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El inasible dinero de Al-Qaeda

Según el informe Brisard, de los servicios franceses de inteligencia, y otras investigaciones, la infraestructura financiera de Al-Qaeda se asemeja a un holding, e involucra a islamistas fanáticos, respetables banqueros y hombres de negocios. El combate contra esta financiación tiene dificultades intrínsecas por sus códigos secretos, pero además se ve trabado por la posibilidad de que la investigación saque a luz las complicidades de los poderes occidentales, que no hace mucho usaron esta red para sus propios fines políticos.

Aunque oficialmente no forma parte de los frenéticos esfuerzos de la administración Bush por contener la financiación de la organización terrorista Al-Qaeda, la acción judicial “privada” que entablaron más de 500 familiares de víctimas y sobrevivientes del 11 de septiembre de 2001, por un monto de más de un billón de dólares, constituye uno de sus elementos. Y es índice, además, del deterioro de la relación de Washington con el mundo árabe, especialmente con Arabia Saudita, su aliado desde hace cincuenta años.

La acción apunta a siete bancos internacionales, ocho organizaciones de caridad y fundaciones islámicas con sus filiales, algunos financistas particulares, el grupo saudí de sociedades Ben Laden, tres príncipes saudíes de alto rango, y el gobierno de Sudán. Todos están acusados de haber financiado a Al-Qaeda, a Osama Ben Laden y a los talibanes. El objetivo de las familias y su pléyade de abogados de primera línea, expuesto con una retórica “patriótica” digna del presidente George W. Bush y su secretario de Defensa Donald Rumsfeld, es “exponer (…) la siniestra trama oculta de las atrocidades del 11 de septiembre, para dejar a los malhechores sin ningún refugio donde esconderse y evadir sus responsabilidades”1.

La lista de individuos y organizaciones perseguidos parece provenir principalmente de la nómina de los supuestos socios comanditarios del terrorismo, elaborada para los servicios de inteligencia franceses por un abogado parisino, Jean-Charles Brisard2, y divulgada en numerosos países occidentales antes y después del 11 de septiembre. Según ese informe, Al-Qaeda recibió el apoyo financiero directo o indirecto de cuatrocientos individuos y quinientas sociedades y organizaciones de todo el mundo. Entre las personalidades añadidas a esta lista figuran el príncipe Sultan, ministro de Defensa saudí, y el príncipe Turki Al Faysal, ex jefe de los servicios de inteligencia saudíes. Entre 1979 y 1989, ambos tuvieron una participación decisiva en la importante ayuda destinada a la jihad antisoviética de Afganistán, en colaboración con la CIA y Pakistán. En los años ’90, los ex integrantes de la jihad, así como aquellos a quienes ellos mismos habían formado, se expandieron por el mundo islámico y por Occidente, desempeñando un rol importante dentro del terrorismo3.

Entre los motivos de la acción estadounidense se esgrime la vinculación de los dos príncipes saudíes con la jihad afgana y a continuación con Al-Qaeda. Se afirma que en 1998 el príncipe Turki habría aceptado no pedir la extradición de Ben Laden y otros miembros de Al-Qaeda a Afganistán y que habría proporcionado una generosa ayuda al régimen de los talibanes, contra la promesa de Ben Laden de que su organización no buscaría subvertir el régimen saudí. Se acusa al príncipe Sultan de haber aportado, desde 1994, como mínimo seis millones de dólares a cuatro organizaciones de caridad que financiarían a Al-Qaeda. Los querellantes hacen evidentemente caso omiso de la implicación del gobierno de Estados Unidos en la definición de esta estrategia, tanto durante la jihad como en el ascenso al poder de los talibanes.

Esta acción judicial perjudicó seriamente las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita, dado que intervino tan sólo dos días después de la filtración de un documento (briefing paper) preparado para el Pentágono por un analista de la Rand Corporation. En ese documento, con la retórica maniquea característica de la era del presidente Bush, se acusa a Arabia Saudita de ser “el núcleo del mal”. Se recomienda al gobierno que incaute los haberes financieros saudíes y tome el control del petróleo de ese país, ya que un régimen en otro tiempo aliado habría dado un vuelco para convertirse en el “enemigo” de Estados Unidos.

¿Retiro de los capitales árabes?

Pese a los desmentidos de la Casa Blanca, la prensa saudí expresa su temor de ver los haberes saudíes –que ascienden a cientos de miles de millones de dólares– congelados o incautados por Estados Unidos. Yussef Ibrahim, miembro del Council on Foreign Relations, afirma que los controles recientemente efectuados sobre las cuentas de decenas de sociedades y particulares saudíes sospechados de financiar a Al-Qaeda habrían causado tanta inquietud entre los empresarios y banqueros saudíes, que habrían retirado un mínimo de 200.000 millones de dólares de Estados Unidos en los últimos meses. Y que los inversores saudíes y árabes habrían transferido a Europa su dinero en efectivo y haberes bancarios, acciones, bonos del tesoro y bienes raíces.

De todos modos, estos datos suscitan escepticismo. El economista del Citibank Steve Englander afirma : “No estamos ni remotamente convencidos. Las cifras mencionadas son enormes, cerca de la mitad del déficit de las cuentas corrientes estadounidenses. El euro no estaría a 0,98 dólares si eso hubiera sucedido”. El príncipe saudí Al-Walid ben Talal, el más importante inversor saudí del sector privado estadounidense, dijo que “tiene la intención de conservar todas sus inversiones en Estados Unidos”. En contrapartida, Bishr Bakheet, directivo de Bakheet Financial Advisors, afirmó que “considerables sumas” se habrían desplazado efectivamente hacia Europa, Japón y Medio Oriente.

El informe Brisard, así como otras investigaciones, gubernamentales o privadas, inmediatamente posteriores a los atentados del 11 de septiembre, y también los procesos en curso, revelan que la infraestructura financiera de Al-Qaeda se asemeja a un holding. Habría un centro de decisión con cientos de sucursales y un número aun más importante de subcontratados distribuidos por todo el mundo. La lista de las entidades involucradas abarca un amplio espectro, que va desde el islamista fanático hasta el banquero conocido y respetable, así como a otros hombres de negocios o empresas.

El 24 de septiembre de 2001, el presidente Bush “lanza un ataque –como él dice– contra la base financiera de la organización global del terror”. Anuncia el congelamiento de los haberes de veintisiete organizaciones e individuos sospechados de tener vinculación con Ben Laden. Desde esa fecha, la lista se hizo aun más larga que la del informe Brisard. Bajo presión de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU votó varias resoluciones que llaman a las naciones a privar de todo apoyo financiero y logístico a las organizaciones terroristas.

En octubre de 2001, el Congreso votó precipitadamente la ley “USA Patriot Act”, que permite al FBI y otros servicios de policía multiplicar las escuchas telefónicas, prolongar la vigilancia estrecha, espiar abogados y otros atropellos de los derechos cívicos de los estadounidenses, medidas que se justifican ante todo por la necesidad de sacar a la luz la financiación de Al-Qaeda.

La nueva reglamentación financiera de esta ley omnímoda prohíbe las cuentas anónimas en todo el territorio estadounidense. Prohíbe a los bancos estadounidenses y operadores financieros aceptar dinero de un banco-pantalla situado en una isla extraterritorial y cuya única razón de ser es permitir que el cliente eluda los controles por no tener ningún vínculo directo con un banco en regla.

A fines de 2001, los haberes congelados por el gobierno dentro y fuera de Estados Unidos ascienden a más de 112 millones de dólares. Pero a pesar de la aprobación en las Naciones Unidas, en enero de 2002, de la resolución número 1390, que extiende al mundo entero las acciones contra Al-Qaeda, un informe publicado en agosto de 2002 por los especialistas de la ONU muestra que sólo se identificaron y congelaron 10 millones de dólares más.

Los autores del informe constatan lo insuficiente de los esfuerzos del Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI), creado en 1989 para combatir el lavado de dinero, ya sea por parte de terroristas, estafadores o traficantes de las distintas mafias, y reactivado a partir del 11 de septiembre bajo presión de Estados Unidos. Porque los socios comanditarios de Ben Laden en el Magreb, Medio Oriente y Asia seguirían administrando por lo menos 30 millones de dólares por cuenta de Al-Qaeda (algunos analistas presentan estimaciones diez veces mayores). Esos haberes estarían guardados en la Isla Mauricio, Singapur, Malasia, Filipinas y Panamá. También hay otras cuentas abiertas por clientes ficticios en Dubai, Hong Kong, Londres y Viena. El informe de la ONU estima que cerca de 16 millones de dólares en donaciones “caritativas” reunidos por la organización escaparon a los controles y medidas de represión4.

Aunque los informes oficiales dan cuenta de ello de manera velada, investigadores privados confirman que las investigaciones que llevan adelante, bajo la conducción del Tesoro estadounidense y el FBI, tropiezan con la conversión de las reservas de Al-Qaeda en bienes fungibles y tangibles. Se trata de oro o piedras preciosas, sobre todo diamantes, fáciles de contrabandear. También tropiezan con el sistema tradicional de transferencia de fondos, el hawala (denominado hundi en Pakistán y Afganistán, chop en China). Importantísimas sumas se desplazan con un simple llamado telefónico mediante el intercambio de una contraseña acordada, lo que no deja huella alguna: ni papel, ni pista electrónica. Al cabo de algunos meses, estos corresponsales arreglan entre ellos sus cuentas, siempre sin dejar huella escrita.

A principios de septiembre de 2002, The Washington Post anuncia que dirigentes de Al-Qaeda y talibanes trasladaron oro de Pakistán a Sudán, a través de la Unión de Emiratos Árabes e Irán. La ruta recorrida es la misma del contrabando tradicional entre Karachi y Dubai o Irán, utilizando dhows árabes u otras embarcaciones pequeñas, y luego aviones charter hasta Kartúm. Ben Laden, que vivió, trabajó e invirtió su dinero en Sudán entre 1991 y 1996 mientras dirigía el entrenamiento de terroristas, conserva aún muchos contactos en los círculos empresariales de ese país. Los servicios de inteligencia y las autoridades militares occidentales, por ejemplo algunos centenares de hombres de las fuerzas especiales estadounidenses que desembarcaron en septiembre en Jibuti, vigilan de cerca las costas de Somalía y en general la región del mar Rojo.

Otros informes de investigación mencionan el comercio del opio, cultivado en Afganistán y vendido a cambio de oro. Durante la guerra de Afganistán de 1979-1989, el cultivo y el comercio del opio son alentados por la CIA y el ISI (servicios de inteligencia pakistaníes), para colaborar con la financiación de los combates y debilitar a las fuerzas soviéticas distribuyéndoles droga. Esta herencia de la guerra perdurará: según algunos hombres de negocios de Pakistán, los talibanes de Al-Qaeda habrían enviado desde Karachi importantes cantidades de oro, fruto de la venta del opio a los traficantes de Asia Central.

Responsables de los servicios de inteligencia europeos afirman que algunos de los charters utilizados para trasladar oro y otros cargamentos por cuenta de los talibanes y Al-Qaeda pertenecerían a Victor Bout, comerciante de cañones ruso de quien se dice que posee una flotilla de más de cincuenta aviones particulares con base en la Unión de Emiratos Árabes. Los responsables estadounidenses consideran a Bout el “comerciante de cañones más importante del mundo”, cuyas vastas actividades se remontan al transporte de armas y medicamentos para los talibanes en la época en que gobernaban Afganistán5. En agosto de 2002, el grupo de vigilancia de la ONU anuncia su intención “de visitar ciertos Estados del Golfo y el Sudeste Asiático para discutir (…) el modo de poner en marcha regulaciones y controles (…) sobre el importante comercio de oro y diamantes que escapa a toda reglamentación”6.

Si nos atenemos a lo declarado por importantes empresas de joyería, tales como la Zale Corporation o Tiffany & Co., una piedra azul llamada tanzanita, cuyo valor equivale al del diamante y que se extrae únicamente de la región del monte Kilimanjaro en Tanzania, es una de las novedades en materia de piedras preciosas utilizada por Al-Qaeda en lugar de divisas. A principios de 2002, la Zale decide detener la venta de la tanzanita y retirarla de sus negocios, y es imitada por algunos de sus competidores. Don Christian, de Price-Waterhouse-Coopers, estima que “el 90% de la tanzanita extraída de suelo tanzano sale del país como contrabando para ser vendida en los mercados de piedras preciosas y en las zonas francas de Dubai, Hong Kong, Bangkok, etc.”. Don Christian afirma también que ese comercio parece ser “una fuente de capitales y de financiación asociada a empresas o seudo-empresas de la organización Al-Qaeda”7.

Sólo a partir del último verano, los investigadores comienzan lentamente a tomar en cuenta la otra vía principal de intercambios financieros de Al-Qaeda: el sistema tradicional del hawala. En marzo de 2002, el secretario del Tesoro estadounidense Paul O’Neill desembarca en el Golfo con un destacamento de justicieros. Busca comprender, si es posible, cómo pudo servir el hawala, que opera entre Dubai, el sur de Asia y el resto del mundo, para financiar a los kamikazes del 11 de septiembre y otras operaciones de Al-Qaeda. Naturalmente, ni un solo comerciante de los zokos de Dubai, ni un solo banquero u operador financiero admitirá siquiera conocer el funcionamiento del hawala, y menos aun su implicación personal en ese sistema.

Disputa judicial en Londres

La Unión de Emiratos Árabes, Arabia Saudita y otros prometieron implementar una legislación que apunte a reglamentar sus sectores de “transferencias informales de dinero” y algunos lo hicieron, incluido Dubai. Otros, particularmente Kuwait, reglamentaron las transferencias efectuadas o recibidas por organizaciones de beneficencia a través de las agencias de cambio, pero se han hecho pocos esfuerzos por hacer respetar esas leyes. Existen tan pocos especialistas en hawala que un ex policía británico fue tres veces a Washington para poner al tanto del sistema a los investigadores estadounidenses.

El GAFI y sus proveedores de fondos estadounidenses conseguirán algunos éxitos locales, sobre todo cuando los fondos para Al-Qaeda pasen por las vías bancarias y electrónicas habituales y hayan dejado huellas. Testimonio de ello son los certificados de “buena conducta” entregados este año a Israel, a un paraíso fiscal del Caribe, Saint Kitts and Nevis, y al Líbano. Pero Moscú sufrirá una gran decepción, el 18-6-02, cuando Sergei Osipov, vicepresidente de la comisión rusa de control financiero, se vio obligado a admitir que el GAFI mantenía a Rusia en la lista de “vigilancia acrecentada” (enhanced scrutiny) hasta nueva orden.

Lo cual hace aun más significativo el vuelco del 11 de octubre de 2002. En plena batalla en el Consejo de Seguridad sobre la exigencia estadounidense de una luz verde a la guerra contra Irak, Rusia, miembro del Consejo y dueña del poder de veto, se vio “providencialmente” eliminada de la “lista gris” del GAFI. Es cierto que en febrero de 2002 había creado un nuevo grupo de control financiero para investigar cientos de expedientes supuestamente referidos al terrorismo. Eliminada Rusia (junto con La Dominique, Niue, las Islas Marshall), la “lista gris” del GAFI incluye a la fecha de octubre de 2002, las Islas Cook, Egipto, Grenada, Guatemala, Indonesia –donde hay muchos detenidos sospechosos o acusados de participar o apoyar las actividades terroristas de Al-Qaeda–, Myamnar, Nauru, Nigeria, Filipinas, Saint Vincent, las Islas Granadinas y Ucrania.

Doble vara

Pero una disputa entre el GAFI y el Fondo Monetario Internacional (FMI) frena la pesquisa de las finanzas de Al-Qaeda. Si bien el FMI colabora con el GAFI tanto oficial como extraoficialmente, varios miembros del Consejo de Administración sostienen que el informe de la ONU aporta una nueva prueba de que el GAFI castigó a los más pobres y exoneró a los más ricos, como por ejemplo a Suiza. Por otro lado, a los agentes del Tesoro y del FBI les irritó especialmente la exigencia del FMI de una moratoria de un año que prohíbe añadir nuevos países a la lista, así como por sus intentos de impedir que el GAFI investigue los sistemas judiciales y policiales de los países que mantienen relaciones probadas o supuestas con Al-Qaeda8.

En el otoño de 2002, las investigaciones sobre Al-Qaeda experimentaron algún progreso. Agentes de la aduana de Detroit interpelaron a Omar Shishani, checheno de origen jordano, portador de un pasaporte estadounidense, llegado de Indonesia con doce millones de dólares en cheques cuidadosamente falsificados. La policía pakistaní detendrá poco después a varios presuntos miembros de Al-Qaeda en Karachi. Uno de ellos, un sudanés, Cheikh Ahmed Salim, sospechado de ser el asesor financiero de Ben Laden desde que éste vivió un tiempo en Kartum.

Más significativa para los investigadores es la disputa judicial en curso en Londres. La Suprema Corte británica ordenó al Tesoro Real que dé a conocer documentos concernientes a la clausura en 1991 por el Banco de Inglaterra del Bank of Credit and Commerce International (BCCI), a causa de actividades fraudulentas. A fines de octubre, la “anciana dama” seguía procurando ganar tiempo.

El BCCI desempeñó un papel secreto, todavía ampliamente desconocido, en la financiación de la jihad afgana entre 1979 y 1989. El fundador de ese banco, Hassan Agha Abedi, de origen pakistaní, trabó amistad con el presidente James Carter, cuya administración había lanzado la jihad, y con Margaret Thatcher, quien lo apoyó con el mismo entusiasmo (sobre todo bajo el reinado de su amigo, Ronald Reagan) con que Anthony Blair apoya ahora la campaña de George W. Bush contra Irak. El fallecido William Casey, primer director de la CIA nombrado por Ronald Reagan, establecerá los contactos con el banco. Tiempo después, su sucesor Robert Gates calificará al BCCI de “Bank of Crooks and Criminals International” (Banco Internacional de Sinvergüenzas y criminales).

Durante mucho tiempo la CIA había abierto cuentas secretas en bancos extranjeros dudosos. Incluso antes de la jihad afgana, el gobierno saudí había depositado allí fondos secretos para causas preferenciales, como los Contra nicaragüenses y la Unita en Angola. Investigaciones llevadas a cabo por Time, Newsweek, ABC News y otros aportarán pruebas acerca de sumas entregadas a ciertos informantes y elementos directamente implicados en la jihad afgana, luego a los talibanes y a Al-Qaeda a través de la sucursal del BCCI de Cromwell Road en Londres, así como de otras oficinas de Pakistán.

Complicidades estadounidenses

Lo que Washington y sus devotos aliados del gobierno Blair temen ver salir a la luz, son nuevas pruebas de las complicidades financieras del más alto nivel con que se habría beneficiado Al-Qaeda, incluida la época en que Ben Laden acondicionaba en Afganistán los campamentos, bunkers y otras grutas destruidas por las bombas estadounidenses durante la “guerra contra el terror”.

En 1993, para gran alivio de todas las partes involucradas, un jurado estadounidense absolvió a Clark Gifford, de 85 años, asesor de todos los presidentes de Estados Unidos desde Harry Truman en adelante, y a su socio, el abogado Robert Altman, por el caso del BCCI y su socio estadounidense, First American Bankshares. El expediente se cerró sin afectar en lo más mínimo el honor de estos dos “respetables” estadounidenses, y sin que se revelaran los vínculos que llevan de la jihad a Al-Qaeda, tal vez detallados en los documentos en poder del Banco de Inglaterra.

Mientras la campaña en contra de la financiación de Al-Qaeda está en punto muerto, el actual dilema de la administración Bush es el siguiente: si se examina a fondo las actividades de los bancos y otras instituciones financieras islámicas, Estados Unidos corre el riesgo de suscitar la hostilidad de los regímenes de Medio Oriente que le son necesarios, tanto para la persecución de Al-Qaeda como para la campaña contra el presidente Saddam Hussein.

El senador Paul Sarbanes, presidente de la comisión bancaria del Senado de Estados Unidos, señalaba, antes de la votación del USA Patriot Act, que ese cúmulo de legislación represiva comporta serias fallas. En primer lugar, un nuevo cliente extranjero de un banco, que podría estar ligado a Ben Laden, tiene literalmente el poder de “investigarse a sí mismo” mediante la firma de un certificado según el cual él no representa a una sociedad que encubra a una “caparazón vacía”. Y también, que las reglas del Tesoro autorizan a un banco estadounidense a aceptar depósitos provenientes de un banco extraterritorial con la condición de que tan sólo un cuarto de las partes de ese banco pertenezcan a otro real, y no a una “caparazón vacía” anónima. Esto podría dejar que sociedades enteras, o al menos a sus filiales extraterritoriales, pasen por los agujeros de la legislación9.

Mucho tiempo después de que los soldados estadounidenses hayan dejado Afganistán, y seguramente bajo la presidencia de los sucesores inmediatos de Bush, los investigadores proseguirán lo que promete ser una caza sin fin de los haberes de Al-Qaeda y grupos similares. ¿Pero qué harán los que dirigen a esos investigadores cuando den con un dictador pro-Estados Unidos, con un hombre de Estado fuera de toda sospecha como Clark Gifford, o con un mandamás del Partido Republicano?

  1. Thomas E. Burnett, padre de uno de los pasajeros del vuelo UA 93, dirigido contra la Casa Blanca o el Capitolio, pero que se estrelló en Pennsylvania cuando los pasajeros atacaron al pirata. Declaraciones citadas por PR Newswire, United Business Media, Nueva York, 15-8-02.
  2. Jean Charles Brisard y Guillaume Dasquié, Ben Laden, la vérité interdite, Denoël, col. “Impacts”, París, 2001.
  3. John K. Cooley, CIA et Jihad, une alliance désastreuse contre l’URSS, Autrement, París, 2002.
  4. The Financial Times, Londres, 20-8-02.
  5. AFP, Washington DC, 3-9-02; conversaciones particulares del autor, verano de 2002.
  6. American Metal Market (diario corporativo), Nueva York, 30-5-02.
  7. “Business Unusual”, emisión de la CNN, 15-1 y 3-9-02.
  8. “US terror fund drive stalls”, BBC en línea, 3-9-02.
  9. Lawrence Malkin, Yuval Eelizur, “Terrorism’s Money Trail”, World Policy Journal, Cambridge (Estados Unidos), marzo de 2002.
Autor/es John K. Cooley
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 41 - Noviembre 2002
Páginas:18,20
Traducción Patricia Minarrieta
Temas Terrorismo, Neoliberalismo, Nueva Economía, Islamismo
Países Estados Unidos