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Oportunidad histórica para la izquierda

La ruptura de la coalición de gobierno del presidente Jorge Batlle, provocada por la decisión del Partido Nacional de retirar sus cinco ministros del gabinete, desnudó el estado de absoluta parálisis política en que se encuentra el Poder Ejecutivo, incapaz siquiera de implementar los acuerdos que firmó con el Fondo Monetario Internacional en agosto de este año o de imponer algún rumbo a la actividad económica del país. La coalición de centroizquierda es favorita para reemplazar en el futuro próximo a los partidos tradicionales en el gobierno.

La decisión del Partido Nacional (PN), adoptada el 28 de octubre pasado por su Directorio (ratificada el 3 de noviembre por 291 votos contra 112 en una tensa y por momentos descontrolada Convención Nacional), no fue la consecuencia de un episodio político puntual ni tampoco el fruto de algún proceso interno de discusión, por lo que sólo puede ser interpretada como una prematura estrategia electoralista ante la nueva arquitectura política regional emergente de la combinación del triunfo de Lula en Brasil con el cada vez más probable triunfo de la coalición de centroizquierda Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA)1 en Uruguay.

Por toda explicación política, la resolución del PN hizo referencia a la lógica del presidente Batlle de “no incluir en el funcionamiento de la coalición la conducción de la política económica seguida por su gobierno”, pero ese “reparto político” del mando venía ejerciéndose desde el comienzo del período gubernamental sin alterar el sueño de los dirigentes blancos y sin que los reiterados planteos rupturistas de uno de los sectores del PN (Alianza Nacional, liderada por Jorge Larrañaga, que desde que empezó la crisis bancario-financiera mocionó varias veces poner fin a la coalición de gobierno), recogiera más apoyo que el de sus propios votos. Esto fue así hasta la sorpresiva voltereta de la mayoría de los integrantes del Directorio en la reunión de fines de octubre: el domingo 6 de ese mes Brasil “luló” –según la nueva jerga popular impuesta por los taxistas de Río y San Pablo– y el lunes 7, por primera vez en la historia de Uruguay, se hizo pública una encuesta de intención de voto2 que otorgaba un 52% al EP-FA en caso de elecciones en esa fecha, un avance de 5 puntos respecto a otra encuesta del mes anterior. Semejante pronóstico supone el triunfo de la izquierda en la primera vuelta de las elecciones, con mayoría propia en las dos cámaras legislativas. Un escenario que permitiría al EP-FA sortear el talón de Aquiles del nuevo sistema electoral inaugurado en 1999: un Presidente institucionalmente fuerte –con la legitimidad que otorga una mayoría de votos propia– pero políticamente débil por la dificultad de lograr mayorías parlamentarias que garanticen una gobernabilidad eficiente, en épocas de excesiva fragmentación del sistema político.

Esa encuesta de intención de voto explica mejor que la declaración de su Directorio las causas de la decisión del PN de “reformular los entendimientos” con el Partido Colorado (PC), de dar un paso al costado de la coalición de gobierno pero prometiendo “el apoyo imprescindible en el Parlamento”, porque además de preanunciar el nivel de votación que podría alcanzar la izquierda en la próxima elección nacional muestra una situación de empate entre los otrora considerados “partidos tradicionales”: 15% de intención de voto para cada uno, el nivel más bajo de los últimos diez años para el PC y un cierto equilibrio durante el último año (bajo, pero equilibrio al fin) para el PN.

Lo que parece estar en juego entonces es la preponderancia política entre los dos enemigos íntimos –históricamente desempeñada por el PC–, lo que explicaría el afán de diferenciación del PN. Así parece haberlo interpretado el propio presidente de la República, Jorge Batlle, quien al despedir a los ministros blancos en la última reunión de gabinete dijo que él se había criado “en el país donde las hijas de los colorados no se podían casar con los hijos de los blancos” pero que ese país “no existe más”, y advirtió que “de cómo administremos la gobernabilidad parlamentaria dependerá a quién le voy a entregar la banda presidencial en marzo de 2005, si al candidato de esta coalición o al candidato de la otra coalición”. Para Batlle, su incapacidad para obtener consensos, aplicar medidas de gobierno e implementar políticas viables sigue sin tener ningún vínculo visible con su estilo “liberado”, su falta de tino político para manejar la política interna del Partido Colorado –que le es reacia– ni con su soberbia para desconocer a su socio blanco. Nunca un Presidente se había desentendido así de su propia base de sustentación. La situación económica (ver págs. siguientes) apresuró, por así decirlo, la ruptura en la coalición.

El Frente Amplio hace la plancha

La actual realidad de un país dramáticamente bloqueado desde el punto de vista institucional y dividido políticamente3, no es esencialmente producto del nuevo sistema electoral instaurado en 1999 con ballottage presidencial, ni tampoco de la coyuntura regional que en los últimos dos años produjo una recesión económica sin precedentes en ambas márgenes del Plata y una crisis del modelo de crecimiento de Uruguay calificada de “terminal” por algunos economistas –todo lo que retrotrae al país por lo menos 30 años atrás–, sino el resultado de un proceso de larga duración de crecimiento político-electoral de la izquierda, con su correlato de cogobierno cuasi permanente –bajo diferentes nombres e intensidades– de los partidos de centroderecha, Nacional y Colorado.

Nacido en 1971, el Frente Amplio (FA) obtuvo en la elección de ese año un 18% de los votos, un cambio histórico en la realidad política del país: por primera vez una fuerza política que se define de izquierda supera el techo histórico de ese tipo de formaciones, que se situaba alrededor del 5%. Desde entonces el FA no dejó de crecer (pese a 11 años de ilegalización y de la cárcel y el exilio de sus principales dirigentes), salvo en la elección de 1989, cuando obtuvo la misma votación que en 1984 a causa de una ruptura que implicó el alejamiento de grupos que, sumados, representaban la mitad de la votación del ’84. Es decir que el FA perdió la mitad de su electorado de una elección a la otra, pero retuvo el mismo número de votos, lo que en realidad fue un crecimiento en términos políticos. Pero además en 1989 el FA produjo otro cambio histórico en la vida del país: tras la candidatura de un recién llegado a las lides electorales, el médico Tabaré Vázquez, logró la mayoría de los votos en Montevideo y accedió al gobierno municipal, donde se mantiene hasta hoy y a lo largo de tres períodos consecutivos, los dos últimos bajo la conducción del arquitecto Mariano Arana.

Esta fue una de las claves del proceso de maduración política del FA y de su asunción de responsabilidades en el sistema democrático, porque quedaron en evidencia muchos de sus atrasos en la formación de cuadros dirigentes, en la generación de mecanismos internos de debate y decisión respecto a la relación partido-gobierno, gobierno-trabajadores y gobierno-parlamento, así como en la definición de normas internas consensuadas. Aun así, la elección de 1999 –con nuevas reglas electorales– le permitió alcanzar un 39% en la primera vuelta y un 45% en el ballottage, en lo que parecía un techo muy difícil de superar sin intentar alianzas hacia el centro del espectro político.

Paralelamente, el conjunto de los partidos tradicionales pasó del 90% del electorado en 1967 al 53% en 1999, en una caída constante y sostenida de elección en elección. Fue la crisis económico-social provocada por la crisis bancaria y financiera, el bloqueo institucional y la polarización política consiguiente lo que posibilitó que el EP-FA cruzara –por ahora en intención de voto– la barrera que le permitiría acceder al gobierno con mayoría parlamentaria.

Ese lento proceso de polarización del país fue calificado por el ex presidente Julio María Sanguinetti como de rediseño de las identidades políticas en torno a “familias ideológicas”, y por los principales dirigentes de la izquierda como de definición en torno a “dos modelos de país”. “El país está sin duda dividido en términos de las élites políticas. Son muy diferentes las de los partidos tradicionales –aunque tienen sus diferencias entre sí– de las del FA. Y esa diferencia es muy grande en términos ideológicos, de cultura política, de actitudes hacia la democracia, de actitudes hacia el Estado, de actitudes hacia los sectores sociales: son dos élites”, estima la politóloga Constanza Moreira, investigadora del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República.

La polarización se dio en un contexto de deterioro institucional de un país que supo, tras la dictadura, consolidarse como democracia electoral, pero no logró colmar lo que algunos especialistas llaman el “déficit democrático”4 en el sentido de transformarse –o volver a ser– un sólido Estado de Derecho. Es decir, un país que sufre, al igual que otros de América Latina (aunque en menor medida), una “deflación de expectativas” respecto a los resultados de la democracia, porque el otrora Estado de Bienestar se volvió un “estado de malestar” en el que no sólo no se han satisfecho las demandas socio-económicas y culturales de la sociedad sino que se han agudizado los principales problemas sociales legados por el régimen dictatorial cívico-militar de los años ’70/’80. Aunque los uruguayos siguen pronunciándose mayoritariamente por los valores y prácticas democráticas, se sienten crecientemente desilusionados por sus políticos, la inoperancia de sus instituciones y la percepción de una clase política “corrupta”, lo que pone en entredicho la solidez de la construcción democrática y torna peligrosa la táctica actualmente predominante en la coalición de izquierda, que consiste en “hacer la plancha” hasta la elección de 2004 y recoger los réditos de la inoperancia del gobierno de Batlle.

Aunque el informe 2001 de la organización Transparencia Internacional ubicó a Uruguay como un país en el que la percepción de la corrupción es “moderada”, el primer estudio nacional sobre el tema5 sostiene que “se observó que para los tres públicos encuestados –funcionarios, usuarios, empresarios– la corrupción aparece como un problema especialmente grave en nuestro país y su extensión se percibe como relativamente importante en prácticamente todos los ámbitos públicos”. El único ámbito, afirmó el estudio, “que escapa de modo parcial de esta calificación es el Poder Judicial”. Según otro estudio encargado también este año a un consultor español6 por la Junta Anticorrupción de Uruguay (órgano creado en 1999, con potestades bastante acotadas), “algunas de las fuentes consultadas –por cierto muy significativas– han comunicado a la misión que el país sufre la ausencia de una cultura de control, lo que constituiría un elemento de evidente favorecimiento de la corrupción”.

Si la izquierda uruguaya adoptara como táctica dormirse en los laureles del demérito ajeno, esto podría agudizar la desesperanza que ya se percibe en grandes sectores de la sociedad, aumentar el pesimismo respecto a la falta de perspectivas para salir de la crisis y fortalecer a cierto “ultrismo”, como el percibido en un conflicto que enfrentó en octubre pasado durante 12 días al gremio de los trabajadores municipales de Montevideo (Adeom) con el gobierno frenteamplista de la ciudad, presidido por el arquitecto Mariano Arana. El conflicto se originó en el incumplimiento gubernamental de un convenio salarial firmado en diciembre de 2001 –que prometía recuperar el 100% de la inflación– públicamente ratificado por el líder máximo de la izquierda, Tabaré Vázquez, el 14 de octubre último. Pero el gobierno municipal consideró imposible pagarlo este año, a menos de propinar “un mazazo impositivo” a la población montevideana. El enfrentamiento gremio-gobierno, en el que abundaron los episodios de piquetes sindicales violentos, con profusión de insultos y hasta agresiones contra jerarcas y entre sindicalistas y trabajadores, fue levantado in extremis por el gremio ante la evidencia de una opinión pública hostil más por el efecto mediático de su propia violencia irracional que por apoyo a la postura errática del gobierno de izquierda. Pero quedó la evidencia de que la tesitura de “hacer la plancha” sólo tiende a agravar los problemas. El error del gobierno municipal parece haber sido el intento de comprar “paz sindical” cuando ya sabía que la situación del país iba barranca abajo y no podría cumplir sus compromisos salariales sin aumentar los impuestos; su principal debilidad consistió en la ausencia de respaldo político por parte de su fuerza, el EP-FA, que adoptó la práctica del avestruz para no pronunciarse sobre las cuestiones centrales del conflicto.

Dificultades de liderazgo

En algunos sectores quedó instalada por lo tanto la idea de que también la izquierda utiliza la fuerza laboral como “variable de ajuste” ante la crisis y de que es capaz, como blancos y colorados, de incumplir sus compromisos con los trabajadores en lugar de hacer del conflicto un ensayo de debate nacional sobre los modelos de desarrollo viables para el país, sobre los valores del sindicalismo y la solidaridad, e incluso sobre el grado de sacrificio –y sus causas– que recayó y recaerá sobre cada integrante de la sociedad. Un debate ciudadano sobre otras formas de vivir y gestionar el espacio común.

Pero la coalición de izquierda parece haber comprendido el error táctico cometido en el gobierno de Montevideo. En un Plenario Nacional de discusión estratégica, realizado el 9 de noviembre pasado, su presidente, Tabaré Vázquez, declaró que pese a no querer “asumir competencias que son propias e intransferibles del gobierno municipal y del gremio de sus trabajadores”, al FA le corresponde asumir, “como fuerza políticamente responsable del gobierno municipal y también políticamente identificada con los trabajadores” la evidente realidad de que “han pasado cosas y algunas de ellas lamentables o inadmisibles”, e instó a la coalición a “analizar en profundidad” el devenir del conflicto en el municipio “sin temores, sin prejuicios, sin mitos”, para que en el futuro “no le caigan a un gobierno del EP-FA a nivel nacional estos problemas sin haber tenido la inteligencia suficiente para haberlos discutido en tiempo y forma”.

En efecto, el EP-FA podría acceder en 2004 al gobierno de un país afectado por una de las mayores crisis de su historia, algo muy diferente a los dos períodos y medio de gobierno democrático hasta ahora transcurridos, contemporáneos de una época de bonanza en la que el producto de Uruguay creció más que el producto mundial y el de sus vecinos (37% acumulado entre el 90 y el 99), por una combinación de factores que difícilmente vuelva a repetirse por muchos años. Es decir que la izquierda se encontraría casi seguramente con un país pobre, polarizado políticamente, bloqueado institucionalmente y con un cúmulo de demandas sociales urgentes sin satisfacer. Lo que vuelve más sensible el tema de los liderazgos.

Si bien en su discurso ante el Plenario Nacional Vázquez asumió una postura autocrítica y reflexiva poco habitual (tanto respecto al conflicto municipal como a otros temas urticantes para la coalición de izquierda)7, la trayectoria política del presidente del FA desaconseja tomarlo al pie de su propia letra porque su práctica ha sido un zigzag permanente entre lo moderado y lo radical, bastante imprevisible y de fuerte impronta personalista. La misma encuesta que ubicó al EP-FA con el 52% de la intención de voto, incluyó una referencia al liderazgo de Vázquez, apoyado por el 34% de los votantes como el candidato preferido, pero considerado “de plena confianza” sólo por el 17% de los encuestados. Esas importantes diferencias de adhesión para diferentes conceptos –intención de voto, preferencia de líder y confianza plena– reflejan la dificultad que ha tenido Vázquez para solidificar su liderazgo, resistido con hidalguía pero tenazmente por sectores importantes de “viejos militantes” de izquierda (salvo los del Partido Socialista, al que Vázquez pertenece) y muy particularmente por el mundo intelectual y académico de Uruguay, la principal caja de resonancia del FA liderado por el general Líber Seregni desde 1971 hasta 1996, y que luego tomó distancia de un líder con el que no parece tener feeling pero al que reconoce su capacidad para suscitar el fervor popular.

El problema para Vázquez es que, por ahora, son las élites las que tienen mayor peso en los procesos de formación de opinión pública y son también las que hacen la diferencia cualitativa a la hora de formar equipos de gobierno. Por eso dos años –el tiempo que falta para las próximas elecciones presidenciales– es todavía mucho tiempo.

  1. Alianza político-electoral conformada en agosto de 1994 entre el Frente Amplio y pequeños grupos políticos creados, con excepción del Partido Demócrata Cristiano (PDC), en torno a dirigentes medios escindidos de los partidos tradicionales. Lo integran, además del FA y el PDC, la Corriente 78, el Batllismo Progresista y el Movimiento Claves Rojos. El FA representa, en votos, más del 90% del EP.
  2. Empresa Factum, encuesta de septiembre (www.espectador.com//perspectiva/per2002-10-04-6.htm).
  3. Actualmente, en intención de voto, un acuerdo EP-FA con Nuevo Espacio del senador Rafael Michelini obtendría un 54%, mientras una coalición que incluyese blancos, colorados, cívicos y otros grupos menores de centroderecha obtendría el 33%. Habría 5% de votos en blanco o anulados y apenas un 8% de indecisos.
  4. Edmundo Jarquín, “Democracia y desarrollo: impacto de la política en el desarrollo” en Nuevas cuestiones sociopolíticas en el escenario latinoamericano, serie Desarrollo, Ediciones Trilce, 2002.
  5. “Estudio panorámico sobre el fenómeno de la corrupción en Uruguay”, convenio entre el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República y la Junta Asesora en Materia Económica Financiera del Estado, septiembre de 2002.
  6. Misión de Asesoramiento para el Diseño de un Programa de Prevención y Lucha contra la Corrupción en la República Oriental del Uruguay, Pablo García Mexía, Montevideo/Madrid, junio de 2002.
  7. www.asambleauruguay.org
Autor/es María Urruzola
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 42 - Diciembre 2002
Páginas:10,11
Temas Desarrollo, Estado (Política), Movimientos Sociales, Políticas Locales
Países Uruguay