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Por una Argentina sin excluidos

Además de distinguir lo esencial de lo accesorio, en el análisis de la economía argentina es preciso diferenciar los efectos de moda y los acontecimientos vistosos pero vacíos de los cambios más duraderos en el modo de vivir, producir y repartir en la sociedad. Porque el país se encuentra ante la oportunidad histórica de efectuar un cambio de modelo, cuya viabilidad y chances de éxito deben evaluarse más allá de la configuración política y económica actual. Se trata de una situación excepcional, que es preciso aprovechar.

En los años '40 del siglo XX, Argentina vivió una clara situación de cambio de régimen. Se pasó del país agrario al industrial, con redistribución del ingreso y migraciones internas. No sólo cambiaron los modos de producir sino también las relaciones sociales, con el ascenso de los trabajadores. Evolucionó la configuración política con el fin del fraude electoral, desaparecieron viejos partidos y aparecieron el peronismo y el desarrollismo.
El país venía de la depresión de los años '30 y la salida no fue una mejora de lo existente, sino la implantación de un nuevo modelo. La crisis pudo ser superada gracias a la industrialización por sustitución de importaciones, que provocó un sustancial aumento de la productividad con mayor justicia social. No se entró en una "meseta" del antiguo régimen -que ya no daba para más- sino que apareció otro, con sus virtudes y defectos, pero sin duda diferente y superador. No fue la fase de un ciclo sino un cambio de estructura. A partir de entonces se vivió una etapa "fordista", basada en el consumo de masas.
Pero la Argentina industrial fue destruida con violencia a partir de 1976. Hubo un cambio de régimen y fue implantado -con altibajos e interrupciones- un sistema profundamente reaccionario. Vino la Argentina de renta y financiera, que vivió del endeudamiento externo, enajenó el patrimonio nacional, promovió la desindustrialización y la desocupación. Esta Argentina se hundió con estrépito en el año 2001, entre otras razones porque fue incapaz de instaurar un régimen sustentable, aunque fuera injusto.
Comenzó entonces una etapa de transición. Por definición las transiciones son inciertas y la actual tiene fortalezas y debilidades. En primer lugar, debe juzgársela por lo que evitó. Los vaticinios de los gurúes del establishment eran siniestros: quiebra del Estado 1; el dólar entre 5 y 20 pesos y la inflación entre 175 y 1.100% 2; la caída de bancos (quedaría uno de cada tres) 3; la hiperinflación y la desaparición de los depósitos bancarios 4. Por suerte nada de eso sucedió y los gurúes siguen pronosticando, pero sin afinar la puntería...
El gobierno enfrentó situaciones imposibles de evitar. La convertibilidad cayó por su propio peso, ya que no se podía pagar la deuda ni aguantar la pérdida de reservas. De allí el default parcial de la deuda externa y la devaluación, que no fueron el resultado de una política económica deseada, sino la convalidación de una dura realidad. El gobierno pudo estabilizar la situación con medidas de emergencia adoptadas en los primeros meses de 2002, tales como la retención a las exportaciones, el Plan Jefes y Jefas de Hogar, la compulsión a los exportadores para que liquidaran las divisas. Al mismo tiempo comenzó una reactivación sobre la base de la capacidad instalada ociosa; el producto y la inversión crecieron a tasas insospechadas. Existe un indudable proceso de recuperación, aunque quedan enormes problemas pendientes: la pobreza, el desempleo, la mala distribución del ingreso, el desajuste de algunos precios relativos (en primer término, el salario), la insuficiencia de la infraestructura.
Ahora bien, ¿cómo pasar de la reactivación al crecimiento? ¿Qué hacer para no entrar en una "meseta", en un nivel mayor que en el período pasado pero con pautas de funcionamiento similares?
Está en juego el poder real, político, económico y social: el futuro estilo de desarrollo dependerá de cómo se resuelvan algunos problemas esenciales. Esto será a su vez el resultado de la estructura de poder vigente; las soluciones que se adopten consolidarán las jerarquías o las cambiarán. Se decidirá inexorablemente -por acción u omisión- cómo se crecerá y sobre qué bases.
Para acabar con el esquema fracasado y no volver a tener "el mismo perro con otro collar"; el país debe desarrollarse e invertir en el mayor grado posible, disponer de una estructura productiva sólida, terminar con el desempleo, distribuir los ingresos con mayor justicia, jerarquizar el sistema productivo, procurar que las empresas actúen de acuerdo con el interés nacional, minimizar el problema de la deuda externa. No es igual que los ingresos se concentren o se distribuyan con equidad, que haya o no suficiente trabajo, que se exporten materias primas o productos industriales, que las principales empresas sean nacionales o extranjeras, que a la deuda externa la pague el presupuesto nacional o impuestos específicos a cargo de quienes se beneficiaron con ella. Éstos no son temas aislados, sino parte esencial de un modelo global de desarrollo. Un nuevo modelo precisa cambiar la configuración y el ejercicio del poder.
Cuando se avanza en las soluciones, los senderos se bifurcan, pero no en un jardín, como en el cuento de Borges, sino en una selva. Lo primero consiste en tomar la dirección correcta desde el punto de vista del interés nacional y el bienestar general, para lo cual es indispensable saber por dónde se va, cómo es el camino y qué existe al final de cada sendero: es preciso superar el planteo de corto plazo, tener una visión estratégica. La inexistencia del mediano y largo plazo fue una de las mayores taras del modelo neoliberal. No debe repetirse el caso de quienes no veían o no querían ver más allá de su nariz: en los años 1970 no se dieron cuenta de que desaparecían personas; en el decenio de 1990 de que desaparecía el país.
Lo primero es cambiar de esquema económico. El sendero del antiguo régimen es el de renta y financiero y ya se sabe adónde llevó. La gama de modelos posibles basados en otros principios es muy amplia. Nos referiremos a uno de ellos, porque tiene antecedentes en el país y porque expresa a una nación industrial: el modelo sustentable de consumo masivo. Tiene como objetivo la transición de una economía de renta y financiera a otra de producción con mayor justicia social. Se basa en: a) el aumento de la productividad de la mayoría de la población; b) la captación de la mayor parte de los frutos de esa alta productividad por la población y el Estado; y c) una política de inversiones. Este mecanismo de crecimiento ya se experimentó con éxito en otra época (1945-1955); no se trata de repetirlo ahora sino de aplicar sus principios básicos en las condiciones actuales: el consumo masivo como motor de arranque y elemento de justicia social, la inversión productiva como factor de sustento y reproducción en el tiempo.
No se aplica en este caso la relación de causalidad tradicional, que prescribe que primero debe crecer la torta y recién después repartirla; o su metáfora líquida, la teoría del derrame. En este esquema no hay que esperar etapas previas que rara vez se cumplen, sino actuar de inmediato, para que haya más consumo a disposición de los más pobres, sin esperar a que crezca el producto. Esto es posible mediante la redistribución del ingreso actual, en la que el 20% de abajo recibe sólo el 4,3% del total, mientras que el 20% de arriba se queda con el 53,6% 5. Así, en el momento inicial, el mayor consumo de los más pobres no se nutre de una baja de la inversión, sino del menor consumo de los más ricos. Los efectos multiplicadores de esta política sobre la inversión son mucho mayores que los consumos conspicuos y la evasión de los grupos de mayores ingresos.
Como ejes del nuevo modelo aparecen entonces el ejercicio de la autoridad estatal, el crecimiento económico (sobre la base de la reindustrialización) y la inclusión social.
La ejecución de toda política requiere un Estado y un gobierno eficientes, que obren de acuerdo con criterios racionales (el método para adoptar decisiones de los gobiernos responsables y de las empresas serias es la planificación). En el plano económico, debe ejercer su autoridad sobre aspectos clave, tales como los servicios públicos, el sistema productivo, la energía, las finanzas, la moneda, el sistema de previsión social y la deuda externa.
La potestad sobre los servicios públicos es fundamental. Su finalidad es satisfacer una necesidad básica de la población; en consecuencia, el negocio privado debe ceder frente al interés general. El gobierno debe asegurar una prestación correcta del servicio, sea mediante el suministro directo como empresario estatal o a través del control real o la regulación efectiva del servicio concedido a particulares. También debe influir sobre el sistema productivo. Si se consideran las 500 mayores empresas del país, las extranjeras son más de la mitad, generan el 67% del valor de la producción, el 72% del valor agregado y el 82% de las utilidades. En estas condiciones, el control que ejerza el gobierno para que esas empresas respeten el interés nacional (que no necesariamente coincide con el suyo), es vital. Otro tema que incumbe directamente al gobierno es el de la energía, ya que casi todas las etapas de esa actividad han sido privatizadas. En ese sentido es fundamental haber creado Enarsa, que debe convertirse en instrumento de control, regulación y producción.
Otro tema trascendente es la reforma a fondo del sistema fiscal. La presión tributaria es muy baja (del 21% frente al 30% en Brasil y Estados Unidos y el 41% en la Unión Europea); sin embargo, es alta para los grupos de ingresos medios y bajos porque en proporción pagan más que los de ingresos altos. El IVA constituye el 28% de la recaudación; el impuesto a la renta, las utilidades y la ganancia de capital, el 20%... Es indispensable rebajar el IVA y gravar las ganancias financieras, que no pagan impuestos.
Un cambio institucional importante consiste en poner al Banco Central bajo la dependencia del Ministerio de Economía. No puede ser que el sector financiero maneje la política monetaria y de crédito, con independencia del gobierno. Además, la supuesta competencia técnica de los financistas del Banco Central no existe; basta comprobar el grueso error financiero cometido durante la convertibilidad, que consistió en permitir que se recibieran depósitos en dólares y se represtaran sin constituir las reservas necesarias o exigir seguros de cambio (¿de dónde iban a sacar después los dólares si se devaluaba, como ocurrió?).
Otra reforma básica debe ser la del régimen jubilatorio, que generó déficits presupuestarios de 4.200 millones de pesos anuales, que sólo recibe las cotizaciones de un tercio de los inscriptos y que administró las cuentas de sus afiliados de modo tal que hubiera sido más rentable poner esas sumas en plazos fijos, sin tener que pagar comisiones del 30% 6. Existe una gama de posibilidades para reformar ese sistema. Una consistiría en volver al régimen de reparto, considerar los fondos de las cuentas individuales de capitalización como aportes durante el período en que se hicieron y tener a las AFJP como un complemento voluntario para quienes quieran mejorar su jubilación de reparto.
La deuda externa continúa siendo un determinante de la política económica general. En el actual proceso de negociación del default, el gobierno ha planteado tres premisas que defienden el interés nacional: no pagar con nuevos financiamientos externos, hacer una quita del 75% y poner un tope a los pagos por deuda.
En el plano económico, el primer requisito es el crecimiento sostenido, no por fetichismo aritmético sino por necesidad económica y social. Pero no de cualquier crecimiento: el de 1991-1994 fue destructor de industrias y de empleo. Un crecimiento deseable debe sustentarse en el consumo, las inversiones y las exportaciones. No se trata sólo de un problema cuantitativo sino cualitativo.
Debe promoverse el consumo de los grupos de menores ingresos, con una política que salde la deuda social y a descomprimir la tensión política; tiene un fuerte efecto multiplicador y requiere pocas importaciones. En materia de inversiones deben estimularse los sectores y ramas que generen mayor crecimiento y ocupación (industria, construcción, agricultura); en paralelo, es indispensable fortalecer la infraestructura de energía, transporte y comunicaciones. En esta tarea habrá que revalorizar al sector público, que en el promedio anual 2000-2003 sólo llegó al 8,9% de la inversión en construcciones y al 2,8% de las de equipo durable de producción 7. En materia de exportaciones, la mitad consiste en materias primas sin procesar; es por lo tanto indispensable que se aumente su contenido en valor agregado.
La reindustrialización requiere un esfuerzo sostenido, tanto del sector privado como del Estado. Argentina fue un país industrial y dejó de serlo. El sector productivo no podía aguantar la subvención a las importaciones implícitas en el tipo de cambio; la industria generaba el 32,2% del PBI en 1960, el 28% en 1980 y el 15,4% en 2001 8.
Tampoco se trata de cualquier industrialización. Hay dos grandes grupos de industrias. El primero consiste en las que elevan la jerarquía del sistema productivo, son "cerebro-intensivas" y con alta densidad de capital (por ejemplo, las aplicaciones de la energía atómica). El segundo grupo, también indispensable, es el que ocupa más mano de obra con menor productividad; debe revertirse la caída de la participación de la industria en el empleo total, que disminuyó del 29,7% en 1960, al 18,8% en 1990 y al 16,5% en 2000 9.

La inclusión social

El principal problema de la Argentina actual es la exclusión social, que se produjo como resultado natural del sistema de renta y financiero que rigió en el decenio de 1990. El nuevo modelo a estructurar debe incorporar a 3,1 millones de subocupados y desocupados. No es un proceso simple. Primero, los utilizadores de mano de obra barata deberán entender que los mayores costos en mano de obra se compensan con exceso por el aumento del mercado y de la productividad. En el plano político, implica salir de la situación de clientelismo/asistencialismo y pasar a otra de categoría superior, que es la de asalariado/consumidor. Se trata de una cuestión fundamental para afianzar la unidad nacional.
Los dos instrumentos básicos para promover la inclusión social son el empleo y la distribución del ingreso. El empleo es un elemento básico para determinar si alguien está excluido o incluido en la sociedad. Entre 1974 y 1980 la desocupación era del 3,5% y la subocupación del 4,7%; en el primer trimestre de 2004 había 1,5 millones de desocupados y 1,6 millones de subocupados (el 14,4% y 15,7% de la población económicamente activa) 10. En el último año se crearon 826.000 nuevos empleos (excluyendo a los remunerados por planes sociales) 11.
Un crecimiento del PBI del 7% durante 2004 podrá absorber cerca de 700.000 puestos de trabajo (en un cálculo razonable, basado en la actual modificación de los precios relativos, un aumento del 1% del PBI significa un suba de 0,7 puntos del empleo de la población económicamente activa). Al incremento derivado de la nueva modalidad de crecimiento económico se le podría sumar el plan de obras públicas, que por cada 1.000 millones de pesos en obras crea alrededor de 42.000 puestos de trabajo 12. En el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2004-2006 se prevén inversiones por 5.600 millones de pesos para 2004, lo que implicaría una ocupación directa e indirecta de 235.000 personas. A este crecimiento de la ocupación de cerca de 935.000 personas generado por causas "naturales" se le sumaría la política de empleo que asiste a 2 millones de personas en el Plan Jefes y Jefas de Hogar, de las cuales 800.000 trabajan; a este programa deben agregarse los del Ministerio de Acción Social, por 2.700 millones de pesos.
La distribución del ingreso es muy desigual: el ingreso medio del 10% más rico multiplica por 24 el del 10% más pobre 13. Esto se debe sobre todo a los bajos salarios, que han sufrido un largo y persistente deterioro. En 1950 el salario representaba el 51,9% del ingreso nacional; en 2002 había descendido al 34,2% 14.
Esta caída salarial se agravó con la desocupación durante la convertibilidad y con el deterioro provocado por la inflación desde 2002, lo que llevó a un aumento insólito de la pobreza; en 2003, en el Gran Buenos Aires el 51,7% de la población era pobre (el 21,7% de éstos, indigentes). En el segundo semestre de ese año, esos índices bajaron al 47,8% para la pobreza y al 20,5% para la indigencia.
Un mejoramiento en la distribución del ingreso requiere la acción de varios instrumentos de política económica. En primer lugar, una reforma fiscal que grave más al ingreso y a la riqueza altos y desgrave a las categorías más bajas; que además genere fondos adicionales para mejorar la condición de los más pobres. Segundo, creación de empleos y suba no inflacionaria de salarios, en especial de los más bajos. Tercero, mejor funcionamiento de los servicios públicos; una forma de salario indirecto a través de los servicios, en especial de salud, seguridad social y educación: actualmente hay 13 millones de personas sin cobertura médica y 9,3 millones sin seguridad social. Por último, deberían instrumentarse programas regionales que estimulen la actividad productiva de las provincias y otorguen cierta protección social a sus habitantes.
Para cambiar el esquema neoliberal por un modelo productivo es necesario reunir tres condiciones: conciencia social, voluntad política y poder político. Se ha avanzado mucho en la conciencia social y la voluntad política a favor del desarrollo de un modelo de producción y redistribución del ingreso que reemplace al régimen concentrador de renta y financiero. Corresponde ahora al poder político instrumentarlo: el país se encuentra frente a una oportunidad acaso única. Por cierto, todo intento de transformación es muy difícil, por las estructuras de poder que todavía responden al antiguo régimen y por la maraña de intereses implicados. Pero no es imposible. Tal vez Argentina tenga el privilegio de asistir al nacimiento de un nuevo modelo de política económica.

  1. Daniel Artana.
  2. Miguel Ángel Broda, La Nación, 23-04-02.
  3. Ricardo López Murphy, La Nación, 07-04-02.
  4. Manuel Solanet, 30-03-02 y 22-04-02.
  5. INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, cifras de mayo de 2003.
  6. Jorge Beinstein, "El saqueo de las jubilaciones", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, diciembre de 1999.
  7. INDEC, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.
  8. Fuente: para 1960 y 1980, CEPAL; para 2001, INDEC, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.
  9. Ministerio de Economía y Producción, Centro de Estudios para la Producción, Síntesis de la Economía Real, julio de 2003.
  10. Página/12, 19-06-04, sobre la base de datos del INDEC.
  11. INDEC, Comunicado de prensa del 17-06-04.
  12. Cálculo de INDEC, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, sobre la base de obras públicas con el 59% del gasto aplicado a vivienda.
  13. INDEC, Encuesta Permanente de Hogares.
  14. La cifra de 1950 es del Banco Central; la de 2002 de INDEC, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.
Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 61 - Julio 2004
Páginas:6,7,8
Temas Ciencias Políticas, Política, Estado (Política), Movimientos Sociales
Países Argentina