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Recuadros:

Secretos bien guardados

Desde las denuncias contra el sacerdote Julio Grassi a las acusaciones contra el abogado salteño Simón Hoyos y el empresario venezolano Eduardo Schlageter Boulton, pasando por la condena del sacerdote Hector Pared, el abuso sexual contra niños y adolescentes alcanzó sostenida repercusión en los medios argentinos en los últimos meses. El tratamiento mediático de estos casos es condenatorio y parece alentar las denuncias 1, pero en general reviste una espectacularidad que oculta la frecuencia y naturalización de esos hechos.

Aunque todavía presente en el Código Penal argentino bajo categorías como “abuso deshonesto”, “corrupción de menores”, etc., el delito de utilización sexual de niños y adolescentes por adultos aparece en las últimas décadas bajo otra luz, tanto en el área de la salud (la problemática específica del maltrato infanto-juvenil), como en el legal a través de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución argentina en ocasión de su reforma en 1994. El marco legal se completa con otros instrumentos, como la modificación del Código Penal en lo que hace a “delitos contra la integridad sexual” realizada en 1999, por la cual el abuso sexual abarca desde el manoseo a la penetración por cualquer vía2; y las leyes de protección contra la violencia familiar, que establecen la obligatoriedad de la denuncia por terceros en casos de daño a menores de edad.

El reconocimiento del maltrato infantil como objeto específico de estudio se remonta a los años ’60. The Battered Child, de Henry y Ruth Kempe conocido en castellano como El síndrome del niño apaleado, fue editado por primera vez en 1968, sobre la base de un trabajo presentado por los Kempe en la Academia de Pediatría de Estados Unidos en 1961. El abuso sexual como una de las formas más graves del maltrato infantil empieza a ser reconocido como problema específico a finales de los años ’70.

“El interés profesional por el maltrato de niños (…) es el resultado de un amplio movimiento social que arraiga en dos profundos cambios: el surgimiento de una nueva y gran clase de profesionales especializados en tratar con el niño y la familias (…) y la emancipación de la mujer de la esfera doméstica (…)”, define el sociólogo estadounidense David Finkelhor3. La profundidad de esta transformación “moral histórica” como la califica Finkelhor, explica tal vez las también profundas resistencias que suscita.

A la descripción de Finkelhor cabe añadir la idea de que la nueva noción de abuso es fruto de la cultura de los derechos humanos. El abuso sexual se concibe como una forma de abuso de poder, por la cual un adulto se impone –con distintos grados de violencia, física, emocional o simbólica– sobre un niño que por su condición de tal no está en condiciones de defenderse, perturbando gravemente su evolución.

Prejuicios y realidades

En Argentina no existen estadísticas, salvo muy parciales, pero se sabe que es reducida la proporción de casos que culminan con alguna sanción para el abusador, que el sistema de testigo protegido no se aplica a estos delitos y que no hay un seguimiento de la recuperación de las víctimas. Existe una flagrante contradicción entre el tono de indignación escandalizada que signa la cobertura mediática de hechos de este tipo, los destemplados pedidos de castración o muerte para los responsables y la respuesta judicial y social real ante un abusador y su víctima. Muy especialmente cuando se trata de lo que según los profesionales consagrados a esta problemática es la forma más frecuente, más dañina y más oculta de abuso sexual contra niños o adolescentes: el abuso intrafamiliar. Éste resulta tanto más grave y dañino cuanto más se prolonga en el tiempo, cuanto más silenciada sea la víctima y cuanto más cercano a ella sea el perpetrador: su padre o madre biológicos, padrastros, hermanos o medio hermanos. Aunque hay acuerdo en la existencia del incesto materno, se admite que la mayoría abrumadora de casos conocidos consiste en el abuso de un hombre adulto (padre o padrastro) contra un niño, preferentemente niña, o púber.

Los profesionales suelen encontrarse remando contra una corriente determinada por prejuicios y estereotipos culturales. Tienen razones para recordar el testimonio del psicoanalista estadounidense Roland Summit: “Quien sea tocado por la realidad del abuso sexual de niños entrará a un mundo nuevo, del que no hay regreso…”4.

El abogado Juan Pablo María Viar enumera los preconceptos que interfieren en la detección de los casos, su comprensión y la consecuente sanción del abusador, vital para la salud de la víctima. El primordial es la sacralidad de la familia. En una concepción que de ninguna manera es privativa de sectores tradicionalistas o debida a convicciones religiosas, la familia es pensada como una institución cuya unidad estaría por encima de la integridad personal de sus miembros. No es por azar que la sociedad no dispone de alternativas válidas para chicos y adolescentes cuyas familias no cumplen su papel de protectoras y constructoras de personalidad. Las pocas alternativas existentes son inadecuadas (el encierro en institutos de menores, donde chicos con problemas asistenciales conviven con otros con reales conflictos con la ley), o se ven desbordadas por la amplitud y la complejidad de la demanda: es el caso del Centro de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia, CAINA, entidad estatal de puertas abiertas, que trabaja con niños en situación de calle. La especialista en psicología clínica infanto-juvenil Alicia Ganduglia explica cómo la doctrina de la preservación del grupo familiar biológico impide a menudo la discriminación entre los vínculos familiares de riesgo y los protectores5. “La concepción patriarcal de familia, que implica que lo que sucede en el ámbito familiar es privado, está en directa relación con el silenciamiento de este delito”, opina el juez de Cámara del tribunal oral en lo Criminal Federal Nº 2 de La Plata, Carlos Alberto Rozanski.

En segundo término, Viar menciona como preconcepto la concepción alentada por sectores “progresistas” según la cual toda violencia, incluida la sexual, es una manifestación de (o una respuesta a) la violencia social y política. Suelen coincidir con quienes desestiman la intervención del Estado o la justicia en casos de abuso sexual en sectores pobres o marginales con el argumento de oponerse a la “judicialización de la pobreza”. Otro prejuicio es la idea de que estos hechos son propios de las clases bajas. “Todas las formas de maltrato infantil se detectan en mayor proporción entre las familias de niveles socioeconómicos bajos, pero esto no se debe a una prevalencia, sino a que se trata de una franja de población que está más expuesta a la intervención de la comunidad”, escribe Irene Intebi6, creadora del Programa de Asistencia al Maltrato Infantil, dependiente de la Dirección de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vigente desde el 22 de mayo de 1993.

Otro preconcepto es el que dice que la conducta abusiva es sólo propia de psicópatas o débiles mentales –o cualquier otra categoría psiquiátrica–, afirmación que no sólo responde a la tendencia a psiquiatrizar una problemática cuya naturaleza es psicosocial, sino que no responde al consenso científico actual relacionado con la personalidad del ofensor sexual. Por último, tiene mucha fuerza la idea del carácter fabulador de los niños, o de su sugestionabilidad por los adultos. “Como si el niño pudiera engañarnos”, apunta la médica forense y psiquiatra infanto juvenil Virginia Berlinerblau, que además aclara: “es imposible que un chico fantasee con sexualidad explícita”. En la respuesta asistencial a las víctimas de abuso, se registra un fuerte conflicto entre los profesionales de la salud mental que ante un caso de abuso sexual asumen el mandato de protección de la Convención de Derechos del Niño y ciertas posiciones teóricas. Ganduglia señala, por ejemplo, para el caso del psicoanálisis , el dilema teórico-clínico que parece suscitarse entre la noción de abuso sexual infantil y el descubrimiento de la sexualidad del niño por parte de Freud. Según ella, el dilema daría lugar a una “oposición no pertinente entre la idea de un pre-freudiano niño inocente y la existencia de la sexualidad infantil”. De modo que una aplicación incorrecta de la noción de “responsabilidad sexual del niño” hereda a menudo, a modo de un nuevo mito, el más antiguo prejuicio de la niña que seduce al adulto7.

Estas interpretaciones remiten al viraje registrado en el pensamiento de Freud entre su Etiología de la histeria, de 1896, donde postula la tesis de que el denominador común de diversos casos de pacientes neuróticas es que ellas tuvieron vivencias de experiencias sexuales prematuras impuestas por el padre o algún allegado, y las elaboraciones posteriores, plasmadas en Tres ensayos sobre una teoría sexual, de 1905, en que la denominada “teoría de la seducción” es sustituida por la de que esos supuestos recuerdos de las pacientes serían expresión de deseos edípicos infantiles, fantasías inconscientes defensivas8. Resulta curioso que, a pesar de las herramientas que brinda la teoría psicoanalítica, haya psicoterapeutas que tiendan a no distinguir en la escucha de un niño o adolescente entre fantasías proyectivas y los rasgos indicativos de una experiencia vivida.

“El problema no es Freud; el problema son los y las psicoanalistas con tal sometimiento al pensamiento y políticas patriarcales que repiten a Freud sin posibilidad de revisión”, resuelve la psicoanalista Eva Giberti, quien señala la diferencia con una nueva corriente de psicoanalistas con amplia experiencia hospitalaria y en el estudio del psiquismo infantil que “no están dispuestos a interpretar; miran, miran los dibujos de los chicos y escuchan a los forenses…”.

¿Cómo se prueba un delito cometido sin testigos por un adulto contra un niño, que no necesariamente deja huellas físicas? Berlinerblau considera que la entrevista psiquiátrica forense, al dar lugar al “examen del testimonio del niño, su conducta, su estado afectivo y, en el caso de los más pequeños, de sus juegos y dibujos, puede llegar a brindar un panorama bastante claro en relación con la probabilidad de abuso sexual”.

Lo grave es que el niño sea tratado como sospechoso. Es habitual, en los casos de denuncia de incesto, que el acusado quede en la casa y sea la niña la que es alejada, lo que es vivido por ella como un castigo. “El juez saca a la chica por ‘riesgo moral’ de la casa y la coloca en un hogar. La chica pierde familia, barrio, amigos. Cuando es llevada al hospital a parir (el hijo engendrado en el incesto), aparece el padre reivindicando su patria potestad, el derecho a ver a su hija, aunque ella no quiera verlo…” describe Eva Giberti, para quien la impunidad empieza con la minimización del incesto presentado como “abuso agravado por el vínculo”. En el mismo sentido, el abogado Silvio Lamberti defiende “la creación de una figura penal que sancione al incesto en forma autónoma”9.

Aun en los pocos casos que acceden a la instancia legal, es frecuente un proceso que culmina en que la niña, niño o adolescente se retracta en alguno de los interrogatorios de las denuncias que había expuesto antes. La retractación fortalece la posición de quienes sostuvieron que se trataba de un invento. “La retractación de un chico o adolescente no es lo mismo que la de un adulto, debiera ser cuidadosamente investigada”, apunta Berlinerblau. El juez Rozanski interpreta la retractación como una muestra de la dificultad del chico para sobrellevar las consecuencias de la denuncia, su vulnerabilidad a extorsiones y amenazas, su hacerse responsable del desmembramiento familiar y aun de haber sido elegido como objeto de abuso, etc.10. Este juez es autor de una propuesta de modificación de los procedimientos penales, dirigida a evitar el sufrimiento adicional que imponen los interrogatorios en sede policial y judicial a niños y adolescentes involucrados en casos de abuso. Propone esencialmente que los chicos menores de 16 años en esa situación “sólo sean entrevistados por un psicólogo especialista en niños y adolescentes designado por el tribunal, que el acto se lleve a cabo en un gabinete acondicionado con los elementos adecuados a la edad del niño; las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video…”11.

Peligrosa reacción

Los profesionales dedicados a la protección de la infancia afrontan lo que denominan, siguiendo movimientos similares aparecidos en otros países, un backlash, una reacción contra el proceso de visibilización del abuso sexual en la infancia que hacen remontar a los dos últimos años. Una expresión paradigmática de ese contra-movimiento fue el artículo del ex juez Eduardo Cárdenas, “El abuso de la denuncia de abuso”12, donde se denuncia la existencia de una supuesta industria de la denuncia del abuso sexual, protagonizada fundamentalmente por madres contra los ex maridos en pleitos por tenencia de los hijos. Además, defiende el derecho del padre acusado a ser integrado a todas las decisiones concernientes a su hijo o hija.

A este respecto, Berlinerblau pone énfasis en la distinción entre denuncias falsas –en el sentido de inventos– y denuncias no sustanciadas. La denuncia sustanciada es la que cuenta con elementos de prueba para llevar a juicio. La no sustanciada es aquella en que hay sospecha pero no hay elementos suficientes ni para confirmar ni para descartar la denuncia. El porcentaje de mentiras deliberadas es irrisorio. Esta profesional cuenta con los datos de una muestra de 315 casos de chicos (73% de chicas y 27% de varones) de 2 a 18 años, de 1994 a 2000, en la que el 45,7% de los acusados fueron padres, el 15,2% padrastros, el 9,2% otros familiares, el 27,3% conocidos y el 0,25% desconocidos. El 52% de los casos se consideró sustanciado, el 57,6% no sustanciado y se registró un 3,8% de falsas denuncias13.

Viar interpreta que esta reacción se desató cuando las denuncias y procesos por maltrato infantil salieron del ámbito de sectores populares y marginales y empezó a revelarse su frecuencia en sectores medios y altos, al tiempo que dentro del maltrato genérico (fundamentalmente abandono o golpes) se incrementaron las denuncias por incesto.

La revinculación, esto es, el intento de “reconstituir un vínculo paterno filial que ha sido suspendido o limitado como un modo de proteger al niño de un daño o riesgo de daño para su desarrollo psicofísico”, es la forma que toma la doctrina de que lo prioritario es preservar el vínculo con los familiares biológicos. “La revinculación alcanzó un primer plano a partir de una problemática que no surge del interior de la tarea psicoterapéutica, sino de la conjunción de padres y madres que comenzaron a responder a la intervención estatal en las familias con la reivindicación de los derechos parentales, en conjunción con el punto de vista de operadores de distintas disciplinas que, poniendo en primer plano la ideología de la no judicialización del espacio privado de la familia, del derecho al vínculo y de la asociación errónea entre negligencia y pobreza, minimizan la consideración de los factores de riesgo”14.

Es de destacar cómo esta reacción alimenta la noción de una madre vengativa que sugestiona a sus hijos para sacar ventaja. Las asociaciones Apadeshi (Asociación de Padres Separados de sus Hijos) y Gapadeshi (Grupo de Autoayuda para Padres Separados de sus Hijos), han logrado ya en varias oportunidades condenas a cárcel a mujeres que interferían las visitas del ex marido a los hijos, sin demasiado cuidado en cuanto a los antecedentes de esos padres y la situación vivida por los miembros de la familia.

Esa madre mentirosa es la contracara de la madre cómplice, la otra versión de la madre de la niña abusada que jueces y trabajadores sociales tienden a generalizar como la única existente: es la madre que por dependencia (¿económica?¿emocional?) prefiere seguir contando con su marido o compañero antes que librar a sus hijos de situaciones de maltrato o abuso15. Sin embargo, hay quienes reconocen la existencia de madres protectoras, que una vez que ven lo que está sucediendo “soportan una justicia que muchas veces las revictimiza, y deben enfrentarse no sólo a la pérdida de la integridad emocional de sus hijos, con la consecuente necesidad de repararlos, sino también a la pérdida de su matrimonio, su trabajo, de vínculos familiares y amistosos…”, dice Ganduglia. Eva Giberti apunta que las madres tienden a ser responsabilizadas por la opinión pública hagan lo que hagan: “Hay quienes dicen: ‘cómo vivía con ese degenerado’, y quienes dicen: ‘hubiera visto el modo de que todo pasara despercibido, no es para tanto’… Son perdedoras, y nadie quiere identificarse con un perdedor.”

  1. La Nacion, Buenos Aires, 2-3-03.
  2. Silvia Chejter, “Del honor masculino a la integridad sexual”, Le Monde diplomatique edición Cono Sur, julio de 1999.
  3. Alicia Ganduglia, “Identidad profesional, familia e interdisciplina en el campo del maltrato infanto-juvenil”, Revista Temas de Maltrato Infantil - Familias del Nuevo Siglo , Nº 13, 2002.
  4. Ronald Summit, prólogo a Sexual abuse of young children, McFarlane y cols., The Guilford Press, New York, 1983.
  5. Alicia Ganduglia, “Revinculación: una nueva oportunidad… ¿para quién?”. En Jorge Volnovich, compilador, Abuso sexual en la infancia, Lumen, Buenos Aires, 2002.
  6. Irene Intebi, Abuso sexual infantil. En las mejores familias, Granica, Buenos Aires, 2000.
  7. Alicia Ganduglia, “¿La responsabilidad sexual del niño? Los mitos de tercera generación”. Revista Temas de Maltrato Infantil - Familias del Nuevo Siglo, Nº4, junio 1998.
  8. Este viraje fue exhaustivamente analizado e interpretado por Jeffrey Masson en El asalto a la verdad, Ed Seix Barral, Barcelona, 1985.
  9. Eva Giberti (dirección), varios autores, Incesto paterno-filial. Una visión multidisciplinaria, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1998.
  10. Clarín, Buenos Aires, 15-12-02.
  11. Artículo 5 del Proyecto de Reforma al Libro I, Título IV, Capítulo III y al Libro II, Título III, Capítulo IV del Código Procesal Penal de la Nación.
  12. Publicado en La ley, Buenos Aires, 15-9-00.
  13. Virginia Berlinerblau, “El backlash y el abuso sexual infantil”, seleccionado para integrar el Libro electrónico de Psicopatología infanto-juvenil a presentarse en el Congreso XIV Latinoamerciano de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia en Asunción, Paraguay, en septiembre de 2003.
  14. Alicia Ganduglia, “Revinculación…”, op. cit.
  15. Resulta de interés el reciente caso de una mujer a quien a su pedido el gobierno de la provincia de Buenos Aires incorporó al empleo público que desempeñaba su ex marido, preso por violar a sus dos hijas. La familia había quedado sin sostén económico. Página 12, Buenos Aires, 14-3-03.

Alarma por agresiones y restricciones a la libertad de expresión

Vassallo, Marta

La Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS), se reunió el 20 de marzo pasado con el presidente Eduardo Duhalde para expresarle “su profunda inquietud por los atentados a medios de comunicación, las agresiones a colegas y los actos de censura que limitan gravemente la libertad de expresión en la República Argentina”, según una declaración entregada al Presidente. Los párrafos más destacados del documento son los siguientes:

“(…) No se trata de hechos aislados, sino de una sucesión de presiones y atentados que abarcan todas las áreas geográficas del país y a distintos medios de expresión y son protagonizados tanto por miembros de las fuerzas de seguridad como por políticos y funcionarios. El informe adjunto contiene un detalle de los hechos –algunos de ellos muy graves– ocurridos desde el 1 de enero hasta el 10 de marzo de 2003. (…) Nuestra inquietud se basa en que estos hechos vienen ocurriendo desde hace años y, sobre todo, en que verificamos que la tendencia es a aumentar en cantidad, a extenderse por todo el país y a todos los medios y, además, a agravarse. Durante 2002 se denunciaron 106 agresiones en las que están involucrados funcionarios o ex funcionarios públicos. (…) (Información detallada sobre este tipo de sucesos ocurridos en los años 2000, 2001 y 2002 está a disposición en la sede de nuestra asociación o en el portal en internet:

www.asociacionperiodistas.org).”

“(…) En abril se celebrarán elecciones generales en el país, en un clima político cuyas características no necesitamos describir aquí. Sólo indicar que el ejercicio de la libertad de expresión será, si cabe, más necesario que nunca. Es por eso que entendemos que los periodistas debemos defender, preservar y ampliar ese derecho constitucional con las únicas herramientas de que disponemos: la difusión de los hechos, la denuncia de su gravedad y la exigencia a la autoridades de garantías para el ejercicio de la profesión.

El Gobierno Nacional no puede contemplar indiferente la sucesión de casos que atentan contra la libertad de expresión, porque podría ser considerado cómplice por omisión. (…)”


Autor/es Marta Vassallo
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 46 - Abril 2003
Páginas:34,35
Temas Derechos Humanos, Estado (Justicia), Iglesia Católica, Salud
Países Argentina