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Recuadros:

Una luz al final del túnel

Prestigioso dirigente del Partido Socialista y senador por el Frente Amplio, Reinaldo Gargano resume el dramático legado económico y social que recibirá el FA si arriba al gobierno. Partidario de aplicar de inmediato un conjunto de medidas que en todos los órdenes cambien el rumbo impuesto al país por blancos y colorados, el autor subraya que pagar el servicio de la deuda tal como lo recibirá el próximo gobierno supone aceptar la postergación de soluciones impostergables.

Uno intenta, como hacía mi madre los sábados de resurrección, lavarse los ojos y tratar de ver un mundo nuevo, gracias al milagro producto del sufrimiento del crucificado. Ahora bien, por más limpios que queden los ojos y por mas limpieza que hagamos de los dogmas que el neoliberalismo enterró, por mas que enterremos el aburrimiento y nos volvamos divertidos e imprevisibles como el presidente Batlle Ibáñez, la realidad está ahí.

Y es dura: un 60% de los niños menores de cinco años viviendo bajo niveles de pobreza; un 31% de la población en la misma situación; más del 14% de desocupación abierta; 650.000 mujeres y hombres -fundamentalmente muchachas y muchachos- con empleo precario; un Banco de Previsión Social (BPS) que para pagar las jubilaciones tiene que recibir del Presupuesto Nacional un 50% de ayuda, porque lo han saqueado (la crisis de la Administración de Fondos de Ahorro Previo (AFAP), la eliminación de aportes patronales); una salud -pública y privada- en crisis constante y que apunta a desaparecer para pobres y gente de medio pelo. ¿Y la educación? ¿Y la vivienda?

Claro que lo que vivimos no fue casualidad. Se trató de un saqueo planeado. Pero, ¿no fue saqueo lo de Enron; los negocios truchos de la Boeing; los negocios en Uruguay de la Banca Morgan y el Credit Suisse? La desinversión en gas, petróleo y electricidad en Argentina fue fructífera para el capital privado, al que regalaron el país y su patrimonio mediante las privatizaciones. Lo de las estafas y coimas en Elf-Aquitaine en Francia; la reciente sanción a Telefónica de España por 4.500 millones de euros y las implosiones del sistema de pensiones de Estados Unidos, son muestras de la seriedad intrínseca del capitalismo, o de su intrínseca tendencia al robo.

Lula da Silva y Néstor Kirchner han heredado, de gente seria de la talla de Menem, De la Rúa, Collor de Mello y Cardoso, un verdadero páramo. Y como piden renegociar y pagar menos, algunos los llaman demagogos y otros débiles, porque no se atreven a romper directamente con el FMI. Ni hablemos de Hugo Chávez.

En fin, más que comentarios, merece la pena que reflexionemos acerca de lo que espera a los progresistas uruguayos si ganan.

El camino del crecimiento es el de la Justicia hacia adentro y hacia afuera. Con más trabajo, salario y jubilaciones hacia adentro, con moderación y justicia hacia afuera, que quiere decir sumarse a Argentina y Brasil y los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para construir un bloque que logre parar el saqueo y negociar con firmeza con el capitalismo central, que sin duda se pondrá serio. Por ahí van el futuro, la esperanza, la paz.

Joseph Stiglitz escribió recientemente que habría que decidirse entre "un Banco Central independiente o un Banco Central democrático". La pregunta puede extenderse y decir o preguntarse como el socialista alemán Oskar Lafontaine, si la sociedad debe estar al servicio de la economía o la economía al servicio de la sociedad. Que por ahí pasan la paz y la justicia. Y no por las invisibles manos del mercado, que son tan invisibles que nadie las ve.

Para ver cuál es la pesada herencia que recibirá el próximo gobierno, a todas luces progresista, que gobernará Uruguay a partir de marzo de 2005, es bueno introducirnos en primer lugar en las obligaciones externas. El gobierno del doctor Jorge Batlle, con bombos y platillos, llegó a un acuerdo con los acreedores realizando un canje de deuda que fue aplaudido sin rubores por algunos organismos de crédito, como el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, el canje de deuda, o mejor dicho, la solución de la deuda pública que iba al default realizada por el gobierno con el canje de bonos como elemento fundamental, generó más deuda, y no sólo a largo plazo. Ya en el corto plazo se verifican resultados negativos, difíciles de cumplir sin un sacrificio gigantesco de los trabajadores, que deberán abandonar en jirones nuevos tramos de su calidad de vida. Y recordemos que en Uruguay ya existe casi un millón de personas, de los poco más de tres millones totales de población, que son pobres. Luego del canje, de 1.432 millones de dólares que debían abonarse este año la cifra se incrementó a 2.400 millones. En los años posteriores, a excepción de 2005 y 2009, la diferencia negativa se amplía notablemente, a causa de la incidencia de los intereses, sin contar con que todos los pronósticos estiman que éstos aumentarán en breve. Por cada punto de aumento de la tasa de interés internacional la factura de la deuda pública subirá aproximadamente 55 millones de dólares.

Pagar el servicio de la deuda tal como lo recibirá el próximo gobierno conlleva aceptar que el nuevo financiamiento será mínimo y que el pago de los intereses postergará por años necesidades básicas de cientos de miles de uruguayos. Además, pretender mantener congelado el calendario del servicio de la deuda significa renunciar a que en el país pueda lanzarse un plan para alcanzar un desarrollo económico, autónomo y democrático. Para comenzar a romper la ininterrumpida concentración del poder y del ingreso que vive el país desde hace décadas se hace necesaria una renegociación, porque la sangría de recursos establecida consolida cada vez más esa tendencia negativa.

El reciente canje de deuda salvó al gobierno, pero ¿qué decir de sus habitantes? Un 3% de la población, de acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística, vive en la llamada pobreza extrema o indigencia. Los hogares indigentes presentan tasas de desempleo mayores que el conjunto de todos los hogares. El índice de indigencia ha ido creciendo desde el 0,5% en el año 1999, hasta el 3,3% en el año 2003, tomado como base para el estudio mencionado.

En cuanto a los hogares pobres (incluyendo a los indigentes), son los que reflejan un ingreso per cápita insuficiente para cubrir las necesidades de alimentación y otros bienes y servicios de sus miembros, respecto del total de los hogares analizados. El carácter de "pobre" de un hogar se traslada a todos sus miembros. De acuerdo al estudio de la Dirección Nacional de Estadística la incidencia de la pobreza de los habitantes de las áreas urbanas afecta al 30,9%. Hace cinco años, en 1999, era del 15,3%, o sea que se duplicó. La economía del país se achicó en casi un tercio (el PBI cayó 10.000 millones de dólares durante la crisis de 2002). El desempleo afecta a más del 14% de la población activa; el trabajo en negro y las personas que tienen problemas de empleo suman alrededor de 650.000 ciudadanos, algo menos de una tercera parte de la población del país.

Esta situación todavía no se ha convertido en explosiva, básicamente en razón de la válvula de escape que significa la emigración de jóvenes. Se calcula en unos 500.000 los que han tenido que dejar el país buscando alternativas de vida medianamente estables en un mundo que, como se sabe, también es inestable y sólo ofrece incertidumbre y desarraigo.

Esta es la herencia que recibirá el gobierno que asuma en marzo de 2005. Abrumadora deuda externa; un sistema financiero prácticamente destruido en el que la población descree; derrumbe de la salud pública y de los niveles de educación; fuerzas armadas que no cumplen función alguna, pues la penuria presupuestal les impide navegar sus buques, volar sus aviones, etc. Una catastrófica situación social que se expresa, entre otros factores, en conductas antisociales por parte de sectores de población que han quedado marginados, fuera del sistema.

El camino es difícil, plagado de obstáculos. El nuevo gobierno deberá trabajar con mesura, buscando la justicia y reafirmando la inversión social para que se puedan revertir la pobreza y su expresión más dramática, la indigencia.

En eso estamos.

El trabajo como política social

Bonomi, Eduardo

El mayor problema en Uruguay es el desempleo, el subempleo y el trabajo marginal. Con todo lo que esto acarrea: problemas de vivienda, de atención de la salud, de alimentación, salarios insuficientes... Indirectamente, provoca muchos otros problemas: desarraigo social y familiar, crisis de identidad, huida ideológica y emigración.
Durante los últimos 20 años, desde que asumió el primer gobierno posdictatorial hasta la actualidad, las sucesivas administraciones blancas y coloradas, coloradas y blancas y blanquicoloradas, han desestructurado sistemáticamente el aparato productivo, el trabajo nacional y el ingreso de las familias uruguayas. Esto no fue la consecuencia de errores o fracasos en la aplicación del modelo económico. Al contrario: fue resultado del éxito del modelo aplicado, basado en la apertura del país a los productos elaborados en el exterior y en la sustitución de productos nacionales por producción extranjera, con la consecuente destrucción del aparato productivo rural y urbano, así como la desactivación de la capacidad industrial instalada en el país.
Después de 1990, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, se desarrollaron políticas sociales tendientes a tapar los agujeros que creaba la política económica imperante: aumento del tiempo que se podía estar en el seguro de desempleo, cursos pagos para desempleados, complementos no salariales luego de una rebaja salarial... Esto fue posible porque en ese momento todavía existían recursos, pero luego, cuando se agravó la crisis nacional, esas compensaciones fueron quedando por el camino y comenzaron a agravarse el desempleo y el desarraigo social; aumentaron los asentamientos irregulares, la mendicidad y la criminalidad, el hacinamiento en las cárceles, los niños y los ancianos en situación de calle, las muertes por hambre… En suma, se desestructuró la geografía humana de nuestra sociedad.
Repito: en esto no hubo errores ni fracasos; fue el producto de la política económica llevada adelante sistemáticamente por cuatro gobiernos sucesivos. Es la herencia maldita que recibirá el próximo gobierno que, esperamos, será progresista y se instalará el 1 de marzo de 2005. La fuerza política que tiene todas las posibilidades de asumirlo, el Frente Amplio-Encuentro Progresista-Nueva Mayoría, ya fijó su prioridad número uno: las políticas sociales. Tratará de atender, en primer lugar, al casi millón de uruguayos que actualmente vive por debajo de la línea de la pobreza, al importantísimo porcentaje dentro de ellos que están en la indigencia y a los niños, que conforman más de la mitad de todos ellos. Una fuerza política con sensibilidad social no puede menos que fijar esa prioridad, así como la de atender a los uruguayos y uruguayas que no acceden a la atención de la salud, a la educación o a una vivienda digna. Esto ha sido claramente explicitado el 5 de febrero de 2004 por el candidato Tabaré Vázquez.
Sin embargo, no escapa a nadie que una política de estas características sólo se puede llevar adelante si al mismo tiempo se generan los recursos genuinos que la hagan posible y sustentable, a partir del desarrollo de la producción y el trabajo nacional.
La sociedad uruguaya se ha debilitado y desestructurado, como consecuencia de la falta de trabajo productivo y real. Sólo se puede poner otra vez de pie a partir de la creación de fuentes de trabajo genuino, productivo; de generar los recursos que permitan detener su caída y comenzar una recuperación tan imprescindible como urgente.


Un programa militar propuesto por militares

El Frente Amplio recibió en mayo pasado un documento elaborado por un centenar de oficiales del ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía, en actividad y en retiro, en el cual se presentan “inquietudes, experiencias y soluciones” para que un gobierno de izquierdas, “posible, creíble y deseable”, según afirma el texto, encare la imprescindible reforma de las fuerzas armadas. Organizados en cinco comisiones, estos militares y policías sin dudas expresan a una minoría entre sus camaradas, pero la radicalidad del texto indica hasta qué punto la situación es insostenible y exige algún tipo de solución, que además contribuya a resolver los problemas del país. La Comisión de Defensa del Frente Amplio rechazó buena parte de las proposiciones, resumidas en los siguientes 50 ítems.

1) Suspender todos los ingresos hasta el 1 de junio de 2005.
2) Suspender todas las misiones oficiales en el exterior, excepto las que están bajo mandato de Naciones Unidas.
3) Cesar a todos los reservistas que estén movilizados.
4) Cesar a todos los reincorporados.
5) Cesar a todos los pases en comisión.
6) Cesar a todos los agregados militares, excepto los acreditados ante las Repúblicas de: Brasil, Argentina, Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra.
7) Cesar todo préstamo de equipos, instalaciones y personal a personas, organismos, clubes sociales, sean o no del Estado, pero que estén fuera de la órbita del Ministerio de Defensa Nacional (MDN).
8) Elevar al MDN, no después del 1 de abril de 2005, una declaración jurada de los bienes personales de todo el personal superior en actividad.
9) Elevar al MDN, no después del 1 de abril de 2005 el listado de todos los bienes muebles e inmuebles de todas las reparticiones, con su descripción detallada y valor de mercado en dólares.
10) Elevar al MDN, no después del 1 de abril de 2005, las constancias y registros de depósitos de dinero que las fuerzas tengan en el exterior, acreditando los montos de las mismas.
11) Se traspasarán al Ministerio de Educación y Cultura todas las instalaciones y materiales históricos de los Museos Militares, no después del 15 de mayo de 2005.
12) Se traspasará, no después del 15 de mayo de 2005, a la Dirección de Parques Nacionales el contralor e instalaciones del Parque Nacional de Santa Teresa.
13) Se traspasará, no después del 15 de mayo de 2005, al Instituto Nacional de Colonización todos los establecimientos rurales que posean las fuerzas, excepto los denominados Campo Militar Nº I, II y III.
14) Se eliminarán todas las policlínicas, todas las guarderías y consultorios médicos y odontológicos que no estén funcionando dentro del predio del Hospital Militar Central, antes del 15 de mayo de 2005.
15) Se traspasará a la Dirección de Sanidad Militar todo el equipamiento médico-odontológico, con el que actualmente cuentan las distintas unidades, antes del 15 de mayo de 2005.
16) Se traspasarán a la órbita del Poder Judicial todas las funciones que cumple la Justicia Militar, reestructurándose todo el sistema para que esté vigente y plenamente operativo no después del 15 de julio de 2005 con los nuevos Jueces Civiles especializados en temática militar.
17) Se traspasarán al Comando de la Fuerza Aérea todas las instalaciones, equipos y personal pertenecientes a la Aviación Naval, no después del 15 de junio de 2005.
18) Se traspasarán al Ministerio del Interior todos los locales, equipos y personal subalterno de la Prefectura Nacional Naval, con excepción de aquellos que se encuentren dentro de las áreas definidas legalmente como puerto nacional, antes del 15 de mayo de 2005.
19) Se traspasarán al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) todas las tareas y funciones de su estricta competencia que funcionan dentro del ámbito de la Prefectura Nacional Naval, antes del 15 de mayo de 2005.
20) Se traspasarán al Banco de Previsión Social los locales y equipamientos del Servicio de Retiros y Pensiones Militares, antes del 15 de junio de 2005.
21) Se traspasarán al MTOP las funciones que cumple la Aviación Civil y a la Infraestructura Aeronáutica las funciones que cumple el Comando de la Fuerza Aérea, antes del 15 de junio de 2005.
22) Se traspasarán a cada uno de los respectivos clubes sociales militares todas las casas-habitación destinadas al lugar de descanso y vacaciones, siempre y cuando éstas no se encuentren dentro del perímetro de una base militar, antes del 15 de mayo de 2005.
23) Se eliminan el esfuerzo duplicado de Escuelas, Centros de Adiestramiento, Talleres de Reparaciones Especializados, como así también el personal afectado a las mismas, citándose como ejemplos: buzos militares, fusileros-infantes, paracaidistas, choferes, pilotos, etc., antes del 15 de julio de 2005.
24) Se limita a 30 el número de vehículos civiles con los que contará el MDN, limitándose también el costo unitario de los mismos a 20.000 dólares, antes del 15 de mayo de 2005.
25) Se limitará a 3 el número de bandas militares de todo el país, correspondiendo una por fuerza, antes del 15 de mayo de 2005.
26) Se limitan los desfiles militares a uno por año (25 de agosto) sobre la Avenida 18 de Julio desde el Obelisco a la Plaza Independencia.
27) Se limita a una por año todo tipo de celebración, festejo o acto social a efectos de hacerlo coincidir con el día de cada Fuerza.
28) Se establecerán normas de estandarización, que deberán estar en plena vigencia el 15 de junio de 2005, en los temas de: a) Uniformes; b) Telas; c) Colores; d) Escudos; e) Jerarquías; f) Armamento portátil; g) Equipos de comunicaciones; h) Vehículos; i) Talleres y herramientas; j) Formularios administrativos y logísticos; k) Manuales de operación; l) Textos de estudios; m) Reglamento de disciplina; n) Normas de ascenso; o) Distintivos; p) Normas protocolares; q) Ceremonial.
29) Cesarán todos los contratos laborales con el personal civil; todo el personal dependiente del MDN será militar, con la excepción única de los asesores del Gabinete, antes del 31 de marzo de 2005.
30) Ninguna repartición del MDN podrá generar proventos, no venderá servicios, ni explotará actividad comercial alguna.
31) Los Institutos y/o Servicios Geográficos, Hidrográficos, Meteorológicos o de igual naturaleza saldrán de la órbita del MDN, antes del 15 de mayo de 2005.
32) Se suprimen todos los gastos confidenciales, excepto la partida asignada al Gabinete.
33) Todos los ingresos al MDN serán por concurso.
34) El Hospital Militar brindará el servicio y apoyo al personal retirado y sus familiares, como así también a los del personal en actividad. Se crearán dos centros hospitalarios, uno en Tacuarembó y otro en Montevideo, para dar el servicio al personal en actividad, antes del 1 de agosto de 2005, orientados en un 100% a situaciones de combate.
35) Se suprimen el Cuerpo de Fusileros Navales, el Cuerpo de Infantería de la Fuerza Aérea y la Unidad de Infantería de Apoyo a la Prefectura Nacional Naval. Se crean en su lugar unidades de policía militar, con un límite de 150 hombres para cada una de las reparticiones mencionadas.
36) La Armada transferirá todos los medios e instalaciones del Servicio de Balizamiento a su homologada de la Dirección de Hidrografía del MTOP, antes del 15 de junio de 2005.
37) La Armada entregará las instalaciones del Dique Maua a los operarios civiles de los Diques de la Armada, antes del 15 de junio de 2005.
38) Se suprime todo apoyo material, personal, combustible, transporte, etc., de las dependencias del Ministerio a los clubes sociales militares.
39) Se eliminan los Liceos Militares u organizaciones de similares características que funcionen dentro de la órbita del MDN, antes del 20 de diciembre de 2005.
40) Se reduce a 500 hombres en el Ejército, 150 en la Armada y 150 en la Fuerza Aérea la dotación de las llamadas Unidades Históricas (con uniformes de épocas) debiendo ser éstos parte de los efectivos de las respectivas Policías Militares.
41) Se reduce a 400 el total de equinos del MDN, eliminándose todo tipo de instalaciones a tales fines en el interior de la República como así también todo apoyo a animales pertenecientes a civiles o instituciones deportivas vinculadas a la hípica, antes del 1 de mayo de 2005.
42) Todos los funcionarios del MDN serán de dedicación total, con prohibición de ejercer cualquier tipo de actividad laboral que no sea la específica de su función militar.
43) Se eliminarán todas las bonificaciones de cómputos de años de servicio para el retiro (Capítulo 17 LOFFA A).
44) No se computarán para el retiro los años en los liceos militares.
45) Antigüedad para el retiro del personal superior y el porcentaje del sueldo nominal a cobrar:
Tiempo mínimo: 20 años - 60%; 25 años - 70%; 30 años - 85%; 36 años - 100%.
46) La actividad docente en los institutos militares para el personal en actividad podrá ejercerse a partir de la jerarquía de Capitán.
47) La retribución por docencia estará referida a la cantidad de años que se ha ejercido: de 0 a 5 años - nivel 1 = 5% del sueldo nominal; de 6 a 10 años - nivel 2 = 10%; de 11 a 15 años - nivel 3 = 15%; de 16 a 20 años - nivel 4 = 20%; de 21 o más - nivel 5 = 25%.
48) Todas las Escuelas e Institutos de Enseñanza comenzarán el año lectivo el 1 de marzo y lo finalizarán el 31 de octubre, dictándose los cursos de lunes a viernes.
49) Antigüedad para el retiro del personal subalterno y el porcentaje del sueldo nominal a cobrar.
Tiempo mínimo: 20 años - 60%; 25 años - 70%; 30 años - 85%; 34 años - 100%.
50) Se elimina de los uniformes toda condecoración o distintivo que no sea aquel que identifica: a) su fuerza; b) su arma o cuerpo; c) su jerarquía; d) su especialidad; Cordón de ayudante, Edecán o Agregado Militar; e) su distintivo profesional: Ejército: cantidad de años en Unidades del interior; Armada: cantidad de miles de millas navegadas; Fuerza Aérea: cantidad de cientos de horas de vuelo.


Autor/es Reinaldo Gargano
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 61 - Julio 2004
Páginas:15,16
Temas Política, Estado (Política)
Países Argentina