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Colombia, un país entre la reforma y la guerra

El nuevo presidente de Colombia, Alvaro Uribe, puede iniciar una seria reforma del Estado o agudizar el conflicto armado. La fragilidad de las instituciones aumenta en forma proporcional a la mayor incidencia que tienen los diversos actores armados, estatales y no estatales, que se disputan los recursos del país. El tiempo corre rápido para Colombia, porque la guerra a varias bandas puede ser incluida en la guerra global contra el terrorismo impulsada por Estados Unidos, cuyo Congreso acaba de aprobar un paquete de ayuda militar que puede usarse contra la guerrilla.

Hartos de la violencia, la mayor parte de los votantes dieron en mayo pasado su apoyo al proyecto de Alvaro Uribe, que combina fuerza y negociación. El nuevo gobierno podría reiniciar el proceso de paz, después de la ruptura que se produjo en febrero pasado entre el presidente saliente Andrés Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), o apostar esencialmente por la confrontación armada. En su programa hay elementos para imaginar los dos escenarios.

Colombia es un Estado que no funciona. Tiene gobierno, administración, elecciones, parlamento y leyes, pero una gran parte del territorio no está controlada por la administración estatal y se encuentra en tierra de nadie o bajo el control directo o indirecto de las guerrillas de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o de los cada vez más poderosos grupos paramilitares unificados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). No rige el principio básico del Estado moderno del monopolio legítimo del uso de la fuerza y el sistema impositivo es altamente ineficiente. La economía del país está deformada por la producción y exportación ilegal de droga. En los últimos años la productividad ha decaído y han aumentado el desempleo y la pobreza. Grandes extensiones de tierra son controladas por los narcotraficantes para la agricultura intensiva, abandonando la producción alimentaria. Las inversiones extranjeras se orientan hacia el creciente sector del petróleo, principal producto legal de exportación por delante del café y el carbón1.

Desde los años ’80 aumentó la emigración del campo a las ciudades y el sector agrario perdió peso, mientras crecía la rápida economía ilegal del narcotráfico y el sector financiero vinculado con ella. Estos procesos fueron acompañados por una mayor presencia y diversificación de grupos violentos. A las guerrillas de izquierdas se sumaron organizaciones criminales, paramilitares y grupos de autodefensa que operaban de forma descentralizada y autónoma y que impusieron sobre la población formas coactivas de apoyo, recaudación económica y modelos productivos y reglas de funcionamiento, sustituyendo al Estado2.

En los mapas hay una Colombia unificada. En la práctica administrativa, hay varias. El gobierno controla una parte. Las FARC han regido durante tres años una zona que les cedió el gobierno de Pastrana mientras duraban las negociaciones. Y los paramilitares de las AUC luchan con éxito creciente para ganar espacios. Las FARC y las AUC compiten por el control de franjas del comercio ilícito de la droga, por tierras y por el control de los intermediarios3. La ciudad de Medellín, por ejemplo, es actualmente el escenario de una confrontación que cuesta trece vidas al día. La población civil es un objetivo a conquistar o eliminar. Las AUC van sustituyendo al Estado y se presentan con un discurso moralizador. “Queremos estar seguros de que el gobierno usa bien los recursos, que no haya corrupción y que la gente pueda trabajar. Peleamos por los derechos de las personas”, explica a la prensa internacional Piolín, un líder mafioso local que ahora es comandante de la AUC4. Los paramilitares pasan de grupo secreto de tareas ilegales a ser considerados actores con los que quizá haya que negociar para que no destruyan cualquier proceso de paz.

Las FARC y el ELN cuentan con más medios económicos que apoyo político. Sus acciones armadas, los secuestros y prácticas tales como la incorporación compulsiva de menores de edad a sus filas y asesinar a ex miembros de sus organizaciones provocan fuerte rechazo. Las conexiones con el narcotráfico también les provocan deslegitimación.

Apoyo de la sociedad civil

Los escenarios futuros fueron analizados en julio pasado en Washington DC, en un encuentro del Center for Latin American Studies de Georgetown University, la École de la Paix de Francia y la Fundación Friedrich Ebert. Representantes de gobiernos europeos, de Estados Unidos y de Colombia, ONGs y centros de estudios coincidimos en que es necesaria una reforma del Estado, pero algunos temen que Uribe preste más atención a reforzar las fuerzas armadas y la policía con el apoyo de Washington que a contar con un sistema más eficaz de justicia. Más aun, si la guerra se agudiza el nuevo gobierno podría imponer el estado de sitio y esto acabaría con las pocas garantías jurídicas todavía vigentes.

Existen antecedentes para alcanzar acuerdos y buscar apoyo social a una reforma. Por una parte, hay una historia de negociaciones entre gobiernos y guerrillas desde los años ’80 y de intentos de adaptar la Constitución y la administración del Estado. También hubo desmovilizaciones, como la del M-19 y otros grupos de guerrilla. Por otra parte, existe una activa sociedad civil con iniciativas sobre derechos humanos, género, los niños soldados, los desplazados interiores y la opresión (olvidada) a las poblaciones negra e indígena, entre otras cuestiones.

La preocupación de algunos sectores es que el gobierno de Uribe, en vez de buscar el apoyo de la sociedad civil, movilice el miedo y lleve adelante el plan de aumentar el poder y el número de las fuerzas de seguridad y forme milicias civiles antiterroristas. Esta experiencia, anteriormente vivida en Perú en la lucha contra Sendero Luminoso, en Guatemala durante la guerra contrainsurgente en los años ’60 y ’70 y en Argelia en los años ’90 en la contienda contra los islamistas radicales, causó matanzas, venganzas y un fuerte descontrol por parte del Estado sobre las armas que circulan en la sociedad.

Los paramilitares, las guerrillas, y en algunos casos las mismas fuerzas de seguridad, impactan violentamente sobre la población para ganar su apoyo o tomar represalias si creen que apoya a los otros bandos. Además, los vínculos entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares –a quienes se les ha dado el papel de fuerza operativa y aliada en la guerra contra la guerrilla– han sido estrechos y todavía continúan, pese a los cambios en esta situación que logró el gobierno de Pastrana5.

Añadir entrenamiento y armas a este escenario no traerá buenos resultados. Lo que se precisa es más Estado a través de más justicia, más administración, más mecanismos de devolución del Estado hacia la sociedad, más control democrático de las fuerzas de seguridad, nuevas negociaciones, un eficaz control de los movimientos, inversiones y mecanismos económicos y financieros del negocio de la violencia y el narcotráfico. Y, por último, el uso de esa fuerza si fuese preciso.

La tierra, la pobreza…

La negociación es algo que aparentemente todos desean. El nuevo equipo afirma que hay que tener fuerza para que la otra parte negocie. Las FARC y el ELN tienen la misma teoría tradicional de la guerra. Los paramilitares quieren pasar a ser actores legítimos de un proceso de paz, o que no haya ningún proceso de paz. Una nueva negociación de paz puede durar años, y debería integrar en grupos de consulta y círculos de negociación a sectores armados y no armados.

La cuestión es qué se negocia. En Colombia hay un serio y antiguo conflicto sobre el control de una tierra fértil para cultivar café y coca, criar ganado y rica en oro, petróleo, esmeraldas y otros recursos. La fuerza se usa para desplazar grupos de miles de personas y quedarse con su tierra6. Se calcula que alrededor de un millón y medio de personas han sido desplazadas entre 1995 y el 2000. No ha habido una reforma social. ¿Está dispuesto Uribe a enfrentar este problema?

En la base de la cuestión del narcotráfico, que se suele señalar equivocadamente como la causa del conflicto, están la tierra, la pobreza y la falta de opciones para integrarse en otros trabajos para decenas de miles de personas. Desde los campesinos que cultivan hasta los traficantes que operan en el sistema internacional de tráfico y movimiento de capitales, todos tienen un lugar en la economía política de la droga. ¿Se les hará sitio en la economía legal? El gobierno de Uribe debería abandonar la política de castigo a los productores del Plan Colombia y promover pactos de erradicación y sustitución graduales7.

Cada vez más gente en este país entiende que el conflicto armado le provee un marco de referencia económico (aunque inestable y peligroso), unas normas (de la guerrilla o los paramilitares o los narcos) y una protección que no le ofrece el Estado. O este último recupera su legitimidad o aumentará el número de grupos violentos.

La cuestión de la exportación de droga tiene relación con la inmensa demanda desde Estados Unidos y Europa. Los gobiernos y sociedades desarrolladas tienen también esta responsabilidad que asumir. Los planes para controlar la producción y el tráfico en el sitio de origen, se trate de Colombia o Afganistán, no han dado resultados. Aunque Estados Unidos y el gobierno estén fumigando inmensas zonas del país con pésimas consecuencias para las poblaciones campesinas e indígenas y el sistema ecológico, la producción aumenta. Con el Plan Colombia, aprobado en julio de 2000, Washington intenta combatir el narcotráfico y cortar la fuente económica a la guerrilla.

Durante el gobierno de William Clinton, la asistencia militar de Estados Unidos estaba condicionada al respeto de los derechos humanos por parte del gobierno colombiano. A partir del 11 de septiembre de 2001, Bush ha vinculado esta lucha con la guerra contra las guerrillas y ha levantado toda restricción. Organizaciones de derechos humanos consideran que el gobierno de Pastrana no cumplió los requisitos y, además, se da a entender que Washington cierra los ojos ante políticas represivas8. Desde 1998 Colombia está recibiendo la mayor ayuda militar de Washington en el mundo, con excepción de Oriente Medio. El gobierno de Bush está haciendo en Colombia una guerra por delegación, subcontratando aproximadamente 300 empresas privadas de seguridad estadounidenses para que asistan a las fuerzas armadas locales y desempeñen diversas labores de contrainsurgencia9.

En la estructura de la cuestión está la demanda internacional de un producto ilegal que se produce en un clima de violencia y los enormes intereses en juego. Criminalizar a los campesinos y destruir sus tierras ayudará a deslegitimar más al Estado y crear más pobreza, pero no frenará la producción y la oferta (que se desplazarán) ni la demanda10.

El Estado debe ser operativo. Pero reformar no es solamente reforzar el sistema de seguridad. Y construir el Estado no concierne sólo al aspecto institucional. Es preciso trabajar con la sociedad civil y sus múltiples iniciativas para fortalecer la cohesión social. Demasiada gente en Colombia cree que solamente la fuerza sirve como método entre intereses encontrados. Si el Estado es ineficiente y además se aferra a los métodos violentos, confirma esa percepción y todo estará perdido.

Colombia corre un serio peligro si el nuevo Presidente orienta su política solamente hacia la lucha contra el terrorismo y así confirma que su país se incluye en la lista de los objetivos de la guerra contra el terrorismo global del gobierno estadounidense. La política de Washington está orientada crecientemente al uso de la fuerza y a la presión antes que a la cooperación y las negociaciones. Colombia quedaría atrapada por la violencia externa e interna. Ante este panorama, Europa y gobiernos de América Latina deben asistir y sugerir firmemente a Uribe que reforme vertical y horizontalmente el Estado; que promocione la sociedad civil y, a la vez, servir de contrapeso a la política de Washington. La lógica de la fuerza sin un proyecto de Estado puede llevar al nuevo gobierno al fracaso y a Colombia a un período todavía más dramático.

  1. European Commission, “Colombia. Country Strategy Paper”, Bruselas, 2002.
  2. Miguel Ceballos y Gerard Martin, “Colombia: Between Terror and Reform”, Georgetown Journal of International Affairs, verano-otoño boreal, 2001.
  3. Martin Jelsma (Transnational Institute), “Drogas y conflicto en Colombia: propuestas hacia la construcción de la paz”, ponencia presentada en el Coloquio Colombiano-Europeo, París, 31-5-02.
  4. “The Battle of Medellín”, The Economist, 13-7-02.
  5. “The ‘Sixth Division’. Military-Paramilitary Ties and US Policy in Colombia”, Human Rights Watch, Nueva York, 2001.
  6. Mabel González Bustelo, “Desterrados. Desplazamiento Forzado en Colombia”, Cuadernos para el Debate, Nº 12, Médicos sin Fronteras, Barcelona, 2002.
  7. Jelsma, op.cit.
  8. Documento conjunto de Amnesty International, Human Rights Watch y la Washington Office on Latin America. Ver www.hrw.org/press/2002/02/colombia 0205.htm
  9. Adam Isacson y Joy Olson, “A Quick Tour of US Defense and Security Relations with Latin America and the Caribbean”, International Policy Report, Center for International Policy, Washington, 2002. Ver www.ciponline.org
  10. Fumigaciones y conflicto en Colombia, Droga y Conflicto, Documentos de Debate, Nº 2, Trasnational Institute, Amsterdam, 2001. Ver www.tni.org/drogas
Autor/es Mariano Aguirre
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 38 - Agosto 2002
Páginas:18,19
Temas Militares, Terrorismo, Desarrollo, Políticas Locales
Países Colombia