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Las oportunidades perdidas de Argentina

Lejos de ser una salida, el estancamiento con inflación es una vía hacia la muerte por inanición, o hacia un estallido de enormes costos en todos los órdenes. Otro escenario es la disolución nacional, a la que ahora alude incluso el obispado argentino. Los requisitos para un cambio sustancial comienzan por la renovación de la clase dirigente, un proyecto nacional y una masa crítica política importante. Y esto requiere, claro está, de una conducción política y una carta de navegación hecha de inteligencia y coraje. Las propuestas existen; falta la decisión política.

La historia que comienza el 20 de diciembre de 2001, con la renuncia del gobierno de la Alianza, es el relato de las oportunidades perdidas: una devaluación imprescindible pero mal hecha; una pesificación necesaria ejecutada de modo injusto y nocivo; la continuidad de la perversa economía del endeudamiento con caracteres de humillación; el encauzamiento de gruesas sumas de dinero hacia los bancos, que las evadieron. Lo peor es que esta pérdida de oportunidades no sólo frustró esperanzas, sino que llevó a una situación en la que la ejecución de políticas económicas justas y eficientes es mucho más difícil.

Por supuesto, el fondo del problema es político. Depende de la decisión de quienes manejan el poder real, ese establishment formado por los bancos, las empresas grandes y el gobierno de Estados Unidos, en gran parte a través del Fondo Monetario Internacional (FMI). Son ellos los grandes beneficiados (económicos o políticos) por las medidas de política económica.

En primer lugar no existió –ni existe– un plan coherente. Las medidas económicas están, por así decirlo, sueltas; no se compatibilizan entre ellas ni responden a una concepción global. Más bien parecen actos aislados con tres orientaciones generales: “zafar”, favorecer al sector financiero y licuar las deudas de las grandes empresas. El único mecanismo para lograr los fines es continuar con el endeudamiento.

Ni el gobierno ni la oposición tienen un proyecto nacional, y ésta es una carencia mayor. Quien sí tiene un plan, por lo menos geopolítico, es Estados Unidos: quebrar a Argentina y ejecutar un golpe de Estado en Venezuela, para dejar aislado a Brasil, que como buen país industrial, tiene una política independiente (por ejemplo, no quiere entrar al Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA).

En ediciones anteriores se analizaron aquí en detalle la evolución de la política económica y el significado de las medidas adoptadas. Ahora es preciso examinar la forma en que se cumplieron los principales actos de gobierno desde diciembre.

La devaluación estaba inscripta en la lógica misma de la convertibilidad. El engaño de proclamar que cada peso –aun los depósitos– estaba garantizado con dólares, estalló cuando las reservas se evaporaron al ritmo de la evasión; también resultó falso el anuncio de que las “reformas estructurales” neoliberales generarían tales ganancias de competitividad que el déficit del balance de pagos desaparecería sin tocar el tipo de cambio. La sobrevaluación del peso sólo se podía mantener mientras los créditos siguieran llegando, pero nadie puede endeudarse al infinito, y menos un país del Tercer Mundo. Las salidas eran o una devaluación constructiva o una devaluación catastrófica; un restablecimiento de precios relativos acompañado por una fuerte redistribución progresiva de ingresos hubiera permitido la reactivación. No es lo que se hizo: fue la primera ocasión perdida.

Licuación de deudas

Una vez devaluado el peso, las deudas en dólares, medidas en pesos, aumentaron. Había que repartir los costos de ese incremento: o lo pagaba el gobierno, o los bancos, o los deudores. Vino entonces la pesificación de las deudas, que estableció la paridad del peso con el dólar (1 a 1). Esa decisión podía ser correcta para los pequeños y medianos deudores que presumiblemente no tenían dólares en el exterior (por ejemplo las deudas de empresas menores a 500.000 dólares, o las hipotecarias menores a 100.000 dólares). Un poco de presión bastó para que el gobierno licuase las obligaciones de los grandes deudores, que casi con seguridad tenían activos en dólares y a quienes era inmoral e innecesario subvencionar. El resultado es elocuente: los 80 principales grupos empresarios debían a los bancos locales 7.955 millones de dólares; al pesificar 1 a 1 y con el dólar a 3,40 pesos, recibieron una subvención estatal de 19.092 millones de pesos1. De paso, por decreto N° 494/2002 el gobierno estableció un seguro de cambio para que los bancos paguen el saldo de su deuda externa contraída en dólares. El gobierno emite bonos que los bancos pueden comprar a 1,40 pesos; la diferencia con los 3,40 pesos –o más– corre por cuenta del Estado argentino. El costo de este seguro se ha calculado en 11.400 millones de dólares2, es decir en 38.760 millones de pesos (al cambio de 3,40 pesos por dólar). Esta es la segunda ocasión perdida.

Desde 1976 Argentina vivió en una economía de endeudamiento, que se agravó a partir de 1990; al mismo tiempo, se destruyó gran parte del sistema productivo. El régimen subsistió mientras hubo quien prestara; cuando cesaron los créditos, vino el colapso. La muerte del sistema de renta financiera hacía posible pasar a la hegemonía de la producción, que era viable si se afectaban recursos (que los hay) y se creaba demanda interna con una fuerte redistribución del ingreso; la reindustrialización era la respuesta obligada.

Pero se prefirió seguir con la dependencia exigida por el FMI “porque si no, nos caemos del mundo”. Se aplicaba así una lógica precolombina, cuando los navegantes creían que la Tierra era plana y que en un momento se acababa el mar y los barcos caían al vacío; por suerte, la Tierra es esférica y existe la ley de gravedad. Esas tesis son obviamente falsas y sostener la independencia de los países con respecto al FMI no es una utopía. En la crisis asiática de 1997-1998 existieron dos tipos de orientaciones: Malasia, que rechazó a los funcionarios del FMI y sus recetas para llevar adelante una política independiente, no sólo no se cayó del mapa sino que emergió con rapidez y vigor; mientras que la sumisa Indonesia se hundió aun más en la recesión. Esta es la tercera ocasión perdida.

La política económica De la Rúa-Cavallo se basó en una mentira que venía de la época Menem-Cavallo: hacer creer a la gente que cada peso depositado tenía su respaldo en reservas (cuando había 20.000 millones de dólares en reservas y 80.000 en depósitos). En 2001 la situación hizo crisis, con la evasión por los bancos y grupos económicos de 21.000 millones de dólares; entonces los depositantes reclamaron sus haberes y De la Rúa-Cavallo crearon el “corralito”. Ahora la alternativa es clara: o pagan los bancos, o el gobierno, o los ahorristas. Lo correcto es que paguen los bancos, sea con recursos propios o con los de sus casas matrices en el extranjero: son quienes recibieron los depósitos y deben responder por ellos3. La discusión sigue, pero todo hace suponer que pagarán primero los ahorristas, después el gobierno y nunca los bancos. Por algo los bancos son quienes gobiernan; si no les alcanza el poder propio, las exigencias del FMI legitiman sus demandas. Esta es la cuarta ocasión perdida.

En síntesis, la convertibilidad se derrumbó por su propio peso; no se salió de ella en el marco de un modelo alternativo. Las medidas que le pusieron un fin formal (el “corralito”, la moratoria parcial de la deuda, la devaluación), fueron tomadas por tres gobiernos diferentes simplemente porque no tenían cómo evitarlas, pero por sí mismas no resolvieron ninguno de los problemas vigentes a fines de diciembre pasado; por el contrario, la situación se agravó tanto que el país quedó al borde del colapso. La desocupación abierta llegó al 23%; hay 18 millones de pobres, de los cuales 6 millones son indigentes; la industria sigue en caída libre; el sistema financiero está destruido y no hay más crédito externo ni interno; los bancos están como la serpiente que se comió al cabrito y los que ya digirieron se van a reptar a otra parte; el sistema productivo está desarticulado; la cadena de pagos está rota. Frente a esta catástrofe, al FMI sólo se le ocurre un plan de ajuste y la única idea del gobierno es cumplir con ese plan.

Una de las peores contribuciones a la catástrofe argentina es la creencia difundida e irreflexiva que sostiene que no hay más solución que continuar con el actual sufrimiento; al final vendrán –no se sabe por qué– unos míticos inversores que nos salvarán. Afirman que ésta es la única salida y que, aunque sea doloroso, hay que aplicar planes de ajuste en medio de la depresión.

¿Y ahora qué?

Este disparate lógico y económico no sólo ha sido refutado por políticos y economistas argentinos, sino a escala internacional. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz calificó de “tonta” la premisa de que si Argentina redujera su déficit, los inversores extranjeros regresarían al país con el financiamiento necesario4. A su vez, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Antonio Ocampo, afirmó que “el FMI está haciéndolo todo mal en sus negociaciones con Argentina”, que no necesita exigencias que acentúen su recesión5.

Si todo sigue como está, es probable que continúe el deterioro, con graves consecuencias para la mayoría de la población, hasta llegar a un descontrol social seguido de represión. El estancamiento con inflación (la estanflación) no es una salida. Argentina va hacia una tranquila muerte por inanición, o hacia un estallido que nadie puede saber cómo terminará.

Otro escenario es el de la disolución nacional. Una Nación se disocia no sólo cuando se fragmenta o pierde territorio, sino cuando cede soberanía en áreas esenciales y cuando se diluyen el Estado y el poder central. Es poco probable que surjan la República de la Patagonia, de la Mesopotamia, de Cuyo, de Buenos Aires, del Centro o del Norte. Pero lo que está ocurriendo no es desmembramiento sino disolución: el poder central obedece sin chistar a los mandatos de un poder extranjero y el FMI dicta nuestras leyes; el Presidente está subordinado al concilio de gobernadores de provincia, que actúa con el mejor estilo feudal-mafioso; se han enajenado al exterior los recursos naturales (en primer lugar el petróleo); la política económica la determina el FMI; la moneda nacional sobrevive con dificultades y desaparecería con la dolarización; no existe proyecto nacional; la incertidumbre es la norma.

Esta situación calamitosa tiene una raíz política. Es el resultado final del régimen de renta y financiero que duró un cuarto de siglo y que ahora entra en putrefacción. Fue ejecutado por una clase dirigente –no sólo la política– ignorante, inepta y corrupta, que ahora se escuda con el pretexto de que no se puede hacer otra cosa y que no existen planes alternativos.

Al solo efecto de probar que hay otras Argentinas posibles, conviene enunciar los rasgos básicos de otra política económica posible. Es frecuente oír: “Si alguien tiene un plan alternativo, que lo proponga”. Varios grupos han enunciado planes diferentes y es saludable que se instale un debate al respecto6.

Bases para un plan alternativo

Para que un cambio sustancial sea posible son necesarios por lo menos tres requisitos: una renovación de la clase dirigente, un proyecto nacional y una masa crítica política importante. Sin conducción correcta, sin rumbo y sin apoyo social no se llega a ninguna parte.

En todo Plan hay políticas de corto plazo que es preciso seguir. Y existen orientaciones de más largo plazo que tienen que ver con el tipo de país al que se aspira. Pero ambos temas no están disociados: las decisiones que se tomen para salir de la crisis pueden determinar el futuro de largo plazo.

Los temas de corto plazo

- Es necesario reactivar en vez de ajustar: ya se ha visto que los ajustes no ajustan, que no sirven ni para recuperar confianza externa ni para reducir el desequilibrio fiscal; lo único que se consiguió fue profundizar la espiral recesiva.

- La forma más elemental para reactivar consiste en reincorporar al consumo a los sectores excluidos y empobrecidos. Eso supone llevar a la práctica de una vez, con transparencia y en gran escala, los seguros de desempleo y otras transferencias a las familias pobres. Debe garantizarse, cualquiera sea su costo, el derecho a la alimentación de cada habitante.

- La financiación se logra mediante impuestos y emisión. No toda emisión es inflacionaria: si se está con capacidad productiva ociosa, puede ser una palanca para reactivar la economía. Lo importante no es la cantidad de moneda solamente, sino quién recibe el dinero y en qué lo usa. En el esquema propuesto, los que reciben el dinero lo utilizan para comprar bienes de primera necesidad, que se producen en el país, y no para comprar dólares, que es lo que incide sobre los precios, vía devaluación. Además, se puede en el corto plazo recaudar más por las retenciones a las exportaciones, en particular de los productos cuyos precios siguen aumentando dentro del país, como los hidrocarburos. Por retenciones se pueden cobrar más de 20.000 millones de pesos sin afectar la rentabilidad de los productores.

- Es preciso volver a introducir el crédito de capital de trabajo, para financiar la reactivación. Una vez más, la emisión de moneda de crédito no es inflacionaria si aumenta la oferta de bienes. Se pueden abrir líneas de crédito con ese fin en los bancos oficiales y en los bancos privados que acepten las condiciones de esos préstamos, y que garanticen su uso productivo. Es posible prefinanciar exportaciones por esa misma vía.

- Hay que hacer responsables a los bancos por los depósitos que les fueron confiados; no es una carga que tenga que asumir para sí el Estado. Se dijo que cada banco extranjero tendría su prestamista en última instancia particular en su casa matriz, y con ese argumento Cavallo, Roque Fernández y Pedro Pou alentaron desembozadamente la extranjerización de la banca. Es de aplicación el principio del “conjunto empresario” por el cual las casas matrices responden por las deudas de sus filiales (jurisprudencia argentina, desde el caso Swift-Deltec de 1971 hasta el reciente fallo de los tribunales de Río Negro, con la Banca Nazionale del Lavoro). Si hubiera que emitir bonos, lo deberían hacer los bancos y no el gobierno.

- La forma de combatir la inflación no es la recesión y los bajos salarios, sino el control de la cotización del dólar y la implantación de retenciones variables. Hay que terminar con la especulación de los grandes exportadores. Con el excedente comercial que va a generar Argentina este año (como mínimo 12.000 millones de dólares) es posible mantener el dólar en los niveles actuales, o aun menores. Si los grandes exportadores no juegan el juego, retienen los dólares y dan bajos precios al productor, entonces hay que reinstalar la Junta Nacional de Granos. La presencia del Estado en mercados monopólicos aumenta la competencia.

Los temas de más largo plazo

- Reindustrialización de Argentina, sostenida por la redistribución del ingreso y la profundización del Mercosur. Sobre la base de un mercado interno fuerte que reincorpore a los excluidos es posible desarrollar economías de escala que aumentan la productividad y permiten mejoras de salarios. Debe abandonarse la ilusión que con salarios bajos se es más competitivo.

- Reforma fiscal, que consiste en aumentar el peso relativo de los impuestos directos, sobre los ingresos y el patrimonio, en relación a los impuestos indirectos sobre el consumo. Se rebajará sustancialmente la carga impositiva de los grupos de ingresos medios y bajos (se logra en buena parte con menor tasa de IVA). Deberá disminuirse la evasión de grandes contribuyentes, en base a una voluntad política real para hacerlo.

- Reinstauración del régimen de jubilaciones de reparto; la opción voluntaria de capitalización se dejaría sólo para quienes quieran mejorar su jubilación por encima de la de reparto. Esto permitirá terminar con un sistema irracional, que desfinanció al sector público sin aumentar el ahorro nacional ni mejorar las perspectivas de una mejor jubilación para los aportantes. Sólo sirvió para que las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) cobren suntuosas comisiones.

- Recapitalizar la banca pública para aumentar el financiamiento de la producción, con transparencia y sin favoritismos políticos.

- Recuperación de las rentas de los recursos naturales y del control de la energía. Creación de la empresa nacional de hidrocarburos, que retome las actividades de YPF, con diversos instrumentos, tales como la transferencia de concesiones. Captación de la renta petrolera, que ha sido estimada en alrededor de 6.000 millones de dólares anuales (a ella deben sumarse los impuestos que corresponden a los beneficios empresarios).

- Política internacional independiente, que se manifestará en los tres niveles: global, regional y nacional. En el global, consiste en la defensa de nuestros intereses frente a temas políticos (democratización de la ONU con la reforma del Consejo de Seguridad), así como del comercio y las finanzas internacionales (OMC, nueva arquitectura financiera internacional, reforma del FMI). En el regional, se trata de reforzar el Mercosur, promover la creación del Fondo Monetario Latinoamericano y propender a la Unión Sudamericana, como forma de ganar mayores espacios de autonomía para el país y la región; hacer causa común con Brasil en su resistencia al ALCA, que sería un factor de desindustrialización. En lo nacional, es necesario privilegiar la soberanía popular por sobre los intereses de minorías vinculadas al establishment financiero nacional e internacional.

- Renegociación de la deuda pública interna y externa que incluya un período de gracia y fuertes reducciones de capital e intereses. Acciones unilaterales cuando correspondan. Planteo jurídico sobre ilegalidad. Pago en pesos a los acreedores residentes locales. Recompra de bonos con muy baja cotización.

- Política social que privilegie el empleo y la educación. Política de salud. Hay que garantizar en prioridad la provisión universal de los servicios sociales básicos. Todo esto supone más y mejor gasto público.

- Reconstrucción y desarrollo de un sistema nacional de innovación y de promoción de la producción, procurando reconstituir la capacidad nacional de generación de tecnologías y las vinculaciones productivas internas, que fueron desarticuladas durante la apertura comercial irrestricta con atraso cambiario.

Estas son algunas de las medidas básicas, de corto y largo plazo, indispensables para reconstruir y liberar a Argentina. Suponen la reconstrucción del Estado, como agente capaz de defender los intereses nacionales. Ahora bien: aunque un plan con estas orientaciones generales sería viable desde el punto de vista económico, los obstáculos son políticos. La actual dirigencia del gobierno y de los dos partidos mayoritarios es incapaz de ejecutarlo. Está demasiado ligada a los intereses del establishment y sometida a la cultura de la resignación y del “no se puede”; es además incapaz y se opondría a un rumbo semejante. La otra oposición sería evidentemente la externa. Debería negociarse con Estados Unidos y la Unión Europea desde una posición de coherencia política y económica, con objetivos claros, con dignidad nacional y con honestidad; la alianza con Brasil otorgaría un importante poder de negociación.

No es exagerado sostener que la situación es gravísima. El cardenal primado de Argentina, Jorge Bergoglio, afirmó en su homilía del 25 de mayo pasado que “hoy como nunca, cuando el peligro de la disolución nacional está a nuestras puertas, no podemos permitir que nos arrastre la inercia, que nos esterilicen nuestras impotencias o que nos amedrenten las amenazas”. Elevó su ruego para que “no sigamos revolcándonos en el triste espectáculo de quienes ya no saben cómo mentir y contradecirse para mantener sus privilegios, su rapacidad y sus cuotas de ganancia mal habidas, mientras perdemos nuestras oportunidades históricas, y nos encerramos en un callejón sin salida”.

Ahora está en juego una opción histórica. ¿Perderá Argentina la oportunidad de ser un Estado y una Nación independientes?

  1. Eduardo Basualdo, Claudio Lozano y Martín Schorr, “La transferencia económica de recursos a la cúpula económica durante la presidencia Duhalde”, Realidad Económica, Buenos Aires, Nº 186, febrero-marzo de 2002.
  2. Ismael Bermúdez, Clarín, Buenos Aires, 14-3-02.
  3. Salvador María Lozada, “Los bancos extranjeros y sus deberes incumplidos”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, marzo de 2002.
  4. The Washington Post, Washington, 12-5-02.
  5. Reportaje de la Agencia Efe, 11-3-02.
  6. Véase Universidad de Buenos Aires, Plan Fénix; y Daniel Carbonetto, Plan Argentino de 300 días, Buenos Aires, 2002.
Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 36 - Junio 2002
Páginas:4,5
Temas Estado (Política), Geopolítica, Políticas Locales
Países Argentina