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Que se vayan los dueños

La renovación total de la vida política argentina es una necesidad nacional y un reclamo colectivo. El viejo sistema de renta y financiero se pudre de a poco y cada día aparece un nuevo signo de su descomposición. Querellas mínimas; saltimbanquis que legislan, decretan y juzgan; asuntos de Estado convertidos en negocio. Frente a esta epidemia apareció un reclamo obvio: "Que se vayan todos", que se evapore el personal político. Sin embargo, esto no es suficiente: si la estructura económica permanece, vendrán otros gerentes para hacer lo mismo.

El “que se vayan todos” obedece a un principio de salud mental: no ver más a las mismas caras. Pero adolece de una insuficiencia básica, porque los que se irían son los gerentes, no los dueños. El país está manejado por sus dueños: los bancos, las empresas privatizadas, los concesionarios de servicios públicos, los que captan la renta de los recursos naturales, el Fondo Monetario Internacional (FMI), Estados Unidos. Ellos son los que mandan. Los gerentes son los políticos y funcionarios que deciden en los tres poderes formales –ejecutivo, legislativo y judicial– de un Estado maltrecho.

En la Argentina actual estos gerentes gobiernan sobre la base de la alienación de la independencia en el plano internacional y sólo son los ejecutores de la voluntad de los dueños. En cuanto a la soberanía popular, los partidos políticos grandes, que deberían representarla, sólo son sobrevivientes estropeados de dos grandes frustraciones: el menemismo y el delarruismo. La mayoría de sus líderes sólo aspira a blanquearse para poder seguir con los negocios u ocupando cargos.

Hasta ahora, sólo se plantea que se vayan los gerentes, con lo que la situación no cambiará mucho. Incluso a los dueños no les interesa ahora mantener a gerentes ineficientes y corruptos, aunque en el pasado dieron muestras de lealtad infinita. Si se van los gerentes y no ocurre más nada, los dueños pondrán a otros para que sigan defendiendo sus intereses. Es la base del discurso que limita el problema a la ética en términos de personas: pongamos gente honesta que todo mejorará. No es así. Porque la corrupción no es un efecto perverso del modelo, sino la instancia política necesaria para su reproducción en el tiempo. No se trata de poner gerentes éticos al frente del saqueo, sino de cambiar de esquema y echar a los dueños.

¿Cómo sacarles el poder a los dueños de Argentina? Habría que adecuar las acciones a las posibilidades reales, que son mucho mayores que lo que en general se cree. Primero, no hay que permitirles que continúen con el vaciamiento; segundo, recuperar para la Nación todo lo que se pueda; y tercero, echarlos. Todo ello con la ley en la mano, lo que supone el poder político necesario para aplicarla.

Impedir que continúe el saqueo

Como un inventario de lo que debe terminar, enumeremos algunos “negocios” realizados en lo que va del 2002:

-Pesificación 1 a 1 a las 80 mayores empresas: costo, 19.092 millones de pesos1.

-Seguro de cambio para que los bancos compren a 1,40 pesos los dólares que deben al exterior (decreto 494/2002): costo, 11.400 millones de dólares comprometidos2.

-Compensación a los bancos por la “asimetría” entre los tipos de cambio de 1,40 y 1 de la devaluación: costo, 10.000 millones de pesos; y redescuentos a los bancos, costo 17.331 millones de pesos3.

La suma es sideral y configura una de las etapas del saqueo comenzado en 1976. Veamos ahora algunos casos representativos de los objetivos de los dueños y del servilismo de los gerentes.

En el área energética, por ejemplo, las empresas petroleras pueden cobrar en el mercado interno argentino los precios internacionales del petróleo (como si lo importaran), en vez de fijar los precios por los costos nacionales. Con ello captan una renta anual de 6.000 millones de dólares4 que por su naturaleza le corresponde al Estado argentino. Además, se autoriza a estas empresas a negociar en el extranjero el 70% de las divisas obtenidas con sus exportaciones.

Con respecto a la deuda externa, en junio de 2001 se realizó un megacanje para postergar vencimientos por 10.840 millones de dólares en los próximos 5 años; a cambio, la suma total de la deuda objeto del canje aumentó en 55.281 millones de dólares5.

Durante el gobierno Menem-Cavallo se privatizaron todas las empresas públicas a precios muy baratos. Más aun, se permitió pagarlas con bonos de deuda externa, que cotizaban entre el 15 y el 20% de su valor nominal, computando esos pagos al 100%. Después, esas empresas obtuvieron ganancias enormes: en el período 1993-2000, las 200 mayores empresas ganaron 28.400 millones de dólares, de los cuales más de 16.000 millones correspondieron a 26 empresas privatizadas (para que se advierta la magnitud: este conjunto de empresas ganó casi 5,5 millones de dólares por día y 231.000 dólares por hora). El conjunto de las empresas privatizadas tuvo una tasa de ganancias muy alta: entre 1993 y 2000 para las empresas privatizadas fue de 10,4%, para las vinculadas con las privatizaciones de 6,6% y para las no vinculadas de 1,1%6. Las prestadoras de servicios públicos aplicaron una cláusula ilegal de reajuste de acuerdo con la inflación de EE. UU. y por esta sola infracción tuvieron beneficios de 9.000 millones de dólares desde que se privatizaron hasta el año 20007.

Ahora, muchas empresas grandes piden subvenciones estatales o aumentos de tarifas para pagar deudas en el exterior. Lo que no dicen es que en lugar de invertir parte de sus enormes ganancias en el país, las remesaron a sus casas matrices y que en contrapartida obtuvieron préstamos (¡de las propias casas matrices!), que entraron como deuda externa privada en dólares. Ahora quieren que el Estado se haga cargo de esas deudas.

Todo esto matizado con una evasión fiscal que es tradicional y no puede imputarse a los últimos gobiernos; pero que de cualquier modo se ha estimado en 31.600 millones de pesos para el Impuesto al Valor Agregado y de 18.000 millones para el Impuesto a las Ganancias, sólo para el año 2000. Si se descuentan las exenciones, elusiones y la “contabilidad creativa” se llega a una evasión real de 32.000 millones de pesos8.

Esta es la corrupción grande, la de los dueños. Los gerentes –en connivencia con los dueños– también hicieron lo suyo: negocios de las armas, del oro, IBM, coimas sistematizadas, porcentajes y “peajes” en todo tipo de contratos nacionales e internacionales. Estos y muchos otros fraudes muestran la creatividad de los mafiosos locales; pero el pillaje enorme, con consecuencias macroeconómicas, está en los negocios de los dueños.

La consigna elemental es “que se vayan los dueños”; pero cuidado: es como si después del asalto a un banco pidiéramos “que se vayan los ladrones”. Antes de irse deben cumplirse varios requisitos. Primero, que devuelvan aquello de lo que se apropiaron de modo ilegal o abusivo; que paguen lo que deben (por ejemplo, los cánones) y salden sus cuentas con el Código Penal. Segundo, en el caso de los servicios públicos, que el Estado se haga cargo de ellos. Estos enunciados tan simples requieren para su ejecución de un gran poder político.

Lo primero es lograr que el Estado sea capaz de asumir sus funciones. La reforma del Estado no reside en suprimir cargos públicos o rebajar sueldos para que exista un superávit que permita pagar intereses de la deuda externa. Consiste en que el Estado conquiste atribuciones y genere poder para conducir la Nación; que pueda arrebatarles el poder a los actuales dueños y sea apto para ejercerlo. En la visión lineal que predominó en otra época esto significaba la revolución: primero tomar el poder y después todo se arreglaría por añadidura. Ahora las condiciones son diferentes. La primera exigencia es la de generar poder, lo que puede hacerse desde el gobierno. Veamos qué quiere decir “que se vayan los dueños” con algunos ejemplos típicos.

El primer dueño que tiene que irse es el FMI. No cumple con su función de dar liquidez a los bancos centrales de los países con dificultades de balance de pagos. Se ha transformado en el agente de cobro de los acreedores internacionales, en el gendarme ejecutor de privatizaciones y ajustes, y en el legitimador de las demandas de los intereses financieros locales. Que se vaya el FMI quiere decir aplicar las normas que utilizó Malasia, cuando rechazó sus exigencias y salió de la crisis por sus propios medios. Si se van, faltará un dueño y habrá muchos ajustes menos.

En reemplazo deberá crearse el Fondo Monetario Latinoamericano, que no es una utopía sino una iniciativa en plena acción. El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) es un organismo interestatal creado en 1978, constituido por Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela y abierto a la incorporación de los demás países latinoamericanos. Otorga créditos y garantías para el apoyo del balance de pagos, créditos de liquidez, financia exportaciones. Puede asumir las funciones de un organismo monetario regional, en cooperación con los bancos centrales de la región, sin imponer condicionalidades referidas a la política interna de los países. En el plano político, la XII Cumbre Presidencial Andina de junio de 2000 propuso la transformación del FLAR en el Fondo Monetario Latinoamericano. Sería manejado por los países de la región, en función de sus necesidades e intereses. Lejos de caernos del mundo, nos afianzaríamos en una integración latinoamericana fortalecida.

Otro dueño que debe irse es Repsol YPF. Fue el beneficiario del mayor latrocinio cometido en el país, que fue la privatización de YPF. Es obvio que esta riqueza natural debe recuperarse para la Nación. No se justifica que un recurso natural esencial y no renovable quede a merced del afán de lucro de una empresa extranjera. ¿Cómo reconquistar el petróleo? La solución frontal, la más rápida, sería una expropiación que deduzca de las indemnizaciones las ganancias ilegales y abusivas. Otra posibilidad, que generaría menos pleitos judiciales, es la recuperación de lo obtenido de modo ilícito por Repsol YPF y la transferencia de los activos así rescatados a una nueva empresa estatal de hidrocarburos a crearse. Repsol YPF ha recibido de modo ilegal concesiones y permisos que exceden el número que establece la ley de hidrocarburos vigente; tiene áreas otorgadas sin licitaciones, como los contratos de explotación reconvertidos en concesiones; goza de prórrogas ilegales sin licitaciones y sin constancia del cumplimiento de las obligaciones de la concesión; y áreas centrales no constituidas como sociedades mixtas, según lo establecido en la ley de reformas del Estado. De tal modo, se recuperaría más de la mitad de las áreas. Si se declarara la nulidad de esas concesiones prohibidas, se las transfiriera a la nueva entidad estatal y Repsol fuese obligado a indemnizar por sus ganancias ilegales, la nueva empresa estatal tendría áreas y patrimonio como para funcionar adecuadamente. Mientras tanto, un régimen fiscal fuerte captaría la mayor parte de la renta generada9. Cuando se vayan estos dueños, ganaremos mucho con la racionalización de la explotación, con precios de combustibles fijados de acuerdo con los costos nacionales y con los extraordinarios beneficios que quedarían para la Nación.

Por su parte, los bancos son dueños que han actuado como bombas de succión de ganancias. Fueron subvencionados con generosidad en épocas recesivas y tuvieron beneficios extraordinarios en los períodos de auge. Nada más que con la diferencia entre tasas activas y pasivas de interés, durante la convertibilidad se quedaban con 37,50 pesos por cada 100 pesos que prestaban10. La ley de entidades financieras de Martínez de Hoz fue el “huevo de la serpiente” neoliberal que vino después. Los bancos tienen que arreglar una estafa pendiente: la devolución de los depósitos del “corralito”. Si no pueden hacerlo las sucursales y filiales, deben encargarse las casas matrices. Después vendrá la nueva ley de entidades financieras, que implantará el crédito como un servicio público. Una posibilidad es que dentro de este servicio los bancos estatales y cooperativos sean comerciales y de inversión; los bancos privados serían sólo de inversión.

Por otra parte, los bancos son los mayores propietarios de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que perciben el 11% de todos los salarios, cobran una comisión del 30% y manejan una de las mayores cajas del país, mientras el Estado paga la casi totalidad de las jubilaciones y pensiones. Se deberá volver al régimen de reparto para todos, que establece la solidaridad entre las generaciones, elemento constitutivo en la permanencia de la Nación. Quien desee una jubilación mayor, podrá contratarla con una compañía de seguros. Que se vayan los bancos comerciales privados y las AFJP significa recuperar el manejo del ahorro nacional.

Los servicios públicos privatizados deberán volver a ser servicios públicos. Están al servicio de la población y de la Nación, no de las empresas que los prestan: esto supone aplicar el principio de que toda actividad económica que revista un carácter estratégico para el desarrollo debe ser de propiedad nacional. Esto supone una revisión caso por caso, para determinar en qué medida bastará con una regulación estricta, cuándo habrá que renacionalizar y en qué situaciones estamos en presencia de dolo. En particular, deberán analizarse los manejos ilícitos, sobre todo en materia de tarifas.

En esta breve enumeración enunciamos algunos casos notorios de dueños que deben irse; por supuesto, y por desgracia, no son todos. La situación argentina llega a tal nivel de degradación que aplicar políticas racionales en el sentido del interés nacional parece un programa demasiado ambicioso. Sin embargo, Argentina se juega en estas cosas su existencia como Nación. De allí que el problema de fondo sea echar a los actuales y reales dueños, no sólo terminar con los gerentes del modelo.

  1. Eduardo Basualdo, Claudio Lozano y Martín Schorr, “La transferencia económica de recursos a la cúpula empresaria durante la presidencia Duhalde”, Realidad Económica, Buenos Aires, Nº 186, febrero-marzo de 2002.
  2. Ismael Bermúdez, Clarín, Buenos Aires, 14-03-02.
  3. Información del Banco Central, 18-9-02.
  4. CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2001.
  5. Auditoría General de la Nación, Informe sobre canje de deuda pública del 19-6-01, Buenos Aires, 19-3-02.
  6. Daniel Azpiazu y Martín Schorr, “Las privatizaciones argentinas”, en Privatizaciones y poder económico (Daniel Azpiazu,compilador), Universidad Nacional de Quilmes/FLACSO/IDEP, Buenos Aires, 2002.
  7. Daniel Azpiazu, “Introducción”, Privatizaciones y poder económico, idem.
  8. José Sbattella, “La evasión impositiva”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, octubre de 2001.
  9. Gustavo A. Calleja, Hidrocarburos: lecciones y análisis de las experiencias desreguladoras y privatizadoras, Buenos Aires, marzo de 2002; y Félix Herrero, “El subsuelo argentino: tierra de contradicciones”, en Carlos Gabetta, La debacle de Argentina, Icaria, Barcelona, 2002.
  10. Carlos Scavo, “Una globalización predatoria”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, octubre de 2001. “Tomando los plazos fijos en pesos a 30 días (franja dominante), las tasas pasivas –que pagan los bancos al público– representan apenas 50% de las activas, es decir las que se cobran por préstamos. A mediados de año, en efecto, los plazos fijos rendían 9,01% promedio y el crédito oscilaba alrededor de 17,5%. Por ende la brecha era de 94,2% y los bancos se quedaban con 37,50 pesos por cada 100 pesos que prestaban. Una diferencia notable, recordando que el volumen de depósitos remunerados alcanzaba los 80.550 millones de pesos en todo el sistema y los movimientos en el mes significaban unos 3.600 millones”.
Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 40 - Octubre 2002
Páginas:4,5
Temas Desarrollo, Neoliberalismo, Estado (Política), Políticas Locales
Países Argentina