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Industria y política van de la mano

En una de las recientes polémicas entre Brasil y Estados Unidos acerca del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el canciller brasileño Celso Lafer definió el poder de cada nación en función de su mercado interno. Este concepto se completa considerando a la homogeneidad en la distribución del ingreso y al grado de industrialización como los dos ejes estructurantes del mercado interno de un país, y por ende, de su poder soberano. Argentina está en falta en todos esos aspectos, lo que explica la gravedad de los problemas que enfrenta.

En general, la forma de vivir de los habitantes de un país ha sido determinada por su modo de producir, en tanto que el monto de sus salarios por el nivel de productividad. Ambos dependen del mayor o menor grado de mecanización, la calidad de la infraestructura y la calificación de la mano de obra: la industria que permite agregar valor a los bienes y servicios jerarquiza el sistema productivo y es clave en la incorporación y difusión del progreso técnico.

No se trata sólo de un negocio empresario, ni de la ampliación de mercados, ni de la transferencia de ingresos y de espacios económicos a grupos locales o a las potencias dominantes. Es mucho más que eso: define cuáles serán los grupos económicos y sociales hegemónicos y qué márgenes de acción tiene la política. Al mismo tiempo, en los países subdesarrollados, fija cuál será la potencia dominante y qué tipo de relaciones se establecerá con ella. En otras palabras, la industrialización de un país es un hecho político mayor. Este razonamiento dista mucho de ser original, pero Argentina se ha alejado tanto de las verdades elementales, que deben repetirse.

Las sustituciones “fáciles”

Desde fines del siglo XIX hasta el decenio de 1940 rigió el modelo de crecimiento hacia afuera, basado en la exportación de productos agrícolas1. Su foco dinámico era la demanda internacional y las importaciones de manufacturas se financiaban con las exportaciones de productos básicos. En el plano político, los agentes principales eran la oligarquía terrateniente tradicional y el capital extranjero: ellos captaban la renta y configuraban el núcleo dominante y, aunque en ciertos casos debieron compartir el poder con grupos de una clase media que emergía, en general conservaban los puestos de comando en la economía y la sociedad. En ese período, la industria consistía sobre todo en el procesamiento de productos agropecuarios, talleres de reparación de ferrocarriles, abastecimiento de la construcción. Sus principales ramas eran el azúcar, el quebracho, la cerveza, las carnes, los productos lácteos, los textiles y la indumentaria. El Estado promovió la inmigración, la educación, la infraestructura. Fue el régimen conservador.

Después vino el período de crecimiento hacia adentro (decenio de 1940 al de 1950), con el proceso de sustitución “fácil” de importaciones, es decir, de productos de baja complejidad, manteniendo la estructura de las exportaciones. Se trataba de industrias livianas, que satisfacían las necesidades de la mayoría de la población, incluso de la de menores ingresos.

Esto tuvo un importante efecto multiplicador sobre el resto de los sectores económicos; se produjo una importante redistribución de ingresos, que favoreció sobre todo a los asalariados. La demanda interna suplantó a las exportaciones como el principal factor de impulso y se generó una mayor dependencia de insumos importados. Esta etapa comenzó a agotarse porque no hubo diversificación de las exportaciones y por la falta de integración vertical de la industria, que la hacía depender de la capacidad de importación de insumos (semejante a la actual; ver págs. 6-7).

Los grupos dominantes eran los empresarios nacionales y los asalariados organizados, es decir aquellos que utilizaban bienes de consumo masivo y los empresarios que los producían, en su mayoría medianos y chicos. Por el tipo de productores y consumidores, el sistema industrial otorgaba las bases para un régimen político democrático y popular. Se renovó en su totalidad la elite política, con la desaparición del conservadorismo y el radicalismo tradicionales y el nacimiento del peronismo y el desarrollismo. Fue el primer peronismo.

Nuevos grupos de altos ingresos

La siguiente etapa fue la de industrialización “difícil” (de 1950 a 1976), es decir aquella que produjo bienes más complejos destinados a un mercado interno cuya distribución del ingreso se concentró. Mediante la fabricación sobre todo de bienes de consumo durable –que iban desde los electrodomésticos hasta el automóvil– se satisfacía una nueva demanda de grupos de poder adquisitivo medio y alto. Fue el auge de las industrias metalmecánica, química y de insumos básicos. Tuvo fuertes efectos multiplicadores hacia adelante (caminos, construcción) y hacia atrás (insumos). Se generó el tipo de oferta propio de una sociedad de consumo de ingresos altos, en un contexto de países de ingresos medianos y bajos. Hubo un cambio sustancial respecto al período anterior de sustitución “fácil”: los consumidores eran grupos de ingresos elevados y los productores eran empresas grandes o medianas (los empresarios chicos quedaron relegados a la subcontratación); comenzó a adquirir magnitud la inversión extranjera directa. En el plano político mandaban los empresarios grandes nacionales y las empresas multinacionales industriales. Políticamente, este esquema fue compatible con los gobiernos militares autoritarios.

En ambos períodos de industrialización (“fácil” y “difícil”) se llegó a un importante desarrollo industrial, con una incidencia en el Producto Bruto Interno (PBI) que se aproximaba al de los países desarrollados; había sido del 21% en 1940-44 y llegó al 30% en 1972-1976 (promedios anuales); en 1999, este porcentaje era cercano al 30% en España, Italia y Portugal.

Tal vez una de las fortalezas (o debilidades) fue que se fabricaba de todo, en muchos casos a costos competitivos, pero siempre bajo el amparo de la protección arancelaria. Así se llegó a una capacidad técnica en equipos y mano de obra propia de países industriales. No sólo era mínimo el componente importado en la fabricación de automóviles, sino que se llegó a emprendimientos de alto nivel tecnológico. Se construyeron plantas de energía atómica, aviones, buques de mediano porte, plataformas petroleras, turbinas, barcazas para navegación fluvial; se levantaron industrias de bienes de capital, de maquinaria agrícola, electrónica; se dispuso de una importante industria química y petroquímica; se fabricaron trépanos para perforaciones, hubo una siderurgia creativa, con los tubos para la industria petrolera; industrias de celulosa y papel. Se estaba incluso a punto de terminar misiles, cuando se interrumpió la fabricación (durante el gobierno de Carlos Menem) por presión de Estados Unidos.

En 1976 se produjo un cambio drástico: el poder real pasó al sector de renta y financiero. Se destruyó gran parte del aparato productivo, en especial las industrias que generaban más valor agregado; y se puso énfasis en las explotadoras de recursos naturales e insumos básicos. Entre 1976 y 2000, la participación de la industria en el PBI global cayó del 31,7% al 16,1%.

En la Argentina desindustrializada mandan los bancos, las compañías transnacionales que compraron empresas estatales (privatizaciones) y algunas empresas nacionales grandes especializadas en el saqueo del Estado: las de la “patria contratista” que transfirieron al Estado su deuda externa, licuaron luego su deuda con la pesificación 1 a 1, obtuvieron seguros de cambio desde el de 1981-1982 hasta el actual para los bancos y evadieron en gran escala impuestos y capitales. Ahora varios de esos empresarios nacionales grandes están vendiendo sus empresas a capitales extranjeros: ya hicieron su negocio y no hacen más que continuar con su vocación rentista. Por encima de todos ellos, la política y la economía están regidas por Estados Unidos, de modo directo o a través del Fondo Monetario Internacional. Es el modelo de renta y financiero, que con vicisitudes diversas, gobierna desde 1976.

En el deterioro de la actividad industrial a partir de 1976 sobresalen algunos rasgos, tales como la desnacionalización y el endeudamiento. En 2002, el 70% de las ventas totales de la economía argentina es generado por empresas extranjeras; sólo 5 de las 30 empresas de mayores ventas están bajo control local (ver págs. 6-7). En el sector industrial, empresas extranjeras producen el 89% de las maquinarias y equipos, y el 76% de alimentos y tabaco. En cuanto a las ganancias, de las 500 empresas más grandes, el 89% lo captan 314 empresas extranjeras2.

Endeudarse en el exterior

Las empresas con acceso al crédito externo han contraído una fuerte deuda, en especial mediante la emisión de obligaciones negociables. Entre agosto y diciembre de 2002 vencen 3.043 millones de dólares de estas obligaciones, de los cuales el 39% corresponde a los bancos y el 13% a la industria3. Ahora, muchas empresas están reclamando resarcimientos del Estado porque la devaluación agravó en pesos el endeudamiento que contrajeron en moneda extranjera. Es obvio que no les corresponde ninguna indemnización ni aumento de tarifas. La fijación del tipo de cambio es atribución del Estado soberano y no del Estado contratante; no se trata entonces de resarcir al contratista sino de defender el bien común. Se endeudaron en el exterior porque las tasas de interés eran menores, o porque lo hacían con sus casas matrices o con empresas vinculadas; no tendrían ahora ese problema si lo hubieran hecho con el sistema financiero argentino4. Endeudarse en la misma moneda en la que se perciben los ingresos es una norma financiera elemental. Además, la política de muchas empresas consistió en remesar al exterior sus enormes ganancias (de algún lado salieron los 19.500 millones de dólares que se evadieron en 2001), y financiarse en Argentina con créditos externos. De tal modo se repiten con variantes la “bicicleta financiera” y los autopréstamos del período Martínez de Hoz: la deuda externa privada tiene como contrapartida la remesa de ganancias.

Es necesario entonces comenzar por el diseño de un plan económico global y, dentro de éste, de una política industrial. Deberán existir dos tipos de industria, con producciones y finalidades diferentes. Por una parte, una industria empleadora de mano de obra –que por la devaluación puede volver a sustituir importaciones– que abastecerá a los grupos de ingresos medios y bajos, a cargo de pequeños y medianos empresarios. La pérdida de poder adquisitivo y el auge importador de la convertibilidad afectaron con dureza a este tipo de emprendimientos; habrá que reconstruirlos y, junto con la obra pública, serán los dos instrumentos para terminar con el gravoso desempleo. La desocupación actual es la más alta de la historia argentina, con 3.036.000 desempleados (21,5% de la población económicamente activa) y 2.630.000 subocupados (cifras del INDEC para mayo de 2002). Las condiciones indispensables para el surgimiento de este tipo de industria son el poder de compra de la población y el crédito barato para inversiones elementales, en especial para capital de trabajo.

El segundo tipo de industria es la “cerebro intensiva”, que eleve la jerarquía del sistema productivo y aproveche la capacidad técnica y creativa de técnicos y empresarios. Se trata de los emprendimientos de alta tecnología, del tipo de los desarrollados por INVAP y, en otros tiempos, por la Comisión Nacional de Energía Atómica y Fabricaciones Militares. No siempre se trata de empresas grandes; también en pequeñas empresas se puede trabajar con alta tecnología (por ejemplo, en la generación de software para computación). En general no ocupan mucha mano de obra; pero marcan y propagan un elevado nivel técnico y gerencial.

Este esquema puede objetarse desde el punto de vista práctico: visto que la mayor parte de la clase dirigente –que con excepciones incluye a la empresaria grande y a algunos sectores del Estado– es inepta y corrupta, ¿quién lo va a hacer?, ¿serán acaso los grandes empresarios prebendarios? Es impensable que a la “patria financiera” y a la “patria contratista” les dé un ataque de honestidad y nacionalismo; tampoco a muchos de los dirigentes del sector público. En cuanto a las empresas transnacionales, son nacionalistas pero del país de sus casas matrices; en cuanto a la honestidad, tienen poco que aprender de los mafiosos nativos. En síntesis: este grupo dirigente nacional y transnacional está consustanciado con la cultura de la renta.

¿Nueva modalidad productiva?

En la situación actual toda reforma importante debe hacerse desde el Estado. ¿Pero cómo utilizar un instrumento tan deteriorado? Para no esperar una reorganización total, que sería larga y dificultosa, pueden crearse agencias especializadas, que recluten personal honesto y capaz, que ejecuten las tareas sustantivas y urgentes. Puesto que es imposible reformar todo y rápido, pueden formarse “núcleos duros” de excelencia, con fuertes capacidades ejecutivas. Una de estas agencias debería instrumentar la reindustrialización.

En el ámbito de la pequeña y mediana empresa, los empresarios ya existen. Muchos de ellos se arruinaron durante la convertibilidad; muchas fábricas cerraron. Pero subsisten las capacidades personales y este tipo de empresarios ha dado muestras de capacidad técnica y creatividad. Además, pueden incorporarse una multitud de técnicos y profesionales, que actualmente están desocupados o trabajan en áreas muy alejadas de sus vocaciones. Para que este planteo prospere hay que darle, sobre todo, mercado y crédito. El mercado vendrá con el aumento de la capacidad de compra que seguirá a una fuerte redistribución del ingreso y a la revitalización de la integración regional; el crédito será el resultado de una política bancaria enérgica ejecutada o guiada por los bancos oficiales. Asimismo, serán necesarias políticas arancelarias y cambiarias adecuadas. Además de ese desarrollo importante proyectado para las empresas pequeñas y medianas, ahora se está produciendo la recuperación de varias fábricas cerradas o en quiebra, por cooperativas formadas por sus antiguos trabajadores: el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas calcula que hasta ahora se han resguardado así 10.000 puestos de trabajo5.

Eje en el mercado interno

El problema se complica con las empresas grandes. Ante todo, el plan industrial debería discriminar entre los emprendimientos según sean o no estratégicos. Si no lo son, quedarían librados a la iniciativa privada, a las leyes del mercado y a los controles normales. A su vez, las industrias estratégicas estarán sujetas a una intervención activa del Estado. Se deberá discriminar entre aquellas reservadas al Estado, a sociedades mixtas o a la actividad privada; en este último caso sólo corresponderá una tarea de control, de regulación y antimonopolio. En ciertos casos de industrias estratégicas, el Estado debe asumir el liderazgo mediante la creación directa de una empresa pública, de una sociedad mixta o del otorgamiento de estímulos al sector privado.

Un proceso de industrialización no sólo depende de la decisión nacional sino también de la inserción externa del país de que se trate. Por supuesto, siempre está abierto el camino de la industrialización, aun con un ambiente externo hostil; pero si el mercado interno es chico, el aislamiento provocará dificultades de escala y de costos y existirá el riesgo del estrangulamiento externo. En cambio, al participar en procesos de integración no se cae en los vicios de un supuesto mercado internacional abierto, donde rigen las ventajas comparativas y el deterioro de los términos del intercambio, sino que la situación es mucho más favorable.

La experiencia de industrializar con el mercado interno como eje, ya se hizo en Argentina en los años ’40. Cualquier economista consultado en esa época hubiera afirmado que con el cierre de los mercados mundiales provocado por la Guerra Mundial, Argentina iba a la catástrofe. En la realidad ocurrió todo lo contrario: el proceso de industrialización por sustitución de importaciones llevó al país a un grado de bienestar que no se ha repetido. Este no es el caso ahora, entre otros motivos porque es mejor estar integrado a mercados regionales más amplios, donde exista la posibilidad de intercambio por ramas (manufactura por manufactura) y no por sectores (producto primario por manufactura).

Es por eso que la alternativa de este momento es: Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) o Mercosur6. El ALCA cancela las posibilidades de industrialización de América Latina, en especial de Argentina. De poco valdrá, en efecto, cualquier intento industrialista sobre la base de la distribución del ingreso y el crédito de capital de trabajo si las industrias nacionales no resisten el arancel cero con Estados Unidos. De hecho, con el ALCA la mayoría de las industrias que queden desaparecerán (como ya desaparecieron muchas durante la convertibilidad). La oferta de reciprocidad con Estados Unidos recuerda a la de los tratados con Inglaterra del siglo XIX: los barcos ingleses podían navegar los ríos internos de Argentina y la flota argentina podía remontar el Támesis. El único problema era que la flota argentina no existía…

En cambio, la opción industrializadora es la del Mercosur. Los cuatro países que lo integran constituyen un amplio mercado, dentro del cual podrán hacerse acuerdos por ramas. No es una utopía, sino un mercado en funcionamiento: la mayor parte de las exportaciones de manufacturas argentinas va a Brasil. Es una integración entre iguales, en la cual ninguno de los países participantes pretende hegemonías políticas. Es una integración posible, porque los niveles de productividad son similares entre Argentina y Brasil; porque ambos países atraviesan situaciones sociales y planteos políticos semejantes. Otro factor beneficioso del Mercosur serán las obras de infraestructura que se emprendan; sólo las comprometidas en las dos reuniones de Presidentes de Sudamérica impulsarán a la industria por el mejoramiento sustancial de los transportes y las comunicaciones y por la producción industrial que implican las construcciones necesarias.

Al estar en una misma franja de desarrollo, la elaboración y la instrumentación de políticas industriales conjuntas es posible y de mutuo provecho; por el contrario, nada queda esperar de quienes buscan mercados solventes y rentas financieras inmediatas, con el correlato del servilismo político.

En el plano internacional existe otro obstáculo a la industrialización: la política económica que impone el FMI7. El eje de sus programas son los ajustes y dentro de ellos, se impone una restricción al gasto. De tal modo se profundiza la recesión y aumenta el principal obstáculo para la industrialización argentina, que es el escaso poder de compra de la mayoría de la población. Este detalle parece ser olvidado por los adoradores de la Ley de Say, que afirmaba que la oferta crea su propia demanda. La realidad argentina demuestra con crudeza que si muy pocos compran, la producción será muy baja; y que es necesario un aumento de la demanda efectiva para desatar un proceso de producción. Con la enorme capacidad ociosa que existe en el sector industrial esta medida no es inflacionaria; pero si la decisión del FMI es salvar a los bancos a cualquier precio… En síntesis, la opción industrializadora también se juega en la política internacional: con ALCA y programas de ajuste del FMI no hay desarrollo industrial.

No es nuevo, pero con el funcionamiento político argentino en tiempos de crisis, donde cada actor se apropia de una parte del Estado para obtener mayores beneficios, la política industrializadora no debe servir de coartada para conseguir ventajas coyunturales con altos costos para la sociedad (el caso de la pesificación, por ejemplo), sin ningún beneficio para la industrialización real. Este es un problema que supera por mucho al lugar común de “ayudar a las Pymes” o “subir las persianas” que se encuentra en tantos discursos políticos: requiere de estrategias claras y sustentables. Es una prueba decisiva en cuanto a las relaciones de poder en Argentina, así como un seguro parámetro de la seriedad y viabilidad de las corrientes alternativas que existen hoy.

  1. Alfredo Fernando Calcagno, Cronología dos estilos de desenvolvimento na Argentina, disponible en www.redeal.org, Programas Workshop RedeAL, julio de 2000. Allí se examinan estas etapas en detalle.
  2. Roberto Navarro, “Otras yerbas”, Página/12, Buenos Aires, 18-8-02.
  3. El País, Madrid, 18-8-02.
  4. Alberto E. Biagosch, nota al ministro de Economía como evaluador de la renegociación de contratos de obras y servicios públicos, Buenos Aires, 29-5-02.
  5. Pablo Stancanelli, “Apropiarse de la fuente de trabajo”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, agosto de 2002.
  6. Carlos Gabetta, “El suicidio a través del ALCA”, julio de 2002; Luis Bilbao, “Estados Unidos y la Unión Europea confrontan en Sudamérica”, abril de 2001; Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, “¿Quieres ser ALCA?”, abril de 2001, y “Sudamérica es el camino”, septiembre de 2000; Dorvall Brunelle, “Estados Unidos quiere un mercado hemisférico bajo su control”, abril de 2001; Sylvie Paquerot y Emilie Revil, “¿Los recursos hídricos a remate?, abril de 2001; Emil Sader, “Darle la palabra a los pueblos”, abril de 2001; Rodrigo Pizarro Gariazzo, “Chile, ingenuidad e ideología”, abril de 2001; Julio A. Louis, “Uruguay se distancia de sus socios”, abril de 2001; en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur.
  7. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz advirtió sobre lo recesivo de los planes del FMI. “Stiglitz: no vale la pena un acuerdo con el Fondo”, Clarín, Buenos Aires, 23-8-02.
Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 39 - Septiembre 2002
Páginas:8,9
Temas Desarrollo, Deuda Externa, Estado (Política), Mercosur y ALCA, Políticas Locales
Países Argentina