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El gobierno de Quebec en un callejón sin salida

La pérdida de apoyo al gubernamental Partido Quebequense es atribuible al hecho de que Quebec se convirtió en un avanzado laboratorio de la globalización de los mercados, en detrimento del contenido socialdemócrata de ese partido. La sociedad aparece dividida entre los ganadores del modelo y los desencantados de la socialdemocracia y la soberanía, que en las elecciones se inclinarían por la abstención.

Luego de ocho años en el gobierno de la provincia canadiense de Quebec, el Partido Quebequense (PQ) parece tener los días contados. Cuatro sondeos de opinión publicados a fines de agosto le daban apenas 25% de las intenciones de voto, contra 33% del Partido Liberal de Quebec (PLQ), mientras que Acción Democrática de Quebec (ADQ) se apuntaba primero con el 41%1. Si las elecciones tuvieran lugar inmediatamente, el PQ no sólo sería derrotado, sino que ni siquiera alcanzaría la condición de oposición oficial. Podría incluso no obtener ningún diputado en la Asamblea Nacional, a causa del sistema uninominal de una sola vuelta. En cambio, las opiniones favorables a la opción soberanista se mantienen estables desde el referéndum de 1995: alrededor del 45% de las personas interrogadas2.

La ADQ se creó a comienzos de los años 1990 como resultado de una escisión en el seno del PLQ, luego del fracaso de la reforma constitucional, llamada Acuerdo de Lac Meech, emprendida por el gobierno federal conservador de Brian Mulroney. El líder de la ADQ, Mario Dumont, elegido a la edad de 24 años diputado de Rivière-du-Loup en 1994 y reelecto en 1998, fue durante mucho tiempo el único parlamentario de esa formación3. Todo cambió a partir de abril de 2002, cuando un candidato del partido se impuso en una elección parcial. Al mes siguiente, la ADQ logró imponerse en tres de las cuatro circunscripciones donde se organizaron elecciones parciales.

¿Cabe deducir de ello que la historia se repite veinticinco años después? ¿Se puede establecer un paralelo entre el alejamiento de Dumont del PLQ, durante la crisis constitucional de 1990-1992, y el de René Lévesque, quien, una vez rechazada su propuesta de negociar una “nueva unión canadiense”, rompió con el PLQ en el otoño de 1967 y fundó en 1968 el Movimiento Soberanista-Asociación, que en el otoño de 1969 se transformó en el Partido Quebequense?4. Según esa interpretación, la ADQ estaría fagocitando la opción nacionalista del PQ, donde recluta sus electores, dejando al PLQ la opción federalista. Pero el paralelo termina allí.

En efecto, el PQ había surgido del ala progresista del movimiento liberal, la de los arquitectos de la “revolución tranquila” a la que vinieron a sumarse los independentistas5. Por el contrario, Dumont es un turiferario del neoliberalismo: menos Estado, menos impuestos, privatizaciones, primacía de la iniciativa privada, “bonos de educación” al estilo estadounidense, abolición de la garantía de empleo para los funcionarios y los empleados públicos, etc. ¿Esto quiere decir que el favor de que goza la ADQ refleja un giro a la derecha del electorado quebequense? Nada es menos seguro, pues las últimas encuestas revelan que, entre quienes tienen intención de votar por la ADQ, menos del 20% lo hace a causa de su programa, cuyo contenido ignora el restante 80%. Por lo tanto, si ese partido aparece primero en las encuestas es por el vacío que dejan los otros y porque atrae a los descontentos, tanto a expensas del PQ como del PLQ. ¿Cómo entender entonces la decepción suscitada por el actual gobierno PQ de Bernard Landry?

La explicación más sencilla consistiría en adjudicar únicamente al Primer Ministro el desmoronamiento de su gobierno. Esto es difícil de sostener, ya que Landry ya era viceprimer ministro en los gobiernos precedentes del PQ (los de Jacques Parizeau y Lucien Bouchard), de los cuales ni él ni sus ministros se desmarcaron nunca. Por otra parte, Landry es considerado en las encuestas como el más capaz de los tres candidatos en disputa. Algunos observadores invocan el desgaste propio del ejercicio del poder, fenómeno típico de Quebec, donde ningún gobierno sobrevivió a una tercera campaña electoral en los últimos cuarenta años. Sin embargo, esos argumentos no alcanzan para dar cuenta de las dificultades del PQ, que obedecen a causas más profundas.

Más allá de la personalidad de los tres primeros ministros que se sucedieron en el poder luego de la victoria electoral del PQ en 1994, la política económica del gobierno se mantuvo sorprendentemente estable y simple: la gestión de todos los temas de política interna, sean económicos, sociales o ambientales, depende exclusivamente del crecimiento del comercio internacional (85% del cual se efectúa con Estados Unidos)6. Así, Quebec se convirtió, en particular a partir de 1996, en uno de los laboratorios más avanzados de la globalización neoliberal. Sin embargo, al mismo tiempo y con idéntica constancia, el gobierno pretendió desarrollar una política socialdemócrata conforme al espíritu y a la letra del programa del PQ. ¿Cómo conciliar ambas exigencias?

En realidad, dado que todo dependía del comercio internacional, la opción supuestamente socialdemócrata se tradujo en una serie de medidas que, lejos de inscribirse dentro de un plan de desarrollo autocentrado, constituían otras tantas variables que reforzaban la globalización. Se llegó entonces a una seria contradicción entre una política de liberalización extrema de los sectores exportadores y un aumento de la rigidez y las trabas en los mercados interno, regional y local.

En el sector agroalimentario, por ejemplo, el gobierno mantuvo la prohibición de proceder a la matanza de ganado en las granjas –lo que hubiera podido reforzar la economía local y la solidaridad rural– mientras concedió generosas subvenciones a grandes establecimientos (criaderos de cerdos, mataderos) que son además los más contaminantes. En el sector maderero, los trabajadores forestales denuncian una política de reforestación que favorece sistemáticamente a las grandes explotaciones, a expensas de la regeneración de los ambientes naturales. A tal punto que, contrariamente a lo que afirman los expertos oficiales, ciertos “replantadores” prevén una primera “ruptura de stocks” dentro de diez años.

En ciertos temas, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) pasa a tener preeminencia sobre el programa sometido por el PQ a los electores, y se impone en la definición de las políticas. Así ocurrió a nivel municipal, cuando el gobierno se ajustó a las obligaciones suscritas en relación al capítulo 10 del ALCA, relativo a la apertura del mercado de contrataciones oficiales. Ese enfoque doctrinario tuvo efectos nocivos en todos los terrenos. Así, la Carta de los Derechos y Libertades de la Persona de Quebec reconoce varios derechos económicos y sociales, entre ellos el de la educación pública y gratuita (Art. 40).

Pero tanto en el campo de la educación como en el de la sanidad, los ministerios respectivos sustituyeron los principios de solidaridad y de universalidad predominantes por los de competitividad y flexibilidad, impuestos desde arriba. Esa manera de ver las cosas implica una competencia perversa entre los sectores público y privado, pero en beneficio de este último, ya que el sector público se ve condenado a asumir funciones cada vez más pesadas y difíciles con recursos cada vez más limitados.

Incluso algunas iniciativas originales, como el proyecto de ley contra la pobreza y la exclusión social, se transformaron también en variables de ajuste de la globalización de los mercados. Esa estrategia general está produciendo una nueva y profunda división en el seno de la sociedad: por una parte sectores exportadores (los “ganadores”), y por otra, sectores locales aislados, separados y bloqueados. Ese corte genera una división en el plano ideológico entre los partidarios de un individualismo radical y los decepcionados de la soberanía y de la socialdemocracia. Los primeros se ven atraídos por la ADQ de Dumont, mientras que los segundos, desheredados, adhieren a proyectos de economía social o solidaria, o bien tratan de reactivar el proyecto soberanista, cuando no se unen a las filas de los opositores a la mundialización liberal.

Como ocurrió en las elecciones de 1985, que marcaron la vuelta al gobierno del PLQ, esos socialdemócratas y esos soberanistas desilusionados podrían optar por la abstención. Para tratar de ganarlos a su causa, Landry propuso al Consejo Nacional del PQ, reunido a fines de septiembre, concretar “la soberanía de Quebec en mil días”. Justo a tiempo, por lo tanto, para la cita de 2005 en Buenos Aires, donde los jefes de Estado y de gobierno del hemisferio deben, en principio, firmar el acuerdo sobre la creación del ALCA, que por otra parte divide cada vez más a los soberanistas.

Pero sin plena soberanía, ¿el gobierno de Quebec puede hacer otra cosa? ¿Existe otra vía que la de una integración regional a marcha forzada que, al debilitar a Canadá, debería llevar a su eventual disolución y, consecuentemente, a reforzar la posición de Quebec en el espacio norteamericano? Por ahora, encerrado entre el unilateralismo agresivo de la Casa Blanca y la intrusión del gobierno federal en campos de competencia de las provincias, la política económica del gobierno del PQ parece tener cada vez menos perspectivas de éxito.

Desarrollo autocentrado

Sin embargo, al inmiscuirse en terrenos reservados a las provincias, el gobierno federal no hace otra cosa que aplicar las recomendaciones de la Comisión Real sobre la Unión Económica y las Perspectivas de Desarrollo en Canadá, llamada Comisión Macdonald, implementada por el primer ministro Pierre Trudeau en 1982. Por entonces, esa comisión tenía mandato para analizar las consecuencias de la inclusión de la nueva Carta Canadiense de Derechos y Libertades dentro de la Constitución, y había llegado a la conclusión de que la aplicación de una carta liberal exigía descompartimentar el mercado interno del continental. Al respecto, recomendaba por una parte abrir negociaciones de libre comercio con Estados Unidos, y por otra, bajo pretexto de reducir la proliferación de las intervenciones de los gobiernos federal y provinciales, que el gobierno federal asumiera la dirección de asuntos cuya competencia estaba hasta entonces reservada a las provincias7. Nolens volens, el gobierno del PQ opera en el interior de esa doble tenaza8.

Para evitar seguir acumulando las limitaciones inherentes a ese modelo de desarrollo, es tiempo de romper con la continentalización inspirada en la Comisión Macdonald y abrir una nueva vía. Con ese fin, pero en una perspectiva totalmente diferente respecto de 1982, será conveniente organizar una comisión investigadora que retome el mandato confiado a los arquitectos de una continentalización canado-estadounidense liberal. Esa comisión debería analizar las consecuencias prácticas del reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales que figuran en la Carta de los Derechos y Libertades de la Persona, agregando a ella el derecho a la salud, la promoción de la igualdad entre los sexos, los derechos de los aborígenes y la protección del medio ambiente. Se trataría de crear las condiciones para un desarrollo económico, social, cultural y ambiental autocentrado, y de ajustar en consecuencia la política comercial y los intercambios internacionales.

  1. Sin embargo, la mayoría de las personas interrogadas no consideran que el tema del estatuto de Quebec dentro de la federación canadiense sea una de las prioridades políticas actuales. En 2001, el 60% de los encuestados declaraban que votarían “no” en un referéndum sobre la soberanía de Quebec: véase Ignacio Ramonet, “Quebec y soberanía”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, febrero de 2001.
  2. Durante la campaña por el referéndum de 1995, Mario Dumont se alineó en las filas de los soberanistas; hoy en día se proclama “ni soberanista, ni federalista, sino nacionalista”.
  3. El PQ accedió al poder el 15-11-1976.
  4. Expresión que designa la era de reformas económicas y sociales desarrolladas por el PLQ entre 1960 y 1966.
  5. Ver “Les illusions du libre-échange au Québec”, Le Monde diplomatique, París, febrero de 1999.
  6. Rapport de la Commission royale sur l’Union économique et les perspectives de développement du Canada, Ottawa, 1985, tomo 3, páginas 480, 516-520 y 523-524.
  7. Ilustración de esa estrategia: el acuerdo sobre la Unión Social Canadiense del 4-2-1999 fue firmado por Ottawa y nueve de las diez provincias, mientras que el gobierno de Quebec se negó a adherir.
  8. Hydro-Québec, sociedad estatal que posee el monopolio de la producción y de la distribución de la energía eléctrica, puede ser una de las próximas víctimas de esas limitaciones, como lo muestra la reciente privatización de Hydro-Ontario.
Autor/es Dorval Brunelle, Pierre Drouilly
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 41 - Noviembre 2002
Páginas:26,27
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Mundialización (Cultura), Desarrollo, Neoliberalismo, Nueva Economía, Políticas Locales, Socialdemocracia