La madre tierra envenenada

El escenario de esta historia es la tierra más rica del país en gas y petróleo. Sus protagonistas son un puñado de familias mapuche, habitantes originarios de Loma de La Lata, y una empresa privada extranjera que posee los derechos de explotación en la zona. El aumento de la explotación, realizado con descuido, ha provocado gravísimos niveles de contaminación -verificados por organizaciones internacionales- que afectan la salud de los habitantes ante la indiferencia de los gobiernos provincial y nacional.

Es invierno en Loma de La Lata, pero no parece. Recién cuando el sol amenaza con ocultarse detrás de las bardas rojizas, el frío se presenta. El viento se hace escuchar jugando con la jarilla del campo, con el fuego de los mecheros que definen todo el particular paisaje. El viento cuenta la historia de esta tierra, que alberga a dos comunidades mapuche, los Paynemil y los Kaxipayiñ y que oculta en sus entrañas la reserva gasífera más importante de América Latina y uno de los principales centros de explotación petrolera del país. Dice mucho también de la larga lucha de un pueblo y su gente contra los fantasmas de la contaminación y la pobreza, contra el saqueo y la rapiña, contra la soledad y el olvido. Una lucha que justifican el río contaminado, los animales muertos, los cultivos arruinados, la sangre con plomo de los niños, las napas de agua con gasolina, el futuro nebuloso de sus habitantes.

A unos 75 kilómetros al oeste de la capital neuquina, en las inmediaciones de Añelo, sobre el margen derecho del Río Neuquén, se encuentra el yacimiento de Loma de La Lata. De esas 36.000 hectáreas de la cuenca neuquina se extrae un tercio de la producción gasífera de Argentina, con un promedio de 33,5 millones de metros cúbicos diarios. De allí también parten tres gasoductos que abastecen de gas a centros urbanos de Chile, Uruguay, Brasil y Argentina. Pero Loma de La Lata también es el cuarto yacimiento de petróleo en importancia en todo Neuquén, la provincia que monopoliza el 38% de la explotación petrolera y el 55% de la gasífera del país (es la primera en ambos rubros)¹.

Loma de La Lata apareció en los mapas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF, entonces propiedad del Estado argentino) a fines de los ’50, cuando el gobierno de Arturo Frondizi concedió a Esso los derechos de explotación. Durante la gestión de Arturo Illía (1963/66) se decretó la anulación de las concesiones petroleras y la zona retornó a la órbita de YPF. El yacimiento inició sus trabajos en 1975, con un permiso de explotación por 25 años, pero en 1993 el gobierno de Carlos Menem firmó una prórroga por un lapso similar. En 1999, la española Repsol adquirió la mayoría accionaria de YPF, incluyendo la concesión de Loma de la Lata para su explotación hasta 2017. Pese al extenso plazo, Repsol-YPF propuso una prórroga de diez años más en abril de 2000, dando así comienzo a una de las negociaciones más turbias de la historia argentina (ver recuadro). La provincia de Neuquén recibe el 12% del precio/barril en concepto de regalías, una de las tasas más bajas del mundo. De hecho, Repsol-YPF liquida regalías del 18% en Bolivia y del 35% en Perú.

Pero Neuquén también cuenta con otras riquezas. En la provincia conviven unas 46 comunidades mapuche que, sumadas a las de Río Negro, agrupan a alrededor de 11.000 habitantes de pueblos originarios. Toda la historia de Neuquén está teñida por la presencia del mapuche, por su lucha a lo largo de siglos de conquista y sometimiento. Una historia que, lejos de las lujosas oficinas de una multinacional, se escribe todos los días con los trazos del viento del sur en la meseta patagónica.

Los Paynemil

“Esto es lo indignante. No te dejan ser libre ni en tu propia casa”, protesta Graciela Méndez, la lonko² de la comunidad Paynemil (Oro celeste, en mapudungun), mientras acelera para dejar atrás la camioneta de la seguridad privada de Repsol-YPF. Los Paynemil fueron reconocidos como reserva en 1964 y obtuvieron el dominio de 4.300 hectáreas en 1990, aunque ocupan esas tierras desde principios del siglo pasado³. Pero la camioneta de Prosegur sigue vigilante sus pasos y controla entradas y salidas. “Esa es la seguridad para sus instalaciones, pero esta gente se mete en los caminos internos que utilizamos nosotros. Hasta los documentos nos pidieron una vez…”, recuerda la autoridad política de la comunidad.

La principal actividad económica de los Paynemil fue tradicionalmente la crianza de ganado menor, pero debido a la explotación petrolífera el espacio para el pastoreo de los animales se fue achicando: “Nosotros reclamamos más espacio, porque no alcanza para nada. Así que no somos dueños de nada. Ellos manejan nuestro territorio y no podemos hacer nada”, explica. “Ellos” para los Paynemil, es Repsol-YPF, la empresa que le otorgaba a la comunidad, en concepto de “servidumbre”⁴ un pago único de entre 700 y 900 pesos hasta 1995, justo cuando se iniciaron las denuncias por contaminación: “Tenemos pleno derecho de decirles que se vayan. Porque si a la empresa no le gustan las condiciones que la comunidad dispone, que se vaya. Es así de simple, que se vayan a explotar a otro lado. Y que la provincia se haga cargo, porque son los responsables”, afirma.

La presencia de mujeres es mayoritaria entre las 30 familias de la comunidad Paynemil. De hecho, fueron ellas las que enfrentaron a una decena de policías antimotines que, sin que mediara autorización judicial, reprimieron a los mapuche en uno de los caminos internos de la comunidad a fines de 2001. Graciela estaba embarazada de ocho meses cuando se la llevaron detenida, mientras con su gente intentaba impedir la instalación de una cañería en una zona protegida para la excavación de restos paleontológicos⁵. A partir de ese incidente, el diálogo con la empresa se interrumpió y ahora se limita a la acción judicial. Pero la lonko Paynemil denuncia que Repsol-YPF intenta generar divisiones en el seno de la misma comunidad: “Hay una persona que anda casa por casa, sin respetar la autoridad política, ofreciendo negocios. Eso es una falta de respeto. Vienen a sacar la producción, vienen a llevarse todo, y no pueden abusar de las autoridades, tienen que respetarnos”.

Para la comunidad el futuro es un interrogante. Con una causa judicial en marcha, sin diálogo con la empresa, aislados y hasta criticados por la prensa local por poner en riesgo supuestas millonarias inversiones, los Paynemil se enfrentan a un conflicto sin salida a la vista. “Para nosotros, Repsol-YPF está clandestino acá adentro, es un invasor. Así que todas las macanas que se manden las van a tener que pagar como se debe. Están muy equivocados, ellos no tienen derecho a hacer y deshacer”, asegura Graciela.

Los Kaxipayiñ

El sonido del fluir del río Neuquén llega nítido a la casa de Juan Gabriel Cherqui, el lonko de la comunidad Kaxipayiñ (Volver al origen, en mapuche). “De nosotros dicen que frenamos el progreso ¿Qué progreso le trajeron las petroleras a la gente de Neuquén, mapuche y no mapuche? Ninguno, y lo digo porque el gas lo sacan de nuestro territorio y lo pagan más barato en Buenos Aires que en Neuquén. Y eso no es nada, nosotros ni tenemos instalación de gas”, afirma Cherqui, sintetizando la increíble paradoja de un puñado de familias mapuche sin gas, pero viviendo encima de la reserva gasífera más grande del continente.

La historia de los Kaxipayiñ, unas 25 familias, es mucho más compleja que la de sus vecinos Paynemil. Lograron el reconocimiento legal recién en 1997, y un año más tarde el compromiso oficial de titularizar parte de las tierras que reclamaban (unas 4.700 hectáreas), una vez superado el conflicto que se generó en agosto de 1998 con el gobierno provincial y las empresas concesionarias del gasoducto Mega⁶, cuando el gobierno de Felipe Sapag concedió la personería jurídica a la comunidad con la condición de que cesaran con la interrupción del paso al gasoducto. Pese al acuerdo, el reclamo de la comunidad por la escritura de las tierras continúa y considera “robadas” las 109 hectáreas que ocupa el Mega. Hasta que se desató el conflicto de 1998, la comunidad Kaxipayiñ no cobraba un peso por la explotación en su territorio. “No queremos ser reconocidos como población rural, donde cada uno tiene su parte de propiedad privada, porque estamos defendiendo nuestro derecho a la tierra comunitaria. No nos vamos hasta que no nos reconozcan como pueblo mapuche”, advirtió entonces Cherqui, cuando la empresa exigía del gobierno provincial la intervención policial para liberar la zona.

“Hoy estamos con la soga al cuello. Con todo el envenenamiento que hay, estamos doblemente condenados: a morir por contaminación o a tener que salir a hacer changas en las chacras porque nuestro suelo ya no sirve para la cría de animales”, señala el lonko. La familia de Cherqui fue protagonista de uno de los hechos que despertaron el interés de los medios de comunicación en el conflicto de Loma de La Lata: la autorización judicial para que una joven embarazada se realizara un aborto, debido a que el feto presentaba malformaciones. La joven es la compañera del hijo del lonko Kaxipayiñ, uno de los mapuche con mayor nivel de metales pesados en la sangre, según el informe de la consultora alemana Umweltschutz Nord. Debido a eso, la comunidad exigía que el feto se analizara para estudiar si las malformaciones eran consecuencia de la contaminación hidrocarburífera.

“Nosotros somos todos originarios de esta tierra, y no nos vamos a ir nunca. Y ellos deben seguir muchos años con su explotación. Acá la única solución es sentarse a dialogar. Nuestro deseo es que se vayan, pero como están las cosas, hoy eso es imposible. Si el Estado no hace respetar mis derechos, menos los va a respetar una multinacional”, señala Cherqui.

La historia de una batalla

En octubre de 1995, mientras terminaban de levantar su casa de ladrillos, Eladia y Tránsito, miembros de la comunidad Paynemil, instalaron una bomba para extraer agua de la napa freática. Grande fue su sorpresa cuando se encontraron con que el líquido extraído se encontraba tan contaminado con gasolina que era posible hacerlo arder con sólo arrojar un fósforo. Como consecuencia de esta primer denuncia, desde la Defensoría de Menores de Neuquén se inició un proceso de recopilación de información con resultados contundentes: “La presencia de los hidrocarburos y metales pesados denunciados se originó por la contaminación de los suelos por derrames; y la de las napas freáticas por drenaje a partir de los suelos y de las piletas de aguas de purga y explotación, debido a la negligente operatoria en el yacimiento”⁷.

La denuncia de los Paynemil fue el punto de partida de la pelea, una batalla que recién se conocería en los centros urbanos un año después, a partir de un estudio de la Subsecretaría de Salud neuquina, que detectó en los mapuche (especialmente en niños y ancianos), altísimos porcentajes de metales pesados provocados por la contaminación.

En marzo de 1997, los abogados de las comunidades presentaron un amparo contra el Ejecutivo provincial por incumplir con las exigencias de la justicia: entrega de 250 litros diarios de agua potable por habitante; control y atención médica de los niños; construcción de una planta purificadora, entre otros puntos. Dos semanas después, la demanda fue escuchada: tanto la Cámara Civil como el Tribunal Superior de Justicia avalaron el fallo de primera instancia.

A pesar de la sentencia, ni la empresa ni el Estado provincial cumplieron con lo acordado, salvo durante un breve período. Por otro lado, en 1998 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó un informe ambiental en el cual se concluía que por los daños ambientales provocados entre 1991 y 1996 en los departamentos de Pehuenches y Añelo (a un par de kilómetros de Loma de La Lata), la empresa debía indemnizar a la provincia con 400 millones de dólares. El estudio también establecía que por lo actuado en el período de 1920 a 1990, el resarcimiento debía contemplar otros 500 millones. Aunque el trabajo del PNUD contó con el aporte técnico de la provincia, nunca fue reconocido oficialmente ni presentado a las empresas responsables.

El informe del PNUD era determinante, ya que destacaba que las empresas petroleras desarrollaron “constantes faltas, errores, accidentes y falta de previsión; provocando serios daños a la población y recursos naturales. A la reducción del potencial de los recursos que normalmente genera una empresa minera y petrolera, debería añadirse el deterioro del patrimonio renovable y las afectaciones a la salud humana”⁸. En un trabajo similar, pero limitado a Loma de La Lata, presentado en julio de 2001, y en cuya realización se emplearon más de 10 meses de trabajo y un equipo interdisciplinario, se agregaron nuevos detalles: afecciones a la salud de las personas; efectos psicológicos; afección a la tradición cultural y forma de vida propia de las comunidades afectadas; pérdida de lugares sagrados; afectaciones a la fauna silvestre y al ganado, como así también a la flora, entre otros.

Cuando la noticia de la contaminación ganó lugar en la prensa local, Repsol-YPF cambió de táctica y preparó un informe ambiental a su medida, recurriendo para ello a la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Del informe se desprende no sólo que “no existen evidencias de concentración de metales pesados por encima del nivel de peligrosidad”, sino también que de los estudios realizados sobre agua, aire y suelos “no se detectan plomo ni mercurio por encima de las normas aceptadas por la Organización Mundial de la Salud”⁹. Para el informe de FIEL (que se terminó en tiempo record) no se realizaron estudios de salud sobre los habitantes de las comunidades mapuche de la zona.

En octubre de 2001, días después de que la policía reprimiese a los mapuche en su propio territorio, las comunidades presentaron su propio informe, elaborado por la empresa alemana de gestión ambiental Umweltschutz Nord. El trabajo fue dividido en dos partes: una con los daños sobre el ambiente y la otra, sobre la salud humana. Con respecto al primer ítem, el informe asegura que “el 60% de las sustancias y materiales analizados están por encima de los niveles guía permitidos en Argentina”. Además, el equipo alemán detectó una “disminución de recursos naturales, menos áreas de pastoreo, extinción de plantas medicinales y desaparición de especies autóctonas”. En lo que se refiere a la salud, se comprobó que “la carga de metales pesados encontrados en los organismos de los mapuche está directamente relacionada con la actividad hidrocarburífera y que los niveles de dichos contaminantes son 700 veces más altos que los permitidos por la legislación nacional”¹⁰.

Otro capítulo de la batalla judicial se generó en noviembre de 2001, con la presentación ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, donde el organismo intentó sin éxito llegar a un “acuerdo de amistad” entre ambas partes. Una delegación de la CIDH recorrió Loma de La Lata en agosto último para constatar el incumplimiento de la sentencia judicial por parte del Estado provincial y concluyó que “no existe posibilidad de resolver el problema de la contaminación si no se regula la actividad petrolera a límites totalmente diferentes a los que se ejecutan en este momento”.

El viento levanta polvareda en Loma de La Lata. Entre denuncias judiciales, informes ambientales a medida, gobiernos cómplices, multinacionales impunes y una contaminación creciente, se sigue escribiendo la historia de un pequeño refugio mapuche. En silencio, solos, separados del mundo. Enfrentados a un enemigo tan poderoso como el frío de la noche patagónica.

1. Datos de la Secretaría de Energía de la Nación.
2. Lonko es el nombre que recibe la máxima autoridad política de una comunidad mapuche.
3. Parte de su territorio terminó bajo el agua como consecuencia del proyecto que generó los lagos artificiales Los Barreales y Mari Menuco, a mediados de 1970.
4. El concepto de “servidumbre” integra la Ley 17.319 de Hidrocarburos, y establece que “los concesionarios deberán indemnizar a los propietarios superficiarios de los perjuicios que se causen a los fondos afectos por las actividades de aquellos”.
5. En tierras de la comunidad Paynemil se hallaron los restos del Futalonkosaurio, el saurópodo más grande encontrado en todo el mundo.
6. La Compañía Mega está integrada por Repsol-YPF (con un 38%), Petrobras (34%) y Dow Chemical (28%).
7. Carlos Falaschi y Nora Osés, presentación ante la CIDH de Naciones Unidas, agosto de 2001.
8. Carlos Falaschi y otros, “Evaluación del impacto socio-ambiental de la actividad hidrocarburífera en las comunidades mapuches y sus territorios”, Neuquén, julio 2001.
9. Miguel Toledo, “Para FIEL. Loma de La Lata no está contaminada”, La Mañana del Sur, Neuquén, 14-10-01.
10. “Confirman grave contaminación en Loma de La Lata”, Diario Río Negro, Río Negro, 01-11-01.