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Temblores políticos en Uruguay

A la recesión, que lleva ya cuatro años, Uruguay suma el impacto de la crisis argentina. Devaluación, fuga de capitales, quiebra bancaria, son fantasmas tangibles en Montevideo. Por si fuese poco, la Casa Blanca, para doblegar la creciente fuerza opositora a los planes económicos y políticos de Washington, ha resuelto utilizar como ariete al país incrustado entre Brasil y Argentina. El presidente Jorge Batlle ha sido empujado a la vanguardia de batallas de alcance y significación estratégicos: defensa del ALCA, confrontación con Venezuela, condena a Cuba. Y sobre todo a asumir el papel protagónico en el choque con el gigantesco Brasil para trabar el desarrollo del Mercosur.

“La Banda Oriental tiene la clave”. Casi dos siglos después de que Lord Ponsomby acuñara esa frase, Uruguay vuelve a ocupar un lugar de extraordinario valor estratégico. En el siglo XIX, la política imperial del astuto mediador inglés en la guerra entre Portugal y las colonias recién emancipadas requería un “Estado tapón” en la desembocadura del Plata. Hoy, Estados Unidos despliega sus artes para que este país opere como ariete de la voluntad y los intereses de Washington en el hemisferio.

Lejos de impedirle ese papel, los sombríos pronósticos económicos obran como fuerza adicional para hacer del gobierno uruguayo un instrumento de Washington. Sólo que en el cuadro contemporáneo la complejidad del mundo, de la región y del propio Uruguay, excluyen la reducción de este país al papel de cuña. El opositor Frente Amplio (FA), factor de estabilidad institucional, es a la vez una barrera objetiva frente al gobierno de coalición de Blancos y Colorados. La crisis económica, el alineamiento sobreactuado del presidente Jorge Batlle con el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y contra el Mercosur, completado con el papel jugado por su gobierno al ponerse en manos de Washington para acusar a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, obran como un relámpago en el apacible y siempre previsible panorama político montevideano, donde junto con nociones tales como “riesgo país” (que a fines de abril superaba los 700 puntos) aparecen en boca de líderes moderados como Líber Seregni o de derechas, como Luis Alberto Lacalle, frases del tipo “Se agotan los tiempos políticos”, o “La estabilidad no va a poder sostenerse por mucho tiempo”, sin drásticos cambios económicos1. Más directo, el hombre al que todas las encuestas prevén como vencedor en las presidenciales de 2004, Tabaré Vázquez, señala el riesgo sin subterfugios: “No quiero ser alarmista, pero aquí se viene una crisis igual a la de Argentina”2.

Las devaluaciones en Brasil en enero de 1999 y en Argentina tres años después, han resultado devastadoras para la economía uruguaya. “Las exportaciones uruguayas a Brasil cayeron en un 40% y a Argentina un 70% ”, dice Constanza Moreira, investigadora del Instituto de Ciencias Políticas. “Uruguay ha sido muy maltratado en el Mercosur”, explica, sin justificar la conducta oficial. Pese a todo, opina que es improbable que se abandone por completo la perspectiva de integración regional: “Todo el sector diplomático, el sindicalismo, la industria, apuestan al Mercosur. Sólo el sector importador acompaña a Batlle”, sostiene Moreira.

Con todo, no es menos explícito el alineamiento del Presidente con Washington y la consecuente fractura política, que pone en riesgo incluso la base bipartidista del gobierno. “Algunos han sugerido como necesaria una modificación en definiciones estratégicas de nuestra política exterior nacional y regional con respecto a la permanencia del Mercosur. No compartimos esta opinión”, disparó Washington Abdala, un diputado colorado alineado con el Foro Batllista, fracción opositora en el propio partido oficialista3. Si para Batlle es serio que se le cuestione una línea directriz de su plan político, más grave es que la voz de esta fracción suene acorde con la del FA: “En nuestra fuerza hay unanimidad: el Mercosur debe ser la base de la expansión comercial. Estamos contra la política de romper la solidaridad con el Mercosur para cortarse solo”, dijo el diputado frenteamplista Carlos Baraibar4.

La hendidura política se produce además sobre un terreno cenagoso, que altera los nervios de todas las facciones: las exportaciones de bienes y servicios se reducirán todavía un 8% más sobre los deprimidísimos niveles actuales, el PBI caerá este año un 3,5%, siempre que se verifique la previsión de una inflación anual del 10% y se cumpla con la devaluación prevista del 32%.

“El único sentido que puede tener este intento del presidente Batlle de asociación bilateral con Estados Unidos es debilitar la posición de Brasil”, dice Raúl Sendic a este corresponsal. Hijo del legendario fundador de Tupamaros, Sendic es diputado del FA en representación del Movimiento 26 de Marzo, uno de los numerosos agrupamientos situados a la izquierda de la conducción hegemónica de la coalición. “En términos económicos, Estados Unidos no tiene nada que ofrecer a Uruguay”, subraya el diputado. Ante el entusiasmo de algunos sectores por los beneficios de eventuales negocios con Estados Unidos, Sendic narra que en un reciente almuerzo con políticos y diplomáticos el subsecretario de Comercio estadounidense, Walter Bastion, esgrimió un dato lapidario: “No olviden que en términos de mercado Uruguay es un barrio de Chicago”.

La retórica cruda del presidente George W. Bush contagia, como se ve, a sus funcionarios de rango menor. Pero si en casos como el señalado no pasa de generar incomodidad o disgusto, adquiere otra categoría cuando se traduce en presiones como la sufrida por el gobierno uruguayo para asumir la función de acusador de Cuba. El presidente Fidel Castro sabía dónde golpeaba cuando acusó a Batlle de “servil, genuflexo, Judas abyecto”, para preguntarse luego ante la prensa internacional “¿Qué esperan para romper las relaciones con Cuba?”5.

Ante el tenor de la réplica y el desafío explícito, Batlle no tuvo opción y rompió relaciones diplomáticas con La Habana, sumando así al aislamiento creciente de su gobierno una decisión impopular como pocas en este país de añejos y sólidos vínculos con la Revolución Cubana. El resquebrajamiento de la base política de Batlle y la turbulencia social alimentada por la crisis tienen en este episodio un acelerador adicional, probatorio además de que el papel destinado por Washington para el gobierno uruguayo tiene contrapartida y la tendrá en mayor grado en el futuro inmediato.

Con todo, si bien los trazos que delinean el intento estadounidense con base en Montevideo son nítidos, los hechos parecen ir por delante de interpretaciones y formulaciones políticas: el debate ALCA-Mercosur no es explícito en medios académicos ni partidarios (aunque sí, hasta cierto punto, en medios sindicales), ni la estrategia política del presidente Batlle se expone en términos de abierta confrontación con sus vecinos, pero su onda expansiva se expresa en una franca y muy honda fractura social, destinada acaso a impactar de manera trascendental en el panorama político uruguayo.

Proclama del Obelisco

Las más de 100.000 personas que el 16 de abril pasado marcharon hacia el Obelisco de Montevideo no eran una fabricación de marketing político. Tras un paro de la central sindical unitaria PIT-CNT, ríos de trabajadores ocuparon las calles y convergieron con gauchos de a caballo, tractores y camionetas provenientes del interior del país, convocados por 31 entidades empresarias, encabezadas por la Federación Agraria. Los disensos estratégicos mencionados más arriba tomaron la forma de un drástico realineamiento social. El gobierno bicolor sintió que desaparecía la tierra bajo sus pies. Según observadores de diversa ubicación ideológica, la dirigencia sindical y las entidades empresarias, aun sin proponérselo, desplazaron incluso a las fuerzas políticas –específicamente al Frente Amplio-Encuentro Progresista– del centro del escenario. Aquí también los efectos de la crisis parecen ir por delante de la reflexión teórica y el accionar político.

La convergencia de trabajadores urbanos y entidades pequeñas y medianas del agro produjo un documento denominado Proclama del Obelisco, cuya tónica está dada por frases como ésta: “¡El país se nos hunde y lo tenemos que sacar adelante! ¡Toda la sociedad uruguaya tiene que decidirse a actuar para estabilizar y profundizar la democracia!”. Indicativo del vuelco en curso es que entre los dirigentes agrarios sobresalen nombres históricamente asociados con la represión dictatorial y el fascismo militante. No menos significativo resulta que quedaran fuera de esta convocatoria la Asociación Rural del Uruguay –entidad fundada en 1871 y representante tradicional de los terratenientes– así como la Cámara de Comercio (el poderoso sector importador) y los principales representantes de la industria. Se trata de una revuelta social que fragmenta la base histórica de la estabilidad uruguaya. La causa es explícita y está lejos de referir sólo al panorama uruguayo: “¿De que inversión está preocupado el equipo económico?”, dice la proclama en referencia a la pérdida del “grado inversor”… “Evidentemente no de la inversión productiva, donde cada vez son más los inversores nacionales que se quedan por el camino (…) de espaldas a la producción nacional y vestidos de gala para atraer al venerado inversor internacional se quedaron sin visita, mientras asistían impávidos a la agonía del auténtico inversor nacional y de nuestros trabajadores (…). Está demostrado que sin el crecimiento y el desarrollo de una economía real, anclada en la producción, son efímeras las preocupaciones del gobierno por cautivar a los inversores. La economía burbuja, la del permanente endeudamiento con los organismos financieros internacionales, la de las importaciones indiscriminadas, la de las desproporcionadas ganancias del sistema financiero, sin un anclaje en la vida productiva real, está agotada. El país está paralizado. Estamos ante una emergencia social y productiva. El modelo económico aplicado en los últimos 30 años atraviesa su fase de agotamiento definitivo. Ahora son necesarios cambios sustanciales en el modelo a seguir”.

Debates teóricos y realineamientos políticos

Tras el acto y sobre la base de la Proclama del Obelisco, la “Concertación por el crecimiento” –instancia creada por las entidades empresariales en junio de 2001– formó una Mesa Permanente con el PIT-CNT. “Tenemos un enemigo común” explica Juan Castillo, dirigente del sindicato portuario y del PIT-CNT. Militante comunista, Castillo sostiene que no están en cuestión las bases clasistas del programa de la central obrera. En el debate programático, dice, “se trata de no apurar más de lo que estamos logrando, siempre con el objetivo de profundizar el marco de la alianza”. El dirigente portuario rechaza toda identificación de esta convergencia con la verificada recientemente en Venezuela entre entidades sindicales y empresarias: “La central venezolana siempre fue amarilla y corrupta; nuestra organización es clasista y en la Concertación sólo están empresarios pequeños y medianos, los grandes no asistieron”. En referencia al curso que toman los trabajadores cuando dirigentes de izquierda asumen posiciones en alianza con partidos o entidades empresariales, como el reciente resultado electoral en Francia, donde el PC integraba el gabinete de ministros, Castillo aclara que “alguien se puede llamar comunista y defender intereses totalmente distintos de los trabajadores. Y después lo paga”.

Al interior de la central sindical, el movimiento provocó un debate. El documento conjunto fue aprobado por cuarenta votos a favor, dos en contra y tres abstenciones. Los sindicatos de Artes Gráficas y de Industrias Médicas y Afines que no aprobaron la plataforma, valoran el hecho de que “por primera vez en muchos años gremiales empresariales acuerdan con el PIT-CNT en que la actual política económica está agotada”, pero subrayan que “no se contemplan las aspiraciones básicas del movimiento sindical como recuperación salarial, negociación colectiva y protección a la organización sindical, ni tampoco la defensa de las empresas públicas contra la privatización”.

La Proclama centra sus objetivos programáticos en “reactivación del mercado interno; defensa de la producción nacional; reactivación del sector exportador; reformulación del papel del Estado, potenciándolo como factor de desarrollo nacional y de respaldo del aparato productivo y como mecanismo de redistribución social de la riqueza; reformulación del Mercosur, integrado macroeconómicamente, de complementación productiva, democrático y solidario, no solamente como condición necesaria para nuestro desarrollo económico sino para el afianzamiento de nuestra soberanía”.

Este programa, que tiende a repetirse en otras latitudes ante los efectos devastadores del llamado “neoliberalismo”, es atacado desde las filas liberales uruguayas con una afirmación demostrativa del tipo de debate abierto en la región: “conceptualmente, lo que ahí se propone el país ya lo hizo, con un resultado nefasto (…). Fue el modelo de ‘sustitución de importaciones’ que se aplicó desde comienzos de los años ‘50 hasta mediados de los ‘70, generando el peor desempeño de la economía uruguaya en este siglo”6.

Por su parte, la conducción del FA asumió de inmediato la significación de la irrupción política de una fuerza social con ancha base de sustentación. “Es una interpelación a todo el sistema político (…) hay que canalizarla dentro del sistema político y el Frente Amplio va a trabajar sobre ese tipo de cosas y continuará su análisis” declaró Jorge Brovetto, vicepresidente del FA, tras una reunión de la conducción nacional7. Para canalizar el nuevo fenómeno, el FA propone una reforma constitucional que permita que esos reclamos tengan formalmente cabida en la definición de las líneas de gobierno. Y poco después trascendió lo que ya se presentaba como certeza en círculos políticos “El Frente Amplio está pensando en la posibilidad de que un dirigente ruralista integre la fórmula presidencial con Tabaré Vázquez”8.

La justificada certidumbre en la solidez de sus instituciones, como se ve, no paraliza los reflejos de la oposición uruguaya ante el papel asignado por Washington al actual gobierno y los riesgos de una derivación política de la crisis económica.

  1. “El gobierno prevé anunciar en dos semanas medidas para ‘retomar la iniciativa política’”; Búsqueda, Montevideo, 18-4-02.
  2. El Observador, Montevideo, 24-4-02.
  3. “Diputados reivindican al Mercosur como acuerdo prioritario y advierten al gobierno que no lo descuide”; Búsqueda, Montevideo, 18-4-02
  4. Ibid.
  5. La República, Montevideo, 23-4-02.
  6. Michele Santo, “La Proclama del Obelisco”, Búsqueda, Montevideo, 18-4-02
  7. “FA ultima proyecto de reforma constitucional”, La Juventud, Montevideo, 23-4-02.
  8. Loreley Nicrosi, “El FA busca un ruralista para fórmula con Vázquez”, El Observador, Montevideo, 24-4-02.
Autor/es Luis Bilbao
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 35 - Mayo 2002
Páginas:10
Temas Desarrollo, Deuda Externa, Neoliberalismo
Países Uruguay