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La batalla por la tierra en Zimbabwe

Reelegido en marzo como presidente de Zimbabwe en un escrutinio muy dudoso, Robert Mugabe recibió sin embargo el apoyo de los principales países africanos, fundamentalmente de Sudáfrica y Nigeria, que consideran hipócrita la desaprobación de la "comunidad internacional". El "crimen" del régimen de Harare es otro: la redistribución de las tierras monopolizadas desde la colonización por los granjeros blancos, una bomba de tiempo que podría desestabilizar a otros países de África austral.

Todas las críticas formuladas contra las elecciones presidenciales en Zimbabwe en marzo de 2002 son fundadas. Desde bastante antes de esos comicios, Robert Mugabe y su partido, el Zimbabwean National UnionPatriotic Front (ZANU-PF), habían revisado las listas electorales, dejando de lado a todos los “extranjeros” que no habían renunciado explícitamente a su doble nacionalidad. Esa medida perjudicó fundamentalmente a los residentes de origen europeo, pero sobre todo a unos 300.000 obreros agrícolas provenientes de Malawi, Mozambique y Zambia, hostiles al régimen desde que la redistribución de las tierras que afectó a los granjeros blancos les hizo perder sus empleos. Además, el acceso a las regiones rurales había estado prácticamente vedado a los militantes opositores. Por lo tanto era previsible que los occidentales rechazaran unánimemente los resultados de las elecciones del 11 de marzo pasado, que Mugabe ganó con el 56,2% de los votos, contra el 41% de Morgan Tsvangirai, responsable del Movimiento para el Cambio Democrático (MCD).

En cambio, como si hubieran estado en otro país, los representantes de los jefes de Estado de la Comunidad Económica de África austral (SACD), sin dejar de lamentar los incidentes ocurridos, afirmaron que, en general, las elecciones habían sido “libres y democráticas”. Encabezados por Pretoria, abogaron por una “reconciliación” y por un gobierno de unión nacional. Si el presidente sudafricano, Thabo Mbeki, y el nigeriano, Olusegun Obsanjo, terminaron suscribiendo la suspensión por un año de Zimbabwe del Commonwealth, fue bajo la presión de los británicos, que pusieron en la balanza el Nepad, el plan de desarrollo económico de África presentado por esos dos jefes de Estado junto al presidente senegalés Abdoulaye Wade.

Al igual que la conferencia de Durban, en agosto de 1998, estas elecciones mostraron la brecha creciente que se abre entre los occidentales y los africanos1. Estos últimos, sobre todo en el sur del continente, denuncian que los primeros desarrollan dos políticas diferentes, según el caso. En efecto, aun siendo dudosas, las elecciones en Zimbabwe no fueron más criticables que otros comicios recientes, en Zambia, en Madagascar2 o en el Congo Brazzaville, donde el presidente Denis Sassou Nguesso fue reelegido, sin adversarios, el 13 de marzo pasado. En cuanto a los Estados de la Línea del Frente, todos dirigidos por veteranos de las luchas de liberación (Sam Nujomaa en Namibia, Joaquim Chissano y el Frente de Liberación-Frelimo en Mozambique, Eduardo dos Santos en Angola), no olvidaron la tolerancia de que gozó la Rhodesia secesionista de Ian Smith y, hasta 1990, el régimen del apartheid.

Además, los vecinos de Zimbabwe temen una reacción en cadena: una ofensiva contra todos los gobiernos surgidos de las luchas de liberación, el debilitamiento de las economías de la región –uno de cuyos motores era Zimbabwe– y el cuestionamiento generalizado de la iniquidad en la distribución de las tierras3. Muchos africanos estiman que el verdadero “crimen” que se le imputa a Mugabe es el de haber decretado la ocupación de las granjas comerciales pertenecientes a 4.000 granjeros blancos, cuyas tierras habían sido conquistadas un siglo antes por los colonos, al igual que la “indigenización” de la economía, es decir, su reapropiación por parte de los nacionales.

En 1980, cuando la independencia pone fin a catorce años de lucha armada contra el régimen de Ian Smith, los acuerdos de Lancaster House imponen una moratoria de diez años para la solución de esa cuestión fundamental. Veinte años más tarde la injusticia se lee aún en el paisaje: rutas rectilíneas atraviesan a lo largo de decenas de kilómetros propiedades cuidadosamente alambradas, donde granjeros blancos producían tabaco (40% de los ingresos por exportaciones), maíz, flores y páprika, y donde habían creado “reservas” destinadas a atraer el turismo extranjero. Ese país, el de las granjas comerciales, brinda ahora una impresión de vacío, más aun teniendo en cuenta que muchos campos están abandonados. En 1980, unos 6.000 granjeros blancos (4.000 en 2002) poseían 15,5 millones de hectáreas, entre ellas el 45% de las tierras más productivas. Es necesario salir de las rutas principales y seguir hasta el final de los senderos arenosos para descubrir las “tierras comunales”, antiguas reservas donde viven 700.000 familias de agricultores africanos sobre suelos fraccionados, erosionados, llenos de piedras.

Como los acuerdos de Lancaster House imponían la indemnización de los granjeros expropiados, diez años después de la independencia el gobierno sólo había podido reinstalar a 71.000 de las 162.000 familias, y redistribuido apenas 3,5 millones de hectáreas. Deseosas de acelerar el movimiento, las autoridades hicieron votar en 1991 una ley de adquisición de tierras. Particularmente se apuntaba a las tierras “blancas”, subutilizadas, cuyos propietarios estaban ausentes (entre ellos, miembros de la aristocracia británica representados en el seno de la Cámara de los Lores); a los que poseían varias granjas, o a las propiedades adyacentes a las tierras comunales. Pero a pesar de los compromisos asumidos en Lancaster House, ni el gobierno de Margaret Thatcher ni el de Ronald Reagan proveyeron los fondos de compensación, argumentando que el régimen distribuía las tierras entre sus amigos políticos y no entre los agricultores negros más calificados.

La hora del ajuste

Si a comienzos de los años 1990 el presidente Mugabe y su partido pusieron el acento en la redistribución de las tierras, fue también para tratar de frenar el creciente descontento de la población, generado por la política de ajuste estructural adoptada en 1991. Previamente, el gobierno había desarrollado una notable política social, dotando a las regiones rurales de rutas, agua y electricidad, instalando escuelas y hospitales, elevando el índice de alfabetización hasta el 91%. Por entonces, esos éxitos y sus buenas relaciones con la minoría blanca le valieron a Mugabe los elogios de la comunidad internacional, que prácticamente ignoró la represión de una rebelión en la región de Matabeleland, que dejó más de 10.000 muertos.

Pero para aplicar su política progresista, el gobierno debió tomar préstamos en el mercado de capitales, y en 1989 la deuda externa del país llegaba a 2.600 millones de dólares. Con la intención de atraer nuevas inversiones generadoras de empleos para los jóvenes, y sometido a la presión de los prestamistas que exigían la luz verde del Fondo Monetario Internacional (FMI), Zimbabwe tuvo que suscribir la política de ajuste estructural. Se desregularon los salarios, se privatizaron las empresas públicas y se despidió a su personal, se redujo el presupuesto del Estado y se abolió la gratuidad de la atención médica y de la educación. En 1999 el porcentaje de escolaridad había caído en un 20%, el costo de la atención médica había aumentado un 150% (en un país donde el 25% de los adultos son seropositivos), mientras que la apertura de las fronteras aceleró la decadencia del sector manufacturero, por entonces sometido a la dura competencia de los sudafricanos.

Eso marcó el fin de la relativa autosuficiencia de Zimbabwe. Pero las inversiones que debían llegar no llegaron, y la tasa de crecimiento, que había alcanzado el 5% en los años 1980, cayó a 1%. Mientras que cada año 300.000 jóvenes llegaban al mercado laboral, decenas de miles de profesionales emigraron a Sudáfrica o al Reino Unido, o pasaron a engrosar las filas de los descontentos cuyas reivindicaciones expresaban los sindicatos, entonces dirigidos por Morgan Tsvangirai. En diciembre de 1997 se produjeron en Zimbabwe los primeros motines a causa del hambre, en tanto que los veteranos de la lucha de liberación, que se consideraban olvidados, lograron que se les atribuyera una pensión extra-presupuestaria de 50.000 dólares zimbabwenses a cada uno. Esto acentuó la crisis monetaria y erosionó aun más la popularidad del régimen.

Entonces el gobierno intentó nuevamente ocuparse del problema de las tierras. En noviembre de 1997 se designó a un primer grupo de 9.400 familias que debían beneficiarse de nuevas expropiaciones. La intervención militar en la República Democrática del Congo (RDC) fue otra fuga hacia adelante. Harare deseaba preservar la integridad territorial de la RDC y esperaba, a más largo plazo, hallar en ese país una especie de cooperación Sur-Sur, una salida comercial para su industria y sus conocimientos mineros. Pero la intervención militar duró y costó más de lo previsto. El destacamento de cerca de 11.000 hombres fue financiado con joint ventures en el sector de los diamantes y de la madera, que se mostraron más provechosos para sus promotores que para la economía del país4. Mientras que Ruanda y Uganda gozaban de cierta tolerancia, en septiembre de 1998 una conferencia de los principales donantes negó a Zimbabwe los créditos necesarios para la reforma agraria: de los 357 millones de dólares que solicitaba, obtuvo apenas un millón.

Zimbabwe, antaño citado como ejemplo, desde 1999 no está en condiciones de cumplir sus obligaciones con los acreedores externos. Privado de todo crédito externo, el país padece de falta de divisas y sufre una inflación superior al 100%, mientras que el aprovisionamiento de combustible sólo fue restablecido recientemente gracias a la asistencia de Libia (mediando participaciones en empresas locales y compras de tierras).

El fracaso del referéndum constitucional de febrero de 2000, y el éxito del MCD en las elecciones legislativas de junio del mismo año (57 bancas contra 62 para el ZANU-PF) confirman una aspiración de cambio. Una vez más el régimen reacciona implementando una “reforma agraria acelerada”, que prevé la redistribución de la casi totalidad de las granjas comerciales, es decir, 8,3 millones de hectáreas sobre un total de 11 millones. Sin embargo, los beneficiarios no son los agricultores desprovistos de tierras fértiles, sino veteranos de la guerra de liberación, verdaderos o presuntos, que aparecen más bien como comandos teledirigidos por el partido o por los militantes del régimen. Varios granjeros blancos fueron víctimas de ataques violentos. Además, por falta de medios, los recién llegados se limitan a una agricultura de subsistencia en las ricas tierras de esas granjas comerciales, que comienzan a ser invadidas por las hierbas.

A pesar de sus más que dudosos procedimientos y de su finalidad esencialmente política, la redistribución de las tierras sigue siendo una carta fuerte en manos del régimen, mientras que el MCD, prisionero del apoyo de los granjeros blancos, no se define claramente sobre el tema. La campaña electoral de 2002 mostró las ambigüedades del movimiento opositor y el carácter heteróclito, cuando no dudoso, de sus alianzas: desde Londres lo apoya la Fondation Westminster, y desde Sudáfrica el movimiento derechista de Anthony Leon, sin contar toda una nebulosa de organizaciones no gubernamentales de Zimbabwe. Buena parte de éstas, recientemente creadas, son en gran medida financiadas desde Europa o desde Estados Unidos, y se ocupan, con fundamento aunque de manera bastante unilateral, de denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen.

Los países de la región, que podrían ser arrastrados por la decadencia económica de Zimbabwe (donde un principio de hambruna afecta ya a 550.000 personas), temen también el contagio de la reforma agraria: aun cuando la operación tendrá que ser negociada –el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) propuso su intermediación– el principio de la redistribución parece irreversible. Esa situación crea expectativas en Namibia, donde 4.000 granjeros blancos siguen dominando el sector comercial, y sobre todo en Sudáfrica, donde dos tercios de las mejores tierras siguen en manos de 60.000 blancos, sin que nada haya cambiado para 14 millones de pequeños agricultores negros…

  1. Christian de Brie, “El racismo de todos los tiempos”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, octubre de 2001.
  2. Jean-Aimé Rakotoarisoa, “Les racines culturelles de la crise malgache”, Le Monde diplomatique, París, marzo de 2002.
  3. Christophe Champin, “Un arma electoral para Mugabe”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, mayo de 2000.
  4. Ver los dos informes del grupo de expertos sobre la explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la República Democrática del Congo, entregados al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 12-4 y el 10-11-01.
Autor/es Colette Braeckman
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 35 - Mayo 2002
Páginas:14,15
Traducción Carlos Alberto Zito
Países Zimbabwe