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Llevar al FMI ante la Corte Internacional de Justicia

¿Puede un organismo financiero internacional intervenir en la política económica de los países a los que otorga préstamos? Si así lo hiciera con presiones o exigencias sobre el país afectado, ¿qué instancias existen para determinar si esa intervención es o no conforme a derecho? Una instancia jurídica internacional debería determinarlo, ya que la actitud del FMI contradice la Carta de la ONU.

Las dos preguntas precedentes no son abstractas. Resultan de la acción del Fondo Monetario Internacional (FMI), que impone a los países orientaciones generales y medidas específicas de política económica. Desde el punto de vista jurídico, prima facie parece claro que al hacerlo se extralimita en sus funciones. El FMI es un organismo de Naciones Unidas, cuya Carta de creación establece que "Ninguna disposición de esta Carta autorizará a Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni los obligará" (art. 2 inc. 7). Para los países, el problema es que dentro de los mecanismos de Naciones Unidas no existe ningún organismo específico para hacer respetar ese principio. La Junta de Gobernadores del FMI no podría ser juez y parte, porque lo que se impugnaría sería su propia acción. No se trata de rechazar las medidas que adopta el FMI de acuerdo con su lógica de funcionamiento, sino de cuestionar esa lógica de funcionamiento.

Las autoridades del FMI actúan en defensa de un esquema económico basado en ciertos principios y parten de la base de que los países deben acatarlo. El bien que tratan de preservar es el modelo económico que, a grandes rasgos, surge del Consenso de Washington. Sin entrar a discutir el planteo económico del FMI, existe otro bien superior desde el punto de vista de la comunidad internacional, que es la soberanía nacional. Un país no puede ser obligado a ejecutar una política económica en contra de su voluntad soberana. Puede argüirse que cada país es dueño de no aceptar los préstamos del FMI; pero va contra el derecho natural que el prestamista imponga condiciones abusivas (por ejemplo, obligar al deudor a hacer o no hacer determinados actos, o a pagar tasas usurarias); peor aun, cuando el prestamista que fija condiciones aberrantes es un organismo de Naciones Unidas, creado para aliviar crisis financieras de corto plazo.

Estas condicionalidades trascienden los préstamos específicos y se proyectan sobre toda la política económica nacional; por ejemplo en Argentina los sucesivos ajustes fiscales y la obligación de derogar la ley de subversión económica, reformar la ley de quiebras y dictar la ley de flexibilización laboral. Algunas de estas intervenciones han sido detalladas en diversos documentos del FMI 1 y del Ministerio de Economía y Producción 2.

Definir atribuciones

En síntesis: ¿Debe prevalecer el criterio economicista que obligue a los países a aplicar un modelo uniforme de desarrollo favorable a los intereses financieros y rentistas de los grupos de altos ingresos y de los acreedores externos? ¿O, por el contrario, debe predominar el principio político de la soberanía nacional? ¿Quién puede resolver la cuestión?

La solución está dentro mismo de la Carta de Naciones Unidas, que dispone que "La Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar a la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica" (art. 96, inc.1). Corresponde entonces que se someta el problema a la Corte Internacional de Justicia, que puede guiar la conducta de los países, y cuya opinión es obligatoria para los organismos que dependen de Naciones Unidas, entre los que figura el FMI 3.

En consecuencia, el gobierno argentino -solo o acompañado por otros países, Brasil por ejemplo- debería pedir a la Asamblea General de Naciones Unidas que solicite a la Corte Internacional de Justicia una "opinión consultiva" acerca de si el FMI tiene atribuciones para imponer condicionalidades referidas a la política económica interna de los países (por ejemplo, privatizaciones, flexibilidad laboral o fijación de tarifas de servicios públicos).

En modo alguno se trata de un planteo agresivo, sino de preguntar a la más alta instancia judicial internacional cuáles son las normas jurídicas y los principios generales del derecho aplicables cuando el FMI requiere medidas que son atribuciones exclusivas del Estado soberano. Así se respetará el derecho y tal vez pueda encauzarse al FMI hacia el cumplimiento de las funciones para las que fue creado.

Argentina ha sido llevada a tribunales por caprichos de empresas de renta, como es el caso del juicio radicado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, filial del Banco Mundial), donde el interés nacional es defendido de manera brillante y efectiva; de modo que no existen razones por las cuales Argentina no pueda solicitar a la Corte Internacional de Justicia de la Haya que defina con claridad cuáles son las verdaderas atribuciones que el sistema jurídico internacional le otorga al FMI.

  1. Entre los documentos del FMI es revelador el elaborado por la Oficina Independiente de Evaluación del FMI, que confiesa que en los momentos previos a la caída del gobierno del presidente De la Rúa, el staff del FMI trabajaba en detalle los principales elementos de un programa económico, entre los que sobresalían una modificación del régimen de cambios (dolarización o flotación), reformas estructurales para apoyar el ajuste fiscal y, en caso de dolarización, proveer de liquidez al sistema bancario; ya se habían redactado medidas específicas para cada tema. (IMF, Independent Evaluation Office, Report on the evaluation of the role of the IMF in Argentina, 1991-2001, Washington, junio de 2004, págs. 95 y 96.)
  2. Ministerio de Economía y Producción, El Fondo Monetario Internacional y la crisis de la deuda, Buenos Aires, 2004.
  3. Este procedimiento fue propuesto con respecto a otro tema -la evaluación de la usura en la deuda externa- por el Embajador Miguel Ángel Espeche en abril de 1989 en el Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional (Santo Domingo, abril de 1989); por resoluciones de la Cámara de Diputados de Brasil (agosto de 1995), de Argentina (octubre de 1996) y de Italia (mayo de 1998); por las Facultades de Derecho de Argentina (julio de 2002).
Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 63 - Septiembre 2004
Páginas:9
Temas Ciencias Políticas, Justicia Internacional