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El extraño caso de Argentina

Las idas y venidas de los emisarios del Fondo Monetario Internacional a Buenos Aires, del equipo económico a Washinton, de los gobernadores de provincia a la Casa de Gobierno, de los legisladores a… se asemejan ya mucho más a una danza macabra que al ajetreo de una dirigencia política preocupada por la gravedad del momento. No habrá solución a la crisis argentina hasta que no se abandone el modelo de renta.

En El extraño caso del señor Waldemar, Edgar Allan Poe cuenta cómo una persona es hipnotizada momentos antes de la muerte. Así posterga la descomposición del cuerpo, que conserva la facultad de hablar: en un cadáver, una voz da la impresión de vida. Esto al menos durante un tiempo, porque al cesar la hipnosis el cuerpo se pudre en segundos. En el caso argentino existen otros maestros del terror, menos literarios y más destructivos: devastaron el país. El plan de “los 14 puntos”, aprobado a la desesperada a finales de abril por el presidente Eduardo Duhalde y gobernadores oficialistas, se asemeja a esa voz de ultratumba que intenta dar la impresión de una existencia política y social.

Ya se ha señalado aquí hasta el hartazgo que la crisis argentina es de fondo y que el sistema económico vigente está condenado porque no sirve para producir ni para distribuir con un mínimo de justicia. Lo que hace algún tiempo era un cuestionamiento teórico, ahora se ha transformado en un reclamo político. Hay un rechazo generalizado al modelo rentístico financiero que rige desde 1976, cuya expresión es pública, a tal punto que los políticos y economistas conocidos del establishment no pueden salir a la calle.

El problema concreto es: ¿se tratará de mantener la hipnosis de cualquier modo o se dejará morir al régimen de renta y se pasará, en los hechos, al de producción?; ¿cambiará la nómina de favorecidos y perjudicados, o habrá más de lo mismo?; ¿se recuperará la soberanía nacional?

El rumbo a tomar depende de varias decisiones concretas: ¿se seguirán aceptando las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI)?; ¿quién pagará la crisis financiera: los depositantes, el Estado argentino o los bancos?; ¿habrá una necesaria redistribución del ingreso?

Si se aceptan las exigencias del FMI, el país se hundirá más en la recesión1. Los presuntos fondos vendrán –si se desembolsan– para pagar la cuenta del FMI. Si prestaran más, el programa de ajuste que impone el propio FMI impediría su utilización para las necesidades del país, en primer término un aumento del gasto público para reactivar la economía y redistribuir ingresos. Considerando otros ejemplos de crisis, en el sudeste asiático los países que superaron más rápido sus problemas fueron Malasia y Corea, que no hicieron caso al FMI. No sólo no se cayeron del mapa, como se trata de hacer creer que les ocurre a quienes no aceptan sus recetas, sino que reactivaron su economía. Tampoco se convirtieron en Albania. En cambio, Indonesia siguió al pie de la letra las indicaciones del FMI, que le impuso un programa de ajuste en medio de la recesión, con lo cual se agravó la crisis. Asesorados por el dúo Anoop Singh-Mario Blejer (el mismo que, desde el FMI uno y desde el Banco Central otro, “asesora” a Argentina), Indonesia fue el país asiático que más sufrió.

El segundo tema es la crisis financiera, cuyo eje es el problema del “corralito”. Hasta ahora, pagan los depositantes, con la indisponibilidad de sus fondos y la amenaza de su licuación casi total. En este tema, la primera premisa a respetar es que en un régimen capitalista con un mínimo de seriedad, los depósitos deben devolverse. La segunda es que quienes tienen que pagar los costos son los bancos, que han recibido los depósitos y los represtaron, lo cual es su negocio, por su cuenta y riesgo. El Estado sólo debe asegurar la continuidad del servicio público bancario, velar porque se respete una cierta justicia distributiva e impedir que se provoque una hiperinflación. Para esto, debe aplicarse una batería de medidas, que variarán según los casos; entre ellas está el control de cambios y la recapitalización de la economía nacional con recursos generados en el país.

El gobierno sufre dos presiones. Por un lado teme a la inflación, que se supone se desbocará (y puede llegar a la hiperinflación) si el tipo de cambio sube abruptamente; por eso debe impedir que los pesos del corralito se vuelquen a la compra de dólares. Por otro lado, los bancos presionan con su posible quiebra, amenazan con abandonar el país y claman por un salvataje por parte del gobierno.

En ese contexto, se mantiene el corralito, ya sea emitiendo bonos a 5 y 10 años o por cualquier otro medio. Los perjudicados son los ahorristas, cuyos haberes se esfuman, así como el Estado, que tendrá que pagar en lugar de los bancos, y el resto de los ciudadanos, que deberá soportar la carga fiscal de los bonos. En realidad, los depósitos son una transacción privada entre un depositante y el banco, a la cual es ajeno el gobierno. Si se acepta la extorsión de los bancos, no hay solución ni para los ahorristas, ni para el Estado, ni para el resto de los ciudadanos. Lo que corresponde es plantear el problema de otro modo.

La solución es que los bancos paguen los depósitos con sus recursos propios. La legislación europea en general establece que las casas matrices de los bancos responden con su patrimonio por las deudas impagas de una filial en el extranjero. En el caso de los bancos de Estados Unidos, país donde no existe esa legislación, es de aplicación el principio del conjunto empresario. En estos casos deben tenerse en cuenta las cuantiosas transferencias que hicieron los bancos a sus casas matrices en 20012; si constituyen una unidad económica para repartirse las utilidades, es lógico que también compartan las pérdidas.

Este principio es el adoptado por la jurisprudencia argentina, que hace ya 30 años estableció la responsabilidad del conjunto empresario por las deudas de cualquier filial. El fallo más relevante es el dictado en 1971 por el juez Salvador María Lozada en el caso Swift-Deltec, que extendió el concordato preventivo de Swift a otras sociedades del grupo económico estadounidense Deltec International, al que pertenecía Swift de Argentina. Recientemente, esta tesis fue confirmada por el Tribunal Superior de Río Negro, que hizo extensivo a la casa matriz italiana, una condena a la Banca Nazionale del Lavoro de Argentina3. En síntesis: “condenado un banco a devolver depósitos, este deber jurídico no alcanza sólo a la filial argentina, sino también a la matriz extranjera y al conjunto extranjero que constituye junto a todas sus empresas subsidiarias, filiales bancarias u otras”4.

La forma de pago debe determinarse con los deudores y con el gobierno (para evitar la hiperinflación). Pero lo indudable es que tiene que pagar el banco que recibió el depósito.

Otra fue la solución adoptada en México en 1982. Existía una fuerte crisis con la moneda sobrevaluada, salida de capitales, planes de ajuste, inflación, escasez de divisas y demás desgracias que ahora padece Argentina. En ese momento se planteó una crisis bancaria que el gobierno resolvió haciéndose cargo no sólo de las deudas de los bancos sino de la propiedad de los bancos mismos: pagó los pasivos, pero se quedó con el capital y la cartera de los bancos. En los años siguientes los fue vendiendo para resarcirse.

El tercer problema es la redistribución del ingreso. Es un tema que ignora el régimen rentístico financiero. Para sus economistas, la única economía que existe es la de la oferta. Lo que no advierten es que si la población no tiene dinero, nadie va a comprar, con lo cual nadie va a producir y menos a invertir. Una prueba decisiva para comprobar si continúa el sistema rentístico financiero o se pasa a otro de producción, es si se redistribuye ingreso en gran escala a favor de los grupos más pobres, en especial los desocupados y excluidos. No es cierto que un aumento de los ingresos de esos grupos sea inflacionario: quienes reciban los fondos satisfarán sus necesidades básicas y no correrán a comprar dólares.

El plan de “14 puntos y 90 días” acordado entre el Presidente y los gobernadores de provincia insiste en el modelo de renta y financiero, que consagra la hegemonía de los bancos. Acepta el programa de ajuste del FMI, no responsabiliza a los bancos por la devolución de los depósitos y, con la restricción al gasto público, impide la redistribución de ingresos y la reactivación. Es dramático: la recesión lleva ya casi cuatro años y se reincide en el ajuste. Se alarga así el antiguo régimen, con ruina de la economía, destrucción de la política y devastación social. Los 14 puntos que constituyen el actual programa de gobierno muestran que el señor Waldemar sigue hipnotizado, aunque está muerto.

  1. Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, “¿Para qué sirve el acuerdo con el FMI?”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, abril de 2002.
  2. En 2001 se evadieron 20.000 millones de dólares. Sólo las empresas españolas repatriaron 4.622 millones de dólares; las principales empresas que giraron a sus casas matrices fueron Repsol YPF, Telefónica, Endesa y los bancos Santander y Bilbao Vizcaya Argentaria. Julio Nudler, “Ni las carabelas olvidaron llevarse”, Página/12, Buenos Aires, 24-4-02.
  3. Salvador María Lozada, “Los bancos extranjeros y sus deberes incumplidos”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, marzo de 2002. En el caso Deltec, la extensión de la quiebra de Swift a más de una docena de empresas del grupo Deltec permitió que los perjudicados cobrasen la totalidad de sus créditos, con indexación e intereses.
  4. Ibid.
Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 35 - Mayo 2002
Páginas:8
Temas Desarrollo, Deuda Externa, Estado (Política), Políticas Locales
Países Argentina