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La penetrante estrategia de Monsanto

En el gobierno de Lula, tradicional aliado de los ecologistas, el Ministerio de Agricultura encabezado por Roberto Rodrigues, un lobbista a favor de la soja transgénica, entra en conflicto con el Ministerio de Medio Ambiente, cuya titular es Marina Da Silva, ícono internacional de los verdes. La soja transgénica se contrabandea desde Argentina hacia los Estados brasileños fronterizos, pero el lobby de los OGM avanza en territorio brasileño también a través de medidas provisionales aprobadas por el Parlamento.

A un paso de destronar a Estados Unidos del primer puesto entre los exportadores de soja, Brasil es el único de los tres grandes países productores que hasta el momento puso freno legal a la diseminación de las variedades transgénicas de esa leguminosa en su territorio1. Duramente golpeada por la bancarrota argentina2, Monsanto, la empresa estadounidense de biotecnología que acapara el 80% de las ventas mundiales de semillas de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), espera percibir pronto los dividendos de la paciente “estrategia de contaminación” –según la expresión de la agrónoma Flavia Londres, líder de la campaña “Por un Brasil sin transgénicos”– que puso en práctica en el Cono Sur.

En septiembre último, el presidente Lula, figura del altermundialismo y aliado histórico de los ecologistas, prometía “una solución científica, no ideológica”, al quebradero de cabeza planteado por la proliferación –visiblemente incontrolable a causa de las deficiencias crónicas de los servicios de inspección del Ministerio de Agricultura3– de las plantaciones transgénicas ilegales en la zona fronteriza con Argentina. Como la trivialización de los OGM no fue motivo de debate en el país vecino4, Monsanto impuso su monopolio en el mercado local de semillas de soja. Hace seis años que su variedad Roundup Ready, que gracias a la manipulación genética tolera el herbicida Roundup y es fuente de alrededor del 50% de su facturación, alimenta un intenso contrabando hacia Estados brasileños limítrofes.

“Medidas provisorias”

Confrontado a una herencia particularmente difícil de manejar, el Presidente brasileño envió al Parlamento, el 31-10-03, un proyecto de ley que crea un Consejo Nacional de Bioseguridad, compuesto por doce ministros encargados de resolver en última instancia todas las cuestiones relacionadas con los OGM. Marina Silva, la ministra de Medio Ambiente, militante del sindicato de seringueiros (recolectores de látex de las heveas silvestres) de la Amazonia de la época de Chico Mendes –el líder ecologista asesinado en diciembre de 1988– salvó lo que aún podía ser salvado del principio de precaución, inscripto por lo demás en la Constitución, preservando la posibilidad de exigir un estudio de impacto como condición previa al cultivo experimental o la comercialización de los vegetales transgénicos.

Lo cual no quita que la designación como informador del proyecto de ley de Josias Gomes, diputado federal del PT notoriamente favorable a los OGM, facilitará indudablemente la adopción de enmiendas que amenazan reducir considerablemente las prerrogativas del Ministerio de Medio Ambiente.

Comandado por el ministro de Agricultura Roberto Rodrigues, ex presidente de la Asociación Brasileña de Negocios Agrícolas y propietario de una plantación de soja de 4.000 hectáreas en el Estado de Maranhao, en el Nordeste, el muy influyente lobby de los grandes explotadores agrícolas ya puso obstáculos al principio de precaución, que el Presidente había prometido garantizar antes de su elección. De hecho, fue bajo la presión del único sector económico no afectado por la recesión que el jefe de Estado suspendió, en marzo, la moratoria sobre los OGM mediante una “medida provisoria”5, aprobada sin reticencias por el Parlamento, que autoriza la comercialización de la cosecha, en ese momento en curso, de soja transgénica.

Esto a pesar de las disposiciones judiciales vigentes: como consecuencia de una acción intentada en forma conjunta por el Instituto de Defensa de los Consumidores (IDEC) y Greenpeace, una medida precautoria promulgada en septiembre de 1998 por un juez federal limita el uso de los OGM, a la espera de un informe oficial de impacto sobre el medio ambiente de las plantaciones experimentales bajo control público. Otra “medida provisoria”, publicada en el Diario Oficial el 25 de septiembre pasado, amplió sustancialmente la brecha. Aunque la siembra comenzó en octubre, la medida prevé levantar la prohibición sobre el cultivo de las variedades transgénicas –en realidad sobre la patentada por Monsanto, única disponible en Brasil– hasta la próxima cosecha, cuya venta está igualmente liberada.

Para beneficiarse con la amnistía de hecho que se les propone, los agricultores fuera de la ley deben entre otras cosas comprometerse, en un documento llamado “términos de ajuste de conducta”, a sacar sus semillas transgénicas de sus propias reservas de granos6. Además, en el mismo registro de las promesas vanas, la soja despenalizada no podrá circular fuera del Estado donde fue cosechada. Los contraventores se exponen –virtualmente– a multas y al bloqueo de los créditos en los bancos públicos.

En el Estado de Rio Grande do Sul, epicentro del tráfico de semillas, los agricultores convertidos al Roundup Ready debido al ahorro de herbicidas, organizaron cortejos de tractores para saludar la decisión del gobierno. En lugar de circunscribirse a la región meridional, la más afectada por una “contaminación” difícil de evaluar a falta de controles, el comercio ilegal, estimulado por la perspectiva de una inminente legalización, se extiende ya hacia el norte del país. Según el Ministerio de Agricultura, entre el 13% y el 14% de la próxima cosecha de soja sería transgénico.

“Los productores de soja de Rio Grande do Sul exportan legalmente los granos transgénicos sin envasar hacia los otros Estados. Esto les basta para liberarse del impuesto sobre la circulación de mercancías”, explica Iwao Miyamoto, presidente de la Asociación Brasileña de Productores de Granos7. Por su parte, los indios Caigangues de Cacique Doble, a 400 kilómetros de Porto Alegre, decidieron burlar abiertamente la prohibición de cultivar OGM en las reservas indígenas. “No podemos estar en desventaja respecto de los blancos”, proclama su joven jefe de veintidós años, Jacson Silveira8. Su comunidad explota colectivamente un millar de hectáreas, donde desde hace tres años se cultiva soja transgénica.

Marginalizados por la política del hecho consumado, los ecologistas y sus aliados hicieron oír su protesta. Joao Pedro Stedile, amigo del dirigente campesino francés José Bové y miembro de la coordinadora nacional del Movimiento de los Sin Tierra (MST), calificó al jefe de Estado de “transgénico de la política”. El ex gobernador del Estado de Amapa y defensor empedernido del desarrollo sostenible en Amazonia, Joao Capiberibe, del Partido Socialista Brasileño, renunció a sus funciones de vice-líder de la mayoría presidencial en el Senado. Por su parte, Fernando Gabeira, diputado federal, ex guerrillero y fundador del Partido Verde (que abandonó para integrarse al PT), salió dando un portazo del PT. “Mi sueño no llegó a su fin, pero debo admitir que me equivoqué de sueño”, declaró a la tribuna de la Cámara al oficializar la ruptura.

Porque la ministra de Medio Ambiente, ícono internacional de los verdes, sigue tragando quina, no sólo por los OGM y la importación de neumáticos usados, sino también por el Plan Nacional de Desarrollo de la Amazonia, que ignora olímpicamente los perjuicios potenciales a los ecosistemas de las obras de infraestructura previstas. Además, el decreto presidencial emitido en marzo, que reglamenta el etiquetado obligatorio de los productos que contienen más de un 1% de OGM, quedó en letra muerta.

“Estrategia de contaminación”

El descontento de los seguidores de Marina Silva se manifestó nuevamente tras la designación, por orden presidencial, de Paulo Pimenta, diputado federal (PT) de Rio Grande do Sul, como relator de la segunda “medida provisoria” sobre la soja. Recientemente sumado a la causa de la liberación total de la soja transgénica, Pimenta acaba de participar, en compañía de siete parlamentarios brasileños, de una visita guiada a las instalaciones de Monsanto en Saint Louis, Missouri. Otro integrante del gobierno del PT, Adao Preto, representante del pequeño campesinado del Sur, se limitó a constatar que “las cartas ya están echadas”.

El “oro verde” brasileño, primer puesto en la exportación9, descubierto en los años ’60 por los aceiteros de Rio Grande do Sul, conquistó desde entonces las fértiles “tierras malvas” de Paraná y el Mato Grosso do Sul, las sabanas de la Meseta Central y la Amazonia hasta Roraima, el Estado más septentrional de Brasil, y cubre hoy en día cerca de 20 millones de hectáreas. Sustentada por el alza sostenida de las cotizaciones en la Bolsa de Chicago, debida a la sequía que afecta desde hace dos años a las regiones productoras de Estados Unidos, su fulgurante progresión representa ya una amenaza suplementaria para la selva amazónica, devastada desde hace unos treinta años por el avance de la “frontera agrícola”.

Blairo Maggi, el “rey de la soja”, elegido gobernador del Mato Grosso en 2002, encarna el éxito del “desbrozador”: es el primer productor mundial individual, con unas 300.000 toneladas de granos cosechadas este año en sus fazendas.

¿Será el mercado el que determine, como profetiza el ministro brasileño de Agricultura, “lo que el país debe producir”? A fines de octubre, durante la XXI reunión patronal Brasil-Alemania que tuvo lugar en Goiania, capital del Estado de Goiás, en el centro del país, Renate Künstat, ministra alemana de Defensa del Consumidor y Agricultura, evocó desembozadamente el rechazo de los OGM por el 70% de sus compatriotas. “Quien cultive productos transgénicos, –precisó– deberá adaptarse a las reglas rígidas del mercado europeo”10. Entre otras, la “cadena productiva no contaminante” montada por la empresa francesa Carrefour en esta región está en peligro. No obstante, Holanda y Francia absorben el 50% de las exportaciones brasileñas de orujos destinados a la alimentación animal.

Es cierto que Monsanto minó minuciosamente el terreno. Conocida por el espionaje implacable que ejerce en los campos de Estados Unidos y Canadá, la compañía se cuidó muy bien de rastrear con sus detectives privados a los utilizadores clandestinos del Roundup Ready en Brasil. No ha llegado aún la hora de exigirles las jugosas regalías a que su patente le da derecho. Entretanto, su “estrategia de contaminación” se apoya en campañas publicitarias, orquestadas a nivel nacional en la época de la siembra, que alaban la fantástica reducción de los costos de producción gracias al uso de la biotecnología.

Por lo demás, el gigante de los OGM selló en 1997 un acuerdo de cooperación técnica con la sociedad pública Embrapa (Empresa Brasileña de Investigaciones Agrícolas), sobre la elaboración de una gama de semillas de soja transgénica adaptadas a la diversidad de los suelos brasileños. El dispositivo de pre-conquista concluyó en 2001 con la inauguración de una planta cerca de Salvador de Bahia –que entre otras cosas fabrica el Roundup– y que resulta la más importante de Monsanto fuera de Estados Unidos. El Fondo de Desarrollo del Nordeste (Finor) financió con unos 96 millones de dólares la inversión inicial de 360 millones.

Sin embargo, Monsanto todavía no ganó la partida. El 14 de octubre, la Asamblea Legislativa de Paraná aprobó por una mayoría aplastante la prohibición, hasta el 31-12-06, “del cultivo, la manipulación (excepto los cultivos experimentales aceptados), la importación, la industrialización y la comercialización de los OGM” en todo el territorio del Estado, fronterizo con Argentina. La ley, que entró en vigencia el 27 de octubre pasado y ya es cuestionada mediante recursos de sindicatos de agricultores ante el Tribunal Federal Superior de Brasilia, se aplica en particular al puerto de Paranaguá, principal centro de distribución de las exportaciones brasileñas y paraguayas de soja, donde comenzaron a realizarse ciertos análisis con el fin de detectar las cargas de granos transgénicos proscriptos. ¿Mera batalla de honor o primicias de una guerrilla duradera?

  1. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Brasil exportará, en el marco de la cosecha 2003/2004, 26 millones de toneladas de soja contra 23,7 millones de toneladas para Estados Unidos. Este último sigue siendo sin embargo el primer productor (67 millones de toneladas), seguido por Brasil (60 millones) y Argentina (37 millones). Esos tres países representan más del 80% de las exportaciones mundiales, cuyo principal comprador es China.
  2. 1.750 millones de dólares de pérdidas, sobre 4.940 millones de dólares de facturación correspondientes al año fiscal 2002.
  3. El Ministerio de Agricultura cuenta con no más de 2.700 inspectores a nivel nacional.
  4. Véase Walter Alberto Pengue, “Mirar hacia el mercado interno”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, octubre 2003; y Benjamin Backwell y Pablo Stefanoni, “Soja, el negocio del hambre en Argentina”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, febrero de 2003.
  5. Decreto que entra inmediatamente en vigencia antes de ser examinado por el Parlamento en un plazo de sesenta días. Pasado ese plazo, la “medida provisoria” no puede ser prorrogada más que una vez y por el mismo plazo de validez.
  6. Contrariamente a los granos de maíz transgénico cosechados, no aptos para la reproducción, los de soja transgénica pueden –todavía– servir como semillas: Monsanto ya obtuvo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos la autorización de salida al mercado del “terminator”: la soja transgénica estéril.
  7. Folha de São Paulo, 20-10-03.
  8. Folha de São Paulo, 17-10-03.
  9. 8.360 millones de dólares previstos para este año (12% de los ingresos de exportación), 10.760 millones de dólares previstos para 2004, según la Asociación Brasileña de la Industria de los Aceites Vegetales.
  10. Gazeta Mercantil, San Pablo, 28-10-03.
Autor/es Jean-Jacques Sevilla
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 54 - Diciembre 2003
Páginas:13,14
Traducción Patricia Minarrieta
Temas Transgénicos, Agricultura, Corrupción, Desarrollo
Países Brasil