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Recuadros:

Laboratorios de la mentira

Los principales medios de comunicación locales cumplieron un papel decisivo en el intento de golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en abril último. Desde que Chávez accedió al gobierno en 1998, esos medios se valieron de su monopolio informativo para ignorar a la mayoría que lo apoya y desacreditarlo sin límites, en una campaña que no ha disminuido después del fracaso del golpe. Ante las reacciones, denuncian atentados contra la libertad de expresión, que sin embargo está hasta ahora plenamente garantizada.

“Tuvimos un arma fundamental: los medios de comunicación. Y quiero aprovechar esta ocasión para felicitarlos”. Todavía no es en Caracas la medianoche del 11 de abril de 2002 y faltan unas horas para que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sea derrocado, cuando el vicealmirante Víctor Ramírez Pérez felicita en directo a la periodista Ibéyise Pacheco en la pantalla de Venevisión. Veinte minutos antes, al comienzo de su entrevista con el grupo de oficiales golpistas, la periodista no se había privado de comentar, con aires de conspiradora satisfecha, que desde hace mucho tiempo mantiene con ellos vínculos privilegiados. Aproximadamente a la misma hora, otra periodista estrella, Patricia Poleo, extrañamente bien informada sobre el futuro desarrollo de “acontecimientos espontáneos”, anuncia en el canal de televisión español TVE: “Creo que el próximo presidente será Pedro Carmona”. En ese mismo momento, atrincherado en el palacio presidencial, el jefe de Estado en ejercicio, Hugo Chávez, persiste en su negativa a renunciar.

Desde su llegada al poder en 1998, los cinco principales canales de televisión privados –Venevisión, Radio Caracas Televisión (RCTV), Globovisión, Televen y CMT– y nueve de los diez grandes diarios nacionales (El Universal, El Nacional, Tal Cual, El Impulso, El Nuevo País, El Mundo, etc.), reemplazaron a los partidos políticos tradicionales, reducidos prácticamente a la nada por las sucesivas y aplastantes victorias electorales del Presidente. Valiéndose de su monopolio de la información, esos medios apoyan todas las artimañas de la oposición, no difunden sino en raras ocasiones las declaraciones del gobierno, nunca mencionan a la amplia mayoría confirmada en las urnas. Para ellos, los barrios populares han sido siempre una “zona roja”, poblada de “clases peligrosas”, de “ignorantes”, de “delincuentes” y, sin duda por considerarlos muy poco fotogénicos, ignoran con desprecio a sus líderes populares y a sus organizaciones.

Todas las investigaciones, entrevistas, informes, comentarios tienen un mismo sentido y un mismo objetivo: deslegitimar al poder, destruir el apoyo popular del Presidente. “Este gobierno revolucionario es estéticamente una cloaca”, señala delicadamente, el 22-3-01, el diario vespertino Tal Cual cuyo director, Teodoro Petkoff (ex guerrillero marxista histéricamente devenido neoliberal y ex ministro privatizador del presidente de derechas Rafael Caldera), es uno de los furibundos opositores.

Esto no significa, por supuesto, que este gobierno esté más allá de toda crítica. Comete errores y son muchos los casos de corrupción que involucran a civiles o militares de la órbita gubernamental. Pero además de haber sido elegido democráticamente y conservar el apoyo de la mayoría de la población, cabe poner en su haber algunos logros, tanto en el plano nacional como internacional1.

Mala fe, acusaciones sin pruebas, ataques a la dignidad o al honor de las personas relacionadas con el gobierno o de quienes lo apoyan… No se descarta ningún medio para desacreditar al Presidente. Lo prueba el escándalo producido en Caracas, a comienzos de marzo pasado, por la difusión de una falsa entrevista a Ignacio Ramonet. En una declaración supuestamente obtenida por un tal Emiliano Payares Guzmán, un investigador mexicano de la Universidad de Princeton (Estados Unidos), totalmente desconocido, el director de Le Monde diplomatique criticaba con dureza al jefe de Estado venezolano: “El presidente Hugo Chávez carece de un sustento intelectual respetable, lo que hace que su barco vaya permanentemente a la deriva. Cuando ganó las elecciones, me pareció que se perfilaba algo realmente importante. Pero (…) lo venció el populismo, como ocurre con tanta frecuencia en estos casos. (…) Vi videos donde canta boleros santiagueros explicando su programa económico, si es que tiene uno. Creo que estos hechos, verdaderos y comprobables, me liberan de dar mi opinión sobre semejante personaje”.

Difundida instantáneamente en la web por Venezuela Analítica2 sin el menor control, la “declaración” fue publicada de inmediato y sin confirmación alguna del supuesto entrevistado en la portada del diario El Nacional, feliz de mostrar a un jefe de Estado cada vez más aislado internacionalmente. Cuando Ramonet desmiente haber pronunciado las declaraciones que se le atribuyen, El Nacional arremete severamente contra el impostor mexicano3 y, en forma más solapada, sin siquiera disculparse, contra el director de Le Monde diplomatique.

Surrealismo informativo

Las “informaciones” que rayan con el absurdo o el surrealismo se multiplican. Por ejemplo: “fuentes de los servicios de informaciones dieron a conocer acuerdos celebrados con elementos vinculados al Hezbollah de (la isla venezolana de) Margarita, que son controlados por la embajada de Irán. Recordemos que, durante la campaña de Chávez, un tal Moukhdad habría sido muy generoso con el actual presidente. Esto merece una retribución y ahora Irán quiere convertir a Venezuela en una base de operaciones, a cambio del entrenamiento de venezolanos en las organizaciones iraníes de defensa de la revolución islámica. El terrorismo está entre nosotros”4.

“Hugo Chávez admitió ser el jefe de una red de delincuentes”, titula El Nacional, el 21 de marzo pasado. Al día siguiente, Tal Cual recuerda que “las palabras furiosas con las que Chávez pretende atemorizar al país provocaron náuseas”. Insultado, comparado con Fujimori, Idi Amin Dada, Mussolini o Hitler, considerado fascista, dictador o tirano, el Presidente “bolivariano” soporta ataques que en cualquier país darían lugar a la presentación de una querella por ofensa al jefe de Estado. “Una agresión permanente e irrespetuosa”, señaló indignada el pasado marzo la ministra de Comercio, Adina Bastidas. “Me acusan de financiar la colocación de bombas en las calles. Y no puedo defenderme. Si se los ataca, ¡se quejan a Estados Unidos!”.

Sin pelos en la lengua, Chávez responde a este bombardeo mediático, a veces con licencias de lenguaje, especialmente durante su programa semanal “¡Aló Presidente!” en el único canal de televisión controlado por el Estado. Pero, más allá de esta virulencia verbal, y en un régimen que en nada se parece a una dictadura, sus diatribas no generan efectos que permitan controlar la información. Desde su llegada al poder, no hubo un solo periodista preso, ningún medio de comunicación fue cerrado por el gobierno, al que sin embargo se acusa de “burlarse de la libertad de información” y de “agredir a los comunicadores sociales”.

El 7-1-02, unos cien simpatizantes del Presidente asediaron durante varias horas las oficinas de El Nacional, cantaron consignas hostiles, gritaron “¡Digan la verdad!” y arrojaron objetos contra el frente. “Se observa efectivamente un aumento de los incidentes contra periodistas y una tendencia a tratarlos como criminales” señala Carlos Correa, coordinador general de la organización de defensa de los derechos humanos PROVEA5. “Algunos fueron atacados personalmente. Y aunque no hubo muertos, es grave de todas maneras. Pero los propietarios de los medios de comunicación adoptaron posiciones políticas en contra de Chávez. Esto genera –y ya no se sabe quién comenzó, si el huevo o la gallina– una confrontación en la cual es imposible discutir razonablemente los problemas del país. Ahora bien, decir que no hay libertad de expresión en Venezuela es un despropósito”, concluye.

“Uno lee las noticias, mira el informativo de televisión, y tiene la sensación de que el país está inmerso en un enfrentamiento. Sin duda, esto aumenta el clima de tensión”, señala afligido el jesuita Francisco José Virtuoso. Dado que existe una guerra y que la víctima elegida es la mayoría popular, ésta se resiste. Ya no soporta a algunos periodistas que se creen más allá del bien y del mal, ni este tratamiento unilateral y antidemocrático de la información.

Dramatizar las acusaciones

Los incidentes se multiplican y adquieren cariz de enfrentamiento cuando la agencia oficial de noticias Venpres califica de “narcoperiodistas” a tres personalidades del quehacer mediático. El 19 de marzo pasado, los periodistas acusados –Ibéyise Pacheco (directora de Así es la noticia, miembro del grupo El Nacional), Patricia Poleo y el conductor José Domingo Blanco (Globovisión)– deciden dramatizar al máximo estas acusaciones. Luego de haber denunciado ante las cámaras y flashes de todos los medios de comunicación –convocados en la embajada de Estados Unidos– la “persecución” de la que se consideran objeto, viajan a Washington, donde son recibidos como héroes. El artículo, firmado por un tal J. Valverde6, repudiado expresamente por el presidente Chávez y condenado por el ministro de Defensa, José Vicente Rangel, daría lugar a la sanción y la renuncia del director de Venpres, Oscar Navas. Esto no impedirá una virulenta campaña contra el gobierno, acusado de querer “amordazar a los medios de comunicación”, en Venezuela y en el exterior (ver recuadro).

Tanto frente a los partidarios del poder como frente al poder mismo, los medios de comunicación han sabido utilizar muy bien la estrategia de la profecía autocumplida. Denunciando ataques a la libertad cuando no hay ninguna amenaza contra ella, o utilizando la mentira y la manipulación, han generado una reacción y a veces han llevado a sus víctimas a cometer errores que se presentan luego como la causa (y no la consecuencia) de sus difíciles relaciones con el poder y con un amplio sector de la población.

¿Cómo no condenar la agresión a equipos de televisión o a periodistas por parte de seguidores de Chávez? Pero, ¿cómo pueden estos últimos aceptar ser tratados durante todo el año en las columnas de los diarios como “talibanes”, “hordas”, “canallas”? ¿Cómo no indignarse cuando profesionales, aunque manifiesten una agresividad sin igual y estén totalmente identificados con la oligarquía, son tratados de “narcoperiodistas”? Pero, ¿cómo sorprenderse ante este desacierto cuando esos mismos profesionales multiplican las acusaciones falsas y gratuitas contra un Presidente al que presentan sistemáticamente como cómplice de los “narcoguerrilleros” colombianos?

Con la guía de un conjunto de poderosos y de divos, los grandes medios de comunicación toman la posta de los demás actores de la desestabilización: la organización patronal de Pedro Carmona (Fedecámaras), la Confederación de Trabajadores Venezolanos (CTV) de Carlos Ortega, los militares disidentes, los tecnócratas de la compañía petrolera nacional (PDVSA) y algunos discretos funcionarios estadounidenses7. Agrupados en el seno del Bloque de Prensa Venezolano (BPV), los medios de comunicación se sacan definitivamente la máscara cuando, al pasar de su papel de observadores al de actores, se suman a la primera huelga general del 10 de diciembre pasado.

A las “libres opiniones” escritas –“Es hora de cambiar de gobierno. De derrocarlo”8– se suman las dudosas manipulaciones en la televisión y en la radio. El 5 de abril pasado, dos colegas comentan a su manera una huelga de estaciones de servicio ligada al conflicto de PDVSA: “¿Pensaste en llenar el tanque? Apúrate, ¡mañana no habrá una sola gota de gasolina en todo el país!”. Incitando a los automovilistas a abalanzarse sobre las estaciones de servicio abiertas, que se ven rápidamente desbordadas, provocan un caos artificial, cuando la huelga sólo tuvo un bajo acatamiento y el abastecimiento de los surtidores de nafta nunca fue interrumpido…

Cuando el 7 de abril Ortega y Carmona declaran la huelga general, Miguel Enrique Otero, director de El Nacional, quien se encontraba junto a ellos, manifiesta en nombre de los medios de comunicación: “Todos estamos en esta lucha, en defensa del derecho a informar”. Dos días más tarde, el BPV, que acababa de recibir al nuevo embajador de Estados Unidos, Charles Shapiro, decide apoyar la huelga. A partir de ese momento, los canales de televisión transmiten durante horas y en directo desde la sede de PDVSA-Chuao, que la oposición ha convertido en el lugar de reunión para sus manifestaciones.

“Tomemos la calle”, ordena El Nacional del 10 de abril (editorial sin firma). “¡Ni un paso atrás!”, responden las placas de Globovisión. “Todos a la marcha”, convoca otro canal. “Venezolanos: el jueves 11 a las 10 hs., todos a la calle. Trae tu bandera. Por la libertad y la democracia. Venezuela no se rinde. Nadie nos vencerá”. El llamado al derrocamiento del jefe de Estado resulta tan evidente que los días 9 y 10 de abril el gobierno aplica el Artículo 192 de la Ley de Telecomunicaciones: interviene más de 30 veces las señales (de los canales de televisión y radios), por períodos de 15 a 20 minutos, con el fin de hacer oír su posición. Los canales eluden la medida, dividen la pantalla en dos partes y continúan con su llamado a la insurrección.

El 11 de abril, con una seguidilla vertiginosa de conferencias de prensa de militares y civiles que piden la renuncia del Presidente, se desencadena la batalla mediática. En RCTV, Ortega convoca a la oposición a marchar a Miraflores (el palacio presidencial). Aproximadamente a las 16 hs., cuando la conspiración se manifiesta en toda su plenitud, el poder ordena cortar la señal hertziana de los canales privados. Globovisión, CMT y Televen desaparecen durante algunos minutos de las pantallas y luego reanudan sus programas gracias al satélite y al cable. En las pantallas, una escena fragmentada, transmitida reiteradamente, que muestra a contra-manifestantes armados disparando contra “la multitud de manifestantes pacíficos” (¡que no se encuentra en ese lugar!), permitirá atribuir las víctimas de esta funesta jornada a los Círculos Bolivarianos, organización social de partidarios del Presidente9.

Durante ese tiempo, los conspiradores –Carmona, entre ellos– se reúnen en las oficinas de… Venevisión. Allí permanecerán hasta las 2 de la madrugada para preparar “la serie de acontecimientos”, junto con Rafael Poleo (propietario de El Nuevo País) y Gustavo Cisneros, hombre clave del golpe de Estado. Multimillonario de origen cubano y propietario de Venevisión, Cisneros dirige un imperio mediático de alcance internacional (la Organización Diego Cisneros), presente en 39 países a través de 70 empresas10. Mantiene fuertes lazos de amistad con George Bush (padre). Suelen jugar al golf, en febrero de 2001 el ex presidente de EE. UU. pasó una semana de vacaciones en la propiedad de Cisneros en Venezuela y el ferviente proyecto común es la privatización, entre otras, de PDVSA11. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Otto Reich, reconocerá haber “hablado dos o tres veces” con Cisneros la noche del golpe de Estado12.

A las 4 de la madrugada (del 12 de abril), y con el fin de evitar un baño de sangre, Chávez permite que lo detengan. El Presidente es conducido a la lejana isla de Orchila. Los medios de comunicación anuncian a coro su “renuncia”, sin presentar documento alguno con su firma y sin grabaciones que permitan confirmar la información. Carmona, el patrón de los patrones, se autoproclama presidente y disuelve todos los poderes constituidos, legítimos y democráticos. La noche anterior, a partir de las 22 hs., el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), primer medio de comunicación cerrado desde su llegada al poder y el único con el que contaba el gobierno, fue obligado a dejar de transmitir13. Nadie denunció este primer atentado contra la libertad de expresión.

Ley del silencio

Los medios de comunicación celebran el golpe de Estado (aunque censuran el uso de esta expresión), sin disimular su entusiasmo. Y con razón. A las 6:45 hs., el almirante Carlos Molina Tamayo y Víctor Manuel García, director del instituto encuestador CECA, son recibidos en Venevisión por el animador Napoleón Bravo, quien se jacta de haber prestado días antes su propia casa para grabar un llamado a la rebelión del general González González. Por su parte, García recuerda su papel en el centro de operaciones de los militares rebeldes, en Fuerte Tiuna: “En un momento dado, no podíamos comunicarnos. Y tengo que agradecer a los medios por su solidaridad y toda la cooperación que nos brindaron para lograr esas comunicaciones con el exterior e impartir las directivas del general González González”.

“Un paso adelante”, titula triunfalmente El Universal. El periodista Rafael Poleo, quien recogió el informe de la primera reunión del Estado Mayor golpista, se encarga de redactar (junto con otros) el acta fundacional del nuevo gobierno (por la tarde, el “presidente” Carmona le ofrecerá a su hija, Patricia Poleo, la dirección de la Oficina Central de Información). El decreto que ratifica la instauración de una dictadura es refrendado por la patronal, la Iglesia y los representantes de una pseudo “sociedad civil”, así como también por Miguel Ángel Martínez en nombre de los medios de comunicación. Es leído por Daniel Romero, secretario privado del ex presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, actualmente a sueldo del grupo Cisneros.

En plena euforia revanchista, se desata la represión. En medio de las terribles imágenes de la detención del ministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín o del legislador Tarek William Saab, abucheados y golpeados por una multitud enfurecida proveniente de los barrios altos, RCTV llama a una “cacería humana”, publica un listado de las personalidades más codiciadas y transmite en directo los más brutales allanamientos, con el ritmo vertiginoso de un programa de actualidad estadounidense. En cambio, la conferencia de prensa del procurador general Isaías Rodríguez, transmitida en directo por todos los canales, es suspendida abruptamente al cabo de cinco minutos, cuando éste hace referencia a los excesos del “gobierno provisorio” y denuncia el “golpe de Estado”.

El 13 de abril estalla el maremoto de los partidarios de Chávez. Los oficiales leales retoman el control de la situación. Sin embargo, los venezolanos reciben información únicamente a través de CNN en español –señal que sólo poseen los abonados al cable–, los sitios de internet del diario madrileño El País y de la BBC de Londres. Aproximadamente a las 14 hs., tras el anuncio de la revuelta de la 42º Brigada de Paracaidistas de Maracay, CNN señala sorprendida: “Los medios de comunicación no dicen nada”. Efectivamente, a la tan reivindicada “libertad de información” siguió la ley del silencio… Películas de acción, recetas de cocina, telenovelas, dibujos animados y partidos de béisbol de las grandes ligas ocupan la pantalla (RCTV), que sólo se interrumpen para transmitir la secuencia en la cual el general Lucas Rincón comunica la “renuncia” del presidente Chávez.

Además de las miles de conexiones por internet y los llamados realizados a través de teléfonos celulares, sólo los medios de comunicación alternativos podían romper ese black out. Importantes espacios de información ciudadana, diarios, canales de televisión y radios populares surgen en los barrios. Pero, aun tratándose de experiencias modestas, fueron los primeros objetivos de la “transición democrática”. “Chávez nunca nos pidió que transmitiéramos su discurso o que le hiciéramos propaganda. En cambio, los golpistas no dudaron un segundo en detenernos y secuestrar nuestro material de transmisión, con el fin de eliminar toda posibilidad de que la población se informara por otros medios de comunicación que no sean los del golpe de Estado”, señala Thierry Deronne, animador de Teletambores. En Caracas, Radio Perola, TV Caricuao, Radio Catia Libre, Catia TV fueron víctimas de allanamientos, maltratos y detenciones arbitrarias, que nadie denuncia.

Al caer la tarde, multitudes se concentran frente a RCTV (luego frente a Venevisión, Globovisión, Televen y CTM, y los diarios El Universal y El Nacional), arrojan piedras y obligan a los periodistas a difundir un mensaje que exige el regreso de “su” Presidente. ¡Un ataque intolerable a los medios de comunicación! El episodio da lugar a una escena lamentable: periodistas atemorizados que piden auxilio olvidando su comportamiento golpista: “Nosotros también somos parte del pueblo, somos venezolanos y cumplimos con nuestro deber. No es posible que la gente que apoya al teniente coronel Hugo Chávez (omitiendo, de paso, que es el jefe de Estado) nos considere sus enemigos”.

Sin embargo, habrá que esperar 20 horas y la reanudación de la transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión –restablecida por militantes de medios de comunicación comunitarios con la ayuda de la Guardia Presidencial– para que se derrumbe el muro de silencio y los venezolanos sepan que la situación está cambiando.

Con la excepción de Últimas Noticias, ningún diario anunció al día siguiente el regreso del Presidente legítimo. Los canales de televisión privados no transmitieron ningún boletín informativo y solamente Globovisión difundió la información de las agencias de noticias internacionales14.

Aunque el restablecimiento de la democracia no haya originado ninguna medida de represión en su contra, los grandes medios de comunicación siguen ubicándose en el lugar de víctimas, conceden un espacio hegemónico a los “héroes del golpe de Estado”, hablan de un “vacío de poder”, piden la renuncia del presidente Chávez, a quien tratan de “asesino”, y de todos aquellos que no lo traicionaron, especialmente, el procurador general Isaías Rodríguez. Todos ven y saben que son los “medios de comunicación del odio”. Ellos simplemente se consideran los “medios de comunicación del golpe”.

  1. Véase “Medidas bolivarianas”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, mayo de 2002.
  2. http://www.analitica.com/cyberanalitica/icono/7930280.asp.
  3. Según su declaración, realizó esta extraña manipulación para demostrar precisamente la falta de seriedad de la prensa venezolana.
  4. “Entrelíneas”, El Nacional, Caracas, 15-03-02.
  5. Programa Venezolano de Educación-Acción en derechos humanos.
  6. Se comprobará posteriormente que se trata del seudónimo de un individuo turbio, Rafael Kries.
  7. Maurice Lemoine, “Golpe de Estado abortado en Caracas”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, mayo de 2002.
  8. “Derrocar al gobierno”, El Universal, Caracas, 20-03-02.
  9. Ver Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, mayo de 2002, y la serie de fotos publicadas en la página de internet: http://www.monde-diplomatique.fr/caracas200204/galerie01.html
  10. Entre ellas: Univisión (80% de los programas en español de Estados Unidos), Canal 13, Chilevisión, DirectTV Latin America, Galavisión, Playboy TV Latin America, Playboy TV International, Uniseries, Vale TV, Via Digital, AOL Latin America.
  11. El primero desearía verla en manos de una compañía estadounidense cercana a sus intereses; el segundo apunta su mirada a Citgo, filial estadounidense de PDVSA.
  12. Newsweek, París, 22-04-02.
  13. Al igual que Radio Nacional de Venezuela y la agencia oficial Venpres.
  14. Algunos periodistas renunciaron indignados, como Andrés Izarra de RCTV, cuya dirección impuso: “Cero chavismo en la pantalla”.

Golpe de Estado sin fronteras

Lemoine, Maurice

Andrés Mata (director del diario El Universal); Miguel Enrique Otero (presidente del diario El Nacional); Gustavo Cisneros, Carlos Bardasano y Marcel Granier (presidentes del Grupo Cisneros, Venevisión y Radio Caracas Televisión, respectivamente); David Natera (presidente del Bloque de Prensa Venezolano); Alberto Federico Ravell (director de Globovisión); Patricia Poleo, Ibéyise Pacheco, Marta Colominas (periodistas)… Los autores de la desestabilización mediática en Venezuela viajan con frecuencia al exterior para denunciar al presidente Hugo Chávez y las “persecuciones” de las que se consideran víctimas.

El 18 de marzo, en su reunión semestral llevada a cabo en La Romana (República Dominicana), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) elogió los esfuerzos realizados para “conservar lo poco que queda de libertad de expresión”. El ex presidente de Estados Unidos William Clinton, invitado especial de esta gran asamblea (sin duda, con el fin de garantizar su objetividad), había declarado previamente: “Hugo Chávez se metió en un callejón sin salida”, lo que permitió a la SIP calificar al Presidente venezolano de “fascista”.

La SIP sabe de qué está hablando. El vicepresidente del comité ejecutivo de esta asociación de propietarios de medios de comunicación no es otro que Danilo Arbilla, el uruguayo que estableció una férrea censura en su país en tanto director del Centro de Difusión e Información, cuando bajo la dictadura militar (1973-1985) fueron cerrados los diarios Última Hora, La Mañana, Ahora, El Popular, Marcha… En cuanto al representante de la SIP en Venezuela, se trata de Andrés Mata, propietario del diario conservador El Universal.

La versión de los hechos difundida por los organismos de prensa locales aparece reproducida, a menudo, en numerosos medios de comunicación internacionales: The New York Times, The Washington Post, CNN; El Tiempo, Radio y Televisión Caracol, RCN (que practican el mismo tipo de desinformación con respecto a su propio país, Colombia); etc. Entre ellos, se destaca particularmente el diario español El País1. Tal vez pueda comprenderse el porqué de estas “sinergias”2 si se tienen en cuenta los intereses económicos y financieros.

El Grupo Prisa, propietario del diario El País, posee el 19% de las acciones de Radio Caracol, cuyo accionista mayoritario, el pujante grupo colombiano Valbavaria, tiene como socio principal a Julio Santo Domingo (el hombre más rico de Colombia) y… al Grupo Cisneros, que controla la industria de los medios de comunicación en Venezuela. Jesús Polanco, quien está al frente de Prisa, preside además Sogecable, sociedad vinculada a la empresa estadounidense DirecTV, uno de cuyos principales accionistas es el mismo Grupo Cisneros… Prisa (Polanco) y Vía Digital (Cisneros)3 estarían por firmar un acuerdo que estrechará aun más sus relaciones.

La organización corporativa Reporteros Sin Fronteras (RSF), si bien pretende “defender el derecho a informar y a ser informado, conforme al Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, ignora deliberadamente el papel apenas oculto de los propietarios de los medios de comunicación. Sin embargo, no dudó en convertir el gobierno de Chávez –que nunca atentó contra las libertades– en uno de sus blancos predilectos. Al considerarlo restrictivo y susceptible de provocar censura, RSF señala legítimamente su preocupación con respecto al Artículo 58 de la Constitución venezolana (nunca invocado hasta ahora) relativo al derecho de los ciudadanos “a la información oportuna, veraz e imparcial”.

La actitud de RSF genera sin embargo interrogantes cuando esta organización solicita al Presidente que “ponga fin a sus ataques virulentos contra la prensa, que la convierten en un blanco de la vindicta popular”4, sin cuestionar de ninguna manera la actitud engañosa de esos medios de comunicación ni su falta de deontología. “Si bien es legítimo que el gobierno haga oír su voz en circunstancias excepcionales –señala RSF al denunciar el “recurso abusivo” del gobierno de intervenir la señal de antena los días 10 y 11 de abril (sin haber realizado investigación alguna ni haber tomado la distancia crítica necesaria)– en ningún caso podría justificar la interrupción de los programas de radio y televisión treinta veces en dos días”. ¿Aun cuando éstos participan activamente de un golpe de Estado?

El 12 de abril, RSF solicitó a las “autoridades” (¿cuáles? ¡Estaba tratando con un poder ilegítimo!) que “realizaran una profunda investigación sobre los disparos que sufrieron cuatro periodistas” (uno de los cuales falleció) y que“garantizaran la seguridad de los periodistas considerados cercanos al ex (sic) Presidente”. Con una gran ligereza en el tratamiento de los hechos, RSF comenta “la represión de la cual fueron objeto los manifestantes de la oposición”. El comunicado, que reproduce palabra por palabra la versión de la prensa venezolana, concluye: “Recluido en el palacio presidencial, Hugo Chávez firmó por la noche su renuncia, ante la presión del ejército”. Se sabe que Chávez nunca “renunció”; que fue detenido y encarcelado en una guarnición militar. En cambio, RSF no dice una palabra sobre la represión ejercida por los golpistas contra numerosos periodistas que trabajan en los medios de comunicación alternativos y comunitarios.

Olvidando la defensa del derecho “a ser informado”5, a pesar de algunas declaraciones de principios, RSF avala en Venezuela un plan mediático digno del urdido por El Mercurio, diario chileno seriamente implicado en el golpe que provocó el derrocamiento y la muerte de Salvador Allende.

En este sentido, es una buena noticia el surgimiento de Media Watch Global, una organización creada en el último Forum Social Mundial de Porto Alegre. Ajena a todo corporativismo, se propone velar por el pluralismo y el equilibrio de la información, tanto en Venezuela como en otros países y crear una tribuna para los ciudadanos ante los excesos de los medios de comunicación y sus manipulaciones.

  1. Hay que atribuir el premio a la desinformación a la corresponsal en Caracas del diario madrileño El País, Ludmila Vinogradoff. El 1-5-02 logró ver solamente 3.600 personas donde desfilaban decenas de miles de partidarios del presidente Chávez.
  2. El grupo español de telecomunicaciones Telefónica se propone extender su influencia tanto en Venezuela como en Colombia; asimismo, la petrolera Repsol (española) alienta un vivo interés por la privatización de PVDSA y por el petróleo colombiano. La consecuencia directa es el reconocimiento inmediato de Pedro Carmona por parte del Presidente del gobierno español José María Aznar, que también apoya el Plan Colombia.
  3. David Hernández Castro, Rebelión; www.rebelion.org/venezuela/davidh230502.htm
  4. RSF, París, 8-1-02.
  5. Al mismo tiempo que se comprometía a investigar la represión de los golpistas y las amenazas que actualmente profiere la oposición contra los medios alternativos, RSF precisa el 18 de junio en un mensaje enviado a Teletambores: "La función de nuestra organización es defender la libertad de prensa, no evaluar el uso que se hace de ella".


Autor/es Maurice Lemoine
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 38 - Agosto 2002
Páginas:15,17
Traducción Gustavo Recalde
Temas Mundialización (Cultura), Socialdemocracia, Periodismo
Países Venezuela