Golpe de Estado abortado en Caracas

El pasado 11 de abril, una coalición constituida por la organización patronal Fedecámaras, la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Iglesia y los medios de comunicación, más algunos altos militares disidentes, intentó en Venezuela un golpe de Estado, que fracasó en menos de 48 horas. El detonante fue la designación por el presidente Hugo Chávez de una nueva dirección para la empresa petrolera del Estado y un enfrentamiento en Caracas entre sus partidarios y la oposición. El Presidente se reafirmó en el apoyo del ejército y de una mayoría de la población, no organizada partidariamente, que pertenece a los sectores más desposeídos de la sociedad.

Las cámaras de televisión encuadran al mismo tiempo al presentador y a la ciudad de Caracas, que se extiende al pie de El Ávila, la montaña en cuya pendiente se ha instalado el improvisado estudio. El animador del show acaba de hacer reír a carcajadas al público recordando cómo hizo cantar a Fidel Castro (“desafinado, canta pésimo”), en uno de sus programas anteriores. Poético, evoca a Guatemala y al libertador Simón Bolívar, canturrea, interroga a sus invitados –entre ellos un grupo de ministros– dialoga en dúplex con una modesta telespectadora de la que se despide con un afectuoso: “Hola, mi vida, te mando un beso”… Su soltura haría palidecer de envidia a cualquier vedette de la pequeña pantalla. Sin embargo no tiene nada de profesional, al menos en eso. Se llama Hugo Chávez y es presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Ese 17 de marzo, en la centésima emisión dominical de “Aló, presidente” se supera: comunicaciones por satélite con los presidentes de Guatemala, Dominicana y Cuba: “Bueno, Fidel, si no nos vemos estos días hablamos… ¡Hasta la victoria siempre!” y lanza una vigorosa andanada contra la prensa antes de concluir con un amenazador: “Les doy un consejo a los que me quieren desestabilizar: sé cuántos son y hasta cuánto pesan después de desayunar”. Un público totalmente seducido lo ovaciona: “¡No volverán! ¡Viva nuestro Comandante!”

El “Comandante” se excede: 6 horas y 35 minutos de antena, sin interrupción. Pero ante la desenfrenada oposición del conjunto de los medios privados, considera necesarias esas misas para mantener un contacto directo con los excluidos, los pobres y las fuerzas de izquierda que conforman su mayoría.

Los “escuálidos”, como se apoda a los habitantes de La Castellana, Altamira, Palos Grandes, Las Mercedes (los barrios acomodados), rabian. “Ese tipo es un demagogo, un populista, un loco de atar”. En el mejor de los casos admiten que quienes lo precedieron tampoco valían mucho. “Pero está llevando el país a la ruina”, aseguran, antes de ejecutarlo sumariamente: “De todos modos, su lugar no es la Presidencia. Un militar sólo sabe hacer dos cosas: mandar y obedecer”. La casta constituida por la oligarquía, las finanzas y las clases medias venezolanas, odia a ese intruso. Con su piel oscura y sus bromas, parece un chofer de taxi, un portero de hotel, un desheredado de los ranchos, un buhonero. Pero ocurre que es precisamente porque se parece al pueblo de las profundidades que ocupa Miraflores, el palacio presidencial.

En febrero de 1992, este lugarteniente de paracaidistas intentó poner fin a treinta años de hegemonía de los partidos Acción Democrática (AD, socialdemócrata) y COPEI (democristiano) mediante un golpe de Estado. Después de décadas de alternarse en el gobierno, esos dos partidos habían llevado al 80% de los venezolanos a vivir por debajo del umbral de la pobreza, verdadera hazaña en un país rebosante de riquezas provenientes de la exportación de petróleo. Encarcelado y después liberado, el rebelde accedió democráticamente al poder en diciembre de 1998. Aprobada por referendum en diciembre de 1999, una profunda reforma de la Constitución precedió a su reelección, el 30 de julio de 2000¹. En suma, el ex golpista Chávez purgó su falta y acabó por triunfar democrática y pacíficamente: Venezuela cambió de manos.

Desde entonces, el gobierno conduce una revolución atípica: “Ni socialista ni comunista, se mantiene en el marco del capitalismo, pero es radical e induce profundos cambios de estructura económica”, explica el ministro de la Presidencia Rafael Vargas. Este gobierno se propone promover una política petrolera que permita mantener los precios del crudo por encima de los 22 dólares el barril, a través de la revitalización de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), y multiplica las declaraciones contra la mundialización neoliberal y a favor de un mundo multipolar, en oposición a la pretensión hegemónica de Estados Unidos.

Cambiar no es tan simple

Claro que una cosa es anunciar el nacimiento de un nuevo país y otra proceder a operar cambios. “No hay trabajo, entonces no hay progreso”, se queja en Valencia un excluido, observando que no se registra disminución del desempleo. En una villa miseria denominada Marizabel de Chávez (por la esposa del Presidente) un tipo enorme se sincera: “Lo único que sé hacer es robar, pero acá verdaderamente no veo a quién…”

Barrio Alicia Pietri de Caldera (por la esposa del Presidente anterior, Rafael Caldera): los privilegiados ganan 84.000 bolívares (75 dólares) por quincena como custodios privados, la única actividad económica en expansión. El salario mínimo es de 158.400 bolívares, cuando se necesitan 240.000 para alimentar a una familia de cinco personas². Hasta las iniciativas más generosas del gobierno parecen estancarse: “La escuela bolivariana funciona, incluso hay una cantina gratuita para las tres comidas de los chicos. Pero acaban de cerrarla porque ya no tiene dinero para pagar a los abastecedores”, atestigua una madre de familia.

El rey Chávez aparece muchas veces desnudo. Forjado en la urgencia por ganar las elecciones, su Movimiento por la Quinta República (MVR) no dispone de estructuras fuertes. Ante la perspectiva de la victoria, se le han acercado “chavistas” convencidos, revolucionarios, pero también miembros de las formaciones políticas tradicionales a la espera de prebendas y beneficios, oportunistas de toda índole. Otro tanto sucede en los partidos aliados: Movimiento al Socialismo (MAS); Causa R; Movimiento 1º de mayo; los maoístas de Bandera Roja o el líder de Patria Para Todos (PPT), Pablo Medina³. Un día u otro pasan factura al Presidente a cambio de su colaboración. De allí los múltiples virajes, rupturas, renuncias, destituciones –seguidas de deserciones al enemigo– que transmiten la sensación de que el gobierno funciona de manera improvisada.

El mismo panorama en el aparato del Estado y la administración, gangrenados por cuarenta años de clientelismo. Los ministros, o los catorce gobernadores “chavistas”, sólo cuentan con algunos funcionarios de alto rango para llevar a cabo las reformas. “No practicamos la caza de brujas; garantizamos el cambio con la gente de antes, en su mayoría militantes de AD y del COPEI”, asegura uno de ellos. Este batallón de cuadros intermedios y de empleados antiguos frena los programas, sabotea los proyectos, paraliza la transferencia de recursos en los municipios. “Modificar estas estructuras es lento, no se puede despedir a todo el mundo”, razona en medio del calor tórrido de Puerto Ayacucho (Amazonas) Diógenes Palau, secretario general del gobierno local, confrontado con las mismas dificultades. “Sólo se puede hacer paso a paso”.

Es por eso que para eludir las estructuras que le siguen siendo hostiles, Chávez debe apoyarse sobre dos pilares: el ejército y la población no organizada que lo llevó al poder. En abril de 2001, cuando llamó a la formación de “un millón de Círculos Bolivarianos” para apoyarlo, decenas de miles de venezolanos respondieron con entusiasmo desde sus calles, sus barrios, sus villas miseria. En grupos de siete a quince personas, discuten sobre la definición del futuro, de su vida, de las necesidades más esenciales, transmitidas de inmediato a las autoridades. “Es el modo de conseguir que los recursos lleguen al sector”, explican los coordinadores de los Círculos Bolivarianos del municipio de Sucre, al este de Caracas. “Antes, una minoría de políticos dirigía a su antojo el destino de nuestra comunidad”.

El Estado empezó a dotar de fondos no desdeñables a organismos como el Banco del Pueblo, el Banco de las Mujeres, el Fondo de Desarrollo de la Microempresa, el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES), que otorgan recursos en base a la presentación de proyectos. La oposición los acusa de ser una fuerza de choque al servicio del proyecto totalitario, de los nidos de “talibanes” que las incesantes bolas (rumores) pretenden que el gobierno arma hasta los dientes. Los interesados se encogen de hombros. “Mire, aquí no hay más que gente pacífica que trabaja para beneficio de la comunidad”. No obstante, algunos militantes radicales se manifiestan menos conciliadores: “Vamos a ser claros. Los hombres y mujeres de este proceso están decididos a defenderlo. Pacíficamente. Pero también de otro modo si hace falta”.

Las “razones” del golpe

Los “escuálidos” se irritan el 13 de noviembre de 2001, cuando Chávez firma la Ley de Hidrocarburos (ver recuadro), radicalizando la revolución. El 10 de diciembre, en protesta contra “ese atentado al libre mercado”, la organización patronal Fedecámaras, dirigida por Pedro Carmona, lanza una huelga general apoyada por los medios de comunicación y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Corrupta hasta la médula, correa de transmisión de Acción Democrática, la CTV negoció durante años los contratos colectivos con los patrones, vendiendo su alma y sus afiliados a cambio de algunas propinas substanciales para sus dirigentes. El gobierno niega toda representatividad a su secretario general, el socialdemócrata Carlos Ortega, que el 25 de octubre anterior se proclamó vencedor en las elecciones destinadas a renovar la conducción sindical, al cabo de un escrutinio sellado por la violencia y las irregularidades.

El 5 de marzo pasado, este “dirigente obrero” estrechó la mano de Carmona y, con la Iglesia católica como testigo, firmó un “Pacto nacional de gobernabilidad” cuyo objetivo era “la salida democrática y constitucional” del Presidente. Sin programa, sin proyecto, autodenominados “sociedad civil”, ignorando cínicamente a la mayoría que sigue apoyando al jefe de Estado, los cuatro protagonistas (Fedecámaras, CTV, Iglesia, clases medias), a quienes se suman los medios de comunicación reciclados en partido político, tratan de crear artificialmente una situación de ingobernabilidad.

Esta intolerancia totalitaria hace estallar de rabia a la mayoría de la población, agrupada en torno de “su” revolución. “Nos excluyen y pretenden representar ellos solos a la sociedad civil. Muy bien… pero el pueblo somos nosotros. Y si por una razón u otra la campaña de desestabilización pone en peligro la legalidad constitucional, la vamos a defender con nuestra vida, con nuestra sangre”, nos dice un miembro de los Círculos Bolivarianos antes del golpe. El goteo de declaraciones incendiarias y marchas de protesta de la oposición (seguidas de contramarchas todavía más masivas de los partidarios del gobierno); la aparición de cuatro militares disidentes que rechazaron en público al jefe de Estado⁴, no parecen conmover al poder.

Pero cuando cae la carta de la desestabilización económica la tensión asciende al rojo vivo. El petróleo representa el 70% de las exportaciones y el 40% de los ingresos del Estado. Tras la caída de los precios internacionales –después de los atentados del 11-9-01 en Estados Unidos– Chávez viaja a Europa, Argelia, Libia, Arabia Saudita, Irán, Rusia e Irak y junto a Alí Rodríguez, secretario general venezolano de la OPEP, logra estabilizar la cotización mediante una baja concertada de la producción⁵.

Empresa cuyo único accionista es el Estado, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) está dirigida por cuarenta altos ejecutivos. Estos “generales del petróleo” dictan allí la ley, aplican “su” política, privilegian los intereses extranjeros, violan las normas de la OPEP aumentando la producción, venden a pérdida, debilitando a la empresa y preparando activamente su privatización. Preocupado por poner a PDVSA al servicio de un proyecto colectivo, el Ejecutivo quiere retomar el control de este sector estratégico, cuyo régimen fiscal indica el rumbo: del 75% del total de beneficios para el Estado hace 20 años (25% para la empresa), se pasó al 70% para la empresa y 30% al fisco. Chávez designa a un nuevo presidente, Gastón Parra, y un equipo de dirección. Pero invocando “una carrera para los mejores”, eficacia en la gestión, productividad y rentabilidad, independencia frente a la “politización” impuesta por el gobierno, los tecnócratas rechazan esas designaciones y llaman a la rebelión.

En cualquier país del mundo, el Estado accionista nombra a las direcciones de las empresas nacionales y les comunica sus orientaciones, cosa que por otra parte hicieron todos los presidentes anteriores sin escándalo de nadie. Por otra parte, los cuadros superiores, que ocupan puestos de confianza, no pueden llamar a la huelga debido a la índole de su función. La “sociedad civil” lo hace por ellos: enfervorizada por los medios gráficos, radiales y televisivos, empuja a paralizar el corazón económico del país, objetivo logrado en forma parcial, ya que un sector obrero se niega a hacer la huelga⁶.

Todo esto con un trasfondo de viajes entre Caracas y Washington, donde la administración de George W. Bush multiplica las banderillas verbales contra el Presidente “bolivariano”. Su escaso entusiasmo por abrazar la lucha antiterrorista, especialmente contra las guerrillas colombianas, sus acuerdos militares con China y Rusia, su discurso contra la mundialización y su revolución provocan cada vez más rechinar de dientes. El 6 de febrero pasado, el secretario de Estado Colin Powell pone en duda ante el Senado que “Chávez crea realmente en la democracia”, y critica sus visitas “a gobiernos hostiles a Estados Unidos y sospechosos de apoyar al terrorismo, como Saddam Hussein y Muamar Khadafi”⁷.

Preocupado por los problemas que sacuden a su tercer abastecedor de petróleo, Estados Unidos teme una suspensión de sus exportaciones si se volviera ingobernable. Oficialmente, no se busca echar aceite al fuego. Pero el 25 de marzo Alfredo Peña, alcalde general de Caracas y frenético opositor, se reúne subrepticiamente con autoridades estadounidenses, entre ellos el polémico Otto Reich, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos (8). Por esos días, en la oficina de este último, podría haberse cruzado con Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, o con Manuel Cova, secretario general adjunto de la CTV, que visita también a representantes del Instituto Republicano Internacional, un grupo de interlocutores muy conocidos por su defensa de los intereses de los trabajadores…

La sombra del Chile de Salvador Allende planearía sobre Venezuela, si no la diferenciara un factor significativo: el ejército, que el presidente Chávez pretende conocer como la palma de su mano y controlar a través de sus camaradas de la promoción Simón Bolívar (1975). Sin embargo, rumores y movimientos ponen a veces esto en duda. El general en jefe del Comando Sur del ejército de Estados Unidos acaba de declarar: “Venezuela es el país que tiene más oficiales estudiando en nuestras academias, y por eso mismo estamos seguros de ese país”. Cuando este enviado evoca a los cuatro oficiales que poco tiempo antes se levantaron contra el Presidente, Francisco Ameliach, presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, responde el 14 de marzo: “Si un oficial se pronuncia en público quiere decir que no tiene el apoyo del ejército. Nosotros hemos conspirado (Ameliach participó del fallido golpe del coronel Chávez) y sabemos que un coronel comprometido en una operación así no va a proclamarlo en la plaza pública”.

La huelga nacional del 9 y 10 de abril, convocada por la CTV y Fedecámaras para “defender a PDVSA” (el gobierno había despedido a 7 ejecutivos y pasado a retiro a otros 12), sólo logra un éxito relativo a nivel nacional. Lanzada en una loca fuga hacia adelante (o en un plan premeditado muy difícil de detener), la oposición duplica su apuesta: con el pretexto de que el gobierno podría decretar el estado de excepción (intención que no le asiste en absoluto), llama a una huelga general ilimitada a partir del 11 de abril. Signo inquietante, los militares disidentes reaparecen, a través del general Néstor González, destituido en diciembre de 2001, quien acusa a Chávez de traición y pide al alto mando que actúe.

El Día “D”

El 11 de abril amanece con más de 300.000 opositores marchando pacíficamente hacia la sede de PDVSA-Chuao, situado al este de la capital. El crimen se concretará allí, en el corazón de una creciente efervescencia que facilita sus designios: nada como los “mártires” para acreditar la idea de una “sociedad civil” que enfrenta una dictadura… A la una de la tarde, al oeste de la ciudad, en el palacio presidencial, el ministro de la Presidencia Rafael Vargas, lívido, irrumpe en la oficina de sus colaboradores. “El resto del país está en calma, pero Carlos Ortega, acompañado por la televisión, llama a marchar sobre Miraflores. Es una conspiración”. A las 13:40, funcionarios de segundo nivel anticipan sin conocerlos todavía los acontecimientos a seguir: “Avanzan por la autopista… Hay que dejarlos que manifiesten, pero detenerlos antes de que lleguen aquí. Si no, los Círculos Bolivarianos se van a movilizar y esto va a terminar en un desastre”.

Los hombres de uniforme saben ser maquiavélicos. El alto mando de la Guardia Nacional no ordena ninguna maniobra de envergadura. La oposición llega a menos de 100 metros de Miraflores y de las decenas de miles de chavistas armados con palos y piedras que descendieron apresuradamente para proteger al Presidente, rodeando el palacio presidencial. Quince guardias nacionales, ni uno más ni uno menos, se interponen para impedir el choque. Escena surrealista, el de mayor rango se vuelve hacia los fotógrafos y pregunta angustiado: “¿Alguien puede prestarme un teléfono portátil, así pido refuerzos?”. Sus hombres logran estabilizar la situación usando gases lacrimógenos.

Se atribuye a los Círculos Bolivarianos haber disparado a mansalva contra una manifestación pacífica, provocando los 15 muertos y 350 heridos (157 por armas de fuego) de esa jornada trágica. Es falso. Misteriosos francotiradores apostados sobre los techos de un inmueble de unos diez pisos, provocan las primeras cuatro víctimas entre los defensores del palacio. Después, habiendo hecho subir la temperatura al paroxismo, se ensañan con la oposición, con precisión mortal. La confusión es total, se generaliza la refriega. Cerca de la estación de metro El Silencio, una cuadrilla de la Guardia Nacional responde a las piedras que lanza la “sociedad civil” con enjambres de granadas lacrimógenas, pero también con armas de guerra. Pequeños grupos de la policía metropolitana del intendente opositor Alfredo Peña disparan sobre todo lo que se mueve, sin discernimiento, aunque otros colegas se comportan decentemente.

La Guardia de Honor del Presidente “habría detenido a tres francotiradores, dos de ellos agentes de la policía de Chacao (un barrio del este de la capital) y uno de la policía metropolitana”⁸. En el calor de los enfrentamientos, un joven anonadado atestigua: “Vimos dos, estaban de uniforme”. Al día siguiente, sobre las pantallas de Venevisión, el vicealmirante sedicioso Vicente Ramírez Pérez confía: “Teníamos el control de todos los llamados telefónicos del Presidente a los comandantes de unidad. Nos reunimos a las 10 de la mañana para planificar la operación”. ¿Qué operación? A esa hora, oficialmente, la marea opositora no había sido desviada todavía hacia Miraflores.

Pero logran el objetivo buscado. A las 18, “trastornado por la cantidad de víctimas”, el general Efraín Vázquez Velasco anuncia que el ejército no va a obedecer al presidente Chávez. Unas horas antes, la casi totalidad del comando de la Guardia Nacional había hecho lo mismo. A las 3:15 de la mañana siguiente el general Lucas Rincón lee un último comunicado: “Ante tales hechos se le ha pedido la dimisión al presidente de la República. Aceptó”. Este mensaje se transmitiría por televisión, cada veinte minutos, durante las 36 horas siguientes.

Designado el 12 de abril Presidente de la República, el patrón de patrones Carmona disuelve la Asamblea Nacional y todos los organismos constituidos y destituye a gobernadores e intendentes surgidos de las urnas. Dotado de todos los poderes, escucha al vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, felicitar al ejército y a la policía venezolanos “por haberse negado a disparar contra manifestantes pacíficos” y concluir: “Simpatizantes de Chávez dispararon contra esa gente y eso llevó rápidamente a una situación que lo llevó a renunciar”. Mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) se dispone a condenar el golpe de Estado, los embajadores de Estados Unidos y España en Caracas se desplazan para saludar al Presidente de facto.

En este país que en los últimos tres años de “dictadura”no tuvo que deplorar asesinatos, desapariciones, presos políticos ni censura de prensa, la represión se abate sobre ministros, diputados y militantes; se allanan decenas de locales y habitaciones, 120 chavistas van a parar a la cárcel. En las ondas de Venevisión, donde es entrevistado por la periodista Ibeyssa Pacheco, el coronel Julio Rodríguez Salas, con una gran sonrisa, concluye su intervención: “Tuvimos un arma extraordinaria: los medios. Y ya que tengo la oportunidad aprovecho para felicitarla”. En nombre de la democracia, la “sociedad civil” acaba de instaurar una dictadura. Será el pueblo quien restaure la democracia.

Se conoce lo que siguió. Chávez se rindió sin resistencia para evitar un baño de sangre, pero no renunció. El 13 de abril cientos de miles de sus partidarios ocuparon las calles y plazas de todo el país. A la hora de la siesta, su Guardia de Honor volvió a ocupar Miraflores y ayudó a algunos ministros a ocupar el despacho presidencial. Siguiendo el ejemplo del general Raúl Baduel, jefe de la Brigada 42 de paracaidistas de Maracay, comandantes fieles a la Constitución retomaron el control de las guarniciones. Dividido, sin perspectiva clara, temiendo una reacción incontrolable de la población y enfrentamientos entre militares, el alto mando pierde pie. Por la noche, el Presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela es devuelto a sus funciones.

Aparentando no haber extraído ninguna lección de estos acontecimientos trágicos, unos días más tarde la oposición volvió a incrementar la presión. Sin embargo, evocando el mar de fondo que desde hace tres años conmueve al país, una militante advirtió: “Que no se hagan ilusiones. Con o sin Chávez, Venezuela nunca será como antes”.

1. Ignacio Ramonet, “Chávez”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, octubre de 1999 y Pablo Aiquel, “Un president bolivarien pour Venezuela”, en Le Monde diplomatique, París, noviembre de 2000.
2. Datanálisis, en El Universal, Caracas, 14-3-02.
3. Después de haber roto vínculos pero sin aliarse a la oposición, el PPT se unió de nuevo a Chávez. Parte del MAS también le siguió siendo fiel.
4. El coronel Pedro Soto, el contraalmirante Carlos Molina, el capitán Pedro Flores y el comandante Hugo Sánchez.
5. La crisis de Medio Oriente también cumplió un rol en esa suba de precios.
6. Luis Bilbao, “Chávez frena a la oposición”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, abril de 2002.
7. Miami Herald, 7-2-02.
8. Implicado en el escándalo Irán-contras en los años 80, estrechamente vinculado con el lobby cubano-estadounidense, su designación fue bloqueada durante mucho tiempo por el Congreso de Estados Unidos.