Luces y sombras del nuevo Chile

Los objetivos que se impuso el primer gobierno socialista desde Salvador Allende -acabar con la miseria, impulsar un plan de acceso directo a la salud y contar con una economía "desarrollada" para el 2010- tropiezan con la oposición de la derecha política, que ha sabido ganarse el apoyo ideológico de una parte considerable de la sociedad chilena, y con el peligro de contagio de la crisis que afecta a América Latina.

El 21 de mayo de 2002 se abría el año legislativo chileno. De regreso del Viejo Continente, donde acababa de firmar el acuerdo de asociación política y comercial entre Chile y la Unión Europea, Ricardo Lagos, primer presidente socialista desde Salvador Allende, declaró ante el Congreso: “Comparezco hoy ante este honorable Congreso Pleno con el profundo orgullo de ver y sentir cómo los países de Europa nos aceptan como socios respetables, serios y responsables. Chile entra con dignidad por la puerta ancha al mundo del desarrollo. Me pregunto por qué en el mundo hay creciente interés en asociarse a este pequeño país”.

Frente a la profunda crisis que afecta a Latinoamérica, y mientras Santiago se pregunta con inquietud cómo preservarse de ella en caso de que se prolongue, el Presidente estableció ante los parlamentarios las prioridades de la “Agenda País”, que su gobierno de centroizquierda, la Concertación para la Democracia (CPD)¹, piensa poner en marcha: acabar con la miseria que afecta al 20% de los 15 millones de habitantes, a través del programa Chile Solidario; impulsar el Plan Auge (plan de acceso directo a la salud); alcanzar el objetivo de una economía “desarrollada” para el 2010, año del bicentenario de la independencia.

Entre las prioridades, Lagos recordó una vez más su voluntad de completar la transición democrática con la reforma de la Constitución de 1980 (heredada de la dictadura), anunciada desde hace más de diez años, pero postergada una y otra vez.

Una política neoliberal “económicamente correcta”, que privilegia los grandes equilibrios macroeconómicos, sumada a su apego histórico a la estabilidad de sus instituciones, hicieron de Chile la excepción económica y política de Latinoamérica. No sólo se convirtió en un mito para los observadores externos, sino también para sus habitantes, que repartidos entre el orgullo nacional y la indiferencia, asisten perplejos a este “milagro económico”.

El mito chileno –jaguar de América Latina– se apoya en un asombroso crecimiento que llegó al 7% anual entre 1990 y 1997. La inflación no supera el 3,6%, el déficit presupuestario el 1%, la deuda externa está bajo control y el crecimiento se mantiene en un 2,2%, el mayor del subcontinente, junto al de Brasil (1,5%)² . “Ricardo Lagos y su gobierno tienen la intención de llevar adelante una revolución socialdemócrata desde el Tercer Mundo”, subraya Fernando Reyes Matta, uno de los asesores del Presidente. Pero, ¿a qué precio logra el país conservar una economía estable dentro de un contexto regional completamente degradado? Mientras un “riesgo país” bajo lo acredita para las inversiones extranjeras³, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lo describe como una nación necesitada de recomponer su identidad, ahora fragmentada y vaciada de toda experiencia colectiva⁴.

“Chile es un país creíble”, machaca cada vez que puede Heraldo Muñoz, secretario general del gobierno. Sólo que “gobernabilidad y democracia no son la misma cosa”, retruca el sociólogo Tomás Moulian⁵. “Lo que tenemos hoy en Chile es una democracia gobernable. Ella consolida nuestro modelo económico. Pero si escarbamos en los chilenos constatamos que el miedo no ha desaparecido y que manifiestan un gran cansancio”, subraya. La identidad chilena –la “chilenidad”– se ha vuelto inconsistente⁶ para los ciudadanos afectados de depresión, estrés, desencanto o… euforia.

“Amnesia colectiva”

Contrariamente a una idea heredada, profundamente anclada y ampliamente difundida por los medios, el éxito económico no es producto de la política de los “años Pinochet”. La presunta buena gestión del dictador, asesorado a partir de 1975 por los “Chicago Boys” made in Estados Unidos provocó una profunda crisis en 1982. Durante los últimos doce años, bajo los gobiernos democráticos de la Concertación, el crecimiento se mantuvo en un 5,8% anual, mientras que durante los 17 años del régimen militar, éste no superó el 2,4%. Las consecuencias de la crisis de 1982 todavía se hacen sentir, cosa que el presidente Lagos debió recordar el 16 de abril pasado, en respuesta a las críticas que caían sobre su gobierno a causa de la baja tasa de crecimiento (comparada con los años inmediatamente precedentes). Confrontado a las presiones del sector patronal y la derecha, siempre listos para evocar el espectro del caos cuando la coyuntura económica se vuelve desfavorable, el Presidente subrayó que quienes lo critican son los que sumergieron al país en una de las mayores depresiones económicas de su historia. “En este país, no se dicen las cosas, o se dicen a medias. Y yo quiero que recuerden que esta crisis le ha costado a Chile 500 millones de dólares por año desde 1982. Y la cuenta no está aún saldada”, subrayó Lagos.

Las amenazas de la derecha y los ámbitos económicos son constantes desde el retorno de la democracia, en 1990. Representaron un verdadero peligro para el primer gobierno de la Concertación, el de Patricio Aylwin. Ante el menor signo de inestabilidad, se sacaba a relucir la posibilidad de un regreso al poder de los militares. Para conjurar esa amenaza, el gobierno de esa época decidió –apelando a una razón de Estado– llevar adelante una política basada en “una justicia en la medida de lo posible” e imponer un consenso socialmente paralizante. Esto permitió garantizar la gobernabilidad del país y proseguir la transición democrática sin los militares. De todos modos, Chile sigue siendo un país dividido, política e ideológicamente, como lo demostraron las elecciones del año 2000. Como candidato de la Concertación, Lagos debió ir a una segunda ronda para ganar tan sólo con el 51% de los votos frente al 48% de Joaquín Lavín –miembro del Opus Dei y actual intendente de Santiago– de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de la “derecha dura”, que siempre apoyó al general Pinochet.

Según los responsables del gobierno, una sola idea da cohesión a todo el cuerpo social: “El país, para ser país, tiene que abrirse al mundo y jugársela”. Esta es sobre todo la posición de las élites económicas y políticas, que apostaron a la inserción de Chile dentro de la economía globalizada. Su estrategia consigue innegables victorias, pero también presenta puntos débiles no desdeñables. A pesar de una política comercial muy diversificada –con Latinoamérica, la Unión Europea, Asia y Estados Unidos– el país, que depende de sus exportaciones, sigue muy expuesto a las fluctuaciones de la coyuntura mundial. De este modo, inmediatamente después de la crisis asiática, su tasa de desempleo pasó repentinamente de 5,3% en 1997 a 9,8% en 1999. Desde entonces se redujo levemente (9,1% en 2001).

Luego de tres décadas de vertiginosos cambios socioculturales, la sociedad se complejizó y fragilizó más de lo que dejan suponer sus aparentes triunfos económicos. Su modelo obliga a “la gente”, como se llaman los chilenos entre sí, a entrar en la lógica del éxito individual y el crecimiento, a transformarse, bajo esta presión, en adictos al trabajo –aquí se dice “ trabajólicos”– y a vivir muchas veces en contradicción con los propios valores para no quedar fuera del sistema. Más que una idea, lo que comparten es una obsesión. En revancha, la ausencia de un proyecto cultural para el conjunto de la sociedad sí constituye un problema en común.

El histórico vínculo que une al “Chile del éxito” del período post autoritario con el “Chile del pasado”, el de la dictadura, parece haber desaparecido bajo el efecto de una curiosa “amnesia colectiva”⁷. No obstante, ese vínculo es vital para la reconstrucción de una sociedad que todavía no logró elaborar su duelo. El 4 de julio pasado, cuando el general Pinochet renunció al puesto de senador vitalicio que se había autoconcedido en la Constitución de 1980, los chilenos, entre el alivio debido a su salida de la vida pública y la amargura de constatar que escapaba a la justicia, vieron desaparecer una oportunidad única de realizar un auténtico balance histórico y moral de sus períodos más oscuros. Pero el gobierno prefirió “que el pasado quede en el pasado y los chilenos den definitivamente vuelta la página”, según declaró Heraldo Muñoz ese mismo día. Una vez más, el gobierno prefirió la estabilidad antes que la justicia, por miedo a que el proceso judicial –que sin embargo se había comprometido a llevar a cabo ante la comunidad internacional– exacerbara las tensiones sociales.

En los hechos, se trataba tan sólo de un riesgo hipotético, ya que la opinión pública esperaba ese proceso. Los partidarios del general estaban persuadidos de que demostraría lo bien fundado de su acción y probaría su inocencia; los opositores al régimen militar veían llegar la hora de la justicia y la posibilidad de consolidar las bases reales de la democracia. El proceso nunca tendrá lugar. El procedimiento judicial contra el ex dictador fue definitivamente suspendido a causa de “demencia cerebral moderada”. Esto no le ha impedido redactar su carta de renuncia al Senado y declarar por teléfono al presidente de esta institución, Andrés Zaldivar: “¡Yo no estoy loco!” Una vez más, la democracia y la justicia fueron puestas en ridículo, y el malestar perdura.

Crecimiento por reformas

La brutal transformación de los chilenos de “actores sociales” en “clientes consumidores” tampoco ha sido digerida. Los que quedaron a merced de la competencia económica interiorizaron su impotencia⁸: “Dado que no podemos cambiar el orden establecido, cada cual se las arregla como puede”, comenta Miguel, pequeño comerciante ambulante que vende teléfonos celulares, alarmas y tarjetas telefónicas en los ómnibus y calles del centro de Santiago.

Entre el éxito de la “Primavera del plebiscito” de 1988, cuando ganó el “No” a Pinochet, y el éxito económico de los años ’90, todo pasó demasiado rápido. “Ibamos a consagrar la Primavera, el ‘Cambio’ (consigna de la campaña a favor del No), y lo que hemos visto y hecho fue la consagración del neoliberalismo”, analiza con ironía un alto funcionario del gobierno, ex dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) en esa época. “El ‘Cambio’ se nos permutó por años de éxito económico y nada o poco de reestructuraciones constitucionales o sociales. Estábamos cansados, con poco campo de acción, y nos dejamos mecer por el crecimiento”, agrega. Una felicidad tal vez más accesible…

En ese período la derecha, agrupada en la Alianza para Chile (UDI y Renovación Nacional) se adaptó a los nuevos tiempos y consolidó sus posiciones. Supo combinar ideología y clientelismo, militancia y cohesión. Con demagógica habilidad, rescató el tema de sus adversarios, que Lavín transformó en su lema durante la campaña presidencial : “¡Viva el cambio!”. Esta derecha, a la que pertenecen los propietarios de empresas y gran número de militares que retornaron a la vida civil reciclados en el mundo empresarial, se muestra mucho más sólida que los partidos de la Concertación, desunidos y algo desgastados por el ejercicio del poder.

Es así como el 16 de julio pasado, al cabo de dos años de trabajo, el proyecto de ley para crear el Consejo de la Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, corazón del programa de la Concertación, fue sometido al voto de la Cámara de Diputados. Por falta de organización, muchos diputados de la Concertación estaban ausentes del hemiciclo en el momento de la votación y, como no hubo quórum, el texto no pudo ser adoptado. Lagos debió lanzar un vigoroso llamado al orden respecto a las responsabilidades que confiere la tarea de gobernar y utilizó la facultad que le otorga el artículo 65 de la Constitución para volver a presentar el proyecto de ley, finalmente votado y aprobado el mes siguiente.

Aunque respondió a las necesidades del primer gobierno democrático, la vía del “consenso”, presentada como indispensable, se convirtió en un obstáculo para la participación ciudadana. De hecho, la transición desmovilizó a las fuerzas sociales que habían encabezado la lucha contra la dictadura. También en este punto, el desencanto y la resignación se adueñaron de no pocos espíritus. Muchos piensan que “Ricardo Lagos, a pesar de su carisma, llegó no sólo en un mal momento económico, sino también demasiado tarde para lograr cambiar la Constitución”, como sostiene Tomás Moulian.

Vaciadas de contenido político, las movilizaciones sociales son presentadas como desórdenes de carácter criminal. En julio de 2002, los estudiantes secundarios pagaron el pato durante una manifestación contra el aumento de las tarifas de los transportes escolares. Si bien ganaron la causa, la prensa escrita, la televisión y ciertas declaraciones gubernamentales pusieron esencialmente el acento en los disturbios y perjuicios al orden público que habían provocado. Los medios prácticamente no dijeron nada sobre la extensa lista de reivindicaciones presentada por los estudiantes cuando fueron invitados por el gobierno a discutirlas en el marco de una Mesa de Diálogo. Del mismo modo, las manifestaciones en las afueras de Santiago que marcaron el 29º aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende, el 11 de septiembre pasado, que dejaron el saldo de 14 carabineros heridos y 505 arrestos, fueron atribuidas por las fuerzas del orden y el gobierno a grupos de jóvenes marginales.

El individualismo competitivo, que reemplazó al concepto del bien común, explica la negativa de los chilenos a pagar impuestos para financiar las escuelas públicas. ¡Prefieren sacrificarse trabajando más y mandar a sus hijos a ruinosas escuelas privadas! Fascinados como están con el éxito individual, hacer esfuerzos para participar en el bienestar de los demás les parece totalmente injustificado. Ya no ven las relaciones de causa a efecto. Y a veces el gobierno tampoco.

Las raíces de la idea de igualdad fueron destruidas por la dictadura, que resquebrajó el imaginario colectivo y su potencial de movilización. En la actualidad, un sector del gobierno, dividido entre liberales y socialdemócratas, también renunció a ella. La sociedad, por su parte, está convencida o resignada a la idea de que la corrección de las desigualdades sociales pasa por el éxito individual y el crecimiento. El periplo de Mauricio, nacido en Valparaíso, es emblemático desde este punto de vista. Su padre, artesano relojero, lo envió a Santiago a estudiar ingeniería. Mauricio declara con orgullo su capacidad de adaptación a todas las dificultades del mercado laboral. “Mi situación es mejor que la de mis padres. Por supuesto, siento cierta inseguridad y angustia ante la posibilidad de perder mi trabajo y no encontrar otro. Pero si me perfecciono, me irá mejor. Además, como todo mi dinero sirve para pagar el seguro médico, la jubilación y los créditos, sin contar que mis hijos todavía no van a la universidad, no tengo más remedio que perfeccionarme y trabajar más que los otros para que la empresa no me eche”.

Según los parámetros del Banco Mundial, la pobreza ha disminuido. Entre 1987 y 1998, la extrema pobreza (menos de 1,5 dólares por día) pasó del 13% al 4% y la pobreza (menos de 3 dólares por día) del 40% al 17%. La ausencia de una política de redistribución de las ganancias y la inexistencia de medidas para combatir la miseria en todas sus dimensiones provocaron sin embargo la consolidación de un determinado tipo de pobreza, la llamada “pobreza dura”.

“Con tanta riqueza a mi alrededor, el mar infinito, el mineral inmenso y lo que cuentan sobre el éxito del país, y no alcanza”, suspira Pedro, habitante del norte del país venido a Santiago, donde no encontró trabajo. “Yo digo: ¿por qué el chileno, yo como chileno, tenemos que pasar hambre?”. El 10% de los hogares más ricos se reparten el 41% de las ganancias mientras el 20% de los más pobres reciben tan sólo el 3,7%⁹ (ver “El mapa…”, pág. 9). Existen, por cierto, ayudas y muchos programas de asistencia, pero hasta el momento sus efectos son sólo paliativos que no permiten una reinserción duradera.

Todo parece indicar, no obstante, que el programa Chile Solidario goza por su parte de la confianza de todos los organismos y trabajadores sociales comprometidos con la lucha contra la pobreza. Tanto los sociólogos del Centro de Estudios Sociales Sur, del Ministerio de Planificación, como los del Programa Pobreza Urbana (PPU) le dan su apoyo. Un seguimiento directo de cada beneficiario debe permitir un tratamiento integral: problemas de readaptación, alcoholismo, depresión, aislamiento o carencia de formación. El objetivo es crear un sistema de protección completo destinado a las 226.000 familias más pobres del país.

“La pobreza o la indigencia si no ha aumentado se ha endurecido. Es la pobreza que permanece, pero que no es visible”, comenta Fernando Munita, antropólogo y co-director del PPU. “Desde el exterior, se ve la estructura, una casita, pero adentro uno encuentra todos los problemas ligados a la miseria. El aspecto positivo de Chile Solidario es que intenta tratar no sólo el problema del trabajo sino también la situación en su totalidad. Siendo así, yo creo que los recursos asignados al programa no van a alcanzar”.

En una América Latina cuya crisis lo amenaza ya en forma directa, Chile difícilmente siga siendo un islote de estabilidad sin las reformas sociales que puedan poner freno a la fragmentación social. Para reinventarse un futuro, los chilenos anhelan salir de ese falso “consenso”, que ya no responde a sus grandes expectativas de cambio.

1. Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido Socialista (PS), Partido para la Democracia (PPD) y Partido Radical Social-Demócrata (PRSD).
2. “Country Report, Chile”, The Economist Intelligence Unit, Londres, julio de 2002.
3. The Economist Intelligence Unit (www.eiu.com), Nueva York, octubre de 2002.
4. “Desarrollo humano en Chile. 2002. Nosotros los chilenos: un desafío cultural”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Santiago, 2002.
5. Tomás Moulian, Chile Actual: anatomía de un mito, Arics-Lom, Chile, 1997.
6. “Lo chileno, una herencia cuestionada”, PNUD, 2002, op.cit. El informe distingue tres tipos de enfoques dentro de la población. El chileno orgulloso (32%) cree que existe gracias a su historia y sus costumbres: personas de 55 años. El chileno inseguro (38%), no sabe cómo definirse ni a qué historia referirse, está desconcertado y decepcionado: fundamentalmente, la clase media. El chileno incómodo (30%) cree que no se puede hablar de “chilenidad”; no se siente beneficiario del Chile actual y su imagen de la chilenidad se relaciona más con ciertos personajes que con una historia o determinadas instituciones: los estratos económicos inferiores.
7. Patrick Zachmann, Chili: les routes de la mémoire, MARVAL , París, 2002.
8. Denominada por los trabajadores sociales “desesperanza aprehendida”, que significa una cierta decepción, renuncia y aceptación: en una palabra, desaliento.
9. FMI, Washington, agosto de 2002.