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Recuadros:

¿Es posible otra banca?

Desde hace más de un siglo, Argentina cuenta con una rica experiencia en cajas de crédito y entidades financieras cooperativas, que durante años prestaron servicios a sectores populares y contribuyeron al desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Pero fueron objeto de sistemáticos ataques de sucesivos gobiernos, que actuaron en función de los intereses del capital financiero internacional.

Por supuesto que otra banca es posible. Pero su existencia depende más de condiciones políticas que económicas. La experiencia argentina y la de muchos otros países muestra que el funcionamiento de entidades financieras cooperativas dedicadas al financiamiento de la producción y el consumo de empresas y producciones chicas y de personas de ingresos medios y bajos, es viable. En Argentina el movimiento cooperativo tuvo un importante desarrollo, abortado por la feroz ofensiva de los bancos y de los gobiernos que respondieron a sus intereses.

A fines del siglo XIX, una corriente de inmigrantes europeos se asentó en la provincia de Entre Ríos para extenderse luego hacia provincias aledañas, formando lo que todavía se conoce como “la pampa gringa”. En ese territorio surgieron las primeras cooperativas de crédito, fundadas por chacareros y ferroviarios. Las nuevas entidades reunían los ahorros de los asociados y los convertían en crédito para el consumo y las producciones. Desde el primer momento aparecieron dos grandes grupos, que seguirían actuando durante el siglo XX: uno político, formado por socialistas, y otro comunitario, los inmigrantes judíos. Las cooperativas socialistas estaban compuestas en su mayor parte por trabajadores y artesanos y más concentradas en la Capital Federal y el conurbano, aunque también tenían presencia en las provincias1.

Cuando se creó el Estado de Israel, en 1949, la comunidad judía argentina, como la de otros países, se dividió entre sectores ortodoxos, de derecha, y sionistas de izquierda que querían que el nuevo Estado tuviera un carácter socialista. En consecuencia, el movimiento cooperativo judío también se fracturó. La rama sionista tradicional mantuvo la mayor parte de las cooperativas y la izquierda fundó el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), con 58 entidades distribuidas en Capital, el conurbano y varias provincias.

Al poco tiempo nació una operatoria que contribuiría a la expansión del sistema. Una cooperativa del IMFC de la provincia de Tucumán comenzó a recibir, además de depósitos en caja de ahorro, depósitos en cuenta corriente. Sobre esa base, los asociados pudieron librar órdenes de pago (Letras) con las mismas características que los cheques bancarios, que podían utilizarse como medio de pago en las transacciones comerciales.

El IMFC generalizó esta operatoria en sus entidades, para lo cual organizó el canje nacional de las letras, siguiendo el modelo de la cámara de compensación o clearing bancario. Las letras se convirtieron en un importante instrumento de liquidez para los asociados a las cooperativas.

La política bancaria del primer gobierno peronista contribuyó, indirectamente, a la expansión del uso de letras cooperativas. El gobierno nacionalizó los depósitos bancarios y distribuyó la capacidad de crédito, concentrándola en los bancos estatales, mientras dejaba a los privados con poca capacidad. Las cajas cooperativas emisoras de letras cubrieron parte de esa necesidad.

El gobierno de la Revolución Libertadora reprivatizó los depósitos a partir de 1955, pero el crédito bancario siguió siendo escaso y generalmente inaccesible para pequeños productores y empresas y para los consumidores, por lo cual las cooperativas de crédito siguieron desarrollándose.

Acabar con el sistema

En 1962, el ministro de Economía, del gobierno de Arturo Frondizi, Álvaro Alsogaray, decidió que las cooperativas se inscribieran como entidades en el BCRA y cumplieran con los requisitos de capital y encajes establecidos para los bancos. La decisión obedecía a las presiones de los bancos, que ya comenzaban a percibir a las cooperativas como una competencia peligrosa. Los bancos sostenían que las cooperativas hacían una competencia desleal porque tenían menores proporciones de capital y encajes con relación a sus depósitos. Eso era así porque las cooperativas, que contaban con la confianza de sus depositantes, podían mantener menores recaudos de riesgo.

Aprovechando la debilidad del gobierno, las cooperativas decidieron no cumplir con las nuevas exigencias. Los bancos redoblaron su ofensiva, con reclamos públicos y presiones sobre el gobierno. Durante varios años se mantuvo una fuerte batalla política entre ambos sectores, con cruces de solicitadas, movilizaciones y actos en el Luna Park que llegaron a reunir 50.000 personas. El cooperativismo logró también apoyos de legisladores y sectores políticos.

El 30 de julio de 1964 el BCRA y el Banco Nación dictaron nuevas exigencias de resguardo, cuyo objetivo era reducir las posibilidades operativas de las cajas de crédito. En 1965 la Asociación de Bancos cerró las cuentas corrientes a las cajas de crédito y comenzó una campaña de solicitadas con listas de personas y entidades acusadas de izquierdistas.

El macarthismo era una simple cobertura política de los intereses económicos. En octubre de 1965, el semanario Primera Plana publicó una entrevista a Jorge Salvador Oria, director del Banco Argentino de Comercio. Allí, el banquero abre su corazón: “Para mí, la filiación política, así fueran comunistas del primero al último, no pasaría de ser un aspecto anecdótico. Nosotros impugnamos las condiciones en que opera el sistema bancario paralelo que es el Instituto Movilizador, y no cambiaríamos nuestra posición aun cuando fuera de la Iglesia Católica y lo dirigieran sacerdotes”2.

Según estadísticas del Banco Central, en ese momento existían 900 entidades de crédito cooperativas, el doble del número de sucursales del Banco de la Nación Argentina (BNA). Las cooperativas tenían, en conjunto, un capital superior al del BNA, el principal banco argentino, y por su cantidad de depósitos ocupaban el tercer lugar, después del BNA y el Banco Provincia de Buenos Aires.

Los depósitos del sistema cooperativo eran el 10% del sistema bancario; cuatro veces superior al de las financieras no cooperativas. El IMFC se ocupaba del clearing de las letras emitidas por las cajas asociadas en todo el país, lo hacía gratis y en 72 horas. Para hacer el clearing de sus cheques, los bancos cobraban y tardaban una semana.

El escenario cambió radicalmente a partir del 28 de junio 1966, con el golpe de Estado del general Juan Carlos Onganía. El 8 de julio siguiente, apenas diez días después, el gobierno sancionó la ley 16.898, que estableció la jurisdicción del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre las cooperativas de crédito; se les prohibió además tener cuentas corrientes y se las obligó a inscribirse como entidades financieras no bancarias y a devolver los depósitos a la vista en una semana. Paralelamente, los bancos iniciaron una campaña en los medios de difusión para crear pánico respecto a la sustentabilidad de las cajas.

El golpe sobre el cooperativismo fue durísimo. Según el BCRA, entre 1966 y 1969 el número de cooperativas de crédito pasó de 970 a 620, sus depósitos cayeron un 43% y los créditos un 74%. El IMFC, encargado del clearing de los cheques cooperativos, pasó en poco tiempo de 1.000 a 100 empleados.

Se produjo luego un leve giro: la apertura política de la dictadura y el intento del general Agustín Lanusse de lograr consensos para su Gran Acuerdo Nacional favorecieron al cooperativismo. En diciembre de 1972 el gobierno restituyó a las cooperativas el derecho a operar con cuentas a la vista de tipo bancario. Pero el clearing siguió en manos del BCRA. Poco después, en 1973, el gobierno democrático de Héctor Cámpora devolvió al Instituto Movilizador la posibilidad de actuar como cámara de compensación de las cajas de crédito y el sistema volvió a florecer, alcanzando en 1974 su nivel de operatoria más elevado.

Pero una nueva dictadura volvió a golpear en 1976. En 1977 dictó la Ley de Entidades Financieras, todavía vigente, por la cual éstas sólo pueden ser sociedades anónimas y tener un capital elevado. Posteriormente, el BCRA siguió aumentando las exigencias para las cooperativas, que se encontraron en la disyuntiva de convertirse en bancos o limitarse a operar sólo con cuentas de caja de ahorro. Algunas aceptaron transformarse en bancos; las del IMFC se convirtieron en sucursales del Credicoop.

En los ’90, varios bancos cooperativos cayeron más por sus manejos imprudentes y turbios que por el contexto legal o económico. Fue el caso de los bancos Mayo y Patricios.

Pero el Credicoop se consolidó y pasó de tener 44 sucursales en el momento de su fundación a 200 en la actualidad, reuniendo el 3% de los depósitos del sistema bancario. El IMFC ya no monitorea al Credicoop (está bajo la supervisión del BCRA) y se dedica a la promoción de cooperativas de cartoneros, albañiles, microemprendimientos y minifundistas.

El caso del Hogar Obrero

La cooperativa El Hogar Obrero (CHO) fue fundada en 1905 por iniciativa de Juan B. Justo y otros dirigentes socialistas. Nació como banco destinado a la construcción de viviendas obreras, primero individuales y luego colectivas. Posteriormente desarrolló una cooperativa de consumo. En ambos rubros llegó a ser una mega empresa. Financió numerosos barrios de viviendas y a partir de los ’60 fue de los primeros en abrir grandes centros de compras, los Supercoop. En 1990 tenía casi dos millones de socios, 300 sedes y una facturación de 500 millones de dólares, ocupando el sexto lugar entre las empresas de comercio y servicios. Tenía también empresas productoras con una facturación de 200 millones de dólares, dedicadas en su mayor parte a los Supercoop. La Asociación Mutual Hogar Obrero tenía más de 220.000 ahorristas y el giro de un banco privado mediano. En conjunto ocupaba a 12.500 personas.

La sociedad terminó cayendo por faltas propias y políticas oficiales adversas. Uno de los factores fue que el Hogar se embarcó en una expansión excesiva, ampliando los supermercados e iniciando proyectos inmobiliarios, tomando deudas de largo plazo sobre la base de los depósitos de corto plazo que recibía. En ese contexto, el plan Bonex de 1989, que congeló los depósitos a plazo fijo en los bancos, le asestó un golpe definitivo. Ante la falta de liquidez, los clientes del Hogar comenzaron a retirar sus ahorros. Como no formaba parte del sistema de garantía de los depósitos del BCRA, Hogar no podía entregar Bonex a sus ahorristas. Por lo tanto, para obtener el dinero para sus depositantes, tuvo que vender los Bonex en que se habían convertido esos depósitos al 30% de su valor. La devaluación de fines de ese año acrecentó el temor de los ahorristas, aceleró los retiros y precipitó a la entidad a la insolvencia.

En febrero de 1990, el Hogar solicitó al BCRA y al Ministerio de Economía un préstamo de 20 millones de dólares destinado a detener la corrida de sus depositantes, suma que estaba garantizada con sus activos reales y con la venta de parte del paquete accionario de uno de sus emprendimientos, el Abasto Proveedor. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, accedió a darle un préstamo de… un millón de dólares, condenando a la entidad a la cesación de pagos. En ese mismo momento, el gobierno y el BCRA auxiliaban a entidades financieras menos importantes y a empresas vinculadas al poder, como las del grupo Yoma, por sumas muy superiores3.

  1. Gran parte de la información histórica surge de una entrevista del autor a Floreal Gorini, ex diputado, dirigente histórico del movimiento cooperativo, gerente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos durante muchos años y actual presidente de esa institución.
  2. La Historia de Todos, IMFC, Buenos Aires, 1998.
  3. Alfredo C. Rodríguez y Norberto M. Capece, El sistema financiero argentino, Ediciones Macchi, Bs. As., 2001.

Bancos de pobres

El Women´s World Banking (Banco Mundial de Mujeres) estima que en el mundo hay unos 500 millones de pobres desarrollando micro y pequeñas empresas como medio de subsistencia. Una de las limitaciones más grandes que sufren esos emprendimientos es la falta de acceso al crédito.

En este contexto, los bancos que financian actividades de personas de bajos recursos tienen una múltiple función: permiten la subsistencia y hasta la mejora en la calidad de vida de los micro emprendedores; contribuyen al desarrollo de capacidades organizativas y empresariales que pueden transmitirse a los menores de las familias reproduciendo en el tiempo su impacto social, especialmente cuando implementan programas de asistencia a los receptores de los microcréditos. Cuando disponen de sistemas de garantías solidarias de los créditos, contribuyen también al tejido de lazos sociales en la comunidad en que trabajan.

En la actualidad, 8 a 10 millones de personas reciben micro créditos en los cinco continentes. El Grameen Bank de Bangladesh, creado por Muhammad Yunus, el más importante banco de su tipo, otorga créditos a los más pobres entre los pobres, ofrece capacitación y funciona en forma subsidiada. A mediados de 2002 había prestado en total 2.800 millones de dólares –con préstamos promedio de 100 dólares– y financiado la construcción de más de medio millón de viviendas. En la actualidad tiene dos millones de clientes. El banco de pobres más grande de la región es el brasileño Caixa Aquí, que acaba de llegar a la suma de medio millón de clientes. En Argentina actúan la Asociación Avanzar, surgida de una iniciativa de profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y una institución del Consejo Mundial de Iglesias.

Avanzar, que cuenta con un modesto financiamiento de organismos de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó a trabajar en la villa Los Piletones y se extendió a otras villas. Otorga créditos –hasta un máximo de 200 pesos– a microempresas, en su mayoría integradas por una sola trabajadora, ya que un 90% de los prestatarios son mujeres. Los pagos se hacen semanalmente y están cubiertos por una garantía solidaria de vecinos de la villa. Un centro de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas analizó recientemente la situación de la Asociación con los parámetros utilizados para evaluar la actividad bancaria1. Según el estudio, los prestatarios son cumplidores y la calidad de la cartera es buena. El estudio encuentra que los préstamos contribuyeron a crear puestos de trabajo y a mejorar los ingresos y la calidad del trabajo de los beneficiarios. De la evaluación surge la sustentabilidad de la experiencia, su aporte para la mejora de las condiciones de vida de los prestatarios y el tejido de lazos de cooperación a partir del sistema de garantías solidarias.

  1. Marta Bekerman y Sabina Ozomek, “Microcréditos para sectores de bajos recursos en la Argentina: la experiencia del proyecto Avanzar”, CENES, Documento de Trabajo, N° 14. FCE-UBA, Buenos Aires.


¿Vuelven las cajas de crédito?

Siendo diputado nacional, Floreal Gorini presentó un proyecto de modificación de la legislación financiera, que incluye una reducción de los requisitos para constituir una caja de crédito. La legislación vigente exige un capital mínimo de 15 millones de pesos y un tope de 10.000 pesos para las cuentas de cada depositante, lo cual es muy restrictivo.

El año pasado, el diputado Héctor Polino logró hacerlo tratar por la Cámara de Diputados. El proyecto se compatibilizó con otro, ingresado a la Cámara de Senadores, aprobado por el Legisltativo y a la espera de reglamentación. Si se convierte en ley, habrá condiciones legales para la reaparición de las cajas de crédito.


El padecimiento del cliente cautivo

Una vieja publicidad de productos electrónicos de origen alemán rezaba: “Caro, pero el mejor”. De los servicios bancarios se puede decir lo primero, pero muy difícilmente lo segundo. Los bancos cobran, además del diferencial entre lo que pagan a sus depositantes y lo que cobran a sus clientes (spread), comisiones, tasas y otros cargos adicionales por los servicios que prestan. Muchas veces estos cargos no están especificados debidamente en las ofertas de servicios, lo cual da una versión distorsionada del costo final de los mismos. Además, en muchas ocasiones los servicios bancarios tienen actualmente deficiencias muy molestas y costosas para los usuarios. Cuando estos reclaman, generalmente se encuentran en inferioridad de condiciones para obtener las compensaciones que les corresponden. Los criterios de transparencia, seguridad jurídica y competencia leal, que generalmente esgrime el establishment, aparecen devaluados en la asimétrica relación banco-cliente.

De acuerdo a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, los reclamos por servicios bancarios y tarjetas de crédito siempre han estado entre los primeros en la lista, después de las quejas por el servicio de telefonía fija. Durante el mes de septiembre de 2003 la Subsecretaría recibió 7.600 consultas, de las cuales alrededor de 1.500 eran sobre bancos. Las quejas más frecuentes son por débitos de gastos no previstos en los contratos; cobro indebido de mantenimiento en cuentas sueldo; problemas con los cajeros automáticos, como falta de acreditación de depósitos, extracciones indebidas y sustracción de la tarjeta magnética seguida de faltante de dinero. También hay reclamos por problemas operativos para el procesamiento de cierres de cuentas solicitados por los clientes, lo que permite que el banco siga cobrando servicios de mantenimiento contrariando la voluntad del cliente. Otra de las quejas frecuentes es por los aumentos no anunciados y generalmente elevados de tasas de interés para saldos en descubierto y por la no-devolución de los puntos del IVA que los bancos deben hacer por los importes de compra con tarjeta de débito.

En algunos casos, los bancos emiten tarjetas de crédito sin requerimiento previo del cliente, lo que coloca a este último en la necesidad de comunicarse con el banco, hacer trámites de cancelación o arriesgarse a recibir cargos por servicios que no utilizó.

Por el consumo de algunos servicios los bancos prometen bonificaciones. Pero la Secretaría recibe también quejas por incumplimiento de bonificaciones pactadas y supresión de las mismas sin previo aviso.

La ONG Procurar, dedicada a defensa de consumidores de servicios del sistema financiero, tiene su propia lista de pecados bancarios confeccionada con los reclamos recibidos1. Entre las quejas más frecuentes figuran los elevados intereses por descubiertos bancarios o en tarjetas de crédito, que en ocasiones sobrepasan el 100% anual (en los países desarrollados, el crédito al consumo por tarjetas de crédito tiene tasas de interés anual del 14% al 17%). También hay protestas por disminución unilateral de límites de compra de las principales tarjetas del mercado, lo cual es violatorio de la ley de tarjetas de crédito. La entidad registra además prácticas bancarias reñidas con las normativas vigentes o con los contratos entre bancos y clientes. Entre ellas, la imposibilidad de realizar compras financiadas, la negativa a recibir los pagos de tarjeta de crédito con medios alternativos y los cargos cobrados indebidamente.

Con relación a los créditos hipotecarios, las quejas se refieren a la incertidumbre sobre la aplicación o no del CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) a los créditos y al desconocimiento sobre los criterios de implementación del CVS (Coeficiente de Variación Salarial). También hay reclamos por la imposibilidad de cancelar parcial o totalmente los créditos.

Las organizaciones de defensa del consumidor reciben también reclamos por la operatoria con los cajeros automáticos por problemas como entregas de dinero o acreditaciones de depósitos menores a las certificadas por las máquinas.

Según las estadísticas de Defensa del Consumidor y la Defensoría, sólo uno de cada tres reclamos sobre cajeros automáticos se resuelve a favor del usuario. Un funcionario de la oficina de defensa del consumidor de San Isidro (Buenos Aires), afirma que cuando en la operación intervienen dos bancos, sucede que cada uno de ellos le echa la culpa de la falla al otro o, de otro modo, a la red de cajeros, lo cual deja al consumidor en estado de indefensión2.

Desde 1998, cuando comenzó el pago de sueldos por cajero, los bancos aseguran a sus clientes contra robos en los cajeros, cubriendo dos robos por año. Pero mirando la letra chica de los contratos, se descubre que los seguros son restringidos y que no cubren los casos más frecuentes, como errores de los cajeros o hurtos con sistemas que capturan las tarjetas de los usuarios.

Los déficit en el servicio bancario son costosos para los usuarios y para la economía en su conjunto. El elevado nivel de tasas de interés, especialmente en los descubiertos, y la incertidumbre que suele existir sobre el costo final de las operaciones restringen las posibilidades de financiamiento en situaciones de crisis o lo hacen extremadamente costoso. Los costos y las dificultades que ocasionan los servicios inhiben la bancarización de la población. Esto afecta los intereses del Estado, porque la bancarización permite un mejor control fiscal de los flujos de dinero, de las ganancias y de los gastos. Pero también afecta a los propios bancos, para los cuales la bancarización debería ser un objetivo prioritario. Es decir que el interés por capturar ganancias inmediatas, tergiversando contratos y perjudicando al cliente, se contrapone con el interés de largo plazo de crear una clientela interesada en operar con el sistema.

  1. www.procurar.org.ar
  2. Graciela Giuberchio, Clarín, Buenos Aires, 27-9-03.


Autor/es Julio Sevares
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 54 - Diciembre 2003
Páginas:9,10
Temas Desarrollo, Mundialización (Economía), Neoliberalismo, Nueva Economía
Países Argentina