¿Qué Nación quiere el Episcopado?

En momentos de disgregación nacional, la iglesia prioriza la cuestión social en sus críticas al gobierno y se presenta como institución monolítica, fundamento de la identidad y la unidad nacional. Pero en su interior hay discrepancias significativas, que recorren la distancia que media entre el integrismo conservador y el resurgir de una “opción por los pobres”, que explicarían en parte el silencio en que se han sumido ciertas figuras y el primer plano ocupado por otras.

En la situación de inédita gravedad que atraviesa la Argentina, donde a la crisis económica y la protesta social se suman dificultades para la gobernabilidad y cuestionamientos a la legitimidad del sistema político, resulta especialmente revelador el análisis de los movimientos de un actor social privilegiado como la iglesia católica.

En los últimos meses –y más claramente desde mediados del mes de julio, cuando el gobierno resolvió aplicar el plan de Déficit Fiscal Cero– esta institución está protagonizando un viraje por el cual la política, y no sólo la cuestión social, aparecen como su incumbencia, aunque insista en que ésa no es su función. Así como la iglesia avanzó en el campo social a través de Cáritas cuando el Estado se retiraba, también ahora, ante el vaciamiento de la política en sus formas tradicionales, cuando los partidos se deslegitiman, la iglesia avanza hacia los espacios que dejan vacantes tanto el oficialismo como la oposición.

En los últimos meses la iglesia católica argentina ha emitido varios documentos en tono de denuncia acerca de la crisis social que vive el país. El último, Queremos ser Nación, de la Comisión Permanente del Episcopado, data del 10 de agosto pasado. Pero ya en mayo de este año el Episcopado, en el mensaje de su 81º Asamblea Plenaria titulado “Hoy la Patria” requiere algo inédito, se había referido al desdibujamiento de los partidos políticos y a una progresiva pérdida de sentido de la autoridad. Al mismo tiempo, la Asamblea Episcopal interpretaba que la profundidad y la duración de la crisis hacía “peligrar la identidad e integridad de la Nación”. Si bien se recalcaba la necesidad de la política en el marco de las instituciones republicanas, se insistía en el efecto centrífugo de la política, contrapuesto al efecto centrípeto de la identidad y los valores morales del catolicismo, de un modo que no debe considerarse anecdótico.

Este mensaje del Episcopado sintoniza con las palabras que el Papa pronunció en abril de este año con motivo de la visita del presidente Fernando de la Rúa al Vaticano. Juan Pablo II recalcó la catolicidad argentina, al tiempo que subrayó la situación de los más pobres. Siguiendo la lógica con que suelen hablar los dignatarios de la iglesia –afirmar que el interlocutor está de acuerdo con aquello que quieren imponerle– el Papa dijo al presidente De la Rúa que sabía que el gobierno es consciente de la necesidad de implementar medidas orientadas a una distribución del ingreso más equitativa, advirtiendo que la inequidad pone en riesgo la paz social. Como al pasar, Juan Pablo II hizo una referencia crítica e indirecta a las leyes de Divorcio Vincular y de Salud Reproductiva –a las que la iglesia se opone– y otra, indirecta y elogiosa, a las posiciones antiabortistas sostenidas por el gobierno del ex presidente Carlos Menem. En el discurso papal reaparece pues el razonamiento que vincula a la moral católica y a la doctrina social de la iglesia como garante de la unidad nacional y de la paz social.

Posiciones similares aparecieron también en la homilía del cardenal primado de la Argentina y arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio, pronunciada con motivo de la conmemoración de la fecha patria, el 25 de mayo pasado, que la iglesia suele aprovechar para asumir posiciones políticas. La homilía giró en torno del poder, el “cáliz amargo que debe beber quien quiera ser grande”, es decir, quien gobierne. Bergoglio hizo una poco indulgente caracterización del gobierno y de los políticos y una nueva advertencia sobre el efecto disgregador de la política, opuesto al poder congregante de lo comunitario. Es en esta lógica de la convergencia y la divergencia, como los opuestos entre la política y el servicio, donde se inscribe la unidad nacional (“la comunión en las diferencias”) basada en la identidad nacional, de la que la iglesia se autoproclama portadora.

Esta matriz reaparece en “Queremos ser Nación”, donde la Comisión Permanente del Episcopado reitera el antimodernismo visceral que en el pasado se expresó como una crítica simétrica al capitalismo y al socialismo, y que en este documento se transmite a partir del diagnóstico de las enfermedades sociales más graves del país: el endiosamiento del Estado y su contrario, su envilecimiento, propio del “más crudo liberalismo”. La concepción “corporal” de sociedad implícita en el documento, junto con la recuperación de lo comunitario como congregacional, tiene fuertes resonancias antiliberales, premodernas, de raigambre conservadora. En la mencionada homilía de Bergoglio hay también una fuerte afirmación acerca de la sana reacción de la espiritualidad ante el fracaso del materialismo y el cientificismo, que va en el mismo sentido antimoderno, antirracionalista y conservador. Los obispos advierten que la situación actual puede derivar en una “anarquía social de imprevisibles consecuencias”, por lo que los cristianos deben asumir su puesto, ya que sólo la identidad cristiana garantiza la unidad de la Nación y es la vacuna –siguiendo con la metáfora corporal– para prevenir la anarquía.

No obstante, el mismo documento explicita el apoyo a las instituciones republicanas y el respeto a los lugares que cada quien debe ocupar en el orden constitucional. Los analistas de la iglesia de los principales diarios de Buenos Aires subrayan, junto con voceros del Episcopado, que la iglesia puede ser un ámbito donde se construyan consensos, pero no mediadora política¹, consideración que llamativamente es reiterada cada vez que la iglesia adquiere protagonismo político.

Pero para evaluar cabalmente el posicionamiento político de la iglesia católica argentina hay que prestar atención a algo más que los documentos oficiales emitidos por la institución. La Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina y su presidente, el cardenal Raúl Primatesta, vienen realizando gestiones para lograr la unidad nacional que el gobierno reclama desde principios del mes de julio. Negociadas por monseñor Primatesta y por su secretario Guillermo García Caliendo, las autoridades eclesiásticas han tenido reuniones con los dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA, José Ignacio de Mendiguren y Pablo Challuc); de la CGT oficial (Armando Cavallieri) y de la CGT disidente (Juan Manuel Palacios y Horacio Ghillini), e incluso con el ex presidente Raúl Alfonsín, quien no tuvo muy buenas relaciones con la iglesia católica durante su gobierno, sobre todo a causa de la promulgación de la ley de divorcio. También el actual jefe de gabinete, Chrystian Colombo, fue recibido por el presidente del Episcopado, Estanislao Karlic.

La iglesia no se muestra tampoco ajena a uno de los fenómenos más sugerentes de los últimos tiempos: la ausencia de las dirigencias sindicales y políticas tradicionales en las protestas sociales, encabezadas por nuevos líderes. El día en que la Comisión Permanente del Episcopado presentaba el documento Queremos ser Nación, algunas de esas nuevas figuras, que no pueden ser vinculadas con Primatesta –ni con sus posiciones conservadoras o, mucho menos, con su trayectoria de apoyo a la dictadura– se reunieron con dignatarios de la iglesia: los dirigentes de la Central de Trabajadores Argentina (CTA) Víctor De Gennaro y Martha Maffei; el concejal por La Matanza y líder piquetero Luis D’Elía; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto; el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales Horacio Verbitsky; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; la hermana Martha Pelloni y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel (este último increpó a los prelados, a los que acusó de haber sido cómplices de la represión durante la última dictadura militar). Al finalizar la reunión, los dirigentes de la CTA y del FRENAPO (Frente Nacional Contra la Pobreza) declararon que la iglesia católica acompañará el proyecto de ambas organizaciones para la aplicación de un subsidio de desempleo para jefes de hogar desocupados.

Ofensiva conservadora

Vistos de cerca, la iglesia argentina y su Episcopado no constituyen un todo homogéneo. En esa “unidad en la diversidad” se pueden detectar algunos sectores que alternativamente adquieren mayor exposición pública. Aunque en los últimos meses del año pasado Primatesta y sus seguidores –vinculados con el menemismo y el sindicalismo peronista tradicional– bajaron el perfil público², hubo una ofensiva de obispos conservadores en los primeros seis meses de este año. Por ejemplo la reacción del obispo de Catamarca Elmer Miani en abril, cuando el gobernador Oscar Castillo dejó sin efecto la obligatoriedad de la educación religiosa, impuesta desde 1999 por una resolución del Ministerio de Educación de Catamarca, que incluía en las escuelas primarias las materias Religión y Educación Religiosa. Miani decidió no celebrar el tradicional tedéum del 25 de Mayo y la Junta Diocesana de Educación, dependiente del Obispado, pidió que se anulara la decisión del gobernador. El mismo obispo se lanzó duramente contra la ciudad de Recreo cuando se enteró de que el Concejo Deliberante local había aprobado un programa de planificación familiar que contemplaba la entrega gratuita de dispositivos intrauterinos en el hospital de la zona. No conforme, acusó a los miembros de la Cámara de Diputados de haber recibido 50.000 dólares en coimas de una empresa fabricante de anticonceptivos para aprobar la Ley de Salud Reproductiva³.

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, por su parte, emitió una declaración, Sobre la dimensión religiosa de la educación, en la que argumenta que la religión impide que el hombre “se disuelva en el materialismo o en el consumismo”. De manera acorde con los documentos antes mencionados, esta declaración argumenta que el catolicismo en la Argentina forma parte de los valores “desde mucho tiempo antes que comenzara nuestra organización nacional”, con lo que está diciendo que la iglesia precede –y no sólo en el sentido temporal– al Estado. Las repercusiones de esta polémica acerca de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, supuestamente superada hace casi cincuenta años en la Argentina, sigue hasta hoy a través de declaraciones de religiosos y laicos a lo largo y a lo ancho del país.

Otro hecho a destacar fue la decisión del arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, de autorizar la ordenación sacerdotal de los seminaristas del ultraconservador Instituto del Verbo Encarnado (IVE), a contramano del espíritu del grueso del Episcopado, que impulsaba la expulsión del país del IVE por consejo del nuevo obispo de San Juan, Alfonso Delgado, miembro del Opus Dei, a quien no cabe calificar como “progresista”.

Si bien las dos figuras más visibles en los últimos tiempos de la jerarquía católica argentina –Karlic y Bergoglio– no pueden asimilarse a los sectores ultraconservadores, es importante enfatizar el relativo eclipse de algunos obispos “progresistas”. Por ejemplo el del muy político obispo de Morón, monseñor Justo Laguna, desplazado de la Comisión de Pastoral Social a la Comisión de la Universidad Católica Argentina y a la Comisión de Estudios de Cáritas. Laguna, junto con el presidente de Cáritas y obispo de San Isidro monseñor Jorge Casaretto, fueron la cara pública de los obispos en los medios de comunicación durante muchos años, pero ambos han desaparecido de la escena. Una explicación posible es que tanto Laguna como Casaretto –que tiene muy fluidas relaciones con el actual ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero– han tenido posiciones más afines al gobierno de la Alianza que otros miembros del Episcopado. Y en este momento –como en todos los momentos críticos– la iglesia argentina está privilegiando la unidad discursiva, sobre la diversidad de posiciones o criterios.

Tampoco el obispo de Humahuaca (Jujuy), monseñor Pedro Olmedo, que en otras oportunidades tuvo una altísima visibilidad, tiene presencia en el Episcopado en los últimos meses. El denominador común de algunos obispos como Olmedo, además de sus opiniones contundentes y claras, es que tienen jurisdicción sobre territorios con altísimos índices de desocupación y pobreza y con alto nivel de protesta social.

En este sentido territorial es interesante analizar las actitudes de monseñor Jorge Lugones, obispo de Orán, cuya diócesis abarca General Mosconi (Salta), donde se produjo un serio enfrentamiento entre piqueteros⁴ y gendarmería nacional, a fines de junio último. El obispo atribuyó los hechos de violencia a infiltrados, pero sin embargo esperó dos días en la parroquia de Mosconi a alguien del gobierno provincial o nacional para mediar en el conflicto. Y fue el propio obispo Lugones quien llamó al ministro Juan Pablo Cafiero ante la decisión del presidente De la Rúa y del gobernador de Salta Juan Carlos Romero de no dialogar con los piqueteros en medio de la crisis. En los últimos meses, Lugones, junto a otros obispos de la región, se reunió con los gobernadores y con el presidente De la Rúa para plantearles lo crítico de la situación, sin haber encontrado respuestas según fuentes eclesiásticas.

También es interesante mirar hacia la Diócesis de San Justo (Buenos Aires), donde la protesta social es muy resonante, ya que abarca el partido de La Matanza⁵. Monseñor Jorge Meinvielle negó a mediados de julio que hubiera autorizado la utilización del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús para la realización de la Asamblea Nacional de Piqueteros. Llamativamente sus siguientes declaraciones públicas fueron contra la libertad religiosa, argumentando que es ajena a la idiosincrasia nacional. El proyecto impulsado por la Secretaría de Culto de la Nación de una ley de libertad religiosa, que cuestiona el financiamiento del culto por parte del Estado, motivó la desaprobación de varios obispos a pesar de que éste es un reclamo en el que se viene insistiendo desde otros cultos. En Argentina hay libertad religiosa, pero no igualdad religiosa: se permiten otros cultos, pero la “identidad nacional” y la relación privilegiada con el Estado pertenecen a la iglesia católica. Esta insistencia en la catolicidad romana de la Argentina como base de la idiosincrasia nacional tiene connotaciones más excluyentes que integradoras, y la actitud prebendaria del catolicismo argentino coincide también con la insistencia en la enseñanza religiosa (católica, por supuesto) en las escuelas públicas.

Pero no hay voz más clara que la que se escucha en las homilías y mensajes del obispo emérito de Viedma (Río Negro), monseñor Miguel Hesayne. No solamente alzó su voz en el pasado respecto de los crímenes de la dictadura militar y sigue siendo la voz en el desierto que recuerda el aún no esclarecido asesinato de monseñor Enrique Angelelli a manos de la dictadura militar, sino que se opone firmemente al programa económico del gobierno, denuncia la ilegitimidad de la deuda y sostiene que los que deben hacerse cargo del ajuste son quienes se endeudaron: los empresarios. Pero para oír la voz de Hesayne hay que estar muy atento, casi se puede decir que hay que buscarla: “Quien se halla en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario para sí”, dijo Hesayne citando la Constitución Pastoral Gozo y Esperanza de Pablo VI y al Concilio Vaticano II, documentos profusamente referidos por la Teología de la Liberación y el así llamado catolicismo posconciliar de fines de los años ’60 y principios de los ’70⁶. Hesayne es hoy sólo un obispo emérito sin jurisdicción diocesana, aunque se lo puede vincular con algunos otros de la región, como el actual obispo de Viedma Marcelo Melani, el del Alto Valle de Río Negro José Pedro Pozzi y el de San Carlos de Bariloche (Río Negro) Carlos de Paola. Estos prelados convocaron a una Jornada de Oración Interreligiosa y Ayuno con motivo de la reunión del Grupo de los 8 en Génova, el pasado julio. Otra de las notorias voces disonantes del Episcopado, el obispo de Quilmes Jorge Novak, murió a principios del mes de julio, con lo cual este sector perdió un referente fundamental.

¿Y qué pasa con los curas párrocos de los barrios empobrecidos, de las villas miseria, de los asentamientos de nuevos pobres que crecen sostenidamente en la Argentina? No debe olvidarse que en definitiva ésa es la iglesia que habla diariamente con los ciudadanos. Por ejemplo el padre Alberto Spagnuolo, de San Francisco Solano (Buenos Aires), que sigue trabajando por la organización comunitaria aun cuando su propio obispo lo desautorizó; o el padre José Olmedo, que fue mencionado por el dirigente piquetero Luis D’Elía en el acto de cierre del piquete el 8 de agosto último en Plaza de Mayo como uno de los referentes con los que se debía construir la unidad en la lucha contra el ajuste. También pasó inadvertida la noticia de que 80 sacerdotes católicos de todo el país, caracterizados por su trabajo junto a los pobres, se reunieron en Córdoba y que en el documento que emitieron consideran que su función es “animar, alentar y acompañar a los que luchan, (…) a los que no se resignan”, y que por lo tanto no pueden “predicar la resignación”⁷.

Nación posible, nación deseable

La iglesia católica argentina presenta en la actualidad analogías con la de un pasado no muy lejano: por un lado sectores que sufren un proceso de radicalización y acompañan a los nuevos movimientos sociales; por otro –su contracara y muro de contención– la institución, que se cohesiona rígidamente. El problema es que la combinación de radicalidad de un lado y rigidez institucional del otro sólo permite prever conflictos, que en el pasado reciente la iglesia resolvió permitiendo (cuando no colaborando) que la represión se cebara en sus miembros más sensibles a los reclamos populares. El episcopado como cuerpo insiste en mensajes integristas, en los que la solución a la crisis pasa por la armonización de los intereses entre pobres y ricos con la propia iglesia como árbitro, ya que ni el Estado ni la política arbitran. La cuestión social deviene en cuestión política desde el momento en que el problema de la pobreza se puede tornar en amenaza al statu quo, con resultados imprevisibles: uno de los tópicos del discurso episcopal es la paz social amenazada. En la visión del conjunto del episcopado y en particular del cardenal Bergoglio (figura paradigmática, calificado como conservador pero con preocupación por los pobres, con una visión sacramentalista, acrítica y muy asistencialista), el futuro deseable no implica la desaparición de la pobreza, sino su contención. No se trata estrictamente de una vuelta al pasado precapitalista, sino de un reordenamiento del sistema corporativizado en el que cada quien ocupe, resignadamente, su lugar en el mundo.

En ese sentido la negativa a “predicar la resignación” de los sacerdotes que han asumido la Opción por los Pobres y su posición de que la deuda externa no debe ser pagada porque es extorsiva, usuraria e inmoral, supone una respuesta diametralmente distinta a la “cuestión social”, entre otras cosas porque reinstala en la iglesia un debate que fue silenciado brutalmente durante la última dictadura militar: el de una visión de la historia en la que los intereses de los ricos y los pobres no son armonizables sino contradictorios, una visión en la que el conflicto motoriza los cambios.

“Queremos ser Nación”, dicen los obispos. Pero la nación que parecen tener in mente supondría el retorno a la enseñanza religiosa (católica) en las escuelas públicas, la eliminación de las leyes de salud reproductiva, la acción social en manos de la iglesia, libertad de culto pero sin igualdad religiosa. Un retorno al paternalismo caritativo, las escuelas pías y la moral católica preconciliar. Una nación cuya identidad fundante y precedente es la evangelización impuesta a partir de la conquista. Un Estado democrático, pero sujeto a una Entidad Moral e Identitaria superior: la iglesia. Una nación católica preconciliar, en suma.

Pero a pesar de su evidente predicamento social en estos tiempos de crisis e ilegitimidad política, a la iglesia católica argentina le costará imponer su modelo conservador a una sociedad moderna pese a todo y de costumbres laicas profundamente arraigadas.

1. José Ignacio López “Promotores del diálogo pero no mediadores”, La Nación, 11-8-01.
2. Maria Laura Lenci, “Gritos en la iglesia, susurros en el gobierno”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, agosto de 2000.
3. Página 12, 17-8-01. La Ley de Salud Reproductiva debe ser tratada todavía por el Senado, que nunca se decide a hacerlo.
4. Grupos de desocupados que cortan rutas como medio de protesta para ver renovados los subsidios de los denominados Planes Trabajar. Los piqueteros se han constituido en nuevos actores de la protesta social, al margen de las estructuras sindicales tradicionales.
5. “La población actual estimada (de La Matanza) supera los 1,5 millones de habitantes, superior a la de toda la Patagonia. Tiene 170 villas miseria y asentamientos en los que viven 600.000 pobres sin esperanza, 126.000 desempleados puros y una deserción escolar del 40%”, Francesc Relea, “Comienza la rebelión en Villa Miseria”, El País, Madrid, 23-8-01.
6. Hesayne hizo esa cita en su homilía del 12 de agosto pasado, sólo dos días después de la aparición del documento Queremos ser Nación.
7. Esa noticia apareció publicada en Página 12, 6-8-01, pero no figura en el Boletín de la Agencia Informativa Católica Argentina.