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Default de las multinacionales

Se suponía que las empresas internacionales que invirtieron en Argentina en la década de los ´90 serían capaces de afrontar cualquier dificultad. Sus supuestas firmes espaldas les permitieron obtener créditos internacionales para comprar las deterioradas empresas públicas o las exitosas privadas. Pero la crisis económica está dejando algunas lecciones impensadas acerca de los movimientos de capitales en la globalización. Se abre la oportunidad para que Argentina haga cumplir con sus deberes a las empresas y no socialicen sus pérdidas.

Michel Bon, el elegante presidente de France Telecom, debe tener una sensación de déjà vu respecto a Argentina. A fines de los ’80, como director general de la cadena de supermercados Carrefour, pudo conocer de cerca lo que fue la hiperinflación en este país. Será por eso que a comienzos de abril declaró que su compañía no pondría un euro más en su afiliada local, Telecom Argentina, que de inmediato se declaró en moratoria sobre su deuda externa de 3.250 millones de dólares. El default de Telecom fue el mayor para una empresa privada en la historia argentina.

En las últimas semanas, una veintena de grandes corporaciones, incluyendo varias empresas privatizadas de servicios públicos como Aguas Argentinas, Transportadora de Gas del Norte y Metrogas, se declararon en cesación de pagos, sosteniendo que les resulta imposible continuar atendiendo los pagos de intereses y capital de sus deudas en dólares con ingresos en pesos devaluados. La deuda externa privada, que ahora ha salido a la luz en toda su magnitud, bordea los 50.000 millones de dólares. De ese monto, cerca de la mitad corresponde a empresas privatizadas durante los ’90. En aquellos años, el gobierno de Carlos Menem impulsó su política de enajenación masiva de las empresas públicas, con el argumento de que los recién llegados compradores realizarían un sustancial aporte de capitales, que el Estado se encontraba imposibilitado de efectuar. Una década después, los hechos confirman lo que era evidente desde el principio: lo que los beneficiarios de las privatizaciones pusieron en juego no fue tanto su aporte de capital propio como su posibilidad de acceso a un crédito restringido para el Estado argentino. Esta se constituyó en la clave principal que explica el diseño de las privatizaciones y su “éxito” durante los ’90.

Otra enseñanza de la debacle argentina ha sido el fiasco sufrido por las grandes calificadoras internacionales de crédito (otros actores clave de la globalización), como Standard & Poor’s, Ficht y Moody’s. Aunque fueron rápidas para degradar el status de riesgo de la deuda soberana (es decir del Estado nacional) a medida que las condiciones crediticias del país se deterioraban, las calificadoras fueron tomadas por sorpresa por el default de las corporaciones privadas internacionales con negocios en Argentina. En enero del año pasado, cuando ya se advertía la magnitud de los problemas que se estaban gestando, Standard & Poor’s calificó con una alta nota (triple B, equivalente a un nivel de investment grade) un crédito sindicado por 108 millones de dólares sin garantías contratado por Aguas Argentinas, cuyos accionistas principales son un consorcio de empresas europeas encabezadas por Suez (Francia) y Aguas de Barcelona. En estos últimos días, la “nota” de ese crédito, que pagaba una tasa de interés de apenas dos puntos porcentuales sobre la tasa Libor, cayó sin miramientos a la categoría “D” (por default). Más de la mitad de la deuda externa de Aguas Argentinas (700 millones de dólares) es “blanda”, es decir a tasas bajas y plazos largos, y está tomada con organismos internacionales de crédito e inversión, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI).

Retirada estratégica

Normalmente, estos créditos, llamados de infraestructura, son considerados de bajo riesgo de repago. En el pasado, los organismos internacionales los entregaban a los gobiernos, pero gustosamente comenzaron a concederse a empresas privadas cuando el proceso de privatizaciones de los sistemas de aguas corrientes, electricidad y carreteras en los mercados emergentes comenzó a cobrar fuerza, a fines de la década de 1980. El default sobre estos créditos abre ahora un cuestionamiento adicional a la capacidad de gestión de la infraestructura por parte de las empresas privatizadas.

En otras palabras, la crisis de endeudamiento privado de las empresas de servicios públicos en Argentina abre la posibilidad de que esos servicios tengan que ser revertidos nuevamente al Estado, total o parcialmente, en un futuro cercano. El ejemplo de Azurix en la provincia de Buenos Aires, propiedad de la quebrada multinacional Enron, ya es un caso testigo. El año pasado, el servicio volvió a la órbita estatal, como ya había ocurrido dos años antes con la empresa de aguas de Tucumán.

La tercera lección de la crisis es que, contra lo que se suponía, algunas casas matrices de empresas multinacionales están abandonando a su suerte a sus filiales en Argentina y decidiendo una retirada estratégica. El caso de France Telecom es extremo, pero no constituye una excepción. En realidad, el pasivo de 3.250 millones de su participada argentina es una gota de agua en el mar de deudas de la casa matriz. Bajo la dirección de Bon, en los últimos tres años France Telecom se embarcó en una ambiciosa y riesgosa ola de adquisiciones de otras firmas europeas, una aventura que terminó convirtiéndola en una de las compañías más endeudadas del mundo: más de 50.000 millones de dólares. El precio de las acciones de France Telecom se ha derrumbado un 40% en lo que va del año. Ahora se especula con que la ex concesionaria monopólica de la zona norte del servicio de telefonía en Argentina podría pasar a manos de los mexicanos de Telmex o a una compañía estadounidense.

Lo seguro es que la crisis de la deuda privada en Argentina dará lugar a un nuevo movimiento de fusiones y adquisiciones, con algunos actores saliendo de la escena y otros nuevos entrando. El gran interrogante ahora es el papel que jugará el Estado argentino y la suerte que correrán los servicios que, aun en manos privadas, siguen siendo públicos.

Una pulseada difícil

La situación es espinosa por varias razones. Una clave a elucidar es el tipo de endeudamiento de las empresas: habrá que diferenciar los préstamos asumidos para la adquisición misma de las firmas (como sucedió con el caso Aerolíneas Argentinas), de aquellos contraídos para hacer las inversiones pactadas en los contratos. En todos los casos, sin embargo, el quid es la garantía de esos préstamos. Porque si los dueños privados cargaron la cuenta sobre las espaldas de las empresas, previendo su pago del flujo de una explotación valuada en dólares, el panorama se convierte en muy sombrío para el Estado argentino y para los ciudadanos usuarios. Porque en las condiciones actuales del país es impensable que puedan mantenerse los niveles tarifarios originales (ya de por sí altísimos), pautados según el dólar. Pero como la expectativa de estos ingresos fue lo que posibilitó la obtención de créditos, la pregunta del millón es quién se hará cargo de los costos.

Cuando todo marchaba bien, el cuento neoliberal de los ’90 decía que las firmas extranjeras, más sólidas y eficientes, responderían con sus patrimonios. La realidad, esa obstinada, siempre fue muy diferente: las ganancias nunca se socializan, las pérdidas sí. Por eso el camino que tiene que afrontar el gobierno es difícil: hacer que las empresas sigan funcionando en niveles aceptables de calidad y con tarifas adaptadas razonablemente a las condiciones reales del país. Las deudas, en tanto, tienen que ser asumidas por quienes las contrajeron a voluntad, sin supervisión ni condicionamiento alguno por parte del Estado. Es seguro que la pulseada no será sencilla, porque los contrincantes son pesos pesados que, además, tienen detrás los avales de los gobiernos de sus países de origen. Pero es la oportunidad de Argentina para conminar a las empresas y evitar que la sociedad cargue nuevamente con la estafa de una deuda descomunal e impagable.

Autor/es Pablo Maas
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 35 - Mayo 2002
Páginas:9
Temas Desarrollo, Mundialización (Economía), Neoliberalismo, Nueva Economía, Políticas Locales
Países Argentina