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Una recolonización disfrazada

Presentado como un proyecto para desarrollar la región y beneficiar a sus sumergidos habitantes, el Plan Puebla-Panamá luce en cambio como un eslabón más de la estrategia de Estados Unidos para anexar la totalidad del hemisferio a sus intereses. No obstante las promesas de futuro bienestar, las poblaciones indígenas del área han desplegado ya una consistente panoplia de resistencia a Washington.

Indómitos ríos siguen corriendo al pie de las montañas de Guerrero, en México, donde el canto de los pájaros, libres aún, llena de esperanza a un pueblo desde siempre reprimido1. Fue desde esas tierras rebeldes del frijol y la tortilla que, en su llamado a la resistencia del 13-11-01, el consejo indígena popular Ricardo Flores Magon hizo escuchar su grito: “Este mal gobierno tiene un plan llamado Puebla-Panamá, para que los ricos del mundo se vuelvan aun más ricos; piensan atravesar nuestras tierras y acabar con nuestras plantas medicinales y los animales de nuestros bosques, sembrando eucaliptos que absorberán toda la vitamina de la madre Tierra.”

La existencia del Plan Puebla-Panamá (PPP) había sido revelada por el presidente Vicente Fox unos meses antes, el 12-2-01. En su calidad de testaferro regional del gobierno de Estados Unidos, lo daría a conocer oficialmente los días 26 y 27 de junio de 2002, durante una reunión con los presidentes centroamericanos y funcionarios del Banco Mundial (BM). Sustentado por una inversión estimada entre 10 y 12.000 millones de dólares (se llegó a hablar de 25.000), el plan es presentado como un “proyecto de desarrollo duradero e integral2” destinado a una zona que abarca nueve Estados mexicanos (Puebla, Campeche, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas) y siete países de América Central (Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá). En total, 65 millones de habitantes (28 millones de mexicanos y 37 millones de centroamericanos), 78% de los cuales vive en la pobreza (60% en la extrema pobreza).

Un “canal seco” (red de autopistas y vías férreas) de 288 kilómetros de longitud a través del istmo de Tehuantepec (desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico), oleoductos y gasoductos, rutas, puertos, aeropuertos, 25 represas hidroeléctricas, un sistema de integración energética y la instalación de fábricas maquiladoras, cuya creación marchará a la par con la “modernización de los métodos de producción y consumo”, deben producir el cambio que permita a la zona “poner en valor su potencial y sus características para convertirse en un polo de desarrollo de ‘categoría mundial’”3. Y sacar a las poblaciones de su situación marginal.

No obstante, en Chiapas, días después de la presentación oficial de este gran propósito, se produce la reacción del subcomandante Marcos, uno de los dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN): “Nosotros queremos la autonomía indígena y la tendremos. No admitiremos ningún nuevo proyecto ni plan que ignore nuestras voluntades; ni el Plan Puebla-Panamá, ni el gran proyecto transoceánico, ni nada que signifique la venta o destrucción de la Casa de los Indios que, no hay que olvidarlo, forma parte de la Casa de todos los mexicanos”4. Haciéndose eco de esta declaración, cientos de organizaciones se dan cita, con el fin de oponerse a este plan, en Tapachula (Chiapas, marzo de 2001), Xelajú (Guatemala, noviembre de 2001) y Managua (Nicaragua, julio de 2002); por mencionar sólo los encuentros más importantes.

Estrategia económica

Puede parecer sorprendente que la gente rechace un proyecto que busca “sacarla de la pobreza”. ¿No constituyó esa miseria una de las razones de la insurrección zapatista de enero de 1994? ¿No es una de las causas, mil veces denunciadas, de los conflictos que ensangrentaron a El Salvador, Nicaragua y Guatemala, durante todo el siglo XX, y en particular durante sus tres últimas décadas? Para comprender a las miles de personas que están movilizadas contra el PPP desde hace casi dos años, hay que recordar que, a partir del proyecto Alianza para el Progreso promovido por Estados Unidos a principios de los años 1960, decenas de planes oficiales pretendieron resolver el flagelo del subdesarrollo. A pesar de lo cual el número de pobres no ha dejado de aumentar, tanto en esta región como en el resto de América Latina. Además, el PPP se inscribe “en el marco de los tratados de libre comercio que buscan únicamente (…) fortalecer la economía capitalista sin ninguna consideración social o ecológica”5.

Esta región constituye una apuesta de capital importancia, si se tiene en cuenta su ubicación estratégica y sus recursos: dos océanos, extensas costas, gran variedad de suelos, vastos bosques, rica biodiversidad, enorme presencia de agua, yacimientos de minerales e hidrocarburos. Sólo la porción mexicana del PPP alberga el 65% de las reservas petroleras del país (noveno productor mundial) y provee el 94% de la producción actual así como el 54% de la de gas. Esta región es pues de máximo interés para Washington, que preconiza incesantemente la integración energética de México y previó un aumento en sus importaciones de petróleo de los próximos años. Limita al Sur con Panamá, Venezuela y Colombia, que podrían interconectarse con Estados Unidos a través de América Central y México.

El istmo no figura entre las principales regiones de producción petrolera, pero desde diciembre de 1996 el gobierno guatemalteco abrió a las inversiones sus reservas comprobadas de 526 millones de barriles (algunas estimaciones hablan de 1400 millones), principalmente en los bosques de Petén6. También se mencionan yacimientos, aún inexplorados, sobre la costa atlántica (en la Moskitia) y pacífica de Nicaragua; y la existencia confirmada de yacimientos en Honduras (también en la Moskitia).

A causa de la sobreexplotación en beneficio de los empresarios del agro, la escasez de agua se ha transformado en un problema de máxima importancia7. No obstante, dada su situación tropical entre los océanos Atlántico y Pacífico, los países centroamericanos y los estados de Tabasco, Campeche y Chiapas, en México, cuentan con un importante régimen de lluvias.

Finalmente, en el interior de los 1.023.000 km2 de la zona englobada por el plan, se encuentran miles de especies animales (mamíferos, reptiles, anfibios, pájaros), pero sobre todo más de 16.000 variedades de plantas y especies silvestres y una riquísima diversidad de recursos bioenergéticos. Así como un importante reservorio de mano de obra aplastada por la pobreza.

De hecho, el PPP allana el camino hacia el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que, a instancias de Estados Unidos, debería “integrar” en un mercado único al conjunto de los países del continente (a excepción de Cuba) a partir de diciembre de 2005. Si bien el presidente Vicente Fox se atribuyó su paternidad, numerosas fuentes demuestran que el plan fue concebido en otra parte. El profesor de Economía Andrés Barreda, de la Universidad de México (UNAM), identificó gran cantidad de documentos y proyectos elaborados en América Central y México, pero también por think tanks estadounidenses, que colaboraron en su elaboración8.

Desde 1993, so pretexto de crear una reserva natural que uniría treinta ecosistemas, de Chiapas a Panamá, el Corredor Biológico Meso-americano (CBM) sirvió para catalogar los recursos bioenergéticos de la región para su explotación industrial; así también el proyecto Mundo Maya, que bajo un barniz de protección cultural y ecológica incorpora, dentro de una lógica de mercado –bancos genéticos, explotación de las plantas exóticas, plantaciones, turismo, etc.– a los bienes naturales de la selva. Dentro de la misma lógica, el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000, del presidente mexicano Ernesto Zedillo, los había precedido años antes.

Cada uno de esos textos o programas presentó diversas propuestas ulteriormente retomadas en el PPP, como la privatización de los recursos bioenergéticos, las zonas de instalación de maquiladoras o los proyectos hidroeléctricos. Por otra parte, el BM, el Banco Interamericano de Desarrollo u organizaciones como el International Cooperative Biodiversity Group (ICBG), consorcio estadounidense creado en 1992 para realizar investigaciones sobre biodiversidad, financian varios de esos programas. El ICBG exige la participación de las empresas privadas en los proyectos que dirige y asocia en sus trabajos a la industria farmacéutica, con vistas a realizar el patentado de lo viviente9.

Otra organización conocida por su voluntad de conseguir la privatización de las reservas naturales, Conservation International, opera muy oportunamente en la Reserva Integral de Biosfera de Montes Azules en Chiapas. Financiada, entre otras, por United Airlines, Walt Disney, McDonald’s, Exxon, Ford Motor Co, ésta es una de las organizaciones no gubernamentales –como el World Wild Fund (WWF)– en las que se apoya el gobierno mexicano en la campaña que desde hace dos años lleva adelante para expulsar a los residentes de las comunidades indias que viven dentro de la reserva, con el pretexto de su responsabilidad en sospechosos incendios forestales. De hecho, la zona es un terreno predilecto para la bioprospección, proyectos de ecoturismo, la explotación de manantiales de agua dulce, del uranio, el bosque, los animales salvajes, y también, desde hace tiempo, un lugar de prospección petrolera. Sus comunidades padecen desde hace años la violencia militar, policial y paramilitar, pero en su mayoría no piensan irse, a pesar de la violenta presión ejercida sobre ellas.

Más de 14 millones de indios pertenecientes a 68 grupos étnicos, ricos por sus lenguas, culturas, tradiciones y conocimientos milenarios, siguen habitando el territorio comprendido entre las tierras altas del Estado de Puebla, en el centro de México, y el istmo de Panamá. No obstante, pese a las declaraciones oficiales sobre el “multiculturalismo y la riqueza de las tradiciones de las etnias”, esas poblaciones rechazan categóricamente “ese plan de colonización salvaje que destruirá nuestra tierra, la agricultura familiar, la biodiversidad y los recursos naturales”. Ese modo de desarrollo no tiene nada que ver con aquel al que aspiran. No quieren ver sus tierras ocupadas por gigantescos monocultivos de eucaliptos (desastrosos para el medio ambiente) y palma africana, por plantas transgénicas de exportación desarrolladas en detrimento de la seguridad alimentaria del país, y rechazan la privatización de esas tierras, “necesaria” para la construcción de las vías interoceánicas e “indispensable” para dar seguridad a los inversores.

Otro canal interoceánico

El megaproyecto del canal –la principal de esas vías– debe perforar el istmo de Tehuantepec, la vía más corta entre el sur de México y el sudeste de Estados Unidos, y constituir un polo del comercio estadounidense con Asia. Pero Nicaragua también está en carrera en la competencia regional de los proyectos de infraestructura previstos como posta geoestratégica, dado que el Canal de Panamá está llegando casi al límite de su capacidad.

No hace falta decir que para alcanzar sus objetivos, que consisten más en la extracción masiva de la energía y los recursos que en el desarrollo, el PPP debe desalojar a los campesinos de las tierras codiciadas por las trasnacionales. Se supone que los corredores de maquiladoras atraen a esa mano de obra no calificada que deberá urbanizarse, a cambio de salarios miserables. Cuatro mil de esas plantas de montaje ya están instaladas en territorio mexicano (la inmensa mayoría cerca de la frontera con Estados Unidos); abundan también en América Central. En México, Rocío Ruiz, subsecretaria del Ministerio de Economía encargada del comercio interior, confirma cínicamente por qué esas maquiladoras deberán ser instaladas en Oaxaca, Chiapas y el Sudeste en general: “En el Norte, se paga entre dos y tres salarios mínimos; por eso quedamos fuera de competencia para ese tipo de emprendimientos.” Visión compartida por Jorge Espina, dirigente de la Confederación patronal mexicana (Coparmex), para quien “el futuro (de las maquiladoras) está en el Sudeste: eso resolverá el problema político de la región, y además, allí la mano de obra es muy barata”10.

Dentro de su voluntad de hacer que las empresas saquen provecho de las potencialidades ya registradas en el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (Nafta)11 –mano de obra abundante, exoneraciones fiscales y seguridad para el inversor– el rubro maquiladoras del PPP apunta también a contener las migraciones y a fortalecer el rol de México como zona tapón de la emigración hacia Estados Unidos. Entre 1995 y 2000, mientras más de 3 millones de mexicanos debieron emigrar hacia el gran país del Norte para buscar trabajo, México expulsó a más de 700.000 “indocumentados” centroamericanos en busca de una forma de sobrevivir o en tránsito por su territorio12.

Durante la presentación del PPP, Vicente Fox no dejó de subrayar que se trata de “un llamado a unir esfuerzos a favor de un crecimiento ordenado y sostenible, respetando las formas legítimas de organización de las comunidades indígenas”. Sin embargo, promover ese proyecto implica necesariamente vaciar de su contenido la Ley sobre los Derechos y la Cultura Indígenas, emanada de los Acuerdos de San Andrés, firmados el 16-2-1996 entre el EZLN y la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) formada por el gobierno para encontrar una salida al problema de Chiapas. En esos acuerdos, el territorio era explícitamente reconocido, así como la disposición colectiva de los recursos naturales (a excepción de los recursos denominados estratégicos: minas, petróleo, etc.); determinados mecanismos jurídicos permitían hacer efectiva la autonomía. Desde el 29-11-1996, el presidente Zedillo se negó a rubricar el texto, anticipando que podría comprometer la soberanía nacional y que constituía un peligro de “balcanización” de México. Sobre todo, habría sido un obstáculo para la aplicación de una lógica económica que prefigurara al PPP.

En diciembre de 2000, el presidente Fox presentó un proyecto de Ley sobre los Derechos y la Cultura Indígenas. Luego de la marcha de los zapatistas sobre México13, del 25 de febrero al 11 de marzo de 2001, el Congreso aprobó una reforma constitucional, pero vaciando al texto original de su contenido esencial. Finalmente oficializada en agosto de 2001, pero rechazada por el EZLN, no permitió resolver pacíficamente la “guerra de baja intensidad” que persiste desde hace ya casi nueve años. A un periodista que le preguntó: ¿El conflicto de Chiapas y los zapatistas van a convertirse en un problema centroamericano a partir de la ejecución del PPP?, Fox respondió: “No, la cuestión zapatista ya no es un problema para México. De hecho ya no hay conflicto, vivimos en una santa paz. No hay por qué dar más espacio o poder a los zapatistas”14.

La instauración del PPP requeriría entonces la negación de los derechos de los indios. Testimonio de ello es el proyecto de la ministra de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera, que prevé “un proceso de ‘desincorporación’ de las tierras comunitarias y ejidales, es decir el fraccionamiento y la privatización de las tierras”15, a fin de garantizar los contratos firmados con los inversores. Es evidente que el plan va a destrozar las tradiciones colectivas de solidaridad entre comunidades.

Más al sur, el PPP constituye igualmente una amenaza: siguiendo el modelo de los “Tigres asiáticos”, los gobiernos tienen la idea fija de hacer de sus países “Jaguares centroamericanos”. Dentro de su lógica neoliberal, el plan no garantiza en ningún caso el mantenimiento de los servicios públicos (agua, salud, transportes, electricidad, seguridad social, educación, cultura, medios audiovisuales, vivienda…); el respeto del principio de precaución (en materia de producción de organismos genéticamente modificados); el reconocimiento y el derecho a la preservación de las actividades agrícolas de subsistencia; la creación de empleos correctamente remunerados…. Y en ningún caso prevé una concertación con las poblaciones involucradas.

Organizaciones campesinas, pequeños productores de café especialmente afectados por la caída de los precios y la concentración de la propiedad de la tierra, decidieron organizar un Encuentro del campesino meso-americano para exigir una nueva reforma agraria, el reconocimiento de sus tierras, el derecho a la libre circulación de los trabajadores y una remuneración digna. El 12 de octubre pasado, en el marco de acciones coordinadas por la Alianza Social Continental16, se organizaron movilizaciones desde Estados Unidos (en veinte ciudades, entre ellas Washington y Boston) hasta Panamá. En El Salvador, prácticamente todas las grandes rutas fueron bloqueadas. Casi en el mismo momento, militantes guatemaltecos asestaban un primer revés al PPP, logrando suspender la construcción de dos rutas previstas en el marco de ese plan, pero ecológicamente perjudiciales.

Andrés Barreda afirma que “lo que se propone es subordinar la construcción de la industria nacional (mexicana) a las necesidades de la industria estadounidense; sacrificar la producción de cereales dejando en manos de Estados Unidos el desarrollo de la agricultura y la ganadería; y cediéndoles los bosques del Sudeste, organizar las infraestructuras nacionales en función del consumo de Estados Unidos”17. Para esta región del mundo, sobre la que pende el dispositivo militar del Plan Colombia, eso se parece mucho a una colonización…

  1. Maurice Lemoine, “Nouvelles guérillas dans le Guerrero Mexicain”, Le Monde diplomatique, noviembre de 1998.
  2. Sobre el Plan Puebla Panamá, consultar el sitio: http: ppp.presidencia.gob.mx
  3. Ibid.
  4. La Jornada, México, 15-2-01. Ver también Ignacio Ramonet, Marcos, la dignidad rebelde, ediciones de Le Monde diplomatique, Buenos Aires, 2001.
  5. Ileana Valenzuela, “El Plan Puebla-Panamá para las comunidades de Guatemala: ¿Destrucción y dependencia o la oportunidad de construir un futuro nuevo?”, Ciudad Guatemala, 8-2002.
  6. Centro de investigaciones económicas y políticas de acción comunitaria (Ciepac), “Petróleo, gas y Plan Puebla-Panamá”, Chiapas al día, Nº 320, San Cristóbal de las Casas, México, 29-10-02.
  7. “La Ruée vers l’eau”, Manière de voir, Nº 65, París, octubre de 2002.
  8. “Los peligros del Plan Puebla Panamá”, en Mesoamérica los ríos profundos, México, 2001.
  9. Joaquín Giménez Héau, “ICBG, laboratorio global o negocio redondo”, Chiapas, Nº 12, México.
  10. Milenio, México, 12-10-01 y 1-3-02.
  11. El Alena agrupa a Canadá, Estados Unidos y México.
  12. Según el Center for Immigration Studies (CIS) de Washington, entre 400.000 y 700.000 mexicanos deberían cruzar cada año ilegalmente la frontera hasta el 2030.
  13. Ignacio Ramonet, “Marcos marcha sobre México”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, marzo de 2001.
  14. La Prensa Gráfica, San Salvador, 15-6-01.
  15. El Economista, México, 14-9-01.
  16. www.asc-hsa.org
  17. La Jornada, México, 21-6-01.
Autor/es Braulio Moro
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 42 - Diciembre 2002
Páginas:14,15
Traducción Patricia Minarrieta
Temas Desarrollo, Estado (Política), Políticas Locales
Países México