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Los países ricos obstaculizan el acceso a los medicamentos

El acuerdo alcanzado en 2001 en Doha (Qatar) por los miembros de la OMC a fines de proteger la salud pública y restringir el uso de las patentes medicinales en los países en vías de desarrollo se encuentra sometido a una fuerte ofensiva cuyo campo de batalla es el acuerdo denominado Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Con Estados Unidos y la Unión Europea encabezando la defensa de las grandes compañías farmacéuticas, los "avances" obtenidos podrían convertirse en retrocesos.

¿Cambio de política o metida de pata presidencial? Una breve frase pronunciada por George W. Bush en su discurso sobre el Estado de la Unión, en enero de 2003, dejó perplejos a los observadores. Al anunciar un aumento sustancial de la participación estadounidense en el financiamiento de la lucha mundial contra el sida, el presidente Bush se alegró de la caída del costo anual de un tratamiento anti-retroviral de 12.000 a… 300 dólares, un precio que actualmente sólo proponen los fabricantes de copias genéricas. La actual administración estadounidense (al igual que la anterior) combate ruidosamente, en todos los foros internacionales, esos mismos genéricos que, según Bush, “ponen a nuestro alcance inmensas posibilidades”.

Desde hace dos años, la Organización Mundial de Comercio (OMC) se encuentra inmersa en un amargo combate en torno a las patentes de los medicamentos. Las principales potencias comerciales –Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza, seguidas por Japón y Canadá– lo han intentado todo con el fin de malograr el acuerdo celebrado en Doha (Qatar), en noviembre de 2001. Y la intransigencia de Estados Unidos hizo que fracasaran en Ginebra las “discusiones de la última oportunidad”, a fines de diciembre de 2002.

La controversia giraba en torno al alcance de las necesidades sanitarias en nombre de las cuales un país estaría autorizado a pasar por alto las patentes, para curar a su población. Según los países ricos, cuyas industrias monopolizan la cuasi-totalidad de las patentes farmacéuticas mundiales, podrían tolerarse excepciones a las patentes para los medicamentos contra el sida, la tuberculosis y el paludismo, en las que incluyen, generosamente, un puñado de enfermedades, la mayoría tropicales y de escaso interés comercial. Pero ni el cáncer, ni la diabetes, ni el asma, por ejemplo, figuran en la lista restrictiva de enfermedades a las cuales quieren circunscribir el acuerdo de Doha.

Se contemplaron otros aspectos, más técnicos, con el fin de limitar el alcance del acuerdo: reducir la nómina de países autorizados a reclamar dichas excepciones; restringir las tecnologías a las que éstos podían aspirar en el marco del acuerdo y crear un conjunto de obligaciones legales que sería al mismo tiempo costoso y difícil de implementar y que limitaría aun más las posibilidades de procurarse, a bajo precio, medicamentos patentados… Los países ricos, en realidad, habían conspirado para desvalorizar –o destruir– las promesas hechas un año antes.

¿Cómo se llegó a esto? Los acontecimientos que precedieron el encuentro de Doha habían sido dramáticos: 39 empresas farmacéuticas habían iniciado una demanda contra el gobierno sudafricano para obligarlo a anular una modificación a las leyes sobre patentes. Grave error mediático: en abril de 2001, la movilización de seropositivos sudafricanos y las imágenes provenientes de los tribunales derivaron en un desastre para las empresas demandantes y llenaron de vergüenza a la opinión pública de los países ricos. Al mismo tiempo, Estados Unidos había solicitado a la OMC la anulación de una ley brasileña destinada a eludir los derechos de patentes, antes de abandonar el procedimiento, bajo una lluvia de críticas.

¿Una nueva era?

Posteriormente, como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos fue presa del pánico frente al bioterrorismo: sobres que contenían esporas de bacilo del carbunco, enviados a algunos funcionarios y organismos de prensa, habían provocado cinco muertos, y el país se preocupaba por su acceso al Cipro, un medicamento capaz de tratar ciertas cepas de esta enfermedad. Para garantizar un aprovisionamiento suficiente a un precio reducido, Canadá y Estados Unidos amenazaron a Bayer, titular de la patente del Cipro, con ignorar su patente; un acto legítimo, pero que se contradice con la presión ejercida sobre Brasil o Sudáfrica para impedirles hacer lo mismo con el sida…

Poniéndose a la defensiva, los países ricos aceptaron, durante la reunión de Doha, una declaración general sobre el derecho de los países a tomar medidas para proteger la salud pública. Un logro presentado como el inicio de una nueva era del comercio internacional, más justa para los pobres. Los siguientes catorce meses de negociaciones, en los que debían tratarse los detalles de la implementación de la declaración de Doha, quedaron fuera de control. Estados Unidos y la Unión Europea consolidaron su apoyo a los grandes exportadores de productos farmacéuticos, al punto que, para los países en vías de desarrollo y los defensores de la salud pública, los “avances” de Doha resultaron un retroceso.

La batalla se libra en torno al acuerdo denominado ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), uno de los tres pilares de la OMC1. En teoría, este acuerdo es flexible, puesto que permite a cada país adoptar algunas medidas para proteger el interés público, especialmente la salud. Una de sus medidas más importantes permite a un gobierno obligar al titular de una patente a autorizar una producción local –mecanismo conocido con el nombre de licencia obligatoria–, negociando luego una modesta compensación financiera.

En Doha, el conjunto de los países miembros de la Organización Mundial de Comercio aprobó una declaración sobre los ADPIC y la salud pública, según la cual, dicho acuerdo “puede y debería ser interpretado e implementado de manera tal que apoye el derecho de los miembros de la OMC a proteger la salud pública y, especialmente, a promover el acceso de todos a los medicamentos”. La declaración, de una fuerza sorprendente para esta organización, disgustó a las grandes compañías farmacéuticas. En respuesta, la industria concentró sus fuerzas en uno de los puntos clave de su implementación.

Un "tercero de confianza"

El párrafo 6 de la declaración le ordenaba a la OMC que encontrase una solución al problema de las restricciones a la exportación. En efecto, cuando un país decide imponer una licencia obligatoria sobre una patente, se entiende que la copia del medicamento realizada por las industrias locales debe destinarse principalmente al mercado interno. Pero si todos los países potencialmente productores se ven impedidos de exportar, ¿cómo podría un país que no posee ninguna industria local hacer valer sus derechos? Y, si su mercado local es pequeño, ¿cómo podría el mismo país disponer de productores locales viables, sabiendo que, en la industria farmacéutica, las economías de escala son muy importantes? Una solución razonable –y que no contradice el librecambismo predicado por la OMC– hubiera sido autorizar la exportación de una copia de medicamento al conjunto de los países que han decidido hacer prevalecer el derecho a la salud sobre el respeto a las patentes. Así, se organizaría, concretamente, la distribución al menor costo posible de medicamentos que permitirían aliviar sufrimientos y evitar la muerte de millones de personas.

¿Detalles de la implementación? Es ese párrafo 6, sin embargo, el que les provee a Robert Zoellick, representante comercial de Estados Unidos, y a Pascal Lamy, comisario europeo de Comercio Exterior, la herramienta decisiva para invertir el sentido de la declaración de Doha, luego de haber cosechado sus beneficios mediáticos. A fines de diciembre de 2002, en los últimos días de la maratónica negociación, y bajo la presión del lobby farmacéutico, Washington sacó de la galera un listado restrictivo de las enfermedades incluidas en la declaración. Esta enumeración, que no se basa en ningún criterio de salud pública, generó la oposición unánime de 143 países de los 144 miembros de la OMC, así como de la directora saliente –y del futuro director– de la Organización Mundial de la Salud. Ello no impidió que Lamy intentara reanudar las negociaciones, el 7 de enero de 2003, sobre la base de un listado similar, sugiriendo que, para toda enfermedad que no figurase allí, una consulta previa a la OMS permitiría “introducir a un tercero de confianza para aceitar los mecanismos de la negociación”2. La “confianza”, palabra clave que abre el camino a todas las presiones bilaterales…

Estados Unidos y la Unión Europea ponen de ahora en más a los países pobres ante una opción difícil y cruel: o aceptan un acuerdo viciado y complejo, lleno de limitaciones y restricciones que, al final, sólo funcionará (mal) en unos pocos países, o se quedan con las manos vacías. Así, para Zoellick, “el problema era que cada vez más países querían obtener el derecho de importar desde terceros países (…), incluidos los países que disponen de una industria farmacéutica fuerte. Entonces, el conjunto de países que pueden disponer de estos privilegios especiales, se extiende aproximadamente a 120. Luego, algunos países quieren ampliar el acuerdo a más enfermedades. Entonces, lo que supuestamente es una excepción para circunstancias especiales, se extiende a casi todos los países fuera de la OCDE, luego a todas las enfermedades, y al final, se hace un agujero en el régimen de propiedad intelectual”3.

Desde luego, las excepciones al derecho de las patentes continuarán aplicándose sin dificultad en los países ricos, donde los mercados son importantes y donde el Estado no duda en exigir licencias obligatorias sobre numerosas tecnologías. El Cipro no fue un caso aislado: Estados Unidos impuso recientemente cientos de licencias obligatorias sobre tecnologías tan diversas como los camiones semirremolque, variedades de cereales, productos farmacéuticos, patentes genéticas, hardware y software… por sólo mencionar algunas.

Por su parte, el comisario europeo Pascal Lamy intenta persuadir a los países en vías de desarrollo de que “los medicamentos no se inventan solos”, y nada hace cuando Japón solicita que se excluyan las vacunas de la negociación. Su equipo explica a los periodistas que la diabetes, el cáncer o el asma no son prioritarios. Pero, al mismo tiempo, la Unión Europea implementa un programa de licencias obligatorias sobre nuevas variedades de plantas, y Gran Bretaña, Francia y Canadá sugieren que están dispuestos a pasar por alto las patentes de Myriad sobre los genes vinculados al cáncer de mama4. Recientemente, inclusive, el laboratorio Roche utilizaba una ley alemana sobre propiedad intelectual para obligar a Chiron, una empresa californiana de biotecnología, a concederle una licencia sobre una tecnología de tests de HIV.

Las discusiones pretenden ser muy técnicas, pero algunos elementos deberían tener la fuerza de la evidencia. Lamy y Zoellick generan un falso debate en torno a la cuestión de las licencias obligatorias, porque el acuerdo sobre los ADPIC ya otorga a cada país miembro de la OMC el derecho de ignorar una patente, determinando él mismo sus razones. Esto, como se ha visto, no puede funcionar eficazmente en los pequeños países, cuyo mercado local es limitado. Más aun cuando, en 2005, India y otros potenciales exportadores de copias de medicamentos se someterán a las obligaciones de los ADPIC y ya no estarán autorizados a proveer a esos pequeños países medicamentos a bajo precio.

Ningún indicio permite pensar, por otra parte, que los países en vías de desarrollo abusarán de las licencias obligatorias. En la práctica, actualmente, sucede incluso lo contrario, al ser escasos los países que se atreven a hacer valer sus derechos, frente al riesgo de medidas de intimidación y represalias. Sudáfrica, aunque posea 5 millones de seropositivos5, rechazó a fines de 2002 una solicitud de licencia obligatoria sobre medicamentos contra el sida sugerida por el fabricante indio Cipla. En cuanto a Brasil, se limitó a amenazar, en tres oportunidades, con hacer uso de las licencias obligatorias, dos veces para productos contra el sida muy onerosos, y una vez para el Glivec, un medicamento contra la leucemia que cuesta 50.000 euros por año. En los tres casos, alcanzó un acuerdo amistoso de reducción de precios.

La afirmación según la cual la neumonía, la diabetes, el asma, las enfermedades cardíacas o el cáncer no son prioritarias para los pobres es producto de la ignorancia o del cinismo: la mayoría de las muertes por cáncer se producen en los países pobres (80 millones de personas afectadas no tienen acceso a tratamientos). En las islas Seychelles, la hipertensión afecta al 22% de la población; en Cuba, al 30%. El asma mata a 180.000 personas por año, sobre todo en los países pobres, y los casos que no son mortales causan sufrimientos importantes en aquellos países que no tienen acceso a tratamientos (en Brasil, Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay, la frecuencia de síntomas asmáticos en los niños varía del 20% al 30%; en Kenia es cercana al 20%). Dos tercios de las personas que sufren de sordera viven en los países en vías de desarrollo. India tiene dos veces más pacientes diabéticos que Estados Unidos, Etiopía más que Suiza, etc. Y la depresión inmunitaria provocada por el sida torna cada enfermedad, incluso la más benigna, potencialmente mortal.

Los países en vías de desarrollo, asfixiados por la deuda, asignan muchos menos recursos a la salud. Cada dólar ahorrado en el costo de los tratamientos, vacunas, tests, para una u otra de las enfermedades que afectan a sus poblaciones, es un dólar que puede utilizarse para adquirir más medicamentos, o medicamentos más caros, para mantener o reconstruir las infraestructuras, pagar médicos y enfermeras, etc. El acuerdo de noviembre de 2001, implementado por gente de buena fe, debía eliminar los principales obstáculos jurídicos que impiden a estos países organizarse para promover el acceso de todos a los tratamientos. Por el contrario, los representantes de los países mejor dotados en materia de salud y nivel de vida se han dedicado, desde entonces, al sabotaje sistemático de la declaración de Doha.

  1. Los otros dos pilares son el comercio de mercancías (GATT) y servicios (AGCS).
  2. Respuesta dada a Le Monde diplomatique sobre el origen de su versión del listado.
  3. Conferencia de prensa del 16-01-03, transcripta en www.ustr.gov
  4. John Sulston, “El genoma humano, dominio público por excelencia”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, diciembre de 2002.
  5. Philippe Rivière, “Vivir con sida en Soweto”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, agosto de 2002.
Autor/es James Love
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 45 - Marzo 2003
Páginas:32,33
Traducción Gustavo Recalde
Temas Patentes, Salud