Refundar la República en Bolivia

Los resultados del referéndum del 18 de julio pasado redujeron en parte las tensiones políticas que sacuden a la sociedad boliviana. Aunque más del 40% de los inscriptos en el padrón electoral se abstuvo de votar y los votos blancos y nulos superan el 20%, el resto de los sufragios válidos se manifestó mayoritariamente a favor de la política hidrocarburífera del presidente Carlos Mesa. Ante las presiones autonomistas, una Asamblea Constituyente está prevista para 2005.

De esta manera, el Presidente que asumió en octubre de 2003, luego de una insurrección popular que forzó la renuncia de su antecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada, tiene abierta la posibilidad de elaborar una nueva agenda política y un plan económico que reoriente el rol del Estado frente a las empresas transnacionales, que a partir de 1997 se hicieron con el control de los recursos hidrocarburíferos -principalmente el gas natural, del cual Bolivia es la segunda reserva en la región, después de Venezuela-, motivo de permanente desorden político y movilización social.

La crisis del modelo neoliberal implantado en Bolivia a partir de 1985 presentó las mismas características que en otros países de América Latina: aumento del desempleo y de las desigualdades sociales, precarización de las condiciones de trabajo, deterioro de las condiciones de vida y, como resultado, crecientes movilizaciones sociales a partir de 2000.

En el marco de este descontento popular, una violenta revuelta el 12 y 13 de febrero de 2003 -que provocó más de 30 muertos- frenó el impuesto a los salarios decretado por el gobierno central para reducir el déficit fiscal y cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Y ocho meses después ocurrió una insurrección popular -que dejó un saldo de 60 muertos ¹- para evitar la exportación del gas a California: el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renunció y huyó a Estados Unidos, se fijó una nueva agenda política y fue convocado el reciente referéndum.

La insatisfacción general fue también el detonante para que afloraran contradicciones más profundas en la sociedad boliviana, que se vienen arrastrando secularmente y se pueden conceptualizar como una "crisis del Estado republicano". A lo que alude este concepto es a la situación de exclusión en la que vive una buena parte de los bolivianos pertenecientes a grupos étnicos -principalmente aymaras y quechuas- que hoy, a partir de avances políticos concretos -asunción de escaños parlamentarios, generación de grupos intelectuales influyentes, revalidación de usos y costumbres en el plano jurídico, etc.- interpelan al Estado central, tratando de construir escenarios en los que puedan lograr autonomía política y administrativa. Paradójicamente, esta aspiración también es compartida por los sectores elitistas del Oriente boliviano -principalmente de Santa Cruz de la Sierra-, región que se ha convertido en un nuevo factor de tensión política para el país.

Estos dos pedidos de autonomía comportan una conflictividad política latente. Ciertos analistas, como el investigador de American Enterprise Institute, Mark Falcoff, sostienen que Bolivia está viviendo sus "últimos días" como República unitaria ². También el ministro de Defensa argentino, José Pampuro, habló de la "libanización de Bolivia" ³. Sin embargo, hay diferencias notables entre estas dos aspiraciones autonómicas. Mientras que en el caso cruceño se sustenta en el poder emergente de las elites regionales, que a partir del importante crecimiento económico que alcanzaron en los últimos veinte años pretenden irradiar su hegemonía a todo el país, en el Altiplano el horizonte autonómico se enmarca dentro de un proceso de intensas luchas indígenas, que con intermitencia se suceden desde el siglo XIX hasta hoy y buscan resolver, a partir de sus tradiciones, problemas vitales que el Estado nacional se mostró incapaz de atender.

Ayo Ayo y la justicia comunitaria 

En la madrugada del 15 de junio pasado, el cadáver del alcalde de la comunidad boliviana de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, "apareció" a los pies del monumento a Tupac Katari en la plaza central del pueblo. Cuando las autoridades policiales y judiciales iniciaron las investigaciones para ubicar a los responsables se encontraron con una única voz colectiva: "todos somos culpables"; "que nos lleven presos a todos". Horas después, un cabildo popular resolvió expulsar del pueblo a la policía, bajo la amenaza de ser "chicoteados" (azotados) y sometidos a la "justicia comunitaria". El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Bolivia (CSUTCB) en la provincia de Aroma -a la que pertenece Ayo Ayo-, Ramón Copa, amenazó: "si los miembros de la Policía Nacional no abandonan los poblados de esa región tendrán que atenerse a las consecuencias". Copa detalló que la tropa policial debía empezar a replegarse de su región y "en reemplazo de los ‘verde olivo' será la ‘policía sindical' campesina la que bregará por el orden en cada uno de estos poblados, ocupando las oficinas y puestos policiales". Durante el cabildo fueron constantes las arengas en favor de empezar a constituir un gobierno autónomo de la nación aymara y las declaraciones de "territorio libre". En la plaza principal de Ayo Ayo sólo flamea una wiphala ⁴, en reemplazo de la bandera boliviana.

A 80 kilómetros de La Paz, la historia de Ayo Ayo remite a una fuerte tradición de insumisión y autonomía indigena. Allí nació el líder aymara Tupac Katari, quien luego de protagonizar una rebelión fue descuartizado, en la localidad de Peñas, por orden de las autoridades coloniales españolas. La sentencia de 1781 es significativa: "Ni al rey ni al Estado conviene quede semilla o raza de éste o de todo Tupac Amaru y Tupac Katari por el mucho ruido e impresión que este maldito nombre ha hecho en los naturales... porque de lo contrario quedará un fermento perpetuo". Hoy Katari y su esposa Bartolina Sisa son el principal símbolo del movimiento social indígena y de su narrativa de autodeterminación.

Altamirano, también de origen aymara, fue elegido en 1999 para el puesto de alcalde por la Nueva Fuerza Republicana (NFR), el partido centro derechista del ex militar Manfred Reyes Villa. Desde el principio, su administración municipal recibió fuertes cuestionamientos vinculados a la arbitrariedad en el manejo de los recursos percibidos en el marco de la Ley de Participación Popular (LPP), que obliga al Estado central a entregar fondos que son gestionados de manera autónoma por los municipios rurales.

Existen dos versiones sobre la muerte de Altamirano. Por un lado, las autoridades estatales han reducido el hecho a un asunto policíaco, y de hecho llevaron adelante una serie de pesquisas y detenciones de comuneros. Por otro lado, está la versión de los sindicatos campesinos, que explican los sucesos como un caso más de la aplicación de la justicia comunitaria. "Nosotros decimos que el primer culpable de este crimen es el sistema judicial que no fue capaz de solucionar las demandas por corrupción que la comunidad tenía contra el alcalde", dice el dirigente indígena Gabriel Pinto.

Los acontecimientos de Ayo Ayo se enmarcan en el contexto de creciente insumisión que vive el Altiplano. A partir de 2000, en las comunidades aymaras se fue gestando un movimiento que cuestiona la ineficacia del Estado central y sostiene ideas autonomistas que tienen como horizonte la formación de una futura nación indígena, según ha mantenido insistentemente Felipe Quispe, principal dirigente aymara que lideró los bloqueos en el Altiplano en abril de 2000 y septiembre de 2001. Quispe fue elegido diputado en las elecciones de 2002 por el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP).

La región aymara -con comunidades que cuentan con idioma propio, historia común y sentido identitario, principios básicos de la constitución de una nacionalidad- se extiende entre el Sudeste de Perú -incluyendo la localidad de Ilave, donde también los comuneros ajusticiaron recientemente a un alcalde, bajo acusaciones de corrupción-, el Norte de Chile y todo el Noroeste de Bolivia. Toda esta región es conocida genéricamente como el Altiplano. Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, el 25% de los bolivianos mayores de quince años se autoidentifica como aymara. Pero, además de su número, los aymaras bolivianos cuentan con una "ventaja" adicional: la sede de gobierno, La Paz, está ubicada en el corazón de su territorio, con una geografía que facilita el cerco como forma de protesta. Así, las movilizaciones y los bloqueos desarrollados por los indígenas aymaras suelen tener un fuerte impacto en todo el sistema político e incidencia en todo el país.

Por distintos motivos y con diferentes radicalidades, en numerosas zonas del altiplano aymara estas tendencias autonomistas a gran escala y en torno a un discurso de nacionalismo indígena más o menos compacto, están expandiéndose en franco desconocimiento y desplazamiento del Estado por formas de autogobierno indígena. A Ayo Ayo y su proclama de gobierno indígena hay que sumarle la formación de los cuarteles indígenas durante los bloqueos -cuatro en total- de abril de 2000 a septiembre-octubre del 2003, y la expulsión y quema de los puestos policiales y subprefecturas en varias provincias del Altiplano. De acuerdo a una información del periódico paceño La Prensa, los indígenas aymaras han expulsado a todas las autoridades del Estado central (jueces, policías, subprefectos) en más de una decena de poblados del Altiplano ⁵.

Pero estos avances autonomistas están lejos de ser lineales. En algunos casos -como en Achacachi o Sorata, lugares simbólicos de la resistencia aymara- las comunidades indígenas renegociaron la presencia de la institucionalidad estatal (policía y jueces), aunque conservando los vínculos de gestión comunitaria en vistas a nuevas emergencias y rebeliones. Ocurre que Bolivia sigue siendo un Estado que ha institucionalizado el racismo. Como en el siglo XVI, y pese a las reformas multiculturalistas de 1994, un apellido de "alcurnia", la piel más blanca o cualquier certificado de blanqueamiento cultural que borre las huellas de la indianidad cuenta como un plus, como un crédito, como un "capital étnico" que lubrica las relaciones sociales, otorga ascenso social, agiliza trámites, permite el acceso a los círculos de poder.

En busca del sujeto

Éste es el caldo de cultivo para las rebeliones y las propuestas autonomistas aymaras, aunque todavía desarrollan una metodología de lucha que se reduce a la confrontación política con el Estado nacional. Por ahora el punto más débil de este autonomismo es la cuestión económica. Si bien los aymaras tienen presencia en centros urbanos como La Paz -un 68% de la población urbana paceña es aymara, según el censo 2001- y prácticamente dominan el comercio informal en todo el Occidente de Bolivia (según datos del INE, este sector es el mayor creador de empleos), los intelectuales aymaras que propugnan el autonomismo no han logrado identificar el sujeto económico que podría sostenerlo. El 79% del Producto Bruto Interno (PBI) del departamento altiplánico se produce en La Paz y El Alto, mientras que las zonas rurales sólo aportan el 20% ⁶. En las zonas rurales el 80% de la población tiene sus necesidades básicas insatisfechas y el régimen de producción se encuentra reducido a pequeños minifundios de escasa productividad. Por eso Felipe Quispe ha incluido en sus demandas la provisión de tractores y tecnología agrícola que permita a las comunidades salir del uso del "arado egipcio".

Es así que el avance autonomista aymara por ahora se circunscribe a lo político e ideológico. Este proceso encuentra sus raíces en un largo ciclo de acumulación histórica. La denominada corriente Katarista -inspirada en las luchas de Tupac Katari- reactivó la "memoria rebelde" de las comunidades indígenas del Altiplano en los años '70, a partir de una nueva intelectualidad capaz de seleccionar los hechos del pasado que conllevan una fuerte carga de insumisión, autonomía y resistencia. La consigna "como indios nos explotaron, como indios nos liberaremos" marca una época en la construcción de una "comunidad imaginada" aymara. La figura de Tupac Katari es rescatada así de la historia oficial y puesta al servicio de las luchas cotidianas contra el denominado "colonialismo interno". No es casual que el cadáver del alcalde de Ayo Ayo Benjamín Altamirano haya "aparecido" a los pies del caudillo aymara.

La autonomía oriental

Frente a los irresueltos conflictos sociales del Altiplano, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra -al oriente de Bolivia- va creciendo la idea de que sus problemas regionales están determinados por la existencia de un Estado "andino-céntrico". Es así que los sectores empresariales del Oriente boliviano han ido consolidando también un discurso autonomista que agrava la crisis política y genera una nueva incertidumbre en el poder estatal. Incluso el sistema mediático y algunos intelectuales entienden que hoy mismo se puede hablar de dos Bolivias: la indígena occidental, conflictiva socialmente hablando, y la oriental, productiva y con paz social. A esto se añade un componente étnico que refuerza las fronteras entre el Occidente y el Oriente: los cruceños -más vinculados a procesos migratorios europeos- propugnan un discurso que valora la blanquitud y penaliza lo indígena.

Luego de varias décadas de recibir un fuerte apoyo estatal, la región oriental se ha transformado en la locomotora de la economía nacional, a partir del desarrollo de la agroindustria (especialmente soja), los hidrocarburos y los servicios. Su contribución al PBI boliviano pasó del 14% en 1965 al 32% en la actualidad, por encima de todos los departamentos, y su ingreso per cápita es de 1.100 dólares, frente a 830 del resto del país ⁷. En general, las actividades económicas cruceñas presentan mayor dinamismo, vinculación comercial y renovación tecnológica que las actividades económicas en otras regiones de Bolivia.

El crecimiento sostenido de la economía cruceña desde la aplicación de las reformas etructurales (1985) muestra que esas políticas fueron funcionales al modelo fuertemente ligado a la inversión extranjera y a los mercados internancionales. Santa Cruz de la Sierra fue una de las regiones que apoyó más decididamente en las urnas al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y casi se mantuvo al margen de las grandes rebeliones sociales de la última década. Asimismo, el empresariado cruceño es el que más desconoce los derechos laborales y más se opone a los procesos de sindicalización, al tiempo que puede apreciarse en esta región la persistencia de bolsones de relaciones de servidumbre en el trabajo agrícola ⁸.

La crisis estatal iniciada en 2000 -que debilitó severamente a las elites "collas"- actuó como una oportunidad para los sectores autonomistas cruceños, que han desatado una verdadera batalla por la hegemonía, pugnando por convertir su poder económico en liderazgo político. En un contexto de desgaste de los partidos políticos, sus "estructuras de movilización" son los comités cívicos (compuestos por las fuerzas vivas) y las organizaciones empresariales.

El reclamo autonomista cruceño se fortaleció con una multitudinaria manifestación del 22 de junio pasado -estimada en 100.000 personas por los medios de comunicación-, liderada por el Comité Cívico Santa Cruz y apoyada por la empresa privada y la banca. Los convocantes reclamaron al gobierno, en tono de ultimátum, el llamado a un referéndum departamental vinculante sobre autonomía para el mes de diciembre de este año. Al igual que los aymaras del Altiplano, los cruceños empezaron a reconstituir su simbología autonomista. En las manifestaciones convocadas por el Comité Cívico flamea preponderantemente su bandera verde y blanca, y la consigna "¡Autonomía ya!" no deja de escucharse.

Hasta ahora, el presidente Mesa ha evitado la confrontación con las elites cruceñas, lo que posterga el abordaje de un problema que ya no resulta posible ignorar. Por ser una propuesta de sectores elitistas que tienen dominio sobre la economía y sobre el sistema mediático, la autonomía cruceña parece adelantarse a la aymara, que se sostiene más bien en la capacidad de movilización social y resistencia indígena, mostrando flujos y reflujos. Ambas autonomías, sin embargo, se presentan como polos de un escenario crispado que va dando pasos hacia lo que indígenas y cruceños propugnan en última instancia: salir de esta crisis política mediante una refundación de la República, hecho que podría empezar a plasmarse en la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Carlos Mesa para el año 2005, que abordaría las autonomías como temática central. 

1. Walter Chávez, "Una revolución social democrática", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2003.
2. Mark Falcoff, ¿Los últimos días de Bolivia?, Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina.
3. Declaraciones a Radio Rivadavia, reproducidas en Bolpress, La Paz, 2-7-04.
4. La wiphala es la bandera multicolor, distinta a la bandera nacional boliviana, que los aymaras asumen como suya desde los años '70.
5. La Prensa, La Paz, 17-2-04.
6. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
7. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Informe de Desarrollo Humano de Santa Cruz, La Paz, PNUD, 2004.
8. Walter Chávez, "Conflicto empresarial, cambas versus collas", Le Monde diplomatique, edición Bolivia, La Paz, marzo de 2004.