El peso de los militares en Yakarta

El atentado que provocó alrededor de 200 muertos y más de 300 heridos en Indonesia el 12 de octubre pasado conmocionó a la presidenta indonesia Megawati Sukarnoputri, quien desea volver a presentarse en las elecciones presidenciales de 2004. A las dificultades económicas y los sangrientos conflictos separatistas se suma ahora el riesgo de un regreso del ejército, que pondría en peligro la democratización.

No es la primera vez que el terrorismo golpea a Indonesia, pero nunca había tenido lugar un atentado de amplitud similar al del 12 de octubre último, y ningún indonesio imaginaba que la paradisíaca isla de Bali pudiera ser blanco de un ataque así¹. Aunque en septiembre se habían hecho cada vez más apremiantes, las alertas procedentes de Estados Unidos no tuvieron efecto por diversas razones. En primer lugar, el gobierno no quería aparecer cediendo a las presiones de Washington. Además, no quería volver a la práctica de detenciones arbitrarias de sospechosos políticos, característica de la era del general Suharto. Por último, las autoridades temían que una ofensiva contra los musulmanes radicales generara divisiones en un momento en que la presidenta Megawati Sukarnoputri necesita del apoyo de los partidos musulmanes para lograr otro mandato en 2004.

A partir del atentado de Bali el clima político cambió radicalmente. El 18 de octubre el gobierno aprobó un decreto antiterrorista y al día siguiente fue detenido el jeque Abu Bakar Ba’asir, jefe de la Jemaah Islamiyah, organización acusada de tener vínculos con Al-Qaeda. Pero el impacto del atentado va mucho más allá, porque afecta los equilibrios institucionales y amenaza las perspectivas de democratización. Ya criticada por su falta de envergadura, la presidenta se vio duramente afectada, y las Fuerzas Armadas Indonesias (TNI), cuya influencia había menguado después de la caída del general Suharto en 1998, bien podrían ser las primeras en beneficiarse con el desastre de Bali. Aun cuando el general Endriartono Sutarto, su comandante en jefe, ha repetido que los militares no buscaban desempeñar un rol más importante², las TNI podrían sacar partido de la situación y recuperar el terreno institucional que habían perdido desde 1998.

Los militares nunca aceptaron verdaderamente la separación entre la policía y las Fuerzas Armadas –puesta en marcha en 1999– que asigna a la policía la responsabilidad de la seguridad interior; la reticencia es más fuerte a nivel local, donde perdieron algunas de sus prerrogativas y muy a menudo las oportunidades de corrupción que las acompañan. Si la ley antiterrorista no otorga al ejército más que un rol formal menor en el seno de un grupo especial ad hoc encargado de definir una política y una estrategia para combatir el terrorismo, lo cierto es que el texto define sin precisión las reglas de detención, autorizando el arresto de sospechosos sobre la base de informaciones.

Por eso los defensores de la democratización en Yakarta temen que se incremente el rol de las informaciones militares, sin que las autoridades civiles ejerzan un control eficaz. En efecto, el comandante en jefe de las fuerzas armadas, general Endriartono Sutarto, y el jefe del Estado Mayor, general Ryamizard Ryacudu, llaman insistentemente desde el 12 de octubre a la creación de un nuevo organismo nacional que coordinaría las actividades de información³.

Además de este problema, los partidarios de una reforma militar en Indonesia consideran que la retirada del ejército de la esfera política pasa necesariamente por la gradual eliminación de la estructura de comando territorial, que atribuye al ejército puestos de comando al nivel de las provincias, los distritos y los subdistritos. Lo cual se acompaña de una influencia directa sobre la política local e implica la participación del comando militar en las decisiones, al lado del responsable civil, a título de igual y aun de superior. Poco después de la caída del general Suharto, los defensores de una reforma militar, aun en el seno del ejército, se habían puesto de acuerdo en que tarde o temprano la estructura territorial debía desaparecer.

Frente al estallido de violencias intercomunitarias, étnicas y separatistas, y ante el rol creciente de los comandos locales en el financiamiento de las operaciones militares, se asiste a un fortalecimiento de la estructura territorial. Se crearon nuevos comandos regionales en las islas Molucas en 2000, y en Aceh en 2001. Después del atentado en Bali, es de esperar que aparezcan otros. Por otra parte, el ejército hizo saber claramente que su creación le permitiría estar “más cerca de la población”⁴. El sentimiento de inseguridad perceptible desde el atentado, y la nostalgia de la era Suharto, que parece ganar terreno, podrían ayudar a los militares a asegurarse un apoyo político en ese sentido, asestando un duro golpe a la reforma política y a la noción de supremacía de lo civil en un gobierno en proceso de democratización.

El deseo imperioso de los gobiernos occidentales de ganar a Indonesia como aliado en la guerra contra el terrorismo beneficiará al ejército. Puede traducirse en un incremento presupuestario para las TNI. El ejército sigue siendo una organización muy politizada, fuertemente sujeta a filtraciones y desvíos de armas. Los movimientos rebeldes consiguen el grueso de su armamento de soldados y policías corruptos, y la amplitud de los vínculos entre el ejército y los padrinos de la mafia se va poniendo al descubierto muy lentamente. Hablar de falta de disciplina es más que un eufemismo y la incursión llevada a cabo por soldados contra un puesto de policía en el norte de Sumatra a fines de septiembre, que se saldó con la desaparición de una tonelada y media de marihuana, sólo representa la punta del iceberg. Los simulacros de procesos contra oficiales juzgados por crímenes contra la humanidad en Timor Oriental tuvieron el efecto de fortalecer antes que debilitar la perspectiva de impunidad para los soldados responsables de crímenes graves.

El islam radical

Si la amenaza terrorista es real, sólo un débil porcentaje de musulmanes indonesios adhieren a una versión integrista y son todavía menos los que predican la violencia. Los grupos radicales más conocidos, como la Lashkar Yihad, el Frente Pembela Islam (Frente de Defensores del Islam, FPI) o el Jemaah Islamiyah, ya estaban en problemas antes del atentado de Bali. Y no es muy seguro que el fortalecimiento de medidas de seguridad debilite al islam radical. La mayor parte de estos grupos, lo mismo que muchos otros en Indonesia, están convencidos de que el gobierno de Estados Unidos organizó el ataque de Bali para empujar a los países todavía reticentes a unirse a la guerra contra el terrorismo y a apoyar una intervención militar contra Irak. De manera que es poco probable que el horror suscitado por la tragedia de Bali tenga sobre ellos un impacto significativo.

El único grupo en el país que tiene vínculos importantes con las redes terroristas internacionales es el Jemaah Islamiyah, que parece más un ámbito de influencia de grupos clandestinos que una organización unitaria fácilmente susceptible de ser prohibida o desmantelada. La detención de uno de sus supuestos dirigentes, el jeque Abu Bakar Ba’asir, no basta para disminuir la amenaza que representa esta red, habida cuenta además de que el hombre que al parecer es su comandante operativo, Riduan Isamuddin, alias Hambali, sigue en libertad.

La Lashkar Yihad, milicia con sede en Yogyakarta y responsable de matanzas en las islas Molucas y en Poso, en el centro de Sulawesi, se había disuelto formalmente una semana antes del atentado en Bali. Su dirigente Ja’far Umar Thalib es juzgado en la actualidad por su participación en un violento ataque llevado a cabo en Ambon en abril de 2002. La Lashkar Yihad estaría desgarrada por conflictos internos, sin fondos, e infiltrada por los servicios de información. El desmantelamiento de esta milicia es indiscutiblemente una buena noticia para las poblaciones de Ambon y Poso, pero subsiste una cuestión: ¿qué será de los jóvenes que había reclutado localmente, y qué se hizo de las armas que poseían los milicianos?

En cuanto al Frente Pembela Islam (FPI) que se dedica fundamentalmente a destruir discotecas y otros “lugares del vicio”, reúne mayoritariamente a jóvenes vagabundos sin verdadera cultura religiosa. Su dirigente, el jeque Habib Rizieq, fue detenido el 16 de octubre y acusado de complicidad en una incursión del FPI en Yakarta el 4 de octubre; su orden de detención parece ser anterior al atentado en Bali.

Estos tres grupos radicales recurren a la violencia, pero los separan diferencias ideológicas fundamentales. La Lashkar Yihad y el FPI consideran que la ley islámica prohíbe rebelarse contra un gobierno musulmán, por represivo que sea. Los milicianos de la Lashkar Yihad son ultranacionalistas, defensores de la integridad territorial de Indonesia, convencidos de que su misión es combatir a los separatistas cristianos para paliar la incapacidad de las fuerzas de seguridad. En cambio, para Abu Bakar Ba’asir y los hombres que lo rodean en el seno de la Jemaah Islamiyah la jihad contra los enemigos del islam, aun cuando sean musulmanes, es una necesidad, dado que la única forma de gobierno que consideran aceptable es el califato islámico.

Las heridas económicas y sociales infligidas a Indonesia podrían ser profundas. Además del efecto sobre las inversiones internacionales, el sector turístico podría resultar devastado. Kuta, centro del sector turístico en Bali, se ha convertido en una ciudad fantasma. El 18 de octubre los hoteles locales ocupados, hasta entonces un 90%, se redujeron al 27%. No solo se verá afectado el sector de los servicios, dado que había tantos turistas como pequeños exportadores, que compraban artesanías para revenderlas en el extranjero. Estas ventas denominadas cangkingan representaban hasta el 50% de las exportaciones indonesias, según la prensa local⁵. Los empleos perdidos se calculan en 150.000, y la pérdida en ingresos fiscales se evalúa en 190 mil millones de rupias (aproximadamente 21 millones de dólares)⁶. La mayoría de los grandes operadores turísticos extranjeros suspendieron sus ofertas a Bali por un lapso de por lo menos un mes, y no hay duda de que el sector precisará un tiempo mucho mayor para recuperarse.

El atentado de Bali relegó temporalmente a un segundo plano los otros males que socavan a Indonesia: conflictos separatistas y confesionales en Molucas, Poso, Aceh e Irian Jaya, desplazamiento de cientos de miles de personas, desmoronamiento de los servicios públicos elementales… Pero la capacidad del gobierno de la señora Megawati para recoger los desafíos dependerá de las medidas que tome como consecuencia del atentado de Bali. Podría ser por ejemplo que el gobierno intentara colocar a los separatistas de Aceh en la mira de la nueva ley antiterrorista. En cuanto a los grupos islamistas, no bastará con desmantelarlos, también habrá que ofrecer otras perspectivas, dado que el problema no es meramente económico: las organizaciones islamistas no reclutan sólo entre los más pobres, sino también en las clases medias instruidas. Antes del 12 de octubre el gobierno estaba abrumado de problemas. La tragedia de Bali apretará todavía más las tenazas alrededor de un Estado en peligro.

1. Para un análisis de los incidentes precedentes, ver International Crisis Group, “Indonesia: Violence and Radical Muslims”, Indonesia Briefing, Yakarta/Bruselas, 10-10-01.
2. Ver por ejemplo “Ditandatangani, 2 Perpu Antiterorisme”, Kompas, Jakarta, 19-10-02.
3. “Peremintah akan Bentuk Badan Baru Intelijen”, Republika, Rabu, 17-10-02.
4. “KASAD: Tak Ada Lagi Kpdam Bubar”, Kompas, 17-10-02.
5. “Ekspor secara Cangkinkan Terpukul”, Bali Pos, Bali, 19-10-02.
6. “150 Ribu Naker Pariwisata Terancam Nganggur” y “Bali Kehilangan Pajak Rp 190 Milyar”, Bali Pos, 18 y 19-10-02.