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Una agresión ilegal

El ataque militar unilateral contra Irak por parte de una coalición estadounidense-británica no encuentra fundamentos ni para buena parte de la opinión pública mundial que ha manifestado su repulsa a la guerra, ni para los criterios jurídicos internacionales, desde los consagrados en la Carta de las Naciones Unidas a la evaluación del Consejo de Seguridad de ese organismo y a la estimación de la Comisión Internacional de Juristas. Por el contrario, la decisión coloca a los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña en el rubro de Estados delincuentes.

La Carta de las Naciones Unidas, ley común para todo el planeta, afirma solemnemente en su preámbulo: “Nosotros, pueblo de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra (…) y a instaurar métodos que garanticen que no se recurrirá a la fuerza de las armas salvo en aras del interés común (…) hemos decidido asociar nuestros esfuerzos para realizar estos designios”. Desde su artículo inicial, la Carta subraya que el objetivo primordial de la ONU es “mantener la paz y la seguridad internacionales” y “reprimir todo acto de agresión u otra ruptura de la paz”.

Al lanzar en la madrugada del 20 de marzo una “guerra preventiva” contra Irak y al invadir ese país sin mandato de la ONU, Estados Unidos y sus aliados británicos violaron la legalidad internacional, pisotearon los principios fundamentales de las Naciones Unidas, se colocaron fuera de la ley y se comportaron inequívocamente como agresores.

Ante este crimen contra la paz, la comunidad mundial se ve enfrentada a una situación inédita. Desde la creación de la ONU en 1945, nunca dos Estados fundadores, miembros permanentes del Consejo de Seguridad y que se cuentan entre las democracias más antiguas del mundo, habían transgredido tan brutalmente la legalidad internacional para convertirse ante sus ojos en lo que habría que denominar con acierto “Estados delincuentes”.

El orden del mundo resultó trastocado. No en términos de jerarquía del poder. Puesto que el de Washington sigue siendo indiscutible. Sino en términos de valores políticos. La protesta de millones de ciudadanos en todo el mundo y también dentro de Estados Unidos y Gran Bretaña contra esta guerra está motivada por la sensación de que se trata de una guerra inmoral. Sin hacerse demasiadas ilusiones, todos esperan que el país más poderoso de la Tierra sea también una potencia ética, campeona del respeto al derecho y modelo de sujeción a la ley. O por lo menos que no vuelva ostensiblemente la espalda a los grandes principios de la moral política.

A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 se diría que, bajo la presidencia de George W. Bush, Estados Unidos defiende una concepción particularmente cínica de la razón de Estado. Retomando el viejo consejo de Maquiavelo: “Si quiere conservar su poder, un príncipe tiene que comprender que a menudo debe actuar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad y contra la religión”1, Bush y los halcones que lo rodean decidieron actuar contra la ley, contra la moral, contra los Derechos Humanos y contra el derecho internacional.

Después de un desastre diplomático sin precedentes, que reveló a la hiperpotencia estadounidense como incapaz de convencer con sus argumentos en el seno del Consejo de Seguridad a países instalados hace mucho tiempo en su esfera de influencia –como México, Chile o Pakistán– Washington sufrió un nuevo y duro fracaso con la negativa de su antiguo aliado, Turquía, a que las tropas estadounidenses atraviesen su territorio. Pasando por encima de estas contrariedades, Bush mantuvo su proyecto de agresión contra Irak y anunció el apoyo de una heteróclita coalición de unos cuarenta países, donde son legión los países que fueron comunistas y entre los cuales figuran Uzbekistán y Turkmenistán, dictaduras neototalitarias que se cuentan entre las más siniestras del mundo…

Aunque atacan a un régimen odioso y tiránico como el de Saddam Hussein, es preciso constatar que Bush y su entorno han sido incapaces de imponerse en el terreno moral. Su desprecio por el derecho internacional y la arrogancia que les da la fuerza brutal de su instrumento militar provocaron incluso la ola de antiamericanismo más poderosa que haya atravesado el mundo desde la Guerra de Vietnam (1961-1975).

La Comisión Internacional de Juristas, organismo consultivo de la ONU con sede en Ginebra, había alertado desde el 18 de marzo de 2003 contra un ataque a Irak sin mandato de la ONU. “Un ataque así sería ilícito y constituiría una guerra de agresión”, afirma esta Comisión, como lo habían hecho antes asociaciones de juristas británicas, francesas, españolas y belgas2. “No hay ningún fundamento jurídico posible para una intervención de esa naturaleza”, declara la Comisión. “En ausencia de una autorización del Consejo de Seguridad, ningún Estado puede recurrir a la fuerza contra otro Estado, salvo en caso de legítima defensa, como respuesta a un ataque armado”.

Si el gobierno de Estados Unidos ha evocado a veces “la legítima defensa” para atacar a Irak, sólo lo ha hecho dirigiéndose a la opinión pública interna, en un intento de vincular los atentados del 11 de septiembre con el régimen de Bagdad (lo que no está comprobado), pero nunca ante el Consejo de Seguridad. En vísperas del 20 de marzo, el Consejo evaluaba que Irak no representa una amenaza que justifique una guerra inmediata. Por otra parte, la “legítima defensa” supone la existencia de una agresión armada previa, que Irak no perpetró. Y el derecho internacional no admite la noción de “legítima defensa preventiva”.

Bush explicó también la invasión a Irak por la necesidad de cambiar el régimen de ese país y de expulsar a Saddam Hussein. Por loables que sean esos argumentos no justifican, según la Carta de las Naciones Unidas, una decisión unilateral de recurso a la fuerza. En cuanto al pretexto invocado por Washington de instaurar una democracia en Irak, tampoco puede considerarse como una justificación legal de la agresión. Desde el siglo XVII el jurista Grotius, fundador del derecho de gentes, en su célebre libro De iure belli ac pacis, afirmaba que “querer gobernar a los otros contra su voluntad bajo pretexto de que es un bien para ellos” constituía el argumento más frecuente de las “guerras injustas”.

  1. Maquiavelo, El Príncipe, Losada, Buenos Aires, 1996.
  2. www.ulb.ac.be/droit/cdi/appel irak.html
Autor/es Ignacio Ramonet
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 46 - Abril 2003
Páginas:40
Traducción Marta Vassallo
Temas Derechos Humanos, Estado (Justicia), Justicia Internacional
Países Estados Unidos