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Medidas de soberanía económica

El gobierno de Eduardo Duhalde se sirvió del argumento de su paso efímero por el poder para justificar la preservación del sector financiero, al que adjuntó los principales grupos exportadores, en lo que calificó como "alianza con la producción". Se trató de un redespliegue del establishment: el 10% más rico amplió su participación en el ingreso un 2.7% respecto de 2001, alcanzando el 37.4% de la riqueza nacional 1. Cada decisión económica del próximo gobierno será producto de una opción política, que definirá ganadores y perdedores.

El eje del problema es la soberanía económica. En un mundo en que la “interdependencia” y la “globalización” económica están a la orden del día, los países que mejor se insertan son aquellos que disponen de un margen de maniobra propio y autónomo. Un país independiente debe ser capaz de adoptar decisiones de acuerdo con su interés nacional sin estar sometido a potencias extranjeras o a organismos internacionales. En la Declaración de la Independencia, del 9 de julio de 1816 se lee que la nación debe ser libre e independiente y recuperar el “amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia”.

En pos de esa soberanía, la deuda

externa es quizá la primera cuestión económica que requerirá la decisión del próximo gobierno. En la historia argentina el endeudamiento externo ha servido tanto para instalar grupos políticos y económicos hegemónicos como para transferir ingresos al exterior en magnitud gigantesca. Es la base de la dominación del sector financiero nacional e internacional. Esta cuestión, que supera por mucho las características contables, es el nudo gordiano de la “Santa Alianza” de los sectores financieros nacional e internacional para saquear al país. La deuda deberá negociarse sobre la base del planteo jurídico de la ilegalidad (la usura en primer término); de fuertes quitas de capital e intereses; de la recompra de bonos con muy baja cotización; y del pago en pesos y en cómodas cuotas a los tenedores de bonos residentes en la Argentina. La carga del pago remanente deberá gozar de un período de gracia y recaer en los beneficiarios de la deuda vía régimen fiscal, en especial mediante el gravamen a los capitales evadidos.

También debe recuperarse la soberanía monetaria. El sector financiero pretende seguir dominando la economía, como lo ha hecho desde 1976. Para poner sus prerrogativas al abrigo de cualquier gobierno popular, aspira a reservarse el manejo de la moneda y las finanzas sin interferencias del poder político. La “autonomía” del Banco Central no es más que el derecho de pernada sobre la economía nacional. Cualquier gobierno que realmente quiera cambiar de política deberá poner al Banco Central bajo jurisdicción del Ministerio de Economía: un plan económico no puede ejecutarse si no se manejan la moneda, el crédito y las finanzas2.

El tema fiscal completa este panorama, puesto que no hay soberanía si no se dispone de los recursos necesarios. En la era rentístico financiera, los recursos provenían de la venta de empresas estatales y del endeudamiento externo. Es esencial saber si el próximo gobierno reformará el sistema fiscal, o tornará a reinsertar a Argentina en el circuito del endeudamiento, incluso para pagar subsidios sociales. El camino es cambiar el sistema fiscal en el sentido del interés nacional. Ante todo, es necesario implantar un régimen progresivo, es decir que aumente el peso relativo de los impuestos al patrimonio y la renta (concentrándolos en el 20% más rico) y disminuya los referidos al consumo. En especial deben gravarse las ganancias especulativas derivadas de la devaluación, sobre todo las generadas por la pesificación de los grupos de altos ingresos y por las exportaciones de petróleo y cereales.

Pero no sólo se trata del régimen legal que hace pagar a unos y exime a otros; también habrá que atacar la evasión, que es enorme. En 2000, con una recaudación tributaria y previsional total de 49.000 millones de pesos, se calcula que sólo la evasión del IVA y del impuesto a las ganancias rondó los 32.000 millones de pesos3. Otro ejemplo es el de la aduana; para apreciarlo, más que a los números hay que recurrir a la sección de homicidios de la crónica policial. Si un gobierno justo debe modificar el régimen fiscal, un gobierno honesto debe terminar con la mafia de la aduana, un “colador” de miles de millones de contrabando que afecta gravemente a la economía.

Otro rasgo de la soberanía es que la renta de los recursos naturales sea captada por el Estado. La principal es la del petróleo. Para revertir la actual situación de entrega de ese recurso fundamental es necesario crear la Empresa Nacional de Hidrocarburos, con el Estado nacional como único accionista, que retome las actividades de YPF. Se puede empezar por rescatar las concesiones y permisos ilegales que explota Repsol y adjudicárselos a la nueva empresa estatal, al mismo tiempo que se recupera parte de esa renta por vía fiscal.

No hay soberanía sin unidad nacional. Es necesario que todo el país esté relacionado en lo económico, en lo político, en lo ideológico, para lo cual es esencial que la red ferroviaria vuelva a cubrir toda la nación; debe reinsuflarse vida a los cientos de pueblos del interior que han quedado aislados, convertidos en poblaciones fantasma. La ocupación y el desarrollo territorial son signos del desarrollo, tanto más eficaces cuando contribuyen a desmoronar los feudalismos localistas. Hay varias formas de concretar un plan de esta índole. Las empresas concesionarias no han cumplido con sus obligaciones, por lo que pueden rescindirse sus concesiones: es el momento de crear una empresa nacional que sea dueña de la infraestructura, que determine la forma de operación del sistema y que sea el vector para unir territorios, poblaciones, bienes, servicios e ideas4.

Los cambios enunciados y los demás necesarios para configurar un país soberano, con dosis adecuadas de libertad, justicia y racionalidad, son imposibles de realizar mientras los dueños del país sigan siendo los bancos, los propietarios de las empresas privatizadas, los concesionarios de servicios públicos y los que captan la renta de los recursos naturales (en especial del petróleo); amparados por la “filosofía” económica que impone el Fondo Monetario Internacional.

  1. La Nación, Buenos Aires, 16-3-03, sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC de octubre de 2002.
  2. Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, “La batalla por el Banco Central”, Le Monde diplomatique edición Cono Sur, enero de 2003.
  3. José Sbattella, “La evasión impositiva”, Le Monde Diplomatique Ed. Cono Sur, octubre de 2001.
  4. Félix Herrero y Élido Veschi, “Ferrocarriles en vía muerta”, Le Monde Diplomatique edición Cono Sur, febrero de 2002.
Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 46 - Abril 2003
Páginas:11
Temas Desarrollo, Estado (Política), Políticas Locales
Países Argentina