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Recuadros:

La crisis del sistema bancario

Si es cierto que el sistema financiero es eje neurálgico del capitalismo, el capitalismo argentino está en colapso y en un proceso de implosión de perspectivas impredecibles. La evolución de los depósitos del sistema bancario habla por sí misma: durante el año 2001 cayeron un 20% y en los cuatro primeros meses de 2002 un 4%, a pesar de la inmovilización de depósitos a plazo fijo. Producto de errores y especulaciones, esta crisis recaerá finalmente sobre el Estado y, por supuesto, sobre los ahorristas y el conjunto de la sociedad.

Hasta hace poco más de un año, el establishment se engolosinaba afirmando que el sistema financiero argentino era de una solidez ejemplar, que había resistido indemne la crisis asiática y que era sustentable a pesar de la crisis fiscal y productiva. Hoy, los bancos siguen en pie sólo porque los ahorristas no pueden retirar su dinero: si tuvieran esa posibilidad, muchos bancos, si no la mayoría, caerían casi inmediatamente. Pero aun a pesar de que pueden retener gran parte de los depósitos, en los últimos meses los bancos se sostuvieron sólo gracias al auxilio del Estado, en lo que constituye un nuevo capítulo del capitalismo rentístico local. En la actualidad, diferentes fracciones del sistema de poder discuten sobre el futuro del sistema y el reparto de los costos de la transformación. Cualquiera sea la fracción que se imponga, algunas cosas son seguras: el Estado volverá a subsidiar a bancos nacionales y extranjeros, por un monto que podría llegar al 20% del Producto Bruto Interno (PBI); los ahorristas serán despojados de parte de su dinero y el sistema financiero sufrirá un progresivo achicamiento, eliminando miles de puestos de trabajo y reduciendo al mínimo las fuentes de crédito para empresas pequeñas y particulares.

¿Cómo se pasó del entusiasmo a la catástrofe en tan poco tiempo? La situación actual es básicamente una consecuencia de la crisis de la convertibilidad –que incluye la crisis productiva, fiscal y política–, de la estrategia rentística y aventurera de los bancos y de las políticas oficiales, respetuosas de los dictados de la ortodoxia en general y los del FMI en particular.

En el inicio de su gestión, el gobierno menemista eliminó requisitos para el ingreso de bancos extranjeros y la compra de entidades existentes –entre ellos la exigencia de reciprocidad de acceso al mercado de los países de origen de los bancos extranjeros– promoviendo así la concentración y extranjerización de la banca. El gobierno lo justificaba sosteniendo que de ese modo se creaba un sistema más sólido, porque las casas matrices de los bancos extranjeros actuarían como “prestamistas de última instancia” en caso de necesidad.

En 1995 la crisis del tequila sacudió al mundo y por supuesto también a los bancos argentinos, que sufrieron una abrupta pérdida de depósitos. La conducción del Banco Central (BCRA) respondió rápidamente, aumentando los requisitos de capital para las entidades por encima del 8% recomendado por el Banco de Pagos Internacionales de Basilea y la cantidad de dinero que debían guardar como porción de los depósitos (encajes y requisitos mínimos de liquidez).

La liberalización normativa primero, y el temor generado por el tequila después, promovieron una fuerte concentración y extranjerización del sistema. Entre 1994 y 2000, los 10 bancos mayores pasaron de tener el 50% de los depósitos al 70% en el año 2000; el número de bancos se redujo de 168 a 99, por cierres y fusiones de entidades; la banca pública disminuyó su participación en los depósitos del 39% al 34%; el número de bancos privados nacionales redujo su participación del 44% al 22% y los extranjeros aumentaron su participación del 17% al 44%1.

Cuando llegó la crisis asiática, con salida de capitales de mercados supuestamente emergentes y crisis bancarias en varios países, el sistema argentino resistió bien el impacto e, incluso, los depósitos siguieron creciendo. En 1999 la economía cayó un 3,4%, pero los bancos siguieron recibiendo depósitos, aunque los créditos comenzaron a descender. En 2000 la recepción de depósitos se detuvo y, a partir de marzo de 2001, comenzó a caer. El tiempo de descuento del sistema financiero argentino había comenzado.

Los tiempos de la crisis se aceleraron al ritmo de la crisis económica y de las urgencias fiscales. Desde mediados de los ’90, el sistema económico mostró que no tenía capacidad para atraer las divisas necesarias para el crecimiento. El abastecimiento de dólares fue cubierto en forma creciente por el endeudamiento público, destinado a financiar el déficit fiscal, que llegó al 2,4% del PBI en 2000. Ese año el gobierno de la Alianza puso en práctica un plan ortodoxo que mantuvo a la economía en la recesión heredada, provocó la caída de los ingresos públicos y agravó el déficit fiscal. Los prestamistas privados internacionales perdieron confianza en Argentina y retiraron el financiamiento. El Estado pasó a depender del crédito de organismos internacionales y del sistema financiero interno. Este estado de cosas provocó un aumento del riesgo país y un estado de incertidumbre que profundizó la recesión y se tradujo en pérdida de depósitos bancarios y de reservas. Entre enero y diciembre de 2001 los depósitos en pesos del sistema cayeron un 40% y los depósitos en dólares un 12%. Las reservas del BCRA se redujeron a la mitad entre principio y fines de 2001.

A mediados de 2001 comenzó a ser evidente que los organismos internacionales tampoco estaban dispuestos a seguir financiando al sector público. A partir de ahí, el gobierno decidió financiarse ofreciendo elevadas tasas de interés a los bancos locales y extranjeros, lo cual constituía, a la vez, una fuente de ganancias para el sistema y un indicador del riesgo involucrado en las operaciones. En la última parte del año, la salida de depósitos se aceleró y el sistema financiero quedó al borde de la insolvencia.

Pero los problemas de los bancos no se debieron sólo a las condiciones macroeconómicas sino, también, a los errores de su propia estrategia. En una conversación off the record, un banquero reconoció que él y sus colegas habían cometido dos grandes errores: uno, prestarle al Estado, aun cuando era evidente que éste era insolvente; el otro, prestar en dólares a personas y empresas que tienen ingresos en pesos y que, en caso de una fuerte devaluación, no estarían en condiciones de honrar sus compromisos en la divisa original.

En rigor, los bancos no cometieron errores sino que tomaron riesgos desmesurados con el propósito de ganar los elevados intereses que cobraban al sector privado y al público.

El corralito, principio del fin

Para contener la huida de depósitos, el 30-11-01 el ministro de Economía Domingo Cavallo, impuso límites a los retiros de depósitos, sistema que fue apodado rápidamente el “corralito”.

El gobierno sostuvo que de esta forma, además de evitarse la caída de los bancos, se estimularía la bancarización de la economía, ya que los particulares y las empresas se verían obligados a pagar con tarjetas de crédito o débito y con cheques. Afirmaba también que la bancarización contribuiría a reducir la evasión impositiva. Sucedió todo lo contrario. El “corralito” disipó cualquier duda remanente sobre la insolvencia bancaria; las restricciones al movimiento de fondos profundizaron la recesión y la crisis fiscal y la ira de los ahorristas generó un movimiento de protesta de todos los sectores de la clase media que se convertiría en puntal de la protesta más generalizada contra el gobierno. Esta reacción no fue injustificada: las estadísticas mostraban que la mayor parte de los depósitos eran menores a 50.000 pesos/dólares y que estos representaban, a su vez, una porción reducida del dinero atrapado en el sistema.

¿Quién sacó el dinero de los bancos? Según una investigación realizada por diputados de la Asociación para una República de Iguales (ARI), en los 10 meses previos al corralito los depósitos de los principales bancos cayeron un 29%, pero la mayor caída no se registró en los depósitos del público sino en operaciones mayoristas, correspondientes a grandes inversores. Al mismo tiempo los bancos redujeron su deuda externa y sus préstamos, lo cual indica que estaban minimizando su exposición ante el riesgo de insolvencia de deudores públicos y privados y de devaluación. La investigación del ARI incluye una cita de un trabajo del FMI, según el cual “este problema de Argentina se esperaba, y entonces dio tiempo a que los inversores se acomodaran, y así encontró a los bancos, especialmente, con poca exposición”2. Además surgieron sospechas, que son objeto de investigación judicial, de que algunos grandes inversores privilegiados pudieron saltar el cerco y llevar su dinero a buen resguardo al exterior, con ayuda de sus banqueros.

El presidente Eduardo Duhalde, que llegó al gobierno luego de una profunda crisis institucional causada por la salida anticipada del gobierno de la Alianza, prometió al asumir que los depósitos en dólares, que eran el 70% del total, serían devueltos en dólares. Pero casi inmediatamente, su primer ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, informó que los dólares no estaban en los bancos y que los depositantes recibirían pesos.

El cuadro financiero se complicó con la devaluación. En un primer momento, el gobierno devaluó y estableció un sistema de cambio fijo, pero luego dejó que el dólar flotara casi libremente, respondiendo a una exigencia del FMI. Dado que el Estado no tenía fondos para defender el valor de la moneda en el mercado y que el FMI tampoco los proveyó, el precio del dólar comenzó una enérgica escalada. La cuestión central pasó a ser a qué tipo de cambio se convertirían los depósitos y las deudas de particulares y empresas con el sistema financiero. Los bancos llevaron a cabo una intensa y exitosa presión, logrando que el gobierno pesificara en forma asimétrica depósitos y créditos y que el Estado se hiciera cargo del costo resultante. También dejaron en claro que no traerían fondos del exterior o que lo harían con cuentagotas, como finalmente sucedió. El gobierno decidió que los depósitos en dólares se convirtieran a razón de 1,4 pesos el dólar, lo cual ya en el mes de abril implicaba una reducción de las colocaciones a la mitad de su valor. Al mismo tiempo estableció que las deudas con los bancos se pagaran a razón de un peso por cada dólar, con dos grandes consecuencias. La primera, que licuó las deudas de empresas en dólares, incluso las de empresas exportadoras que tienen ingresos en dólares o que habían girado al exterior grandes cantidades de divisas en los meses previos al “corralito” y la devaluación. La segunda consecuencia es que la diferencia en la cotización de depósitos y créditos genera un costo para el Estado del orden de los 20.000 millones de pesos.

A pesar de todas las previsiones, el dinero siguió saliendo del sistema. Según una investigación del Centro de Estudios de la Situación y Perspectiva de la Argentina, desde principios de año hasta mediados de abril los depósitos en cuenta corriente se mantienen, lo que indicaría que se debe a las necesidades operativas. Pero los depósitos en caja de ahorro y los plazos fijos se redujeron un 4%, unos 10.000 millones de pesos3.

Las relaciones entre el Estado y los bancos desde el inicio del “corralito” son un ejemplo paradigmático de subordinación del primero a las necesidades de los segundos. En primer lugar, el Estado expropió parte de los ahorros privados para reparar un error de cálculo –para designarlo de manera benevolente– de los bancos; después se hizo cargo del riesgo empresario, aceptando cubrir la totalidad del costo de la pesificación; finalmente, proveyó financiamiento a los bancos para cubrir el retiro de depósitos, aun para aquellos que sacaron dinero del país durante 2001 y para los extranjeros que deberían ser respaldados por sus casas matrices.

En los dos primeros meses del año el BCRA emitió 4.000 millones de pesos, por lo cual la circulación trepó un 40% en ese corto período. Según el análisis de los balances del BCRA con las entidades financieras, toda la emisión fue entregada a los bancos y, como sostienen los autores de este trabajo, “no se registran emisiones adicionales para atender las demandas potenciales del sector público, pese a que éste está ahogado por la escasez de recursos frente a demandas cada vez más intensas del sistema social. En otras palabras, no sólo impera la ortodoxia en la política monetaria sino que el efecto del corralito resulta en estos momentos mucho más peligroso para el equilibrio monetario (y de precios) que el déficit fiscal”.

Esto creó uno de los tantos nudos del sistema, ya que la emisión de dinero entregada a los bancos contribuyó a financiar la compra de dólares, empujando la cotización y aumentando el costo fiscal de la pesificación. El 8 de marzo el BCRA cambió de estrategia, suspendió la emisión monetaria y comenzó a intervenir en el mercado cambiario para contener el alza del dólar.

Dado que el sistema no recibe nuevos depósitos, la salida de los existentes promete, en un tiempo más o menos largo, concretar la amenaza de insolvencia que se pretendió conjurar con el “corralito”. Por eso Remes Lenicov propuso, siguiendo el reclamo de los bancos, la ortodoxia del BCRA y el FMI: convertir los depósitos retenidos en un bono que se entregaría a los ahorristas. De este modo, el Estado sería el encargado de devolver el dinero. A su vez, los bancos devolverían al Estado los títulos públicos que tienen en su cartera que fueron convertidos en préstamos garantizados con los ingresos fiscales a fines de 2001. Como el monto de los depósitos es menor que el de los títulos, los bancos deberían conceder al Estado también parte de sus acreencias. De este modo, los ahorristas recuperan nominalmente sus activos, pero con un título público que en lo inmediato se cotizaría muy por debajo de su valor nominal. Los que necesitan liquidez tendrían que vender los títulos con una fuerte pérdida. La suerte de los que pueden mantener los títulos dependerá de la solvencia futura del Estado y de su actitud hacia su deuda4.

El proyecto fue rechazado por parte del oficialismo y la oposición y motivó la renuncia de Remes Lenicov. Su sucesor, Roberto Lavagna, propuso una conversión más matizada. Por una parte, los ahorristas tendrían la posibilidad de optar entre títulos en dólares y en pesos, los primeros con un mayor rendimiento. Lavagna no estaba de acuerdo con el Bonex II porque consideraba que inmovilizaba los depósitos y no agregaba liquidez al sistema, por lo que propuso que los depósitos puedan dedicarse a la compra de bienes escriturables, como inmuebles y autos, para estimular la demanda interna. También consideró que la operación de conversión en bonos sería muy costosa para el Estado. Efectivamente, si se suma el costo de la pesificación y de la conversión de depósitos, el costo de la crisis podría llegar al 30% del PBI. Esto es más que el costo de la crisis de México y Brasil, a mediados de los ’90 (un 10% del PBI), pero menos que el costo de la crisis de Indonesia de 1997 (50% del PBI) o la de Chile en los primeros ochenta (40% del PBI).

El gobierno también pensó que los bancos extranjeros pretendían reducir al máximo sus pasivos para poder retirarse con mayor facilidad del país.

El BCRA, los bancos –especialmente los extranjeros– y la ortodoxia económica se opusieron firmemente. Argumentaron que la posibilidad de comprar bienes con los bonos permitiría reeditar operaciones fraudulentas para sacar dinero del sistema y comprar dólares, con la consecuencia de una hiperinflación, y la caída de varias entidades. Según cálculos de Miguel Ángel Broda, en la actualidad los bancos tienen encajes por 6.000 millones de dólares y la demanda potencial es estimada en 40.000 millones5.

En el fragor de la disputa, varios bancos extranjeros amenazaron con irse del país y se produjo un enfrentamiento entre el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, Mario Blejer. Este último, ex-funcionario del FMI, amenazó con renunciar si no se aplicaba el plan exigido por el establishment.

Finalmente, los bancos públicos y privados nacionales aceptaron el esquema Lavagna como el mal menor. Los extranjeros siguieron oponiéndose fieramente.

En cualquiera de las versiones que se imponga, el futuro del sistema bancario, de los trabajadores del sector y de la disponibilidad de financiamiento es oscuro. Hasta ahora registraron problemas el Banco Galicia, el principal banco nacional, y el Scotiabank (que había comprado el banco nacional Quilmes, fue suspendido y muy probablemente abandonará el país); mientras decidió abandonar el mercado el banco Crédit Agricole de Francia, controlante de los bancos Basel, Bersa y Suquía, que entre los tres suman una cartera mayor que el Galicia y que pasaron a una administración transitoria del Banco Nación. Según un analista del sistema financiero, “hoy los bancos valen mucho menos que su patrimonio. El contexto es muy negativo y no hay interesados. Por el contrario, algunas entidades terminarán pagando para irse”6.

  1. Leonardo Blejer, “El proceso de concentración y extranjerización del sistema bancario argentino durante los ’90”, Boletín Informativo Techint, Nº 301, Buenos Aires, enero-marzo de 2000.
  2. Citado por Horacio Verbitsky, Página/12, 19-5-02.
  3. “El ‘corralito’ y las restricciones que presenta a las políticas monetaria y cambiaria”, Jorge Schvarzer, Hernán Finkelstein. Abril de 2002. Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas de Argentina (CESPA), FCE, UBA.
  4. El plan fue bautizado Bonex II en honor al Plan Bonex de 1989. Ese año el gobierno de Carlos Menem convirtió los depósitos en plazo fijo en bonos de la deuda pública nominados en dólares, obligando a los depositantes a financiar compulsivamente al sector público, aunque, de ese modo, el gobierno evitó seguir tomando crédito a tasas elevadísimas y cortó una rueda de obtención de rentas financieras a costa del Estado.
  5. Clarín Económico, Buenos Aires, 19-5-02.
  6. El Cronista Comercial, Buenos Aires, 20-5-02.

El futuro desfinanciado

Sevares, Julio

¿Qué fuentes de financiamiento quedarían? Una probabilidad es algún fortalecimiento de los bancos públicos, si se crea la certeza de que el Estado no los va a dejar caer. De hecho, a mediados de abril la caída de depósitos de depositantes privados se frenó y a comienzos de mayo una parte comenzó a trasladarse desde los bancos privados, principalmente extranjeros, a los bancos públicos. Pero en conjunto, es casi seguro que por un buen tiempo los bancos no recibirán nuevos depósitos a plazo y, por lo tanto, no tendrían casi capacidad de otorgar créditos. Su operatoria se reduciría a gerenciar las cuentas corrientes y en caja de ahorro, convirtiéndose en lo que se denomina una banca transaccional. En ese segmento, los bancos tienen unos 35.000 millones de pesos, que podría crecer con la actividad económica.

Una alternativa en estudio es la creación de fideicomisos. Se trata de fondos que reúnen inversionistas y que otorgan créditos a empresas o particulares probadamente solventes y contra la entrega de garantías prendarias o hipotecarias. Este sistema sería una oportunidad de inversión segura para grandes inversores. Otra es el desarrollo de sucursales bancarias off-shore, que posibilitaría la apertura de cuentas en el exterior, donde los depósitos estarían a salvo de la legislación y las manipulaciones del Estado. En cualquiera de las alternativas posibles, el acceso al financiamiento estará restringido a empresas o particulares solventes y, en el caso del financiamiento de la banca off-shore, al riesgo cambiario. Los consumidores comunes y las PyMEs quedarán, por un buen tiempo, al margen del mercado de crédito, lo cual reduce las posibilidades de crecimiento futuro.


Autor/es Julio Sevares
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 36 - Junio 2002
Páginas:6,7
Temas Desarrollo, Neoliberalismo, Nueva Economía, Estado (Política), Políticas Locales
Países Argentina