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Apropiarse de la fuente de trabajo

Ante la ausencia de respuestas por parte del Estado y la perspectiva cierta de engrosar la creciente masa de desocupados, miles de trabajadores han decidido apropiarse de su destino. A través de la figura de la cooperativa de trabajo, por vía judicial y legislativa, han recuperado empresas en crisis y emprenden un camino plagado de dificultades para reinsertarlas en el circuito productivo. La demanda por un marco legal que declare a esas unidades productivas y sus bienes muebles "bienes sociales", es el símbolo de un modelo de economía solidaria y democrática que propone un consenso productivo como salida alternativa a la crisis en que está inmerso el país.

“Somos un nuevo actor social, generamos un nuevo consenso. Ante el fracaso de la dirigencia empresaria argentina, nos sentimos con la capacidad de reemplazar, como la crisis lo pide, el esfuerzo individual por el esfuerzo colectivo. A partir de esta bandera que levantamos los trabajadores como solución desde la autogestión, pasamos de la conflictividad social al consenso productivo. En el ’55, los trabajadores participábamos con el 51% de la renta nacional; hoy con el 17%. A partir de una organización democrática, como son las cooperativas de trabajo, disputamos la generación de la renta y el reparto de esa riqueza de una forma más justa y equitativa”. De este modo José Abelli, representante del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), define a esta organización democrática y transversal que surgió en 2001, en una asamblea realizada en Industrias Metalúrgicas Plásticas Argentinas (IMPA), para representar sectorialmente a gran parte de las empresas autogestionadas.

Las empresas recuperadas por sus trabajadores constituyen un fenómeno emergente en medio de la profunda crisis del modelo de renta financiera adoptado en los años ’70, cuyo resultado ha sido el desmantelamiento de la industria nacional, provocando la quiebra de miles de empresas y una cifra récord de trabajadores desocupados (ver pág. 4). “El sindicalismo tiene un área de defensa de los trabajadores, pero cuando cierran las fábricas se terminó, no hay huelga ni medida de fuerza que valga. Ahí aparecemos nosotros”, explica Héctor Garay, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la provincia de Buenos Aires (Fecootra). Actualmente, cerca de cien empresas de distintos rubros productivos, que se caracterizan por ser de mano de obra intensiva1 son gestionadas por sus trabajadores, que se constituyen en cooperativas de trabajo y negocian con la justicia la continuidad de la fábrica2.

El principal reclamo es el de un marco legal que declare a las unidades productivas y sus bienes muebles “bienes sociales”, para resguardar la base fundamental del sistema económico: los recursos productivos y humanos3. “Se trata de una cuestión estratégica –afirma Abelli–. Estaban dispuestos a cerrar Zanello, o sea que nos íbamos a quedar sin fábrica nacional de tractores. Sin embargo, los trabajadores se organizaron y pelearon por la recuperación de la empresa. Hoy Zanello es primera en ventas en el país. Lleva vendidos 90 tractores a un precio 30% más barato que cualquier tractor importado”. Por su parte, el abogado Luis Caro, asesor de varias empresas recuperadas, afirma que “cuando está en juego el destino de la sociedad, la propiedad privada debe quedar por debajo del derecho a trabajar y ejercer industria lícita”.

El 18 de agosto de 2000, los obreros de la metalúrgica G.I.P. Metal de Avellaneda recibieron en sus casas los telegramas de despido por quiebra. La empresa se encontraba en convocatoria de acreedores y los trabajadores ya habían sufrido suspensiones y rebajas salariales. Sin embargo, sospechando una maniobra fraudulenta de la patronal, decidieron entrar a la fábrica para evitar su vaciamiento. Al revisar el expediente se encontraron con varias irregularidades: seis meses antes de pedir la quiebra, el dueño había informado del traslado de la fábrica a un galpón a nombre de dos personas insolventes –un fletero y el sereno– que sólo contenía tres máquinas rotas, mientras el verdadero inmueble había sido transferido a una sociedad uruguaya a nombre de un testaferro.

El empresario propuso entonces volver a poner la fábrica en funcionamiento, contratando a la mitad del personal. En respuesta, los trabajadores decidieron conformar una cooperativa de trabajo y durante cuatro meses, con el apoyo de vecinos, concejales, diputados provinciales, el intendente y la diócesis de Avellaneda-Lanús, “permanecieron” en la fábrica. El dueño presentó entonces una denuncia por usurpación ante un juez penal de Lomas de Zamora, quien ordenó el allanamiento y desalojo compulsivo de la fábrica. Caro recuerda que “los compañeros pedimos al comisario 24 horas. Organizamos diez micros y fuimos más o menos doscientas personas a explicarle al juez que no eran usurpadores, sino trabajadores que defendían su fuente laboral. El juez levantó la medida y procesó al dueño por falsa denuncia y tentativa de estafa”. La cooperativa Unión y Fuerza consiguió luego que el juez les otorgara las máquinas en alquiler y la expropiación del inmueble por parte de la legislatura provincial. Hoy los trabajadores han capitalizado gran parte de los bienes, no dan abasto con los pedidos y llevan cada uno a sus casas un salario superior a los mil pesos.

Falta de capitales

En la mayoría de los casos, la recuperación de la empresa se produce cuando ésta entra en convocatoria de acreedores, se decreta la quiebra o la patronal –agobiada por las deudas– decide abandonarla. Los trabajadores, que también son acreedores, no cargan con la deuda, pues cambian de razón social y con acuerdo del juez o del mismo dueño alquilan el inmueble y los bienes muebles. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la legislatura ha votado por unanimidad la expropiación de más de 15 unidades, que son entregadas en comodato a los trabajadores. El gobierno provincial cuenta entonces con dos años de prórroga para pagar a los acreedores el valor de los activos. Héctor Garay cree que “como va la economía va a ser difícil que la provincia pague. Pero a los trabajadores esos dos años nos permiten tener trabajo, hacer un estudio mucho más profundo de factibilidad, de rentabilidad de la planta (…) Tendremos la posibilidad después de hacer un ofrecimiento a los otros acreedores para ver en qué tiempo y forma los trabajadores les podemos hacer un ofrecimiento de pago”.

Pero más allá de las cuestiones legales, las empresas recuperadas enfrentan serias dificultades para salir adelante. El primer paso consiste en recuperar la confianza de proveedores y clientes engañados por la administración anterior. Osvaldo Porro, tesorero y gerente de planta de la cooperativa que maneja el frigorífico Yaguané, recuerda que “fue muy difícil convencer a los proveedores, que pensaban que los trabajadores no íbamos a hacer bien el trabajo y hasta que les íbamos a comer la carne. Empezamos con muy poca faena, nos mandaban lo peor. Nos llevó algo más de dos años tener una faena que fuera el punto de equilibrio del frigorífico”. Dos años en los que muchas veces, los socios volvían a su casa con una bolsa de carne y unos pocos pesos. También, en los casos en que el personal administrativo abandona la planta junto al dueño, deben suplir la falta de cuadros gerenciales. El MNER ha suscripto un convenio con la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME), que les aporta asesoramiento gratis. Por su parte, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) también aporta capacitación. Abelli reconoce la voluntad del organismo, pero lamenta que el INAES haya “perdido todo su presupuesto en manos de rentas generales. En definitiva el INAES es una cáscara vacía que no tiene ninguna posibilidad de incidir efectivamente en las políticas del Estado nacional y lo único que hace es entregar la matrícula mal y tarde”. Por su parte, Juan Cabrera, de la Cooperativa Los Constituyentes señala: “Nos han abierto todas las puertas, pero esas puertas no apuntan al problema básico nuestro, que es la falta de materia prima, de capital”4.

En efecto, el principal escollo es la falta de capital de trabajo. Para salir adelante, las empresas tercerizan su mano de obra, trabajando a façon: venden el servicio del proceso industrial a clientes que proveen la materia prima, quienes retiran el producto terminado para su comercialización. Intentan reunir un capital de trabajo progresivamente, pero esta modalidad aporta muy bajos ingresos y provoca una fuerte dependencia de los clientes-proveedores. Juan Cabrera explica que han tenido oportunidades de exportar, pero que “si bien la exportación se hace viable desde el punto de vista comercial, cuando llega a su parte ejecutiva no se puede concretar. Es un problema que estamos teniendo todos aquellos que necesitamos un capital de trabajo”. En el caso de Zanello, los trabajadores alcanzaron un acuerdo con las concesionarias para que se asociaran a ellos. Así, crearon una sociedad compuesta en un 33% por los concesionarios, un 33% por el personal jerárquico superior, un 33% por los trabajadores y el 1% restante pertenece a la Municipalidad. Sin este acuerdo hubiese resultado imposible volver a poner la fábrica en funcionamiento.

Economía solidaria

Pese a las dificultades, en todos los casos los trabajadores reconocen el fortalecimiento del vínculo grupal y de su espíritu solidario. Las empresas se apoyan entre sí aportando su experiencia, movilizando a las asambleas barriales e incluso aportando dinero y comida para aquellos que permanecen en las fábricas a la espera de la resolución judicial. “Somos un movimiento que está dentro del marco de la lucha de los trabajadores ocupados y desocupados. Somos un espacio nuevo de construcción, de pelea gremial. En otra situación, cualquiera de nosotros hubiera peleado por quedar mejor parado en la indemnización, no se nos hubiera ocurrido la autogestión de la empresa (…) no había un compromiso tan firme de los compañeros con el conflicto como ahora. En asamblea, decidimos entre todos que el 50% de nuestra actividad era la producción y el otro 50% la lucha en las calles. Somos parte de un todo y por eso tenemos que dar la lucha política”. Eduardo Murúa es representante del MNER y trabajador de IMPA-La Fábrica Ciudad Cultural, que para poder seguir produciendo transformó su planta en un centro cultural y realizó distintos convenios con la Ciudad de Buenos Aires. Hoy en IMPA también funciona un centro de salud gratuito para la gente del barrio, que depende del Hospital Durand. El hospital aporta los médicos y los enfermeros y la fábrica se hace cargo de las instalaciones, la luz y el gas. “La gran diferencia que tiene una cooperativa con una empresa es que, mientras que en una empresa la gente está al servicio del capital, en una cooperativa el capital está al servicio de la gente. La gente es lo más importante” agrega Juan Cabrera.

Algunas críticas señalan que la autogestión de los trabajadores es un fenómeno exclusivo de un país emergente en crisis. Sin embargo, la experiencia del grupo empresarial Mondragón, de España, demuestra que una empresa “social” puede competir en igualdad de condiciones. Mondragón Corporación Cooperativa pasó de un pequeño taller en el que se fabricaban estufas y cocinas de petróleo en 1956, a ser el primer grupo empresarial del País Vasco y el séptimo de España. Integrado por más de 150 empresas y una plantilla de 60 mil trabajadores, facturó el año pasado 8.028 millones de euros5. En Brasil, la Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária (ANTEAG), creada en 1994 con la intención de coordinar algunos proyectos nacientes de autogestión, representa hoy 160 proyectos de autogestión que implican 30 mil puestos de trabajo directos y 120 mil indirectos6. Actualmente, el MNER está trabajando junto con APYME y ANTEAG en la creación de un holding de empresas cooperativas.

A esas críticas, Garay responde :“Nosotros queremos que la crisis desaparezca mañana, pero que el pueblo, los trabajadores se concientizen y dejemos de ser explotados”. Por su parte, Eduardo Murúa cree que “lo más difícil va a ser crear un subsistema, por debajo de la economía formal, de complementación económica con todos los sectores de la economía social, dejando afuera, en el caso de que haya productos desarrollados por empresas de este tipo, a los productos de la economía formal. Ya lo estamos haciendo, aunque en algunos casos sea más oneroso. Apoyar en la complementación económica a los compañeros también es una forma de lucha”.

En su 90ª Sesión, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recordando el principio inscripto en la Declaración de Filadelfia según el cual “el trabajo no es una mercancía” y reconociendo “la importancia de las cooperativas en la creación de empleo (…) que las cooperativas bajo sus diferentes formas promueven la más completa participación en el desarrollo económico y social de toda la población (…) y que se imponen formas más poderosas de solidaridad humana, tanto a nivel nacional como internacional, con el objeto de favorecer una repartición más equitativa de los beneficios de la mundialización” recomendó a sus países miembros la promoción de las cooperativas para combatir el desempleo7.

Frente a la urgencia de la crisis miles de trabajadores han decidido apoderarse de su destino y proponer al país una salida alternativa, una economía social y solidaria que permita recuperar la dignidad y siente las bases de un país más justo y equitativo.

  1. El MNER estima que se han resguardado 10 mil puestos de trabajo directos y que cada uno de ellos genera dos puestos de trabajo indirectos. Desde 1990, la industria expulsó a 460.000 obreros. Véase Clarín, 20-7-02.
  2. Si bien la cooperativa de trabajo no representa la única figura jurídica posible, ha sido la más empleada. En las cooperativas, todos los socios tienen un voto y la diferencia de salarios no puede superar la relación 1 a 4. Por otra parte, las cooperativas hacen aportes como autónomos, no pagan ganancias y, según las provincias, ingresos brutos. En el caso de la textil Brukman de Capital Federal y de la fábrica de cerámicas Zanón de Neuquén, los trabajadores rechazan la figura de cooperativa alegando que se convierte en una nueva patronal y reclaman la estatización de la empresa con control obrero. Desde el MNER sostienen que se trata de una postura ideológica que puede terminar perjudicando a todo el movimiento.
  3. La legisladora del ARI Beatriz Baltroc presentó un proyecto de ley en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por la recuperación de empresas productivas, que declara bienes de interés social a todas las unidades productivas de la ciudad y sus bienes muebles.
  4. El INAES señala la reciente creación de una unidad para la recuperación de empresas en crisis y el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley que restituye al Fondo Nacional para la Educación y Promoción Cooperativa los recursos provenientes de la contribución especial establecida por el Art. 6° de la Ley 23.437, que fueron suprimidos durante los dos últimos años.
  5. http://www.mondragon.mcc.es
  6. http://www.anteag.org.br/folder_espanhol.asp
  7. OIT, “Texte de la recommendation concernant la promotion des coopératives soumis par le comité de redaction”, Ginebra, 20-6-02.
Autor/es Pablo Stancanelli
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 38 - Agosto 2002
Páginas:8,9
Temas Desarrollo, Movimientos Sociales, Clase obrera
Países Argentina