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Recuadros:

Ocho años que hundieron a Brasil

El ciclo de los gobiernos neoliberales en Brasil, iniciado en 1990, puede finalizar con el segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Cualquiera que sea su sucesor, además de la herencia de una economía fragilizada, recibirá un país diferente en algunos de sus aspectos fundamentales. El nuevo mandatario probablemente deberá abandonar un modelo económico agotado que exige cambios significativos. Las elecciones de este mes de octubre definirán la dirección en que se efectuarán esos cambios si Brasil no quiere repetir la dramática crisis argentina.

Al elegir y luego reelegir a Fernando Henrique Cardoso en la primera vuelta de los comicios de 1994 y de 1998, la mayoría de los votantes brasileños estaba galvanizada por una promesa: la estabilidad monetaria –definida como prioridad y lograda por medio de la lucha contra la inflación– permitiría a Brasil reencontrarse con el desarrollo económico, interrumpido una década antes. A la llegada de los inversores extranjeros, que aportarían la modernidad tecnológica, debía sumarse la creación de empleos, una política de redistribución de los ingresos –en la práctica la inflación funcionaba como un “impuesto a los pobres”– y, finalmente, el acceso del país al “Primer Mundo”.

La crisis financiera con que concluye el segundo mandato de Cardoso, que obligó a dos préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) –uno de 10.000 millones de dólares y otro de 30.000 millones– muestra que las promesas no fueron cumplidas. En realidad, las transformaciones que afectaron a ese gran país fueron de otro orden.

Como los otros países latinoamericanos, a comienzos de los años ’80 Brasil fue víctima de la crisis de la deuda. Esa crisis puso término al período de mayor crecimiento en su historia, iniciado con la reacción a la crisis de 1929. Entre 1964 y 1985 la expansión económica acompañó a la dictadura militar, pues el golpe de Estado tuvo lugar durante el ciclo internacional de mayor expansión capitalista. Ese ciclo favoreció ritmos de crecimiento muy altos entre 1967 y 1979, permitió la importación de capitales y –gracias a mercados exteriores disponibles– desarrolló las exportaciones.

Esas transformaciones produjeron una renovación de la clase obrera, que junto a nuevos movimientos sociales y cívicos, conformó un bloque opositor que, apoyándose en la crisis de la deuda de 1980, aceleró el fin de la dictadura. Sin embargo, la transición quedó en manos de las fuerzas liberales de oposición, unidas por su rechazo al “autoritarismo”. Esos sectores aseguraron entonces que el “proceso democrático” permitiría por sí solo resolver los graves problemas acumulados durante los veinte años precedentes.

Tal visión, sumada a la capacidad de las fuerzas dictatoriales “recicladas” para participar en la coalición que desde 1985 gobernó con un presidente civil, José Sarney, hizo de Brasil uno de los países sudamericanos en que los elementos de continuidad con la dictadura fueron más fuertes, contaminando así la transición democrática.

Una Constitución “ciudadana”

Luego de varias tentativas “heterodoxas” de lucha contra la inflación, a fines de los años ’80 el panorama era similar al de los otros países de la región: una adhesión al neoliberalismo. Sin embargo, Brasil llegó después de los otros a las políticas de ajuste estructural. A la inversa de Chile, Bolivia, México o Argentina, y debido a su especificidad, la salida de la dictadura condujo en un primer tiempo a un clima poco propicio al neoliberalismo. La vuelta a la democracia fue consolidada institucionalmente por una Constitución que, al conferir derechos que habían sido confiscados por los militares, fue a veces percibida como una Constitución “ciudadana”. Esto, sumado a la fuerza de los movimientos sociales emergentes, colocaba a Brasil al margen del proceso de hegemonía neoliberal, ya muy avanzado en el resto del continente.

El primer proyecto neoliberal coherente fue implementado por Fernando Collor de Mello. Elegido presidente en 1989, pero destituido por el Congreso por corrupción en 1992, dejó en suspenso el proceso de apertura económica, de privatizaciones, de reducción del Estado y de desregulación de la economía, pilares del Consenso de Washington. Cardoso, que fuera ministro de Economía de Itamar Franco (como Vicepresidente, sucesor de Collor de Mello de octubre de 1992 a diciembre de 1994) y luego Presidente electo en 1994, retomó aquel proyecto y le dio una nueva configuración: la lucha contra la inflación, modalidad latinoamericana de reducción del gasto del Estado, considerado responsable del estancamiento y del atraso económico.

Al frente de una coalición compuesta por su partido –el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), inicialmente de centro izquierda– y por ciertas fuerzas de derecha tradicionales, Cardoso dispuso desde el principio de mayoría absoluta en el Congreso. Con el respaldo unánime del gran empresariado nacional e internacional, contaba entonces con apoyos políticos, sociales y mediáticos sin precedentes en la historia del país.

Cardoso reformó la “Constitución ciudadana” tantas veces como quiso, eliminando de ella aspectos reguladores esenciales. Más que cualquier otro Presidente (incluidos los de la dictadura), y a pesar de disponer de mayoría, Cardoso gobernó por medio de “medidas provisorias”: decretos que, con el aval del Congreso, se fueron perpetuando, convirtiéndose en la práctica en nuevas leyes. Por otra parte, la mayoría de los proyectos de ley provino del ejecutivo.

La reelección de Cardoso en la primera vuelta, en 1998, tradujo fundamentalmente la opinión positiva de los electores sobre su Plan Real de estabilidad monetaria, que había aniquilado la inflación. Sin embargo, un balance de las transformaciones ocurridas en Brasil durante los años ’90, y en particular durante su presidencia, puede resumirse a dos aspectos centrales: la financiarización de la economía (ver recuadro) y la precarización de las relaciones laborales.

Respecto de la primera, las modalidades adoptadas para lograr la estabilidad monetaria dieron un papel hegemónico al capital extranjero. Dado que las campañas electorales de Cardoso fueron esencialmente financiadas por los más grandes bancos brasileños, el sistema bancario gozó del único plan de salvataje económico, estimado en miles de millones de reales.

El servicio de la deuda pública representa más de 32.700 millones de dólares anuales. En 2002, 2003 y 2004, Brasil necesitará 1.020 millones de dólares por semana para financiar la amortización de una deuda externa de 30.600 millones y un déficit de cuenta corriente de 20.400 millones.

Tanto en el plano financiero como en el de su funcionamiento, el Estado ya no es viable si al menos no se renegocian los plazos del reembolso de la deuda. En caso contrario, seguirá el mismo camino –y el mismo fracaso– del gobierno argentino de Fernando de la Rúa1. La economía pasó a estar totalmente controlada por las finanzas, a causa del nivel de endeudamiento de los hogares, del compromiso de los bancos con títulos de la deuda pública (en detrimento de los préstamos para inversiones) y del creciente porcentaje de inversiones especulativas de las empresas industriales, comerciales y agrícolas.

Como si todo eso no fuera suficiente, los funcionarios que ocupan los puestos clave en la dirección económica provienen de los sectores financieros, nacional e internacional, y sistemáticamente vuelven al sector privado. Esa hegemonía induce a su vez una transformación significativa –en términos cuantitativos y en términos sociales– del presupuesto público. Los gastos de educación representaban en 1995 el 20,3% de los gastos corrientes, mientras que en 2000 sólo alcanzan al 8,9%. El pago de los intereses de la deuda, que absorbía el 24,9% de los gastos, se lleva hoy el 55,1%. Actualmente, el monto de dichos intereses supera los gastos de educación y de salud reunidos.

Exclusión y violencia

Los años ’90 también estuvieron marcados por la precarización. Históricamente, la explotación de la fuerza de trabajo campesina en la producción de café destinado a la exportación, combinada con la abolición particularmente tardía de la esclavitud, en 1888 (un triste récord de tres siglos y medio), explica la inexistencia de una reforma agraria y la incorporación relativamente reciente de la mano de obra migrante en el mercado formal de trabajo.

Ya sea en períodos de democracia o de dictadura, de crecimiento o de estancamiento, la llegada de una mano de obra impregnada de las relaciones pre-capitalistas existentes en el mundo rural, acompañó las cinco últimas décadas (ver artículo de Carla Ferreira). En los años ’80, la economía, en recesión, ya no pudo absorber esos contingentes. Decidido a “dar vuelta la página del getulismo en la historia brasileña”2, Cardoso le asestó el golpe de gracia a la capacidad reguladora del Estado. Su política de “flexibilización” de la mano de obra –eufemismo que no llega a ocultar el aumento de su sobrexplotación– dejó a la mayoría de los trabajadores sin contratos formales, que les hubieran permitido ser “sujetos de derecho” y por lo tanto, ciudadanos.

La apertura de la economía y la precarización generaron una nueva migración interna, no ya del sector primario hacia el secundario o hacia el comercio formal (sector terciario), sino del sector secundario hacia el informal (siempre en el terciario). Quebrando las dinámicas de ascensión social facilitadas por una mayor calificación laboral y por el paso del sector informal al del contrato de trabajo, este tipo de evolución recorre el camino inverso, generando una baja de la calificación laboral, la desaparición de derechos, y hasta la pérdida del papel de ciudadano. En 1991, el 53,7% de los trabajadores había ingresado a la economía formal y accedido a los derechos que otorga un contrato laboral, pero ese porcentaje bajó a 45% en 2000. El 55% restante se mueve en la economía paralela.

Por su parte, la clase media vio cómo aumentaban las fracturas aparecidas durante la dictadura militar. El desempleo, la caída en el trabajo informal, la degradación de los servicios públicos y la contracción del empleo en el sector bancario afectan a sus capas inferiores, que tienden a proletarizarse. A la vez, la sofisticación de los servicios y la expansión del sector financiero permitieron a otra capa engancharse a la dinámica mundializada de modernización en la inversión del capital. Diferencias de ingresos, de patrimonios y, en consecuencia, de ideología, impiden cada vez más englobar esos sectores intermedios en una sola categoría.

Desempleo, miseria, exclusión, violencia, narcotráfico, ausencia de Estado de derecho y de Estado benefactor… Cada vez más numerosos, los sectores populares y la población pobre de la periferia de las grandes ciudades3 vivieron los episodios más crueles de esta crisis social. Desperdicio del capitalismo, ese sector mayoritario de la sociedad es víctima de los escuadrones de la muerte, de la discriminación y, en particular, de la falta de lugares de socialización. Sus miembros ya no son socializados por la familia ni por la escuela, menos aun por el trabajo. No se los encuentra en los partidos, ni de izquierda ni de derecha, ni tampoco en los movimientos sociales. No disponen de lugares para el esparcimiento y la cultura y algunos naufragan en la delincuencia, en el narcotráfico, luchan contra la policía, producen música rap de protesta, danzan y se pelean en los bailes violentos de los suburbios…

Tienen el sentimiento de no deberle nada a esa sociedad organizada de la que nada reciben. El único contacto es el contagio de los estilos de consumo o la violencia policial y las diversas formas de acción, legales o ilegales, que les permiten sobrevivir material y espiritualmente. Esa población es el gran enigma de la sociedad, que no podrá ignorar ese itinerario de violencia, de delincuencia, de cultura protestataria, de luchas sociales y políticas…

Las Iglesias reflejan todas esas transformaciones. La Iglesia católica se vio debilitada por la acción del Vaticano, que atacó duramente la Teología de la Liberación y a sus principales representantes dentro de la jerarquía eclesiástica, y por el giro conservador del comportamiento popular. Confrontados a la irracionalidad vigente, a la falta de perspectivas políticas y a las promesas imposibles de la sociedad de consumo, amplios sectores de la población se refugiaron en la magia de las sectas evangélicas o en las variantes conservadoras del catolicismo.

Como paliativo a la ausencia de los poderes públicos en los barrios populares, las religiones evangélicas tratan de ofrecer a un sector de la juventud una alternativa al narcotráfico4 medio con el que conviven sin mayores conflictos. Esas religiones adoptan formas comunitarias de solidaridad: participan en la búsqueda de empleos, en la construcción colectiva de viviendas o en las ayudas financieras de urgencia, de forma más o menos similar al trabajo de asistencia que hacen… los narcotraficantes.

Moderación del PT

Además de los problemas que plantea el desempleo, la fragmentación y la “informalización” del mundo laboral y el giro conservador de los sectores populares, Brasil debe hacer frente a la institucionalización de la vida política, incluida la de los partidos de izquierda. Junto a la jerarquía de la Iglesia católica –en particular la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB)– la Central Única de Trabajadores (CUT) y el Movimiento de los Sin Tierra (MST) son los motores de la movilización social5.

Pero la presión ejercida por el gobierno sobre los sindicatos (sumada al apoyo brindado a los sindicatos “amarillos”), sobre los asentamientos de los sin tierra y sobre los programas sociales de las municipalidades y de las gobernaciones estaduales, asfixian la capacidad de acción de las organizaciones más combativas de resistencia al neoliberalismo. El Partido de los Trabajadores (PT) continúa canalizando políticamente la gran fuerza social acumulada por la izquierda desde hace veinte años, pero su giro hacia una opción “institucional” debilitó su arraigo en el movimiento popular. Ese giro modificó de manera significativa la composición interna del partido, generando aumento del promedio de edad, distanciamiento respecto de los sectores más necesitados y significativa influencia de los cuadros vinculados a las estructuras administrativas, parlamentarias y de gobiernos estaduales (de éstas provenía el 75% de los representantes reunidos en el último encuentro nacional del PT, en Recife, en noviembre de 2001).

Esta opción del PT provocó también una moderación de sus posiciones políticas, tanto sobre temas como el pago de la deuda externa, la reforma agraria, el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la presencia de capitales extranjeros en las empresas; como también en las modalidades de acción del partido. La candidatura de Luiz Inacio da Silva (“Lula”) a la presidencia, choca con un importante rechazo de las clases medias y de las “elites”6. Por lo tanto, las campañas electorales fueron siempre ocasiones para ajustar la imagen política del candidato y del propio partido, con el fin de hacer posible una victoria electoral.

Gane o no el PT las elecciones, puede preverse un gran debate estratégico. En caso de victoria, la discusión versará sobre la relación entre gobierno y poder, sobre los límites y las posibilidades de acción en el marco institucional actual, sobre la posibilidad de incorporación al sistema o de ruptura, etc. Si “Lula” pierde, luego de que la dirección del partido flexibilizara al máximo sus posiciones políticas en la perspectiva de una alianza con las patronales y para obtener el apoyo de otros sectores de la elite tradicional, una etapa de la vida del PT seguramente habrá concluido. Esa nueva situación favorecería la reaparición de tendencias situadas políticamente más a la izquierda y la eventual salida de cuadros hacia organizaciones de centro o de centro derecha.

Además de su aspecto económico y social, la pesada herencia de Cardoso se evidencia en la crisis de la (aún) joven democracia. Desinterés, pérdida de prestigio de lo político, de los gobiernos y de los partidos permiten presagiar fuertes tasas de abstención en las próximas elecciones.

Sea quien sea el sucesor de Cardoso, el rostro de Brasil ya no será el mismo. Agotado, el modelo económico sólo sobrevivió gracias a los préstamos del FMI, que aumentaron cada vez más la fragilidad de la economía, por lo que necesariamente deberá ser modificado. Queda por saber qué dirección tomará ese cambio: la de modificaciones limitadas (como prometen José Serra, economista, ex ministro de Salud y delfín de Cardoso, y Ciro Gómes, representante de la “tercera vía”), o la de una ruptura con las políticas neoliberales, como promete Luiz Inacio da Silva.

Además de la superación de la crisis interna, una victoria de la oposición podría generar una consolidación del Mercosur, con la creación de una moneda común para sacar a Argentina de su pantano y, a través de esa alianza, una propuesta de integración latinoamericana alternativa al ALCA, instrumento de la hegemonía de Estados Unidos.

  1. Carlos Gabetta, “Crise totale en Argentine”, Le Monde diplomatique, París, enero de 2002. En castellano, ver dossiers sobre la crisis argentina en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, junio, julio y agosto de 2002.
  2. Referencia al tipo de Estado construido por Getulio Vargas (1930-1945; 1950-1954). Padre del “Estado novo”, Vargas gobernó apoyándose en la clase obrera y promulgó una importante legislación social. Atacado por la prensa y obligado a renunciar por los militares durante su segundo mandato, prefirió suicidarse.
  3. Siete conglomerados urbanos reúnen el 40% de la población.
  4. Según una encuesta del Instituto Superior de las Religiones (ISER), unos 4.000 jóvenes de menos de 18 años fueron muertos a balazos entre 1987 y 2001, sólo en la ciudad de Río de Janeiro (cifra que supera a la de los menores que fueron víctimas directas del conflicto colombiano). ISER, Río de Janeiro, 9-9-02.
  5. El referéndum no oficial sobre el rechazo al ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas) impulsada por Estados Unidos, movilizó a 15 millones de personas, según el episcopado, y concluyó el 7-8-02 con una manifestación de 150.000 personas en Aparecida, cerca de San Pablo.
  6. En vísperas de las elecciones de 1989, el presidente de la poderosa Federación Industrial del Estado de San Pablo, Mario Amato, había “advertido” que si Lula ganaba, 800.000 empresarios abandonarían Brasil.

Las cifras del desastre

Sader, Emir

Como consecuencia de la apertura económica y de una política destinada a atraer capitales extranjeros, la entrada de los mismos pasó de 43.300 millones de euros1 en 1995 (6 % del PBI) a 201.500 millones de euros en 1999 (21,6 % del PBI). Para obtener esos fondos, en parte provenientes de préstamos privados y en parte de organismos internacionales, Fernando Henrique Cardoso ofreció las tasas de interés reales más elevadas del mundo durante la mayor parte de su mandato. Esos recursos le permitieron reducir la inflación, que en junio de 1994 era del 50%, a un 6% al mes siguiente a la instauración del Plan Real, a fines de julio del mismo año. Mantenida a un nivel bajo durante todos los años del gobierno de Cardoso, la inflación descendió a 1,79% en 1998, y aumentó luego de la crisis de 1999, aunque manteniéndose siempre por debajo de los dos dígitos.

La apertura de la economía provocó a la vez un rápido aumento de las importaciones y la pérdida de una de las conquistas de la economía brasileña, su competitividad en el exterior. De ello resultó un déficit de la balanza comercial como el país nunca había conocido. Agravado por la llegada de capitales especulativos, ese déficit tuvo consecuencias directas sobre la balanza de pagos.

Mientras que las exportaciones pasaron de 35.680 millones de euros (1992) a 53.020 millones de euros (1997), las importaciones crecieron más del triple, pasando de 20.900 millones de euros a 62.500 millones de euros. En el mismo período, la balanza de pagos pasó de un excedente de 15.400 millones de euros, a un déficit de 8.400 millones: una diferencia significativa de 23.800 millones de euros.

El nivel de endeudamiento del sector público aumentó vertiginosamente, de 30% del PBI en 1994, a 61,9% en julio de 2002. Se trata de un resultado catastrófico para un gobierno que, afirmando que el Estado gastaba mucho, y mal, tenía como objetivo central para luchar contra la inflación, el saneamiento de las finanzas públicas. Con la profundización de la crisis en 2002, no sólo se agravó el nivel de endeudamiento, sino también su índole: la proporción de la deuda establecida en dólares creció, a la vez que se acortaron los plazos de pago y aumentaron las tasas. Ese fue el caso del último préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2002: 30.500 millones de euros, de los cuales, 6.100 millones disponibles inmediatamente para que el gobierno de Cardoso pueda terminar su mandato sin decretar una moratoria. El resto será efectivizado en función de la aceptación por parte del próximo presidente de las condiciones impuestas por el FMI.

Ese lamentable resultado se debe a que la estabilidad monetaria fue lograda esencialmente gracias a la atracción de capitales especulativos y a tasas de interés “estratosféricas”, y no por medio del crecimiento, de la consolidación de la economía y del saneamiento de las finanzas públicas. Estas, al contrario, se perjudicaron a causa de las tasas de interés destinadas a atraer capitales especulativos, lo que a su vez aumentó la deuda.

El crecimiento económico tampoco se concretó. Los años ’80 fueron vividos como los de la década perdida, pero la cosa no terminó allí. Luego de un crecimiento inusual entre 1930 y 1980, el país entró en una fase de bajo crecimiento y aún de estancamiento. En los años ’80, con un crecimiento reducido a 3,02% el ingreso per cápita aumentó apenas 0,72%, como consecuencia de la crisis de la deuda. Durante la década siguiente, el crecimiento de la economía fue aun inferior (2,25%) y el aumento del ingreso per cápita llegó a sólo 0,88% –la mitad del crecimiento demográfico– en un país donde la distribución de la riqueza sigue siendo la más desigual del mundo.

  1. Salvo para el año 2002, en que el valor del euro es casi igual al del dólar, la relación promedio en los otros años es 1 dólar=0,85 euros.


Autor/es Emir Sader
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 40 - Octubre 2002
Páginas:10,13
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Desarrollo, Neoliberalismo
Países Brasil