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Recuadros:

Desigualdades ocultas

La reforma de salud implantada durante los años ´90 en América Latina y el Caribe no dio espacio a la perspectiva de género, que favorecería el reconocimiento de demandas específicas de salud según el sexo y abordaría la discriminación negativa de las mujeres. La salud sexual reproductiva es uno de los terrenos más afectados.

La reforma del sector salud ha sido uno de los procesos de transformación sectorial más extendidos en América Latina y el Caribe en la última década. A pesar de que fue concebida como un medio para incrementar la equidad en la provisión de servicios y satisfacer las necesidades de salud de la población, las consideraciones en torno a las inequidades de género han sido escasamente abordadas.

A mediados de los ’90, la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe iniciaron reformas de sus sistemas de salud y extensión de sus programas de seguridad social. La reforma sectorial formó parte del proceso de reforma del Estado y sus políticas se centraron prioritariamente en cambios institucionales y financieros en los sistemas de salud. Sus ejes centrales han sido la privatización, la descentralización y la separación de funciones entre la provisión y la regulación de los servicios.

Estas políticas, aunque en gran medida estandarizadas por las instituciones financieras internacionales, han tenido alcances e impactos diferenciados por país y subregión. La característica común en la mayoría de los países ha sido la limitada inserción de la perspectiva de género para abordar temas cruciales como el de los determinantes de salud, el acceso a servicios, el financiamiento, y el trabajo y la participación social en salud. La observación actual revela que no es posible seguir insistiendo en el potencial impacto de la reforma sectorial para reducir las inequidades si las necesidades y condiciones específicas de hombres y mujeres no se toman en cuenta desde el inicio en su diseño, implementación, financiamiento y monitoreo.

En relación con los determinantes de salud, la información disponible en América Latina y el Caribe muestra las disparidades entre hombres y mujeres en términos de participación social y política, acceso a la vivienda, educación, información, ingreso, protección social, alimentación, saneamiento básico, agua potable. También en otros aspectos como el uso del tiempo libre, riesgos frente a la violencia sexual y doméstica, y la participación en el trabajo doméstico y comunitario. Todos estos factores se presentan de manera distinta según sexo y, por lo tanto, establecen condiciones de vida, riesgos de salud y posibilidades de acceso a recursos y servicios diferenciados entre mujeres y hombres.

Las mujeres están concentradas en los trabajos de menor remuneración y con escasa protección laboral, a pesar de que su nivel educativo se ha incrementado considerablemente en las últimas dos décadas. Según datos de la CEPAL (1999), la relación entre el ingreso per cápita de las mujeres y el de los hombres fue del 45,1% en Bolivia, 48,5% en Brasil, 38,6% en Costa Rica, 32,6% en México y del 37,6% en Guatemala. Asimismo, la proporción de hogares encabezados por mujeres en los distintos estratos de pobreza es realmente alarmante. Hacia 1999, en Bolivia el 24,4% de los hogares en condición de indigencia estaban encabezados por mujeres, en Argentina el 36,9%, en Costa Rica el 55,8%, en El Salvador el 35,5% y en Honduras el 32,2%.

En este sentido, aunque en la mayoría de las políticas de reforma se establece la población pobre como grupo prioritario, la ausencia de un análisis desagregado por sexo limita el desarrollo de estrategias eficaces que atiendan a la población según sus necesidades. El sexo también se articula con otras categorías que pueden traer consigo diferentes niveles de vulnerabilidad social como la edad, la etnia, la zona de residencia, entre otras.

Además, el trabajo doméstico no reconocido ni compartido constituye una carga de trabajo adicional para las mujeres y una exposición a riesgos laborales específicos dentro del hogar. Igualmente, la violencia originada por razones de género es uno de los problemas más graves de salud pública. Según datos de las encuestas demográficas y de salud, en Nicaragua (1998), a nivel nacional, el 29% de las mujeres alguna vez en unión ha sido objeto de algún abuso físico o sexual alguna vez en su vida por parte de sus compañeros. En Colombia (2000) el 41% de las mujeres señaló que había sufrido violencia física por parte del esposo y en Perú (2000) el 41% de las mujeres alguna vez unidas manifestó haber sido empujada, golpeada o agredida físicamente por su esposo o compañero.

En términos de condiciones de salud, la mayor longevidad femenina no implica en ninguna medida mejor salud o calidad de vida. Las complicaciones vinculadas al embarazo y a la capacidad reproductiva continúan apareciendo como causas importantes de muerte. Tal como se señala en el informe “La Salud en las Américas 2002” de la OPS/OMS, en los albores del siglo XXI, el 15% de las madres gestantes en la región sufrirán complicaciones potencialmente mortales durante el embarazo, el parto y el puerperio y por lo menos 22.000 mujeres en edad fértil de América Latina y el Caribe morirán anualmente por esa causa.

Por otro lado, la utilización de los servicios de salud se asocia a diversas variables, como el estrato socioeconómico, la edad y el tipo de servicios. Las mujeres tienden a utilizar más los servicios preventivos, mientras que los hombres recurren con más frecuencia a los de urgencia, y las diferencias son variables en cuanto a servicios hospitalarios. Por su función reproductiva, las mujeres tienen mayor necesidad de utilizar los servicios de salud.

En cuanto al financiamiento de los servicios de salud, habitualmente las mujeres pagan más que los hombres por su salud y participan con enormes desventajas en el sistema formal e informal de prestación de salud. Por éstas y otras razones, resultan más afectadas cuando hay variaciones en los servicios públicos y cuando hay dificultad para acceder a ellos.

Esta situación de discriminación negativa de las mujeres, contrasta enormemente con su rol como productoras de salud. Está comprobado que en los países de las Américas, las mujeres son las principales gestoras de salud familiar para todos los grupos de edad: niñas y niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Se sabe también que las mujeres representan el 80% de la fuerza laboral remunerada en salud (aunque con muy escasa presencia en puestos de toma de decisión), y que representan el 90% del voluntariado comunitario en salud, además de ser las principales protectoras de la salud familiar, en donde ocurre el 80% de los actos de detección oportuna y atención primaria de la salud.

En el mencionado informe de la OPS uno de los principios más básicos y generales de la reforma de los sistemas de salud expresa el concepto de que las políticas públicas abren espacios a la participación de la sociedad civil en la definición de los intereses públicos y en la forma de satisfacerlos. Cuando se habla de sistemas de salud no sólo se incluye a los establecimientos y redes, sino también a todos los que cumplen una función de provisión de cuidados de salud a las personas, “sin importar su naturaleza jurídica o económica”. ¿Tiene entonces la mujer, en este marco, la posibilidad de ocupar un lugar mejor?

Los cambios en los modelos de gestión deben incluir a la mujer, pieza clave en promoción de salud, de una forma más dinámica y contundente. Pero persisten muchos interrogantes al respecto. Cabe preguntarse, ¿incluyen estas reformas medidas para reducir brechas injustas? ¿Consideran impactos diferenciales para mujeres y hombres de distintos grupos sociales? ¿La gestión de los recursos humanos incluye la participación femenina?

Un punto clave de este proceso, la descentralización, que aparece como una oportunidad para consolidar la participación de la mujer, también puede dar resultados negativos. Lo que podría ser un mecanismo canalizador de la voz femenina puede resultar en un efecto atomizador, relegando esas voces tan sólo a los niveles locales de discusión. Además, ¿proponen las plataformas de estas reformas mecanismos de inclusión para las mujeres de estratos sociales más pobres? Los laberintos de la exclusión pueden ser infinitos.

Las palabras pueden variar su sentido según cómo sean aplicadas. Políticas aparentemente neutras como “reducción de costos”, “eficiencia” y “descentralización” pueden reflejar, como señala Elsa Gómez, consultora del Programa Mujer, Salud y Desarrollo de la OPS, profundos sesgos de género porque implican transferencias de costos de la economía remunerada a la economía basada en el trabajo no pago de las mujeres, que son las principales proveedoras y promotoras del cuidado de salud en el hogar.

Nuevos retos de la globalización

La mayoría de los países garantiza expresamente el derecho de los habitantes a los cuidados de salud, muchos de ellos en sus constituciones. Pero, curiosamente, no hay información accesible para que cada ciudadano conozca, ejerza y exija este derecho. Muchas veces las prestaciones básicas (ofrecidas en forma de paquetes) no son suficientes. La mujer es la principal afectada por estos problemas, entre otras cosas, por su mayor morbilidad y longevidad.

No cabe duda de que no existe neutralidad de género en las políticas sobre el sector salud. El proceso todavía está abierto. Las políticas que no consideren las desigualdades de género terminarán siendo limitantes, produciendo, perpetuando o exacerbando las desigualdades, en desmedro de la salud de la sociedad y de las generaciones futuras.

Incorporar la mirada de género garantiza la solidez de las políticas desarrolladas en los procesos de reforma de los sistemas de salud. Es imperativo documentar las inequidades de género y diseminar estratégicamente esta información para fortalecer estrategias para este análisis. También propiciar mayor diálogo e interacción entre la sociedad y sus Gobiernos para poder abrir el juego a mayores y mejores propuestas integradas, plurales e iguales. Aún la agenda sobre género y reforma tiene varias asignaturas pendientes. Se necesita revisar el tema de la salud como derecho humano, que no se agota en el acceso a los servicios. Aspectos como la dignidad y privacidad deben ser operacionalizados más allá de arreglos institucionales sobre problemas técnicos y de infraestructura, incorporando a las personas como sujetos sociales en la gestión en salud.

Por otro lado, los procesos de globalización han transformado el mapa laboral en América Latina y el Caribe, generando nuevas condiciones de trabajo y nuevos retos vinculados a la migración, el tráfico de personas, particularmente de mujeres y la explotación sexual, entre otros aspectos. En este sentido, la reforma del sector salud debe ser analizada más allá de los componentes institucionales y/o sectoriales, colocándola en un marco amplio de políticas públicas, en donde la salud sea entendida y atendida como un producto social.

Las inequidades sólo pueden ser transformadas cuando se hacen visibles y se actúa para eliminarlas. Incorporar la perspectiva de género en los procesos de reforma es un reto ético y político impostergable que nos asegurará tener sociedades más justas y saludables.

En nombre de la vida

Vassallo, Marta

María del Carmen es una chica tucumana que a los 19 años ya ha tenido cinco hijos con un hombre que le lleva 18 años. Pero ella no fue noticia por su pubertad robada, su cuerpo avejentado ni la situación de abuso crónico en que vive. Apareció en la TV y en los diarios porque su primera hija, nacida hace 6 años con parálisis cerebral, acababa de morir de desnutrición. Y otros dos hijos estaban gravemente desnutridos, internados en el hospital. Todo lo cual la transformaba, además, en sospechosa: “Pero usted, ¿cuida a sus hijos?”. Periodistas y opinión pública parecían asombrarse de que ella sólo pueda reproducir su propia indigencia. Fue la primera de una larga y dolorosa serie de madres en duelo sobre cuyos hijos moribundos se centró la atención pública durante unos días.

Indigentes o no, una proporción creciente de niñas y adolescentes vive en el país en esas condiciones. Se calcula que cada año nacen en Argentina 3.400 bebés de madres que tienen entre 9 y 14 años. Los responsables de sus embarazos tienen entre 10 y 20 años más que ellas. La práctica es muy antigua; la conciencia que permite categorizar esas relaciones como abusivas es reciente, y se abre camino contra pesados obstáculos.

No es un secreto que la maternidad tan temprana, así como un lapso menor de dos años entre un parto y otro, aun en las adultas, son riesgosos para la madre y los hijos. Pero a niñas y adolescentes se extienden las políticas vigentes en materia de reproducción, que conforme se desciende en la escala social tienen consecuencias más funestas.

Recién el 30 de octubre último fue sancionada una Ley nacional de salud reproductiva. Su alcance nacional reviste importancia porque solamente las ciudades de Buenos Aires y Rosario y 13 gobiernos provinciales cuentan con programas denominados de procreación responsable.

Por primera vez se establece presupuesto oficial para impartir educación sexual y para la entrega de anticonceptivos no abortivos gratuitos en centros de salud. Pero las presiones eclesiásticas desvirtuaron la ley a los ojos de las agrupaciones de mujeres que la habían presentado y avalado. El Artículo 4º la inscribe “en el marco del ejercicio de los derechos y obligaciones de la patria potestad”, lo que podría dejar a las menores de edad excluidas de sus beneficios. ¿Cuál sería el marco de patria potestad de María del Carmen? ¿El de su familia de origen, que no figura? ¿El del hombre que la embaraza desde que ella tiene 12 años? El artículo 9º exceptúa a las instituciones privadas del cumplimiento del artículo 6º, que establece la entrega de anticonceptivos a demanda de los beneficiarios. Pero además fue eliminada del texto de ese artículo la enumeración de métodos anticonceptivos, lo que puede neutralizar su sentido, dado que para la Iglesia todos los métodos salvo el Billing son abortivos. Y a la Ley todavía le falta ser reglamentada en el marco de la Mesa del Diálogo, donde pueden seguir podándola…

Desde los inicios, la Ley careció del apoyo de algunos sectores feministas, que no aceptaron que una ley de esa naturaleza no incluyera el derecho al aborto. El aborto clandestino es la causa del 30% de muertes maternas en el país, calculadas a su vez en 35 cada 100.000 nacidos vivos, según datos oficiales de 2000, con un subregistro del 50%. Se calcula que en el país se realizan aproximadamente 500 mil abortos clandestinos anuales, de los cuales alrededor de 500 provocan la muerte por infección generalizada. Las mujeres que se internan por complicaciones postabortivas ocupan el tercio de las camas de los hospitales públicos. Esto sucede mientras en varios países desarrollados se comercializan píldoras abortivas, sustrayendo al aborto de todo riesgo quirúrgico. En los hechos, en Argentina ni siquiera se observa la no punibilidad del aborto consagrada por la ley en casos extremos. Lo mostraron los múltiples casos de embarazos anencefálicos que se suceden desde 2001 en que a la embarazada se le niega el derecho al aborto terapéutico.


Autor/es Mirta Roses
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 43 - Enero 2003
Páginas:30,31
Temas Sexismo, Política, Trabajo, Derechos Humanos, Salud
Países Argentina