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Una guerra para la dominación

La campaña contra el terrorismo lanzada por el presidente de EE. UU. George W. Bush tras los atentados de septiembre de 2001, se sumó como prioridad a las dos que había establecido anteriormente: la transformación de las capacidades militares y la adquisición de nuevas fuentes de petróleo en el exterior. Los tres objetivos se han fusionado en una estrategia única de dominio planetario, de muy alto riesgo.

A partir del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos se concentró hasta tal punto en la guerra contra el terrorismo, que ésta parece haberse convertido en el único objetivo de la política exterior de la administración Bush. Es cierto que el Presidente estadounidense reiteró en varias ocasiones que la organización de esa campaña internacional se ha convertido en su principal responsabilidad. Pero si bien no cabe ninguna duda de que se le asignaron grandes recursos, la lucha contra el terrorismo está lejos de ser la única preocupación de la Casa Blanca.

En efecto, a partir de su investidura el presidente Bush se asignó otras dos prioridades estratégicas: la modernización y el desarrollo de las capacidades militares estadounidenses, y la adquisición de nuevas reservas petrolíferas en el exterior. A pesar de tener orígenes diferentes, ambos objetivos se fusionaron con la guerra antiterrorista, configurando la estrategia coherente que guía actualmente la política exterior de Estados Unidos.

Esa nueva estrategia no fue objeto de una declaración de principios y no parece que haya sido explícitamente formulada por Washington. Pero no cabe ninguna duda de que esas tres prioridades reunidas modificaron profundamente los comportamientos militares estadounidenses. El análisis de algunas iniciativas recientes del gobierno permite comprender la naturaleza de esa evolución.

-Irak y el Golfo Pérsico. Actualmente parece indiscutible que la administración Bush prepara una invasión a Irak, cuyo objetivo es derrocar a Saddam Hussein y poner en su lugar un gobierno pro-estadounidense. Para preparar esa operación el Departamento de Defensa refuerza su presencia militar en la zona del Golfo. El objetivo declarado de esa próxima invasión es destruir la capacidad de Irak para producir armas nucleares, químicas o bacteriológicas. Pero es evidente que Washington está decidido a eliminar cualquier amenaza que pese sobre la producción y el transporte de petróleo en esa región. Para los estrategas estadounidenses, se trata además de garantizar que las importantes reservas petrolíferas iraquíes sigan estando disponibles, es decir, que no caigan bajo el control exclusivo de las compañías petroleras rusas, chinas o europeas.

-Asia Central y el Cáucaso. Cuando las fuerzas estadounidenses se desplegaron en la región, poco después del 11 de septiembre, su único objetivo declarado era apoyar las operaciones militares dirigidas contra los talibanes en Afganistán. A pesar de que éstos fueron derrotados, al parecer esas fuerzas van a permanecer en la región para cumplir otra misión, que consistirá probablemente en proteger el transporte del petróleo y del gas destinados a los mercados occidentales, dado que Estados Unidos está decidido a acceder a las grandes reservas energéticas de la cuenca del mar Caspio. Esta hipótesis se ve reforzada por el envío de instructores militares estadounidenses a Georgia, etapa clave del oleoducto que une el mar Caspio con el mar Negro y el Mediterráneo, al igual que por la decisión de Washington de reacondicionar una base aérea en Kazajstan, sobre las costas del mar Caspio.

-Colombia. Hasta hace poco, el objetivo declarado de la participación estadounidense en Colombia era la lucha contra el tráfico de estupefacientes. En los últimos meses, la Casa Blanca agregó dos nuevos objetivos a su programa de asistencia militar: luchar contra la violencia política y el “terrorismo” de la guerrilla, y proteger los oleoductos que transportan el petróleo de los yacimientos del interior hasta las refinerías situadas en la costa. Para financiar esas nuevas prioridades, la administración Bush pidió al Congreso que votara un aumento de la ayuda militar a Bogotá. Cien millones de dólares de esta partida estarán destinados específicamente a proteger oleoductos.

En estos ejemplos, y en otros relativos a diferentes latitudes, se vuelven a encontrar las tres grandes prioridades enunciadas más arriba. Pero lo que llama la atención es su fusión en una sola y misma estrategia. Actualmente es imposible entender la dirección global de la política exterior estadounidense sin tener en cuenta las implicaciones de esa integración. Para ello es necesario examinar esas tres prioridades por separado, y luego analizar la manera en que se combinan.

La transformación del ejército postulada por el candidato George W. Bush durante su campaña presidencial se convirtió luego en una prioridad absoluta del gobierno. En un discurso clave pronunciado en Citadel (una prestigiosa escuela militar situada en Charleston, Carolina del Sur), Bush explicó, en septiembre de 1999, la manera en que pensaba llevar a cabo la “transformación” de los efectivos militares estadounidenses. Luego de haber afirmado que la administración Clinton no había logrado adaptar los programas militares a la nueva realidad de la posguerra fría, el candidato republicano se comprometió a efectuar una reevaluación total de la estrategia estadounidense, a fin de “empezar a construir el ejército del siglo venidero”.

Esa transformación del ejército tiene dos objetivos principales: en primer lugar, asegurar la invulnerabilidad del territorio, por medio de la construcción de un escudo antimisiles y de la preservación de la superioridad estadounidense en el terreno de las armas avanzadas; en segundo término, desarrollar la capacidad de Estados Unidos para invadir potencias regionales hostiles como Irán, Irak o Corea del Norte. Por lo tanto, Bush dio su apoyo tanto a la construcción del escudo antimisiles que protegería los cincuenta Estados de la nación, como a la “revolución del pensamiento militar”, que tiende al uso sistemático de la computadora, de captores perfeccionados, de materiales “furtivos” y de otras tecnologías avanzadas en el campo de batalla. Según el Presidente, esa política garantizará la supremacía estadounidense “a largo plazo”.

En el marco del segundo objetivo, Bush dijo desear el desarrollo de la capacidad estadounidense para “proyectar el poderío”, lo que en otras palabras significa la capacidad para desplegar en territorios lejanos fuerzas poderosas, capaces de triunfar ante cualquier enemigo. Semejante ambición requiere la adquisición de nuevos equipamientos, como captores avanzados y aviones sin piloto, pero también la reducción del tamaño de las unidades para permitir un despliegue más rápido. Bush explicó: “Nuestras Fuerzas Armadas deberán ser móviles, mortíferas, y de fácil despliegue con un mínimo de apoyo logístico. Debemos ser capaces de proyectar nuestro poderío a muy largas distancias, en pocos días o en pocas semanas, antes que en pocos meses (…) En tierra, nuestras unidades pesadas deben tornarse más móviles, nuestras unidades livianas más mortíferas. Todas ellas deben ser más fáciles de desplegar”1.

Ataques preventivos

Inmediatamente después de ser investido, Bush ordenó al Departamento de Defensa que comenzara a poner en práctica esas disposiciones. “A mi solicitud, el secretario de Defensa Donald H. Rumsfeld, inició un profundo estudio de las Fuerzas Armadas estadounidenses”, declaró el Presidente a comienzos del año 2001. “Le doy total libertad para cuestionar el actual statu quo, a fin de concebir lo mejor posible la nueva arquitectura destinada a defender a Estados Unidos y a sus aliados”. Esa nueva arquitectura descansará en gran medida en las nuevas tecnologías, pero su orientación principal sigue siendo la capacidad de proyectar rápidamente el poderío militar. Retomando los términos del discurso pronunciado en Citadel, Bush estimó que las fuerzas terrestres estadounidenses serán “más móviles y más mortíferas”, las fuerzas aéreas “capaces de alcanzar objetivos lejanos con absoluta precisión”, y que las fuerzas navales permitirán “proyectar nuestro poderío profundamente en el interior de los territorios”2.

Esos objetivos determinan actualmente las orientaciones presupuestarias a largo plazo del Pentágono. Así, al presentar el presupuesto de la defensa para el año fiscal 2003 (que comienza el 1º de octubre del año anterior) y que se eleva a 379.000 millones de dólares (es decir, superior en 45.000 millones al de 2002), Rumsfeld declaró: “Necesitamos Fuerzas Armadas que puedan desplegarse rápidamente y que estén totalmente integradas entre ellas, capaces de llegar rápidamente a campos de batalla lejanos y de cooperar con nuestras fuerzas aéreas y navales para golpear rápidamente a nuestros adversarios, con precisión y de manera devastadora”3. Y si bien se asignaron nuevos medios para desarrollar el escudo antimisiles y para la lucha contra el terrorismo, es efectivamente la capacidad de proyectar el poderío militar la que definirá las inversiones y la organización de las Fuerzas Armadas en los próximos años.

Prioridades de Bush

Luego del 11 de septiembre, una nueva noción surgió en el pensamiento estratégico estadounidense: la idea de que Estados Unidos debe poder emplear la fuerza de manera preventiva contra las potencias hostiles susceptibles de utilizar armas de destrucción masiva. En efecto, la Casa Blanca afirma que podría ser necesario efectuar ataques preventivos para defender a los ciudadanos estadounidenses ante la amenaza que representan los “Estados bandidos”. Si bien resulta evidente para todo el mundo que esa afirmación representa un cambio radical en la estrategia estadounidense, la misma es perfectamente coherente con los otros dos objetivos de la administración: garantizar la invulnerabilidad de Estados Unidos y desarrollar su capacidad para invadir y someter potencias hostiles.

La segunda prioridad de la administración –la adquisición de nuevas reservas petrolíferas en el exterior– fue detallada por primera vez en un informe del National Energy Policy Development Group, publicado el 17-5-01. Ese documento, redactado por el vicepresidente Richard Cheney, establece una estrategia destinada a responder al aumento de las necesidades petroleras estadounidenses en los próximos veinticinco años. Si bien el informe evoca algunas medidas para economizar energía, la mayoría de sus propuestas apuntan a aumentar las reservas energéticas del país.

Apenas publicado, el informe Cheney desató una doble polémica. En primer lugar, porque aconsejaba implantar estaciones de perforación en el Parque Nacional de Alaska, pero también porque sus autores mantuvieron contactos previos con Enron, actualmente en quiebra. Esa polémica contribuyó a desviar la atención de otros aspectos del informe, fundamentalmente los concernientes a las verdaderas implicaciones internacionales de esa nueva política energética. Estas sólo aparecen claramente en el último capítulo (“Reforzar las alianzas globales”) que propone solucionar la inminente escasez de petróleo por medio de un aumento de las importaciones.

Según el informe, la dependencia estadounidense del exterior en su provisión de petróleo debería pasar del 52% del consumo total en 2001, a 66% en 20204. Dado que el consumo total también irá en aumento, Estados Unidos deberá importar en 2020 un 60% más de petróleo que en la actualidad, pasando así de 10,4 millones de barriles diarios, a unos 16,7 millones5. La única manera de lograr ese objetivo consiste en persuadir a los proveedores extranjeros de que aumenten su producción y vendan aun más a Estados Unidos.

Pero la mayoría de los países productores no tienen los recursos financieros necesarios para desarrollar sus infraestructuras petrolíferas, o les repugna dejar que los clientes estadounidenses dominen su producción energética. Consciente de ello, el informe recomienda a la Casa Blanca que haga del desarrollo de las importaciones petroleras “una prioridad de nuestra política comercial y exterior”6. Para responder a las necesidades del país, el informe aconseja fundamentalmente a la administración concentrarse en dos objetivos.

El primero consiste en aumentar las importaciones provenientes de los países del Golfo Pérsico, que poseen alrededor de dos tercios de las reservas energéticas mundiales. Como ninguna otra región del mundo puede aumentar su producción de manera tan rápida, el informe recomienda realizar vigorosos esfuerzos diplomáticos destinados a persuadir a Arabia Saudita y a sus vecinos de dejar en manos de empresas estadounidenses la dirección de las importantes obras de modernización de sus infraestructuras.

El segundo objetivo consiste en aumentar la “diversidad” geográfica de las importaciones estadounidenses, a fin de reducir las consecuencias económicas de futuros sobresaltos en una región crónicamente inestable. “La concentración de la producción petrolífera en una sola región del mundo puede contribuir a la inestabilidad del mercado”, explica el informe. En consecuencia, “la diversificación de las fuentes de abastecimiento es de primordial importancia”7. Con el fin de promoverla, el informe sugiere una estrecha colaboración con las empresas estadounidenses del sector energético, destinada a aumentar las importaciones provenientes de la cuenca del mar Caspio (en particular de Azerbaiján y de Kazakstán), del África Subsahariana (Angola y Nigeria), y de América Latina (Colombia, México y Venezuela).

Pero el informe Cheney olvida precisar lo que cualquier lector un poco informado puede deducir: todas las regiones señaladas como potenciales fuentes de petróleo son inestables o alimentan fuertes sentimientos anti-estadounidenses, o ambas cosas a la vez. Si bien es cierto que una parte de las elites de esas regiones son quizás favorables al desarrollo de la cooperación económica con Estados Unidos, otros sectores de la población a menudo rechazan esa idea, por nacionalismo o por razones económicas o ideológicas. Por lo tanto, los intentos estadounidenses de aumentar sus compras de petróleo a esos países pueden desatar diversas formas de resistencia, incluso terrorismo u otras manifestaciones violentas. De manera que la política sugerida por el informe implica consecuencias relativas a la seguridad que tienen una importancia considerable para la estrategia internacional estadounidense.

En este punto es donde aparecen evidentes paralelos entre la estrategia militar y la política energética de la administración Bush. En efecto, una política energética dirigida a permitir que Estados Unidos acceda a reservas de petróleo situadas en regiones de inestabilidad crónica, sólo resulta realista en la medida en que Estados Unidos sea capaz de proyectar su poderío militar a esas regiones. Independientemente de que los responsables políticos hayan llegado o no a esa conclusión, no cabe ninguna duda de que los Estados Mayores sí lo han hecho.

En el informe de septiembre de 2001 de la Quadrennial Defense Review (QDR), el Departamento de Defensa reconoce que “Estados Unidos y sus aliados continuarán dependiendo de los recursos energéticos de Medio Oriente”8 y que el acceso a los mismos podría verse dificultado por diversos medios militares. La QDR describe entonces los tipos de armas y de tropas que Estados Unidos necesitará para hacer frente a esos riesgos; que son precisamente los enumerados por Bush en las declaraciones citadas más arriba. La estrategia militar estadounidense “descansa en la capacidad de sus fuerzas para proyectar su poderío a todas partes del mundo”, concluye el informe9.

Tercera gran prioridad de la administración Bush, la campaña contra el terrorismo fue explicitada por el Presidente en su discurso ante el Congreso del 20-9-01, nueve días después de los atentados en Nueva York y Washington. Esa campaña no se limitará a una serie de ataques punitorios o a una gran batalla, sino que implicará una “campaña prolongada” que abarcará varios teatros de operaciones, hasta que “cada grupo terrorista con objetivos mundiales haya sido descubierto, neutralizado y destruido”. Posteriormente el presidente Bush extendió la guerra contra el terrorismo a Irán e Irak, que representarían una amenaza, dadas sus intenciones de desarrollar armas nucleares, químicas o bacteriológicas.

Semejante estrategia exige dos tipos de esfuerzos: uno a nivel de los servicios de inteligencia, para ubicar y neutralizar las redes terroristas; y otro a nivel militar, para destruir los santuarios de los terroristas y castigar a los Estados que los protegen. Si bien ambas actividades parecen fundamentales para alcanzar una victoria, es el aspecto militar el que más atrajo la atención de los dirigentes. Ahora bien, ese aspecto converge precisamente con las otras dos grandes prioridades de la administración.

Riesgos de escalada

La manera en que se libró la guerra en Afganistán evidencia la capacidad para “proyectar el poderío” evocada por el presidente Bush en su discurso de 1999 en Citadel. Antes de iniciar la campaña, Estados Unidos envió por avión una gran cantidad de armas y de equipamientos a los países aliados, y desplegó una flota impresionante en el mar de Arabia. Los combates sobre el terreno fueron librados por fuerzas de infantería liviana, apoyadas por bombarderos de gran radio de acción equipados con armas teleguiadas de alta precisión. Se puso el acento en la maniobrabilidad de las tropas en el terreno y en la utilización de sistemas de observación perfeccionados que permitían localizar al enemigo tanto de día como de noche.

Una operación del mismo tipo contra Irak necesitará probablemente desplegar decenas de miles de soldados en lugares clave del país, combinado con bombardeos masivos. “No hará falta ocupar el terreno ni proteger nuestros flancos” como fue el caso en 1991, explica un oficial superior a The New York Times, “se tratará más bien de desplazar rápidamente las tropas para concentrarlas en blancos precisos”10. Lo mismo que en Afganistán, la invasión deberá apoyarse en el uso masivo de fuerzas especiales, que combatirán junto a disidentes iraquíes armados.

Por lo tanto, la guerra contra el terrorismo contribuye actualmente a las acciones estadounidenses para proteger su acceso a las fuentes del petróleo, fundamentalmente en el Golfo Pérsico y en la cuenca del Mar Caspio. Y la guerra en Afganistán aparece entonces como una prolongación de la guerra secreta que se libra en Arabia Saudita entre los opositores a la monarquía en el poder por una parte, y la familia real, apoyada por los estadounidenses, por otra. Luego de que el rey Fahd decidiera –a raíz de la invasión a Kuwait por parte de Saddam Hussein en 1990– permitir que los estadounidenses utilizaran su país como base para atacar a Irak, grupos de extremistas sauditas conducidos por Osama Ben Laden se lanzaron a una lucha clandestina, dirigida a derrocar la monarquía y a expulsar a los estadounidenses del país. En tal sentido, la voluntad de Washington de destruir la red Al-Qaeda en Afganistán, parece motivada por la necesidad de proteger a la familia real saudita, con el fin de asegurarse el acceso al petróleo de ese país11.

Una evolución del mismo tipo se observa en la región que rodea el mar Caspio. Durante la presidencia de William Clinton, el Departamento de Defensa estableció relaciones con las Fuerzas Armadas de Azerbaiján, Georgia, Kazakstán, Kirguistán y Uzbekistán, y comenzó a suministrarles armas y entrenamiento12. Pero después del 11 de septiembre esos esfuerzos se intensificaron considerablemente. Así, las bases provisorias en Uzbekistán y en Kirguistán se están convirtiendo en instalaciones semipermanentes. Estados Unidos contribuye además al “reacondicionamiento de una base aérea de importancia estratégica” en Kazakstán.

Según el Departamento de Estado, esa iniciativa estaría destinada a “mejorar la cooperación entre Estados Unidos y Kazakstán, y a establecer una base estadounidense inter-fuerzas en esa región rica en petróleo”13. Estados Unidos ayudará además a Azerbaiján a dotarse de una flota militar en el mar Caspio, donde recientemente se produjeron varios incidentes entre barcos de exploración petrolífera de Azerbaiján y naves militares iraníes. Si bien esas iniciativas se justifican argumentando la necesidad de facilitar la participación de ese país en la lucha contra el terrorismo, las mismas también forman parte de los esfuerzos estadounidenses por establecer un ambiente de seguridad en torno a la producción y al transporte de petróleo.

Independientemente de cuáles hayan sido las intenciones iniciales de los dirigentes estadounidenses, las tres prioridades del gobierno en materia de seguridad internacional: el mejoramiento de la capacidad militar, la búsqueda de nuevas fuentes de petróleo y la guerra contra el terrorismo, están ahora fusionadas en un solo objetivo estratégico. Y será cada vez más difícil analizarlas por separado. La única manera de describir con precisión la tendencia global de la estrategia estadounidense es hacerlo en términos de objetivo único, que puede resumirse así: una “guerra para la dominación estadounidense”. Aún es prematuro evaluar las consecuencias a largo plazo de esa fusión en un solo objetivo, pero en cambio es posible hacer varias observaciones.

En primer lugar, una vez combinadas, esas tres orientaciones crean una dinámica más poderosa que cuando no convergían. En efecto, es muy difícil criticar una estrategia que abarca tantos aspectos vitales de la seguridad nacional. Si se los presenta de manera separada, cabría imponerles restricciones específicas. Por ejemplo, se podría exigir la limitación de los presupuestos militares o la reducción de las tropas destacadas en regiones ricas en petróleo. Pero cuando todos esos aspectos son colocados bajo la bandera del antiterrorismo, resulta casi imposible ponerlos en discusión. Por lo tanto, es de esperar que la política de la Casa Blanca encuentre cierto apoyo en el Congreso y en la población estadounidenses.

Pero, por idénticas razones, esa estrategia implica un riesgo no despreciable de escalada, de desmesura y de empantanamiento. En efecto, podría derivar en una sucesión de operaciones militares de duración incierta, que serán cada vez más complejas y peligrosas, y que necesitarán una cantidad creciente de medios y de tropas. Se trata precisamente del tipo de estrategia contra la cual George W. Bush advertía a la Casa Blanca antes de las elecciones de 2000, pero que ahora parece haber adoptado resueltamente. En todo caso, es lo que parece estar sucediendo en el Golfo Pérsico, en Asia Central y en Colombia. En los tres casos, es efectivamente la combinación de las tres orientaciones lo que vuelve muy difícil limitar el compromiso estadounidense.

La prueba de fuego más ardua para el modelo que defiende la Casa Blanca puede tener lugar en Irak. Bush no oculta su intención de derrocar a Saddam Hussein, en tanto que el Departamento de Defensa prepara los planes para la invasión estadounidense. Numerosos dirigentes árabes advirtieron que esa invasión extenderá el desorden y la violencia a todo Medio Oriente. Altos responsables del Pentágono también emitieron reservas sobre el costo y los riesgos inherentes al mantenimiento de una importante presencia estadounidense en Irak luego del derrocamiento del régimen de Bagdad. Pero esas advertencias no parecen afectar a la Casa Blanca, aparentemente decidida a atacar a Irak, pase lo que pase.

  1. Documento disponible en el sitio: www.georgewbush.com/speeches/defense/citadel.asp (2-12-1999).
  2. Discurso pronunciado en la base naval de Norfolk el 13-2-01. Cf. www.whitehouse.gov/news/releases/text/20010213-1.html
  3. National Defense University, Washington, DC, 31-1-02. Cf. www.defenselink.mil/cgi-bin/dlprint.cgi
  4. National Energy Policy Development Group,Washington, DC, mayo de 2001.
  5. U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, International Energy Outlook 2002, Washington DC, 2002.
  6. National Energy Policy Development Group, op. cit.
  7. Ibid.
  8. U.S. Department of Defense, Quadrennial Defense Review Report, Washington DC, 30-9-01.
  9. Ibid.
  10. The New York Times, 28-4-02.
  11. “The Geopolitics of War”, The Nation, Nueva York, 5-11-01; y “Line in the Sand: Saudi Role in Alliance Fuels Religious Tension in Oil-Rich Kingdom”, The Wall Street Journal, 4-10-01.
  12. Para situar el contexto, ver Michael Klare, Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict, Metropolitan Books / Henry Holt, Nueva York, 2001.
  13. U.S. Department of State, Congressional Budget Justification: Foreign Operations, Fiscal Year 2003, Washington DC, 2002.
Autor/es Michael T. Klare
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 41 - Noviembre 2002
Páginas:16,18
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Militares, Terrorismo, Desarrollo, Neoliberalismo
Países Estados Unidos