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Recuadros:

Cómo Rusia se convierte en el basurero nuclear del mundo

El 11 de julio de 2001 el presidente Putin firmó tres proyectos de ley que autorizan la importación de residuos nucleares extranjeros a Rusia, sin obligación de retorno a los países de origen. Sin embargo, según las encuestas, una aplastante mayoría de la población rechaza el proyecto. Esa oposición contó con el apoyo de la movilización de los ecologistas, resueltos a obstaculizar el insensato proyecto respaldado por Occidente.

“Veinte mil toneladas de residuos nucleares extranjeros a cambio de veinte mil millones de dólares”, tal es la transacción propuesta desde hace años por el ministro ruso de energía atómica. Evgueni Adamov logró que se levante la prohibición de importar residuos nucleares extranjeros para almacenarlos y enterrarlos, consagrada por el artículo 50 de la ley de medio ambiente. Los países deseosos de deshacerse de esa materia –Japón, Corea del Sur y Taiwán, y también algunos países del Este– ahora pueden hacerlo. En cambio, Suiza parece dar marcha atrás sobre el protocolo de intención que había firmado con Rusia en 1998; y el ministro alemán de Medio ambiente, Jurgen Trittin, hizo saber en junio de 2001 que la RFA no quería avalar ese “juego irresponsable con la salud y la seguridad de los ciudadanos rusos”1.

Todo comienza, o vuelve a comenzar2, el 18-7-00, cuando el ministerio de energía atómica, el Minatom, presentó ante la Duma tres proyectos de ley destinados a modificar la legislación y permitir “la importación de residuos y materiales nucleares al igual que de combustibles irradiados para su almacenamiento, entierro o reciclaje”. Pero uno de los proyectos prevé la creación de un fondo especial para la limpieza de las zonas irradiadas a lo largo de cincuenta años de experimentaciones nucleares (ver recuadro). Y el Minatom agitó en público los billetes verdes: 3.500 millones de dólares irían al presupuesto federal y 7.000 millones a las tareas de limpieza, mientras los 9.000 millones restantes se destinarían al desarrollo de la industria nuclear, “orgullo del país”, según Adamov. Y garantía de su independencia financiera.

En diciembre de 2000, según el instituto de encuestas Romir, el 94% de los rusos se oponía al levantamiento de la prohibición de importar. Lo cual no impidió que el 21 de diciembre la Duma adoptara por primera vez el proyecto por 318 votos a favor y 38 en contra3, y lo aprobara en segunda lectura el 18 de abril de 2001, luego de un período de duda. En última lectura, el 6 de junio, el número de entusiastas disminuye notoriamente: 243 diputados votan a favor y 125 en contra.

Le toca entonces pronunciarse sobre el proyecto al Consejo de la Federación, que representa a las regiones. Ahora bien, una serie de gobernadores o de asambleas regionales, más cercanas a los ciudadanos, afirmaron su oposición. Pero el presidente de la Cámara Alta, Egor Stroiev, preocupado por su carrera política, aplaza la votación hasta el 27 de junio, superando el plazo que la Constitución otorga al Consejo para pronunciarse. En síntesis, los gobernadores esquivaron el enfrentamiento y se abstuvieron.

Falta aún el presidente Vladimir Putin, que hasta entonces no se había pronunciado públicamente. Antes de firmar, el 11 de julio de 2001, toma la precaución de entrevistarse con “representantes de la sociedad” cuidadosamente elegidos, mientras algunos programas televisivos elogian las ventajas del átomo. Putin crea además una comisión que deberá aprobar cada importación, pero confía la presidencia de la misma al premio Nobel de física Jaures Alferov, partidario del proyecto. Si todo marcha bien, las operaciones podrán comenzar dentro de tres años, anuncia el ministro.

Los ecologistas reaccionaron tanto más rápidamente cuanto que el Kremlin parecía dispuesto a ganarles de mano a todos los integrantes de la máquina de impedir la contaminación. En efecto, en junio de 2000, el Comité de medio ambiente y el Servicio federal de bosques, pobres restos del ex Ministerio de protección de los recursos naturales, habían sido integrados por decreto presidencial al Ministerio de recursos naturales…

La ofensiva contra los verdes había comenzado anteriormente. El 20 de febrero, las organizaciones ecológicas de tres ciudades diferentes fueron víctimas de allanamientos simultáneos. En los locales de Zilionyi Mir (Mundo Verde), en San Petersburgo, los investigadores incautaron documentos relativos a la industria atómica. Al mes siguiente, la policía ocupó las oficinas de Greenpeace en Moscú, con la orden (no confirmada por la justicia) de clausurarlos, bajo pretexto de fraude fiscal.

El Servicio Federal de Seguridad (el FSB, sucesor de la KGB) hostiga a los militantes antinucleares. En diciembre de 1999, en el marco de una investigación sobre actos terroristas, convoca y amenaza a Alisa Nikulina, coordinadora de la campaña antinuclear común de la Unión Social y Ecologista Rusa (SOEZ) y de Ecodefensa. El copresidente del programa, Vladimir Slivyak, había sufrido un interrogatorio parecido tres meses antes, dentro de un auto, al que lo subieron por la fuerza. El periodista militar Grigori Pasko, condenado y luego amnistiado en el marco de un primer juicio por espionaje y alta traición en 19994, fue nuevamente condenado a fines de diciembre de 2001 a cuatro años de cárcel. Por su parte, el especialista en desarme nuclear Igor Sutiaguin, se halla en prisión desde hace más de dos años acusado de “traición de Estado”.

La “guerra de la información” entre el Kremlin y los ecologistas comenzó a intensificarse verdaderamente en junio de 2000. Durante sus manifestaciones, los ecologistas señalan insistentemente que “no habrá ni limpieza de las zonas afectadas, ni reciclaje, ni beneficio financiero para la población”. “Si las zonas contaminadas de que habla el ministro constituyen efectivamente uno de los problemas ecológicos más agudos del país, se necesitarán al menos 200.000 millones de dólares para reparar los daños” explica Aleksei Iablokov, ex consejero ecológico del presidente Boris Yeltsin y actual coordinador de la campaña de SOEZ. Pero las leyes votadas no precisan para nada las formas de financiamiento.

Los ecologistas recuerdan también que por ahora sólo existe un lugar de reciclaje: el complejo Mayak en los Urales. Pero ese centro sólo puede tratar anualmente 200 toneladas de residuos de las 14.000 toneladas que fermentan en sitios de almacenamiento poco fiables, “y a veces simplemente enterradas, sin ninguna autorización” subraya Alisa Nikulina. Por lo tanto es necesario construir nuevos depósitos, en los cuales, estima el semanario Novaïa Gazeta, “los residuos serán ‘olvidados’ sin que nadie venga jamás a sacarlos”5. Periodistas especializados y ecologistas dudan de la factibilidad de los proyectos de reciclaje, a pesar de las afirmaciones entusiastas del ministerio, según las cuales el combustible irradiado no constituye un residuo, sino una materia prima que se puede reciclar y revender6.

Por cierto, a ese ministerio le gusta el secreto. Alexandre Rumiantsev, sucesor del ministro Adamov –separado de su puesto luego de haber sido acusado de malversación por la Duma– es también un ferviente partidario de legalizar la importación. Por otra parte, hasta antes de ser promovido a su actual cargo dirigía el Instituto Kurtchatov, un centro de investigación nuclear que generó un escándalo a comienzos de abril de 2001, por tener almacenadas dos mil toneladas de residuos nucleares… ¡en pleno centro de la capital! No es de extrañar entonces que se sospeche a su ministerio –cercano al poderoso grupo financiero MDM, actualmente tomado por asalto por el grupo Alfa, que funciona viento en popa desde la llegada de Putin– de querer desviar una buena parte de los fondos del reciclaje de residuos, a la vez que espera asignar el resto, como estaba previsto, a la construcción de unas treinta nuevas centrales y de la primera central flotante del mundo.

Una parte del dinero permitiría acelerar el desarrollo de municiones nucleares de nueva generación, destinadas a librar guerras nucleares limitadas: “Dentro de diez años, durante una operación antiterrorista más, explotará una pequeña bomba. La misma terminará con todos los terroristas de un solo golpe, al igual que con sus cabras, sus vacas, sus legumbres y sus más sencillos objetos”, escribe Moskovskie Novosti7. Esta opción se ve confirmada por la última versión de la doctrina militar del país, aprobada por Putin el 10-1-00, que permite el uso de armas nucleares “en caso de que todas las otras fuerzas y medios para solucionar la situación se vieran agotados o se revelaran ineficaces”.

Según Slivyak, el Minatom sabe que el programa de importación es, en los hechos, inmanejable: “Ya le alcanza con los problemas que tiene. Pero en este contexto de crisis económica, la voluntad de una serie de profesionales de salvar los reactores del país, sumada a los ávidos intereses de los bancos escondidos detrás del Minatom, lograron imponerse. Por lo tanto, los residuos serán simplemente enterrados, mientras que el presupuesto irá por una parte al rescate de la industria nuclear rusa y por otra parte al bolsillo de los funcionarios del ministerio y de los banqueros”.

El 23 de enero de 2001 la organización Ecodefensa hizo público un informe alarmante sobre los peligros del transporte de materias nucleares: la legislación no es acorde con las normas internacionales; el país utiliza contenedores antiguos; las legislaciones regionales y federales no concuerdan; las reglas de concesión de licencias a los transportistas no se respetan; el personal no es competente ni está protegido; 40% del parque de transporte ferroviario es defectuoso, etc. Esas conclusiones reflejan el estado de la industria nuclear rusa. Si bien el país posee un potencial científico impresionante, dicha industria se mueve en un marco inestable, donde la corrupción, la irresponsabilidad y la falta crónica de fondos se imponen desde hace décadas. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, las siete centrales más peligrosas del mundo están todas en territorio de la ex URSS8.

En junio de 2000 los ecologistas habían presentado un pedido oficial para organizar un referéndum nacional sobre el tema de los residuos y sobre el restablecimiento de verdaderos órganos gubernamentales de defensa del medio ambiente. Durante cuatro meses se movilizaron para obtener los dos millones de firmas exigidas por la Constitución. El 25 de octubre entregaron 2,5 millones de firmas a la Comisión electoral central, que un mes después descartó 800.000 por motivos ridículos. Los verdes presentaron un recurso, pero la Corte Constitucional lo rechazó en marzo de 2001.

Sin embargo, en el verano de 2000 habían logrado una victoria significativa durante el “campamento de acción” organizado en los alrededores del centro de reciclaje de Mayak, cerca de Cheliabinsk, en los Urales. Desde el 23 de julio hasta el 5 de agosto unos sesenta representantes de organizaciones de diez ciudades rusas, y también de países extranjeros como Austria o Eslovaquia, levantaron sus carpas en torno del complejo, en uno de los distritos más contaminados, que no es reconocido oficialmente como tal. La SOEZ, Ecodefensa y dos asociaciones locales pretendían así llamar la atención sobre el estado de salud de los habitantes de las zonas contaminadas, manifestar contra la importación de residuos y el almacenamiento de los mismos en Mayak, y, por último, oponerse a la construcción de una nueva central en el sur de los Urales.

Mientras que científicos de la universidad de Novossibirsk (Siberia occidental) medían el nivel de radioactividad, los ecologistas desfilaban por la ciudad. El 3 de agosto de 2000 unos treinta ecologistas bloquearon la entrada de la residencia del gobernador, quien terminó aceptando entrevistarse con ellos. El 8 de ese mes, el gobernador rechazó el almacenamiento de residuos nucleares extranjeros en Mayak, y anunció que se opondría a la importación de residuos hasta tanto no se previera en el presupuesto federal 2001 un programa de rehabilitación social para los habitantes de la región.

La oposición aumentó luego del voto de los diputados federales a favor del proyecto en diciembre de 2000. El 15 de enero de 2001 se registraron simultáneamente diversas acciones en una decena de ciudades de toda Rusia. En Tomsk se distribuyeron “dólares radioactivos” y se informó a la población de los medios a su alcance para ejercer presión. En Irkutsk se reunieron firmas destinadas a la Duma regional. En Saratov, se organizó una presentación callejera del Teatro ecológico. En Nijni-Novgorod, los ecologistas de Dront distribuyeron tarjetas postales dirigidas a los diputados federales, iniciativa que tuvo notable éxito: en los meses siguientes se enviaron miles de tarjetas, y pocos días después de la manifestación el gobernador, preocupado por las elecciones, anunció que se oponía a la importación de residuos nucleares. Si bien la población manifiesta poco en las calles, por temor a la policía o por dudar de su propia influencia, su desaprobación se verifica a través de las encuestas, los programas de televisión o el correo. Resultado: en marzo de 2001, cerca de un tercio de las asambleas legislativas regionales votaron contra el proyecto.

Durante ese tiempo, las grandes organizaciones ecologistas desarrollaron iniciativas internacionales, llevando la guerra de la información hasta Taiwán o Japón, donde los medios afirmaban que la exportación de residuos hacia Rusia era legal. La SOEZ organizó una campaña para inundar de faxes a los diputados rusos. En la acción participan organizaciones ecologistas de Kazajstán (donde la asamblea estudiaba la legalización de la importación de residuos), de Grecia, Gran Bretaña y Kirguizistán.

En el propio seno de la Duma, algunos diputados del partido liberal Iabloko de Gregori Iavlinski, opuestos al proyecto, al igual que los de la Unión de Fuerzas de Derecha (SPS), tratan de atenuar el alcance de los textos introduciendo enmiendas. Una de ellas prevé la aprobación de cada contrato por parte de la Duma. Otra pide que sea obligatorio el retorno de los residuos al país de origen luego del reciclaje. No se adoptó ninguna de estas enmiendas.

El 15 de febrero de 2001, durante una acción de la SOEZ, de Ecodefensa y del partido Iabloko, 200 personas manifestaron en Moscú frente a la Duma. Aman Touleiev, el muy popular gobernador de la región de Kemerovo (Siberia occidental), dijo sentirse indignado por el proyecto. A comienzos de marzo el presidente Putin recibió una carta firmada por 600 organizaciones civiles de toda Rusia. El 22 Greenpeace agrega su granito de arena: mientras dos jovencitas vestidas con túnicas blancas distraen a los guardias ubicados a la entrada de la Duma, otras dos personas del grupo trepan por la pared y colocan un inmenso autoadhesivo en las ventanas del edificio. Al día siguiente los diarios se alarman por la poca eficacia del servicio de seguridad de los representantes del pueblo…

El 18 de abril de 2001, los Khraniteli Radugi9, otra asociación ecológica, se encadenan a las puertas de la Duma. En mayo, antes de la tercera lectura, la avalancha de manifestaciones no cesa. Como punto culminante, hay que señalar las 200.000 firmas recogidas en la región de Irkustk, y también la fuerte movilización de los habitantes de Novorosisk, cuyo puerto forestal dio su acuerdo de principio al Minatom para el tránsito de los residuos nucleares. En junio, nueve miembros de la Academia de ciencias enviaron al presidente una carta abierta de desaprobación.

Durante un programa de televisión, a fines de marzo de 2001, el ministro de Energía atómica respondió así a los ecologistas: “La gente no muere a causa de las radiaciones. En cambio, debido a los discursos de ustedes, ocurre a veces que se cuelgan con una soga al cuello. Y, es un hecho de características médicas, entre los liquidadores de Chernobil se produjeron muchos suicidios”. Y durante el primer plenario del Congreso ecológico ruso, creado por el Kremlin para oponerse al referéndum, se explicó a los periodistas que “la masa ignorante no tiene que tener derecho a opinar”.

A pesar de todo, en octubre pasado Rusia vio con espanto llegar un tren con 41 toneladas de residuos nucleares procedente de Bulgaria, destinados al reciclaje pero dirigidos por el momento hacia el centro de almacenamiento de Krasnoiarsk. El contrato, además de no contar con el peritaje exigido por la ley10, produjo un nuevo escándalo. En efecto, la firma designada por la central nuclear búlgara como intermediaria para el pago dejó de existir en marzo de 2001, pero se la mantuvo inscripta como financiera. Ahora bien, esa firma off shore, Energy Invest and Trade, está muy vinculada con el famoso grupo Alfa, cuyo banco obtuvo el año pasado la gestión de las cuentas de Minatom y por lo tanto del contrato búlgaro…

Pocas horas antes del paso de ese cargamento de residuos, quince vagones de otro tren descarrilaron y dañaron 350 metros de vías. “Si se decide finalmente enviar a Siberia las 20.000 toneladas de residuos, los miles de personas que viven a lo largo del trayecto del transiberiano verán su vida amenazada por 670 trenes del mismo tipo”, calculó Slivyak. Sobre ese tema ya se preparan tres referéndum regionales. ¿Una vez más se le negará a la población rusa su derecho a hacer valer su posición respecto de decisiones tan importantes? Para Alisa Nikulina se trata ante todo de una cuestión de democracia.

Los rusos no se equivocan sobre este punto. Según una encuesta de Romir realizada en junio de 2001, un tercio de los moscovitas estiman que la decisión de la Duma responde a los intereses de los poseedores extranjeros de los residuos, un 19,6% piensa que a los del Minatom y un 17,8% a los del gobierno ruso. Sólo el 4% de los habitantes de la capital creen que la medida beneficia a toda la población rusa.

  1. “Putin firma la ley sobre la importación nuclear”, The Guardian, Londres,12-7-01.
  2. Ya en 1995 un decreto presidencial había tratado de legalizar la importación, pero fue cuestionado exitosamente ante la Corte Constitucional por Greenpeace.
  3. Las cifras conciernen al proyecto de modificación del artículo 50 de la ley sobre medio ambiente.
  4. Por haber suministrado a los medios japoneses imágenes del derrame de residuos radioactivos y químicos en el mar del Japón por parte de la marina rusa.
  5. Novaïa Gazeta, Moscú, 8 al 15-10-00.
  6. Reciclado, el combustible irradiado contiene más plutonio, que puede ser reutilizado con fines civiles o militares, siendo mucho más peligroso para la salud que el uranio.
  7. Moscú, 26-12-2002 / 2-1-02. Se refiere a una orden del Consejo de Seguridad que data de 1999, sobre la necesidad “de acelerar la elaboración de municiones de nueva generación, capaces de penetrar profundamente en el suelo, de una potencia controlada, para ser utilizadas en las guerras nucleares locales y limitadas”.
  8. René Sepul, “Recrudescence des accidents au niveau international”, en Avancées, Bruselas, mayo de 2000.
  9. En inglés se denominan “Rainbow Keepers” (Guardianes del Arco Iris).
  10. El contrato fue firmado en junio de 2000 y por lo tanto no está afectado por las modificaciones conocidas. De todas maneras, la antigua legislación permitía la importación para reciclaje, pero con obligación de retorno, y con un peritaje de cada contrato.

Zonas contaminadas

Melis, Nathalie

Diversas zonas de Rusia fueron contaminadas en la época soviética y luego de 1991:

-por la producción a largo plazo de armas nucleares, como las regiones cercanas a Mayak, Severska (Siberia occidental) y Zheleznogorsk (Siberia del sur);

-por numerosas pruebas de armas nucleares en el Ártico ruso, como el Altai (región fronteriza de Mongolia) y el sur de Siberia. En junio de 1998, el mensuario Silence (Lyon) publicó interesantes cifras sobre el tema: las emisiones de Chernobil representan cerca de 1,6 millones de curios1. Ahora bien, las otras emisiones, producidas fundamentalmente por tres sitios militares (en Tomsk, Cheliabinsk y Krasnoiarsk) representan en total ¡más de 1700 millones de curios! Esta contaminación afecta esencialmente los cursos de agua de Siberia que desembocan en el océano Ártico;

-por 85 explosiones nucleares "pacíficas", como en Iakutie (extremo Norte), en Irkutsk (Siberia del sur), en Perm (Urales), y en Astracán (en el Caspio);

-por varios accidentes en las centrales y en los centros de investigación o de tratamiento de materias radioactivas, como el ocurrido el 29 de septiembre de 1957 en el complejo Mayak. En esa ocasión la nube radioactiva alcanzó tres regiones, cubriendo una superficie de 23.000 kilómetros cuadrados.

A estas regiones hay que agregar los mares árticos y del Este, contaminados por la descomposición de la flota de submarinos nucleares o por residuos radioactivos allí arrojados, y el peligro de contaminación generado por los numerosos sitios de almacenamiento mal conservados, también los muchos incidentes que sufren actualmente las centrales. En 1999, por ejemplo, la central de Kursk batió el récord anual con 21 incidentes declarados. Resultado: en Moscú, en los últimos cinco años, Radon, el órgano oficial de control del nivel de radiación, destruyó cerca de 450 toneladas de materiales potencialmente peligrosos, desde tierra sobre terrenos de construcción, hasta champiñones en venta en el mercado2.

  1. Unidad de medida de la actividad radioactiva de una materia.
  2. The Christian Science Monitor, Boston, 4-7-01.


Autor/es Nathalie Melis
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 32 - Febrero 2002
Páginas:30,31
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Derechos Humanos, Movimientos Sociales, Políticas Locales, Medioambiente, Salud
Países Rusia