¿Es posible otra banca?

Desde hace más de un siglo, Argentina cuenta con una rica experiencia en cajas de crédito y entidades financieras cooperativas, que durante años prestaron servicios a sectores populares y contribuyeron al desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Pero fueron objeto de sistemáticos ataques de sucesivos gobiernos, que actuaron en función de los intereses del capital financiero internacional.

Por supuesto que otra banca es posible. Pero su existencia depende más de condiciones políticas que económicas. La experiencia argentina y la de muchos otros países muestra que el funcionamiento de entidades financieras cooperativas dedicadas al financiamiento de la producción y el consumo de empresas y producciones chicas y de personas de ingresos medios y bajos, es viable. En Argentina el movimiento cooperativo tuvo un importante desarrollo, abortado por la feroz ofensiva de los bancos y de los gobiernos que respondieron a sus intereses.

A fines del siglo XIX, una corriente de inmigrantes europeos se asentó en la provincia de Entre Ríos para extenderse luego hacia provincias aledañas, formando lo que todavía se conoce como “la pampa gringa”. En ese territorio surgieron las primeras cooperativas de crédito, fundadas por chacareros y ferroviarios. Las nuevas entidades reunían los ahorros de los asociados y los convertían en crédito para el consumo y las producciones. Desde el primer momento aparecieron dos grandes grupos, que seguirían actuando durante el siglo XX: uno político, formado por socialistas, y otro comunitario, los inmigrantes judíos. Las cooperativas socialistas estaban compuestas en su mayor parte por trabajadores y artesanos y más concentradas en la Capital Federal y el conurbano, aunque también tenían presencia en las provincias¹.

Cuando se creó el Estado de Israel, en 1949, la comunidad judía argentina, como la de otros países, se dividió entre sectores ortodoxos, de derecha, y sionistas de izquierda que querían que el nuevo Estado tuviera un carácter socialista. En consecuencia, el movimiento cooperativo judío también se fracturó. La rama sionista tradicional mantuvo la mayor parte de las cooperativas y la izquierda fundó el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), con 58 entidades distribuidas en Capital, el conurbano y varias provincias.

Al poco tiempo nació una operatoria que contribuiría a la expansión del sistema. Una cooperativa del IMFC de la provincia de Tucumán comenzó a recibir, además de depósitos en caja de ahorro, depósitos en cuenta corriente. Sobre esa base, los asociados pudieron librar órdenes de pago (Letras) con las mismas características que los cheques bancarios, que podían utilizarse como medio de pago en las transacciones comerciales.

El IMFC generalizó esta operatoria en sus entidades, para lo cual organizó el canje nacional de las letras, siguiendo el modelo de la cámara de compensación o clearing bancario. Las letras se convirtieron en un importante instrumento de liquidez para los asociados a las cooperativas.

La política bancaria del primer gobierno peronista contribuyó, indirectamente, a la expansión del uso de letras cooperativas. El gobierno nacionalizó los depósitos bancarios y distribuyó la capacidad de crédito, concentrándola en los bancos estatales, mientras dejaba a los privados con poca capacidad. Las cajas cooperativas emisoras de letras cubrieron parte de esa necesidad.

El gobierno de la Revolución Libertadora reprivatizó los depósitos a partir de 1955, pero el crédito bancario siguió siendo escaso y generalmente inaccesible para pequeños productores y empresas y para los consumidores, por lo cual las cooperativas de crédito siguieron desarrollándose.

Acabar con el sistema

En 1962, el ministro de Economía, del gobierno de Arturo Frondizi, Álvaro Alsogaray, decidió que las cooperativas se inscribieran como entidades en el BCRA y cumplieran con los requisitos de capital y encajes establecidos para los bancos. La decisión obedecía a las presiones de los bancos, que ya comenzaban a percibir a las cooperativas como una competencia peligrosa. Los bancos sostenían que las cooperativas hacían una competencia desleal porque tenían menores proporciones de capital y encajes con relación a sus depósitos. Eso era así porque las cooperativas, que contaban con la confianza de sus depositantes, podían mantener menores recaudos de riesgo.

Aprovechando la debilidad del gobierno, las cooperativas decidieron no cumplir con las nuevas exigencias. Los bancos redoblaron su ofensiva, con reclamos públicos y presiones sobre el gobierno. Durante varios años se mantuvo una fuerte batalla política entre ambos sectores, con cruces de solicitadas, movilizaciones y actos en el Luna Park que llegaron a reunir 50.000 personas. El cooperativismo logró también apoyos de legisladores y sectores políticos.

El 30 de julio de 1964 el BCRA y el Banco Nación dictaron nuevas exigencias de resguardo, cuyo objetivo era reducir las posibilidades operativas de las cajas de crédito. En 1965 la Asociación de Bancos cerró las cuentas corrientes a las cajas de crédito y comenzó una campaña de solicitadas con listas de personas y entidades acusadas de izquierdistas.

El macarthismo era una simple cobertura política de los intereses económicos. En octubre de 1965, el semanario Primera Plana publicó una entrevista a Jorge Salvador Oria, director del Banco Argentino de Comercio. Allí, el banquero abre su corazón: “Para mí, la filiación política, así fueran comunistas del primero al último, no pasaría de ser un aspecto anecdótico. Nosotros impugnamos las condiciones en que opera el sistema bancario paralelo que es el Instituto Movilizador, y no cambiaríamos nuestra posición aun cuando fuera de la Iglesia Católica y lo dirigieran sacerdotes”².

Según estadísticas del Banco Central, en ese momento existían 900 entidades de crédito cooperativas, el doble del número de sucursales del Banco de la Nación Argentina (BNA). Las cooperativas tenían, en conjunto, un capital superior al del BNA, el principal banco argentino, y por su cantidad de depósitos ocupaban el tercer lugar, después del BNA y el Banco Provincia de Buenos Aires.

Los depósitos del sistema cooperativo eran el 10% del sistema bancario; cuatro veces superior al de las financieras no cooperativas. El IMFC se ocupaba del clearing de las letras emitidas por las cajas asociadas en todo el país, lo hacía gratis y en 72 horas. Para hacer el clearing de sus cheques, los bancos cobraban y tardaban una semana.

El escenario cambió radicalmente a partir del 28 de junio 1966, con el golpe de Estado del general Juan Carlos Onganía. El 8 de julio siguiente, apenas diez días después, el gobierno sancionó la ley 16.898, que estableció la jurisdicción del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre las cooperativas de crédito; se les prohibió además tener cuentas corrientes y se las obligó a inscribirse como entidades financieras no bancarias y a devolver los depósitos a la vista en una semana. Paralelamente, los bancos iniciaron una campaña en los medios de difusión para crear pánico respecto a la sustentabilidad de las cajas.

El golpe sobre el cooperativismo fue durísimo. Según el BCRA, entre 1966 y 1969 el número de cooperativas de crédito pasó de 970 a 620, sus depósitos cayeron un 43% y los créditos un 74%. El IMFC, encargado del clearing de los cheques cooperativos, pasó en poco tiempo de 1.000 a 100 empleados.

Se produjo luego un leve giro: la apertura política de la dictadura y el intento del general Agustín Lanusse de lograr consensos para su Gran Acuerdo Nacional favorecieron al cooperativismo. En diciembre de 1972 el gobierno restituyó a las cooperativas el derecho a operar con cuentas a la vista de tipo bancario. Pero el clearing siguió en manos del BCRA. Poco después, en 1973, el gobierno democrático de Héctor Cámpora devolvió al Instituto Movilizador la posibilidad de actuar como cámara de compensación de las cajas de crédito y el sistema volvió a florecer, alcanzando en 1974 su nivel de operatoria más elevado.

Pero una nueva dictadura volvió a golpear en 1976. En 1977 dictó la Ley de Entidades Financieras, todavía vigente, por la cual éstas sólo pueden ser sociedades anónimas y tener un capital elevado. Posteriormente, el BCRA siguió aumentando las exigencias para las cooperativas, que se encontraron en la disyuntiva de convertirse en bancos o limitarse a operar sólo con cuentas de caja de ahorro. Algunas aceptaron transformarse en bancos; las del IMFC se convirtieron en sucursales del Credicoop.

En los ’90, varios bancos cooperativos cayeron más por sus manejos imprudentes y turbios que por el contexto legal o económico. Fue el caso de los bancos Mayo y Patricios.

Pero el Credicoop se consolidó y pasó de tener 44 sucursales en el momento de su fundación a 200 en la actualidad, reuniendo el 3% de los depósitos del sistema bancario. El IMFC ya no monitorea al Credicoop (está bajo la supervisión del BCRA) y se dedica a la promoción de cooperativas de cartoneros, albañiles, microemprendimientos y minifundistas.

El caso del Hogar Obrero

La cooperativa El Hogar Obrero (CHO) fue fundada en 1905 por iniciativa de Juan B. Justo y otros dirigentes socialistas. Nació como banco destinado a la construcción de viviendas obreras, primero individuales y luego colectivas. Posteriormente desarrolló una cooperativa de consumo. En ambos rubros llegó a ser una mega empresa. Financió numerosos barrios de viviendas y a partir de los ’60 fue de los primeros en abrir grandes centros de compras, los Supercoop. En 1990 tenía casi dos millones de socios, 300 sedes y una facturación de 500 millones de dólares, ocupando el sexto lugar entre las empresas de comercio y servicios. Tenía también empresas productoras con una facturación de 200 millones de dólares, dedicadas en su mayor parte a los Supercoop. La Asociación Mutual Hogar Obrero tenía más de 220.000 ahorristas y el giro de un banco privado mediano. En conjunto ocupaba a 12.500 personas.

La sociedad terminó cayendo por faltas propias y políticas oficiales adversas. Uno de los factores fue que el Hogar se embarcó en una expansión excesiva, ampliando los supermercados e iniciando proyectos inmobiliarios, tomando deudas de largo plazo sobre la base de los depósitos de corto plazo que recibía. En ese contexto, el plan Bonex de 1989, que congeló los depósitos a plazo fijo en los bancos, le asestó un golpe definitivo. Ante la falta de liquidez, los clientes del Hogar comenzaron a retirar sus ahorros. Como no formaba parte del sistema de garantía de los depósitos del BCRA, Hogar no podía entregar Bonex a sus ahorristas. Por lo tanto, para obtener el dinero para sus depositantes, tuvo que vender los Bonex en que se habían convertido esos depósitos al 30% de su valor. La devaluación de fines de ese año acrecentó el temor de los ahorristas, aceleró los retiros y precipitó a la entidad a la insolvencia.

En febrero de 1990, el Hogar solicitó al BCRA y al Ministerio de Economía un préstamo de 20 millones de dólares destinado a detener la corrida de sus depositantes, suma que estaba garantizada con sus activos reales y con la venta de parte del paquete accionario de uno de sus emprendimientos, el Abasto Proveedor. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, accedió a darle un préstamo de… un millón de dólares, condenando a la entidad a la cesación de pagos. En ese mismo momento, el gobierno y el BCRA auxiliaban a entidades financieras menos importantes y a empresas vinculadas al poder, como las del grupo Yoma, por sumas muy superiores³.

1. Gran parte de la información histórica surge de una entrevista del autor a Floreal Gorini, ex diputado, dirigente histórico del movimiento cooperativo, gerente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos durante muchos años y actual presidente de esa institución.
2. La Historia de Todos, IMFC, Buenos Aires, 1998.
3. Alfredo C. Rodríguez y Norberto M. Capece, El sistema financiero argentino, Ediciones Macchi, Bs. As., 2001.