Le Monde diplomatique ÍndicesBúsquedaEste cdAyuda  
Home

Existir contra el aniquilamiento

Los asesinatos de los jóvenes piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) el último 26 de junio, hecho por el que se les dictó prisión preventiva al comisario Alfredo Fanchiotti y a su chofer, el cabo Alejandro Acosta, colocaron en el centro del conflicto social a las organizaciones de desocupados. Desde su formación en los últimos años, estas organizaciones se fueron constituyendo en el eje de la protesta social, en busca de nuevas formas organizativas.

“Y dale dale alegría a mi corazón / la sangre de los caídos es rebelión…” Los compactos grupos de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (CTDAV)1 cantan en Plaza de Mayo mirando a la Casa de Gobierno. Apiñados en torno de sus banderas, tiritando contra el viento y la lluvia de la inclemente tarde del 3 de julio pasado, cantan la historia del asesinato por la policía de dos de los suyos apenas una semana antes, en la estación Avellaneda de Buenos Aires. Cantan su propia epopeya, y el hálito de tragedia que los envuelve no mella la peculiar energía, el cálido y poderoso vínculo que los une más allá de la sangre y el canto.

Por esos días eran el blanco favorito de la retórica de mano dura y de criminalización de la protesta social encarnada en el canciller Carlos Ruckauf (“lo firmaría de nuevo”, había dicho poco antes, refiriéndose al decreto de aniquilamiento de la subversión que firmó en 1975), y de la prensa canalla que los asimila sistemáticamente a las formaciones armadas de la izquierda de los ’70. Pero fueron también los dilectos en el corazón de los manifestantes convocados por más de cien organizaciones –de piqueteros, asambleas barriales, organismos sindicales y de derechos humanos, estudiantiles, agrarios, partidos políticos– a cuya cabeza habían marchado. Maximiliano Kosteki y Darío Santillán habían participado con su organización en el corte del puente Pueyrredón, uno de los accesos a la ciudad de Buenos Aires desde el Sur, y fueron asesinados cuando huyendo de la represión policial desatada en el puente entraron en la estación Avellaneda.

“La medición de la desocupación en mayo dio 22%”, declaró la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, para precisar poco después que “hay más de 1,8 millones de personas que cobran el subsidio”, en referencia al plan para Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, implementado por el gobierno de Eduardo Duhalde2. De acuerdo con la Encuesta Permanente de hogares de mayo del INDEC, hay 3,2 millones de desocupados y 3,05 de subocupados, lo que significa más de 6 millones de personas con problemas laborales, esto es, el 45 % de la población activa3.

Siempre de acuerdo con cifras dadas a conocer por el INDEC, en los últimos cuatro años la industria expulsó a 260.000 obreros y quedan trabajando 630.000, con salarios reducidos en un 30% promedio4. Estas cifras récord son el indispensable marco de referencia para empezar a entender el movimiento piquetero, cuya voluntad organizada de constituirse como tal data del 4 de septiembre de 2001, fecha del Segundo Congreso Piquetero Nacional. Pero su existencia se remonta por lo menos a seis años atrás, con las puebladas de Cutral-Co y Plaza Huincul, poblaciones que la privatización de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)5 no había tardado en convertir en pueblos fantasmas. El día en que fueron asesinados Kosteki y Santillán, se cumplían exactamente seis años del momento en que el entonces gobernador de la provincia de Neuquén, Felipe Sapag, firmara con la vocera de los piqueteros Laura Padilla el acuerdo que puso fin a la protesta en la que miles de habitantes de esas dos poblaciones bloquearon las vías de acceso a la zona durante siete días y seis noches6. Fue el episodio inaugural de los cortes de ruta, esa nueva forma de resistencia con que los desocupados encontraron un modo de hacerse ver y escuchar, y que adoptarían conjuntamente con otros sectores. Toman su nombre, piqueteros, del tradicional “piquete” de huelga, los grupos que a las puertas de fábricas o empresas se proponen garantizar el cumplimiento de la medida. Como no cumplen función ninguna en la producción, optan por interferir la circulación de vehículos y mercaderías, exponiéndose a que se esgrima contra ellos la amenaza del Artículo 194 del Código Penal: “El que sin crear una situación de peligro común impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes… o los servicios públicos de comunicación, será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años…” Según el Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, en 1997 hubo 140 cortes de ruta, mientras que en lo que va del 2002 ya hubo 1.6097.

Mayoría de mujeres

“Ser piquetera es salir a luchar por una necesidad, hacerse escuchar por la gente que no nos quiere escuchar”, “Cuando salgo al corte, recién ahí me siento persona”, “Tendrían que matarme para callarme la boca”, “Merecemos sí o sí un trabajo” son apenas algunos de los testimonios de las mujeres entrevistadas en Cutral-Co (Neuquén), General Mosconi (Salta) o Ledesma (Jujuy) en Piqueteras, el fotodocumental que las jóvenes videastas Malena Bystrowicz y Verónica Mastrosimone realizaron entre noviembre de 2001 y febrero de 2002.

Una constante de los movimientos de desocupados es la alta proporción de mujeres, alrededor del 65%. Frecuentemente empleadas domésticas o amas de casa, también son muchas las que han sido obreras, incluso en ramas de la industria. Pero invariablemente son ellas las que asumen lo que para el criterio masculino sería una actividad humillante, como es pelear por los planes sociales y por bolsones de alimentos. En muchos casos madres precoces de numerosos hijos, priorizan atenderlos y alimentarlos. Es difícil establecer si la situación extrema que afrontan refuerza los opresivos roles de género o les abre una inesperada puerta de ruptura: en las organizaciones encuentran un rol protagónico, una autoafirmación de su valía y de sus fuerzas. Además de cumplir unas horas de trabajo, la mujer empieza a asistir a las reuniones, a ir a los piquetes, lo cual surge a menudo como nueva excusa para los episodios de violencia conyugal. Conocen bien esta paradoja las mujeres de Amas de Casa del País, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), donde se integra una de las principales organizaciones de desocupados, el Movimiento de Desocupados presidido por el ex obrero industrial Juan Carlos Alderete, del Partido Comunista Revolucionario (PCR). La escuela que Amas de Casa ocupó en el barrio La Juanita en La Matanza, originalmente destinada a refugio de mujeres víctimas de la violencia conyugal, ha sido mayormente ganada por otras actividades del movimiento (cocina comunitaria, guardería, asambleas), y ahora proyectan la construcción de un refugio en otro terreno. Sería un refugio no clandestino, a diferencia de otros ya en funcionamiento. Este colectivo de mujeres, que puso en marcha un plan piloto de 20 mujeres que se capacitan para prevenir la violencia contra la mujer en sus propios barrios, no recurre a la denuncia policial, sino que se propone el logro de la sanción social de golpeadores y abusadores.

A unas cuadras de la escuela, en el barrio María Elena, se levanta lo que la CCC llama “la salita”, un local donde hay consultorios de clínica, ginecología, odontología, y una cocina donde se preparan guisos bajo la dirección de Rosa Páez, viuda y madre de ocho hijos. La cocina alimenta a 100 chicos por día. La gente hace filas para los consultorios, pero también para recibir raciones del guiso. La “salita” es sólo parte de un proyecto amplio, obra de arquitectos que trabajan voluntariamente, que incluiría enfermería, pediatría, pabellón de internación. El doctor Nestor Oliveri, a quien llaman El Chino (“no parece un doctor”, es el elogio de los vecinos), trabaja hace 15 años en el barrio, al frente de un equipo de salud que hoy cuenta con 50 personas, de las cuales sólo hay 7 rentadas por la provincia. El principal problema que se plantea, dice, es la desnutrición, que afecta al 25% de los chicos de la zona, mientras que otro 15% está al límite. Ha conseguido disponer de 30 kilos de carne por semana y es él quien indica las dietas que se preparan en la cocina. Su próximo proyecto es, en colaboración con los agentes de salud y estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de La Matanza, la detección de embarazos para ofrecer controles y recabar demandas. Admite que es una proeza luchar por la salud en un barrio sin cloacas, donde el agua está contaminada y donde cada vez más falta comida.

En el barrio La Fe, Lanús Este, un local del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Lanús, a unas cuadras de la bloquera donde trabajaba Darío Santillán, alberga una panadería, una guardería, un comedor comunitario. Un grupo de mujeres se afana en la cocina en la elaboración de panes, pizzas, fideos y salsa, que llevan después en enormes bandejas hasta la mesa larga del comedor. Florencia Vespignani, cuyos dibujos tapizan las paredes del local, además de referirse a las actividades en el local y a las asambleas semanales, habla de proyectos ansiados: alfabetización de adultos, huertas, talleres de educación sexual, una farmacia popular como la que ya funciona en el MTD de Solano.

Del clientelismo a la autogestión

Guarderías, panaderías, bloqueras, farmacias, huertas, granjas, roperos, talleres, bibliotecas, centros de salud. ¿Cómo se logra esta multiplicidad de actividades en barrios donde, una vez esforzadamente logradas las tierras y levantadas las humildes viviendas a lo largo de veinte años, hubo que afrontar una calamidad peor que cualquiera de las anteriores: la pérdida, en cada vez más casos irreversible, de los empleos, al ritmo de la desindustrialización del país? Aquí nos encontramos con otra paradoja: las organizaciones de desocupados se organizan en torno de los sucesivos planes sociales arrancados mediante sus acciones e implementados a partir de 1996. Las diferentes organizaciones coinciden en enorgullecerse de haber convertido esa política social clientelar y controladora en una herramienta de autoorganización y autogestión. Desde los Planes Trabajar, que empezaron a otorgarse durante la segunda presidencia de Carlos Menem (200 pesos/dólares mensuales), al Programa para Jefas y Jefes de Hogar Desocupados de Duhalde (150 “lecop” mensuales)8, los subsidios se entregan a cambio de tareas como hacer zanjas, reparar veredas, pintar escuelas, tareas que no siempre se concretan. Las organizaciones de desocupados luchan por conseguirlos y por renovarlos, dado que rigen por lapsos de unos meses. Por supuesto que estos colectivos, donde conviven ex obreros industriales o de servicios con jóvenes que sólo han conocido trabajos informales, temporarios o en negro, aspiran a verdaderos trabajos. Saben que la desocupación es un factor estructural de la etapa financiero-especulativa del capitalismo y que sólo una política que lo remueva puede devolverles su condición de trabajadores plenos. Pero también saben que no pueden rechazar esos subsidios. Se han propuesto entonces hacer de ellos instrumentos de mejoramiento colectivo de las condiciones de vida en los barrios. “Tratamos de arrancarles todo lo que podamos, organizar, volver a la carga, pero no solamente con demandas sectoriales, sino para cuestionar en profundidad el modelo económico imperante…”, dice Luis D’Elía, ex concejal del Frepaso en La Matanza, actual diputado provincial por el Polo Social, secretario de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), la otra gran organización de desocupados que desde 1999 trabaja mancomunadamente con el Movimiento de Desocupados de la CCC. D’Elía calcula que las organizaciones que componen la FTV acceden a escala nacional a unos 40.000 planes. El Movimiento de Desocupados de la CCC argumenta que el mecanismo de “puntaje” que aplican para asignar los planes revierte el clientelismo: dada la necesidad de elegir a los beneficiarios, y puesto que los planes son menos que los desocupados (Alderete calcula unos 70.000 integrantes del movimiento a nivel nacional, y el acceso a alrededor de 50.000 planes), se los elige mediante un criterio que combina participación en el Movimiento y necesidades. “Mientras que los planes sociales gubernamentales buscan la pasividad a cambio de favores políticos, conseguir los planes y mantenerlos es para nosotros el resultado de nuestras luchas”, explica Pilar Sánchez, a cargo de prensa de la CCC. Néstor Pitrola, integrante por el Polo Obrero de la mesa nacional del Bloque Nacional Piquetero (BNP)9 define a los subsidios como “reivindicación parcial… no un fin en sí mismo sino paliativo provisional en nuestra lucha estratégica por el puesto genuino de trabajo”.

“La necesidad de organizarnos como trabajadores desocupados comenzó a plantearse para que, una vez conseguidos esos subsidios, el manejo punteril y asistencialista no nos desarticulara… Lo que se pensó como una herramienta de contención terminó recreándose desde la lucha popular en una herramienta de organización y autonomía. Tratamos de que estos planes improductivos se transformen en proyectos auténticamente productivos…” dice Pablo, del MTD de Almirante Brown.

Otro denominador común es la admisión de que la gente se acerca por necesidad. “Cuando Rodríguez Saá prometió un millón de puestos de trabajo, los locales del MTD se colmaron de gente”, describe el abogado Esteban Rodríguez. En una asamblea de referentes barriales de la CCC en La Matanza, uno de los asambleístas advierte que hay que resistir las divisiones entre vecinos generadas por el hecho de que llega cada vez menos mercadería. Y el éxodo de vecinos hacia organizaciones como Caritas, de la Iglesia católica. Pero aun en esas difíciles condiciones, quienes se acercan se encuentran con que además de alguna satisfacción para sus demandas elementales, la organización provee una comunidad de contención, la conciencia de una situación compartida y la necesidad de una salida colectiva.

Luis D’Elía y Juan Carlos Alderete son miembros titulares del Consejo Nacional de Ejecución, Administración y Control del Programa Social10, oficializado 60 días después del lanzamiento de los últimos planes. La FTV y la CCC consideran un importante hito en sus trayectorias la primera acción conjunta de ambas organizaciones, un corte de la Ruta 3 el 29 de junio de 1999. El último 20 de junio, al cabo de una marcha de 12 kilómetros desde el conurbano a Plaza de Mayo, lanzaron un llamado conjunto a la formación de un frente político-social. “Nuestros acuerdos tienen que ver con reivindicaciones sectoriales, y cada vez más con un proyecto político común”, se entusiasma D’Elía. “Si vivimos y sufrimos de la misma forma, es una barbaridad que sigamos enfrentados por cuestiones sectoriales, políticas”, coincide Alderete. Ambos de La Matanza, desde sus respectivos barrios de María Elena y El Tambo, comparten una historia que empezó hace veinte años con la lucha por las tierras y luego las viviendas, hasta que en el curso de la década de los ’90 se centraron en lo que pasó a ser el problema fundamental: el hambre.

Los cortes de ruta son el momento de visibilidad y confrontación con las autoridades de los desocupados organizados. Pero lo que permite su crecimiento comunitario y lo que crea los vínculos de solidaridad que los unen son esas actividades múltiples y esforzadas que otorgan sentido y proyecto a su penosa cotidianeidad. “El piquete es un momento festivo, es su momento cotidiano de seguridad”, atestigua Esteban Rodríguez, recordando un piquete en Claypole adonde fue llamado por el MTD debido a un apriete judicial para desalojar a un grupo de familias de un terreno fiscal.

Ocupados-desocupados

Todas estas organizaciones conciben a los desocupados en articulación con sectores sociales laboralmente activos. La FTV, constituida oficialmente el 19-7-1998 cuajó, dice D’Elía, “gracias a la propuesta de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de identificar como ámbito de organización de la clase obrera no ya la fábrica o el lugar de trabajo, sino el territorio, y reconoce a nuestras organizaciones en términos de igualdad con los sindicatos”. Aclara que la FTV no es una organización de desocupados, sino que “como toda la Central desde mediados de los años ’90 tomó la problemática del trabajo como central” (ver Luis Bilbao, págs. 6-7). Para Alderete, los cambios de fondo que Argentina necesita no pueden lograrse sin la presencia, junto a los desocupados, del campesinado, el estudiantado, pero sobre todo el movimiento obrero ocupado, y especialmente el sector industrial.

Pitrola define al BNP como una confluencia de ocupados y desocupados. “El desocupado es parte integral de la clase obrera”. Él mismo congresal del sindicato gráfico, explica que el Bloque “tiene asociada a toda su actividad una corriente de sindicatos clasistas, comisiones internas, delegados fabriles, docentes…”

El Movimiento de Trabajadores Desocupados surgido a partir de 1997 y coordinado en la Aníbal Verón, es una cara singular, minoritaria pero cualitativamente significativa del complejo prisma del movimiento piquetero. El primero de estos movimientos se formó en Solano en agosto de 1997; en mayo de 2002 ya había MTD en Lanús, Almirante Brown, Florencio Varela, Quilmes, Esteban Echeverría, José C. Paz, Guernica, Lugano, y 22 de Julio (Río Negro). Su consigna es Trabajo, Dignidad y Cambio Social, y sus principios organizativos horizontalidad (no hay puestos jerárquicos), autonomía (no responden a ningún partido político, grupo religioso ni central sindical) y democracia directa (todas las decisiones se toman en asambleas barriales semanales). Principios que los distancian tanto de la FTV y la CCC como de las organizaciones de izquierda, algunas con representación parlamentaria, que sustentan el Bloque Nacional Piquetero.

“El cambio social lo construimos desde ahora, todos los días, con las relaciones entre nosotros”, dice Florencia, del MTD de Lanús. “Darío no era un líder ni un dirigente, era un compañero, un compañero muy activo”, insiste, y Mariano, de Almirante Brown, corrobora: “No separamos lo social de lo político. Nuestra actividad social la hacemos desde una visión política: trabajar sobre la base de acuerdos y no de imposiciones”.

Los asesinatos del 26 de junio exasperaron las discrepancias de la CCC y FTV con el Bloque Piquetero y con los MTD, y actualizaron sus discusiones “metodológicas”. En efecto, la participación de la FTV y la CCC en el Consejo Consultivo es para el Bloque Nacional Piquetero una forma de tregua o de concertación con el gobierno de Duhalde y la causa de la división que se abrió en el movimiento piquetero una vez derrocado De la Rúa, cristalizada en la Asamblea Nacional del Bloque, a mediados de febrero pasado. Las discrepancias son en realidad políticas: la FTV no caracteriza la actual situación como “prerrevolucionaria”, como sí lo hace el Bloque. Discrepancias anteriores a la caída del gobierno de De la Rúa, y que en parte se expresaron a través de discusiones “metodológicas”: unas sobre el uso por grupos de piqueteros de pañuelos cubriendo la cara, a lo que D’Elía siempre se opuso: “taparse la cara es abrirle la puerta a los servicios”, dice. El MTD, por su parte, sostiene que el uso de los pañuelos es una medida de seguridad debida al hostigamiento a que son sometidos sistemáticamente por parte de la policía y de las autoridades comunales. Otra discusión abierta se refiere a la modalidad de los cortes: la FTV y la CCC tienen el criterio de cortar rutas o puentes dejando caminos alternativos, para no ganarse la oposición de los sectores medios, con quienes aspirarían a aliarse en su objetivo de “un gobierno de unidad popular”. Los demás defienden los cortes absolutos, considerando que el apoyo de los sectores medios llegará igual, por fuerza de las circunstancias. Lo cierto es que el 28 de enero pasado, en pleno pico de indignación popular por la crisis y el “corralito” bancario, unos 40.000 piqueteros marcharon 40 kilómetros hasta la Capital y fueron recibidos en distintos puntos de la ciudad por las asambleas barriales de Liniers, Flores, Almagro, Congreso, en una alianza entre asambleístas y piqueteros que el gobierno de Duhalde se empeñaba en impedir.

Las polémicas se renovaron a propósito de las tres marchas a que dieron lugar los asesinatos: una al día siguiente, el 27 de junio, y otras el 3 y el 9 de julio, esta última prevista por los partidos de izquierda con anterioridad. La FTV y la CCC adhirieron pero no participaron masivamente de las marchas del 27 y el 9 de julio (el 27 se aplicaron, en cambio, a hacer cortes de ruta en La Matanza). Aunque acordaban con el repudio a los asesinatos y la represión y con el llamado a una segunda independencia el 9 de julio, discrepaban con la consigna “fuera Duhalde ya”. Para la CCC era preciso que esa consigna incluyera la propuesta de un gobierno de unidad popular. D’Elía dice: “Si se va Duhalde ya y asume un gobierno de unidad popular está bien. Pero si se va para que estas Cámaras (del Congreso) después de asumir el senador suplente Carlos Menem lo elijan Presidente hasta diciembre de 2003 y nos abra el camino a la regionalización, a la dolarización, al ALCA o a la trampa electoral como quieren ahora, decimos no”.

Pitrola dice que el “que se vayan todos” ahora mismo es asumido por el Bloque no como “un recambio de personal político sino como un replanteo social, económico y político del país”. Si bien admite que las organizaciones de poder popular pueden no estar maduras para hacerse cargo de inmediato del gobierno, promueve la Asamblea Constituyente como “gobierno de transición asambleario soberano, que unificaría las tareas ejecutiva y deliberativa, como ocurre en los períodos revolucionarios”. Pitrola interpreta que estas marchas forzaron el adelantamiento del llamado a elecciones por Duhalde, y significaron una derrota provisional del giro represivo asumido por su gobierno.

Al mismo tiempo, esas tres grandes marchas, pero muy especialmente la del 3 de julio, por la masiva concurrencia de la totalidad de las organizaciones de piqueteros, dejaron vislumbrar los móviles comunes a las diferentes corrientes del movimiento piquetero y su potencial unificación, verdadera pesadilla para el establishment. “El asesinato de dos jóvenes piqueteros en puente Pueyrredón fue un mazazo que parece convertirse en un parteaguas, en el sentido de intentar sumar fuerzas a pesar de las diferencias… Lentamente el movimiento social empieza a hacer política”, analizó el periodista Luis Bruschtein11.

Durante años, el resto de la sociedad miró como parte de un paisaje ajeno las fugaces imágenes televisivas que mostraban a esas multitudes inermes, de precario presente y futuro imposible, a la intemperie, tras de los neumáticos llameantes. Las convulsiones sociales que se suceden desde el último 19 de diciembre empezaron a hacer justicia a los piqueteros, convertidos en cifra del país. Esa “forma insostenible de existencia humana individual y social” que es el desempleo, ha sido puesta en evidencia por los cortes de ruta, esa “nueva forma de resistencia”12. Sería difícil cuestionar el carácter de actores sociales de los desocupados, así como la potencialidad política de su accionar. Como será difícil olvidar las imágenes a través de las cuales los reporteros gráficos determinaron la responsabilidad policial del asesinato a mansalva de Darío Santillán, cuando demoró su huida para inclinarse sobre el ya agonizante Kosteki, un compañero de actividades a quien no conocía. Imágenes que de paso nos recuerdan que aun desde el invierno de todas las penurias, por momentos los piqueteros se han dado el lujo de abrir las flores de la fraternidad.

  1. Aníbal Verón era un colectivero desocupado de 37 años, padre de cinco hijos, asesinado el 19 de noviembre de 2000 por fuerzas de seguridad cuando participaba en un corte de ruta en General Mosconi, Salta.
  2. Página/12, Suplemento Cash, 7-7-02.
  3. Ismael Bermúdez, “Hay más de 6 millones de personas desocupadas o subempleadas”, Clarín, 11-7-02.
  4. Ismael Bermúdez, “Tres de cada diez obreros industriales perdieron su empleo”, Clarín, 20-7-02.
  5. El Congreso de la Nación sancionó la privatización de YPF el 24-9-1992.
  6. Javier Auyero, “La vida en un piquete”, Apuntes de investigación del Cecyp, Año VI, Nº 8, junio de 2002.
  7. La Nación, Buenos Aires, 28-6-02.
  8. Lecop: Letra de Cancelación de Obligaciones Provinciales, respaldadas por el Estado, ante la crisis presupuestaria nacional. En teoría, un Lecop equivale a un peso (a fines de julio pasado, 0,21 dólares).
  9. Además del Polo Obrero, que responde al Partido Obrero, integran la mesa nacional del Bloque el Movimiento Territorial de Liberación (que responde a Izquierda Unida), el Movimiento Teresa Rodríguez, la Coordinadora de Unidad Barrial y la Federación de Trabajadores Combativos. En su plan de acción lanzado el 15 de julio tiene el apoyo del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJP) conducido por Raúl Castells, antes parte de la CCC.
  10. Integran ese Consejo la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, Abappra, AMIA, Caritas, evangelistas y representantes gubernamentales de los ministerios de Trabajo, Economía y Desarrollo Social.
  11. Luis Bruschtein, “El comienzo de la política”, Página/12, Buenos Aires, 10-7-02.
  12. Ana Dinerstein, “Desempleo y exclusión social”, en ASET, 5º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Buenos Aires, 1 a 3-8-01. Y “El poder de lo irrealizado” en Observatorio Social de América Latina, septiembre de 2001.
Autor/es Marta Vassallo
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 38 - Agosto 2002
Páginas:4,5
Temas Estado (Política), Movimientos Sociales, Clase obrera
Países Argentina