) a nivel local y del FMI– para imponer condicionalidades que poco tienen que ver con la sustentabilidad de la economía, pero mucho con su sistema de poder. No parece que a O’Neill le importe mucho la propiedad del ANSES o del PAMI, pero al sector financiero local sí. Se trata de los mismos grupos que afirmaban el cierre perpetuo de los mercados internacionales de capitales si el país iba a una moratoria o renegociaba la deuda. Pero ahora resulta que son los dueños del mercado quienes proponen una renegociación con una quita sustancial de la deuda.

En esta lucha entre el interés nacional y el interés del sector financiero, la actitud de Estados Unidos muestra que existe margen de maniobra para elaborar soluciones alternativas. Las condicionalidades de la propuesta estadounidense aún no se conocen y podrían muy bien ser inaceptables, pero marcan un significativo avance y demuestran que es posible renegociar la deuda3.

¿Por qué esta acción en contra del interés del deudor, que se hubiera beneficiado con una baja importante de la deuda? ¿Qué factores pueden anteponerse a la posibilidad de realizar una reestructuración de la deuda, a sugerencia de Estados Unidos? Ocurre que una parte significativa de los propietarios de la deuda externa son argentinos o residentes en el país. Tienen el 43% de la deuda, como se muestra en el cuadro, con detalle de cada bono y su tenencia por residentes y no residentes. El gobierno defiende así los intereses del sector financiero instalado en la Argentina, que tendría que cargar con una parte importante de la rebaja. Ellos son los dueños de casi la mitad de la deuda externa; el resto está en manos de otros bancos y entidades financieras residentes fuera del país, pero con fuertes ligazones con el sector financiero argentino (que es extranjero pero que actúa y manda aquí). Lo que se antepone al interés nacional es nada más que la propia necesidad del sector financiero para controlar la economía y condicionar cualquier desarrollo político. La deuda externa se convierte así en un problema de reparto de riquezas y de poder entre argentinos.

  1. Gabriel Grinberg, “El polvorín bancario mexicano”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, septiembre 1999.
  2. Clarín, Buenos Aires, 25-8-01.
  3. Alfredo Eric y Eric Calcagno, “¿Por qué no una moratoria?”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, agosto 2001.

Los dueños de la deuda

Calcagno, Alfredo Eric y Calcagno, Eric

Entre los tenedores nacionales de bonos de la deuda externa sobresalen las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que al 31-7-01 tenían 10.223 millones de dólares en títulos públicos nacionales de deuda externa (nominados en dólares). Esta suma significa el 49% de la cartera total de las AFJP, que asciende a 20.689 millones de pesos. Esta es una razón adicional para terminar con el régimen de jubilaciones por capitalización. La primera es que sólo aporta el 37,4% de los afiliados: 8,7 millones de afiliados y 3,2 millones de aportantes en julio pasado1. La segunda, que provoca el déficit fiscal, porque se queda con 4.500 millones de dólares anuales de aportes, mientras las jubilaciones las paga ANSES. La tercera, que capta la renta del trabajo a través del 11% de los aportes previsionales y dispone de la mayor caja del país. Por último, porque es ineficiente: si un aportante hubiera puesto su dinero en un plazo fijo, sobre 100 pesos de aporte ahora tendría 120 pesos y en el régimen de capitalización tiene sólo 85 pesos2. Entre julio de 2000 y julio de 2001 hubo una rentabilidad negativa de –4,6%3.

Si se volviera al régimen de reparto y se reconociera a las cuentas individuales de los aportantes como contribuciones a los efectos jubilatorios, la caja de 20.000 millones volvería al Estado y con ella los citados bonos de la deuda externa, que se anularían porque el tenedor sería el mismo que los emitió. Asimismo, el sistema jubilatorio se manejaría en pesos. Además, el problema del déficit fiscal, que tanto obsesiona al gobierno, quedaría resuelto. Primero, porque al reducirse drásticamente la deuda, también se rebajarían los pagos por intereses que abultan el presupuesto. Segundo, porque la mayor parte del déficit se debe a los 4.500 millones anuales que sin contrapartida captan las AFJP.

Para que no se aflijan las almas bondadosas por las posibles desventuras de las AFJP, es bueno aclarar que los dueños del sistema son quienes lo administran y que el 73% de las administradoras son de capital extranjero (entre ellos hay un 61% de bancos foráneos). Debe aclararse que son extranjeros, pero como residentes nacionales están sometidos a las leyes argentinas. Además, y sobre todo, están en el meollo del sistema financiero que gobierna el país.

  1. Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, Estadísticas (http://www.safjp.gov.ar/DOCS).
  2. Jorge Beinstein, “El saqueo de las jubilaciones”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, diciembre 1999.
  3. Ibid.


Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 27 - Septiembre 2001
Páginas:11
Temas Desarrollo, Deuda Externa
Países Argentina