De la propiedad de los medios

La aplicación de una política de medios que entienda la información como un servicio público y no como una actividad empresaria que busque optimizar ganancias será uno de los desafíos del nuevo gobierno, en el marco de un escenario altamente concentrado a causa de las connivencias entre el poder político y los grupos dominantes durante los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde.

El 20 de mayo pasado, el presidente Néstor Kirchner se pronunció a favor de que Canal 7, la Agencia de Noticias TELAM y Radio Nacional queden en manos del Estado, aduciendo que “no concibe un Estado sin medios de comunicación propios”¹, y negando la posibilidad de que esos medios se sometan a control parlamentario. El mismo día, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 1.214/03, que modifica el artículo 11 de la Ley de Radiodifusión Nº 22.285/80, de manera de permitir a las provincias administrar un canal de televisión por aire y una emisora de radio AM y a las municipalidades de todo el país su propia radio FM.

La noticia provocó las críticas de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y de la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA), para las cuales que los medios estatales emitan publicidad supone un peligro para los privados, como si en los principales países desarrollados –incluyendo a Estados Unidos– el Estado no se reservase el derecho de poseer y administrar sus medios de comunicación. En un comunicado, ARPA y ATA se preguntan “cuál es la urgencia y la necesidad de los gobiernos provinciales y municipales de contar con sus propios medios”². En el mismo sentido, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) manifestó su preocupación, argumentando que la iniciativa constituye “una distorsión en la libre competencia, sana y transparente, que debe regir el desarrollo de los negocios en la actividad privada”.

Esta oposición a un simple anuncio se explica por el hábito de manejarse en un mercado sin regulación alguna, adquirido por las empresas de medios de comunicación a partir de la privatización y concentración salvajes operadas en la década pasada, bajo el gobierno de Carlos Menem.

A la privatización de los canales nacionales de televisión abierta, en 1989, y la transferencia de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) al capital privado nacional e internacional, en 1990, se sumaron operaciones de compra, venta y fusiones de empresas, en un contexto de indiferencia oficial acerca del previsible impacto sobre la estructura y la dinámica del mercado³.

El cruce de intereses entre prensa, radiodifusión y telecomunicaciones fue un aspecto determinante de la presión de los holdings sobre el poder político para que se modificasen las leyes reguladoras. Los cambios en la normativa introducidos por el gobierno de Carlos Menem revolucionaron la estructura de propiedad del sector. Cuando se sancionó la Ley de Defensa de la Competencia, después de más de ocho años de dilaciones⁴, dos conglomerados (Arte Gráfico Editorial Argentina (Agea)/Clarín y CEI/TISA) ya eran propietarios de la casi totalidad de los sistemas de TV por cable, del diario de mayor circulación del país, de un número considerable de radios AM y FM, de cuatro de los cinco canales de televisión de alcance nacional, de un alto porcentaje de canales provinciales y de empresas de cobertura de eventos. Además, tenían una posición preeminente en la prestación del servicio de telefonía fija y celular, en el acceso a Internet y en la producción y distribución de contenidos.

Las sospechas sobre irregularidades legales, pago de sobornos⁵ y reglamentaciones dictadas desconociendo las leyes, se dieron desde el momento mismo de la privatización de ENTel. Las licencias para la prestación del servicio de telefonía básica de corta y larga distancia fueron adjudicadas a Telefónica de Argentina (integrada por Telefónica de España, el Citibank y empresas de los grupos locales Techint, Pérez Companc y Soldati) y a Telecom Argentina (Telecom Italia, France Telecom, Pérez Companc y el Banco Morgan). Según la versión oficial, el consorcio liderado por la estadounidense Bell Atlantic quedó fuera de la concesión –aun cuando la oferta fue mejor que la de Telecom– por no reunir los títulos de deuda para afrontar parte de la compra en los plazos establecidos⁶.

Telefónica de Argentina vio crecer su facturación de manera sostenida, incrementada en parte por la implementación del rebalanceo tarifario en 1997, que consistió en un aumento en el costo de las llamadas locales y una disminución en las interurbanas e internacionales. La Corte Suprema se expidió en favor de la legalidad del Decreto en mayo de 1998, luego de varios meses de acciones judiciales contra el aumento. Sin embargo, las operadoras habían comenzado a cobrar las nuevas tarifas desde febrero de 1997. Las concesiones posteriores –telefonía celular y servicio de comunicaciones personales (PCS)– beneficiaron tanto a Telefónica como a Telecom e incrementaron ostensiblemente el grado de concentración económica del mercado local de telecomunicaciones. La segunda mitad de la década encontró a Telefónica como la segunda empresa más importante del país (por monto de facturación anual). El consorcio contaba con una capitalización bursátil cercana a los 8.500 millones de dólares, una ganancia de 470 millones –un 23% superior al año anterior– y una rentabilidad del 15,8%.

Los acuerdos políticos entre funcionarios del gobierno menemista e importantes empresarios del sector se tradujeron en medidas legales que permitieron –y en algunos casos alentaron– la consolidación de una estructura de mercado con un elevado grado de oligopolización. Un caso paradigmático fue la entrega, en 1995, de la frecuencia de 710 khz (ex Radio Municipal) a los empresarios Daniel Hadad y Marcelo Tinelli (quien al poco tiempo abandonó la sociedad) y el ex juez Oscar Salvi, actual defensor de Menem. Siete años después, Hadad compró, en sociedad con los empresarios Fernando Sokolowicz y Benjamín Vijnovsky, el 100% de Azul Televisión (Canal 9). Actualmente, Hadad posee el 25% de Radio 10 (ex Municipal) y es propietario de FM Mega 98.3. Además, participa del 50% de las acciones de HFS Media, que controla al diario Infobae y a Canal 9.

Los casos más paradigmáticos de esa década de concentraciones, puesto que poseen empresas en todos los segmentos del sector, son el Grupo Clarín, liderado por Ernestina Herrera de Noble, y el tandem CEI-TISA, una corporación independiente surgida en 1991 de los acuerdos entre el Citibank (accionista de Telefónica de Argentina) y el Citicorp, a la que tiempo después se asoció el cuestionado banquero Raúl Moneta⁷.

El Grupo Clarín adquirió Radio Mitre en los años ochenta y Canal 13 a comienzos de la gestión menemista. Compró una empresa de cable a la que luego llamó Multicanal –a fines de 2000, era la principal operadora de cable en Argentina y América Latina con un millón de abonados⁸– y compartió hasta 1999 parte de Fintelco-Video Cable Comunicación (VCC), con la firma Cablevisión. Un acuerdo firmado en 1998 entre Argentina y Estados Unidos permitió a otras empresas competir con Nahuel-Sat, el único operador habilitado para ofrecer señales de televisión directa al hogar (TDH)⁹. Poco después, Clarín adquirió un importante paquete accionario en la firma Direct TV, a través de Multicanal.

Su ingreso en la TV por cable y la telefonía celular le permitió incrementar el nivel de concentración a lo largo de la década, al habilitarlo a ingresar en el servicio de telefonía básica y de larga distancia. El Decreto Nº 264/98 establecía que la apertura del servicio a otros competidores sería gradual y que los ingresantes debían estar integrados por operadores de servicios de telefonía móvil con arraigo en el país, operadores de redes físicas de televisión por cable de gran cobertura, otros prestadores con redes físicas ya instaladas y operadores independientes. Con estas condiciones a su favor, el holding Agea/Clarín, a través de CTI Móvil-Multicanal, conformó un consorcio llamado Compañía de Telecomunicaciones Integrales, junto a GTE (operadora internacional) y la cooperativa telefónica Fecotel, entre otras, para operar los servicios de telefonía básica y de larga distancia local e internacional desde la primera etapa de la apertura del sector, establecida por el decreto 264/98, e iniciada en noviembre de 1999.

Cuatro meses antes de la firma del decreto, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) dejó constancia¹⁰ de que ambas licenciatarias habían incumplido las metas obligatorias que les permitirían acceder a la prórroga de tres años, establecida en el pliego licitatorio original.

El tandem conformado por el CEI y Telefónica Internacional (controlante de Telefónica de Argentina) fue, hasta su disolución, el más dinámico en materia de transferencias de capital (ver recuadro). Hacia fines de la década, ocupaba una posición dominante en la mayor parte de los segmentos del mercado local de las telecomunicaciones y un alto porcentaje de las empresas de radiodifusión: compró del 50% de la productora de contenidos Torneos y Competencias (TyC) y, por esta vía, fue accionista de Telearte-Canal 9. Posteriormente, su asociación con Constancio Vigil en Atlántida Comunicaciones (AtCo), le permitió participar de Editorial Atlántida (EASA) y Telefé-Canal 11. Hasta que vendió el 100% del paquete accionario de Azul TV (junio de 2002) estuvo en franca infracción a la ley 22.285, que prohíbe tener más de una licencia en “la misma área de cobertura primaria”.

El crecimiento del conglomerado controlado por Moneta y Richard Handley no se habría concretado sin un marco muy propicio. Durante la gestión menemista y las posteriores, el proceso regulatorio fue concebido como un aspecto puramente formal que no debía desalentar a los posibles inversores. Poco antes de terminar su mandato, Menem otorgó en concesión doce licencias para brindar el servicio de PCS en Capital Federal, el conurbano bonaerense y el interior del país. Las licencias fueron adjudicadas en su totalidad a Telefónica, Telecom, CTI, Movicom y a la empresa estadounidense GTE.

Pero al finalizar el último mandato de Menem, y ante la imposibilidad de su reelección, el CEI se precipitó en una triple crisis: política, judicial y de negocios. “Imposibilitado de reformar la Constitución a tiempo, el proyecto Menem ’99 se desarmó y con él varios negocios se hicieron jirones. De forma paralela, dentro del fondo de inversión se dieron una serie de modificaciones accionarias, que implicaron la entrada y salida de distintos actores. (…) Producto de la causa judicial iniciada en su contra, Moneta fue resignando su protagonismo. El fondo de inversión de origen texano Hicks, Muse, Tate & Furst (HMTF), terminó controlando la presidencia del holding”¹¹.

Luego, en el escenario post-devaluación, las medidas impulsadas por el presidente Eduardo Duhalde aliviaron la situación económico-financiera de algunos operadores privados. Varias empresas de medios y licenciatarios de servicios públicos privatizados ejercieron presiones sistemáticas para que el gobierno extendiese la pesificación de las deudas contraídas con la banca local. Después de la promulgación del Decreto Nº 214/02, la licuación de los pasivos del Grupo Clarín con el sistema financiero local ascendió a casi 57 millones de dólares¹². Por su parte, Telecom Argentina licuó 141 millones de dólares; Telefónica de Argentina, 43 millones; el Grupo Macri, 53 millones; Aguas Argentinas, 60 millones; Pecom Energía, 175 millones; Repsol–YPF, 150 millones y Transportadora de Gas del Sur, 41 millones de dólares¹³.

A su vez, Clarín promovió intensamente el tratamiento del proyecto de Ley de Preservación de Patrimonios Culturales. La iniciativa implica límites a la Ley de Quiebras, establece que la propiedad de los medios de comunicación deberá ser de empresas nacionales y permite la participación de firmas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario. La medida fue tomada frente a la posibilidad de que los activos de los medios locales quedasen en manos de sus acreedores, dada la dificultad para enfrentar sus obligaciones en dólares con el exterior y las reticencias del Estado a otorgar un seguro de cambio.

Se pueden hacer muchas interpretaciones sobre el apoyo mediático de Clarín hacia la política devaluacionista de Duhalde, pero lo cierto es que la normativa post-devaluación salvó al grupo. Cuando el monto de las pérdidas se convirtió en una amenaza para la empresa, el Decreto Nº 1.269/02 modificó la Ley de Sociedades Comerciales –que establece la disolución de la sociedad por pérdida del capital social¹⁴– bajo el argumento de que era necesario “apuntalar el principio general de preservación y subsistencia de las empresas”. El decreto declara la necesidad “imprescindible de crear los medios para evitar, con carácter excepcional y en tanto subsista el estado de emergencia pública, que las sociedades entren en las situaciones mencionadas en los considerandos precedentes”.

En definitiva, la dinámica expansiva y las inagotables variaciones en la composición societaria de las empresas terminaron en la insolvencia y sólo la pesificación de las deudas y la intervención del Estado impidieron problemas financieros mayores y la desnacionalización de los principales grupos. ¿Intervendrá el nuevo gobierno para regular el sector, como ocurre en todos los países organizados? ¿Cumplirá con su promesa de retener para el Estado al menos una red nacional de radio, una agencia de noticias y un canal de televisión?

1. “Defensa de los medios estatales”, Clarín, Buenos Aires, 20-5-03.
2. “Polémica autorización para crear canales de TV y radios”, Clarín, Buenos Aires, 21-5-03.
3. Martín Abeles, Karina Forcinito y Martín Schorr, El oligopolio telefónico argentino frente a la liberalización del mercado, FLACSO/U. N. Q. /IDEP, Buenos Aires, 2001.
4. La Ley Nº 25.156/99 señala la obligación “de producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes, o prestar un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios”. Boletín Oficial, Buenos Aires, 20-9-99.
5. Daniel Cecchini y Jorge Zicolillo, Los nuevos conquistadores, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002.
6. El decreto 62/90 establecía que el precio de la empresa se dividía en un pago al contado y el resto en títulos de deuda argentina, considerados a su valor nominal.
7. Moneta había comprado en junio de 1991 un 10% del paquete accionario del CEI y un año después, otro 23%, para lo cual contó con un crédito del mismo Citibank por U$S 85 millones. (Fuente: Privatización y regulación en la economía argentina, Proyecto del Área de Economía y Tecnología de Flacso).
8. Luis Albornoz, Pablo Hernández, Guillermo Mastrini y Glenn Postolski, Al fin solos… La nueva Televisión del Mercosur, Ediciones Ciccus–La Crujía, Bs. As., 2000.
9. Ibid.
10. La CNC había emitido 18 resoluciones (1.660/97 a 1.678/97) que fueron registradas en los libros de la CNC, pero nunca publicadas en el Boletín Oficial.
11. Glenn Postolski, Ana Santucho y Daniel Rodríguez, “Concentración y Dependencia. Los medios de comunicación en el centro de la crisis”, VI Jornada de Investigadores en Comunicación, Córdoba, 2002.
12. Eduardo Basualdo, Claudio Lozano y Martín Schorr, “Las transferencias de recursos a la cúpula económica durante la presidencia de Duhalde. El nuevo plan social del gobierno”, Realidad Económica, Nº 186, febrero-marzo de 2002.
13. Horacio Verbitsky, “El Clon”, Página/12, Buenos Aires, 17-2-02.
14. La Ley Nº 19.550/84 de Sociedades Comerciales establece que la sociedad se disuelve cuando la pérdida del capital social llega al 50%. Situación por la que atraviesa el Grupo Clarín.