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Una convención europea convencional

En el Consejo europeo de Sevilla del 21 y 22 de junio pasados, Valéry Giscard d´Estaing presentó un balance de la Convención europea que preside. Se trata de reformar las instituciones de la Unión Europea, en vistas de su ampliación a 27 Estados. Pero los "convencionales" sólo debaten el acompañamiento institucional del liberalismo a la escala de la Gran Europa.

Hablar de Europa es un eterno volver a empezar. Desde que la opinión pública del Viejo Continente comenzó a tomar posesión -es cierto, de manera muy fragmentaria, y a menudo bajo el efecto de una propaganda "europeísta" simplificadora- de los temas centrales de la construcción comunitaria, es decir, más o menos desde el tratado de Maastricht en 1992, los términos del debate no cambiaron: ¿Cuál es el proyecto europeo? ¿Qué instituciones se necesitan para llevarlo a cabo?

A la primera pregunta, el tratado de Amsterdam (1997), y el de Niza (2000) sólo respondieron con enunciados vacíos de contenido, remitiendo automáticamente al ultraliberalismo, esencia misma del tratado de Maastrich. La segunda pregunta, en cambio, tuvo una multitud de respuestas -cada responsable de un ejecutivo nacional, sin hablar de la Comisión Europea, tiene su propia idea sobre el tema- pero con la característica común de no estar vinculadas con el primer interrogante.

En otras palabras, el rompecabezas institucional apasiona a los responsables gubernamentales, pero pasa por alto tranquilamente el tema del contenido de las políticas a aplicar, pues se considera que las mismas no son objeto de debate, salvo sobre la manera de profundizarlas. Es lo que se vio en los dos Consejos Europeos -el de Barcelona1 y el de Sevilla- desarrollados bajo la presidencia española que acaba de finalizar: primacía de la competencia y de la lógica financiera, librecambismo, "liberalización", privatizaciones, regresión del servicio público, flexibilidad laboral, etc. Ahí tenemos una perfecta ilustración del primer mandamiento del dogma liberal: la desconexión entre la esfera de la economía y las finanzas, y la de lo político y de la intervención democrática.

Esa dicotomía se vio respaldada por la necesidad de adaptar las instituciones de la Unión Europea (U.E.) en vistas de su ampliación de 15 a 27 Estados2 en los próximos años. Dichas instituciones, concebidas por el tratado de Roma (1957) en función de seis países, y que no fueron substancialmente modificadas en casi medio siglo, ya superaron sus límites y llevarían a una parálisis total de la decisión si no son profundamente revisadas para dar cabida al flujo de nuevos miembros. Como esas reformas sólo fueron parcialmente abordadas en los tratados de Amsterdam y de Niza, unánimemente considerados como fracasos en ese terreno, lo principal del trabajo queda por hacer.

En cambio, lo que no está en discusión es el carácter de las políticas que deberán aplicar los 12 países candidatos: los mismos fueron intimados -condición sine qua non- para que integren a su legislación nacional los "logros comunitarios". Esta expresión designa las casi 80.000 páginas de tratados, actas legislativas comunitarias de todo tipo, jurisprudencia de la Corte de Luxemburgo, etc.

Esa normatización liberal es de una envergadura y de un impacto social negativo tan grande, que resulta al menos equivalente al de los planes de ajuste estructural impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a unos 90 países del Sur. Semejante orientación fue considerada desde el principio como no negociable, a pesar de la heterogeneidad de las situaciones económicas y sociales de los países concernidos. Solo se plantea oficialmente a los mismos, como a los quince, la cuestión institucional.

De ese punto de vista, la experiencia de las conferencias intergubernamentales encargadas de elaborar tratados, también mostró sus límites. De allí la idea, adoptada en el Consejo de Bruselas-Laeken en diciembre de 2001, de innovar en la materia, retomando un procedimiento ya utilizado para redactar la Carta de los derechos fundamentales de la U.E., proclamada en el Consejo europeo de Niza de diciembre de 2000: recurrir a una Convención.

Esa instancia, que inició sus labores el 28 de febrero de 2002, está presidida por Valéry Giscard d´Estaing y comprende 105 personas: 15 representantes de los jefes de Estado y de gobierno de los actuales miembros de la U.E., 30 representantes de los Parlamentos nacionales (2 por Estado), 16 miembros del Parlamento Europeo, 2 miembros de la Comisión, y 39 representantes de los países candidatos, incluida Turquía (1 representante del gobierno y 2 de los Parlamentos nacionales). Esos 39 miembros no tienen sin embargo derecho a voto.

La instalación de este areópago un tanto heteróclito no fue fácil, pues los gobiernos son poco proclives a compartir una de sus prerrogativas soberanas, la de concluir tratados. Las conclusiones de la labor de la Convención, que deberán ser conocidas en marzo de 2003, no tendrán valor de obligatoriedad. Simplemente serán tomadas como base de trabajo por los ministros de los Quince reunidos en conferencia intergubernamental, y que dispondrán de un año para elaborar un proyecto de tratado. Sin embargo, si el texto de la Convención reuniera un asentimiento muy amplio en su propio seno, quedaría dotado de una legitimidad que haría difícil dejarlo de lado.

De allí los esfuerzos concurrentes de las partes interesadas institucionales (gobiernos, Comisión, Parlamento Europeo) para influenciar su contenido. Y de allí también la voluntad de la presidencia de la Convención (12 de sus miembros) y de su propio presidente (que 21 años después de su fracaso en la elección presidencial de 1981 se ve por fin llamado a jugar un papel histórico) para poner todas las chances de su lado.

De ese punto de vista, los "convencionales" (a quienes no molesta la comparación entre esa asamblea y la Convención de Filadelfia que en 1787 redactó la Constitución de Estados Unidos) creen disponer de una carta de triunfo: la relación con la "sociedad civil". Esa expresión encierra un concepto totalmente turbio, pero -al igual que el de "gobernanza"- furiosamente "moderno", como lo prueba su utilización repetitiva e interesada desde hace algunos años3. En este caso preciso alude, fundamentalmente, a los sindicatos y las asociaciones civiles.

Esa famosa "sociedad civil" se ve por lo tanto invitada a dar su opinión sobre los seis temas principales sometidos a la convención: ¿Qué Europa deseamos? ¿Quién hace tal o cual cosa en Europa? ¿Cómo simplificar el funcionamiento de la U.E.? ¿Cómo conciliar la eficacia con la legitimidad democrática de las instituciones? ¿Cuál será la voz de Europa en el mundo? ¿Cómo lograr una Constitución europea?

El espectro parece amplio, pero sólo el primero y posiblemente el anteúltimo de esos interrogantes remiten a consideraciones que no son institucionales. Ahora bien, no sólo el terreno del debate está cuidadosamente delimitado para evitar el polémico punto central -que podría llamarse la "cuestión liberal", y del cual dependen todos las demás- sino que los procedimientos y la agenda fijados permiten pensar que la "consulta" tiene fundamentalmente una función de vidriera.

Además, lo que ocurrió en Bruselas entre el 10 y el 25 de junio pasado, durante las audiencias de la "sociedad civil" europea por parte de la Convención, no es muy alentador: presencia masiva de asociaciones subvencionadas por la Comisión, salas demasiado pequeñas para recibir a todos los interesados, tiempo de palabra reducido a su mínima expresión, debates estrictamente limitados. Los "grupos de contacto" preparatorios a las sesiones plenarias del 24 y 25 de junio hubieran podido constituir excelentes espacios de intercambio, pero no fue así para nada.

De tal forma, el grupo de contacto "Cultura", reunido el 12 de junio en presencia de unas cincuenta organizaciones y de 4 miembros de la Convención, tuvo que resolver en una sola jornada temas tan importantes como el arte y el patrimonio, la cooperación cultural, las iglesias y las religiones, la educación y los idiomas minoritarios, pero limitando sus reflexiones a los aspectos institucionales. Se designó luego un informante para cada uno de los temas, que debía tomar la palabra de manera "sintética" durante… cinco minutos, en la sesión plenaria.

Si se hubiera querido dar la impresión de que esas consultas eran únicamente para guardar la forma, no se lo habría hecho mejor. Por otra parte, Jean-Luc Dehaene, ex Primer ministro belga y vicepresidente de la Convención, había declarado el 11 de marzo de 2002 ante el Comité económico y social europeo que la definición de las políticas no formaba parte del ejercicio a realizar… Ahora bien, eso es lo que más interesa a los ciudadanos, que quisieran saber, por ejemplo, si el futuro tratado protegerá o no los servicios públicos, si la competencia seguirá siendo el valor supremo de la Unión Europea, etc.

Imaginar que los temas institucionales van a movilizar a los electores es muy ingenuo. Las arquitecturas jurídicas fueron hechas para estar al servicio de un proyecto y no para ponerse en su lugar, salvo avalando el que se prepara actualmente. Ya, en ese marco, el debate es agitado. El mismo opone la Comisión europea -que ambiciona convertirse en el gobierno de Europa, incluso en materia de política exterior y de defensa- a los gobiernos de tres grandes países (España, Francia y Reino Unido) que, al contrario, desean reforzar el Consejo europeo. Para ello quieren reemplazar la presidencia semestral rotativa de la U.E. por una presidencia de dos años y medio que reduciría notablemente la importancia del presidente de la Comisión.

La tendencia natural de la mayoría de los "convencionales" y del Parlamento europeo será apoyar las tesis de la Comisión. Pero la palabra final la tienen los Estados. Para construir una relación de fuerzas favorable, la Convención hubiera podido presentarse como portavoz no sólo de su "sociedad civil"s hecha a medida, sino también de todos aquellos que no están representados por nadie y que fueron multitud en las calles de Génova, de Barcelona y de Sevilla. Y eso, por no hablar de los que, descreídos de la política, ya no votan más. Pero, aparentemente, no es el camino elegido por la Convención…

  1. Ver Bernard Cassen, "La mecánica europea confisca la soberanía popular", Info-Dipló, 10-5-02 (www.eldiplo.org).
  2. Los países que deberían integrar la Unión Europea a partir de 2004 son Bulgaria, Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia. Turquía obtuvo la condición de país candidato, pero sin que se haya fijado una fecha para su adhesión.
  3. El Primer Ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, cuyas ambiciones teóricas eran desconocidas, lo utiliza permanentemente.
Autor/es Bernard Cassen
Publicado en Artículos especiales para eldiplo.org
Número de ediciónNúmero 37 - Julio 2002
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Neoliberalismo, Unión Europea