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Una radiodifusión para la democracia

Un importante sector de la sociedad civil argentina presentó la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia, destinada a reemplazar a la Ley 22.285 dictada en 1980 por el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla. El gobierno actual, no obstante, sigue dando largas a un asunto de extrema necesidad, del que mucho dependen la transparencia y la consolidación democrática.

De fondo, un ritmo electrónico entrecortado por ruido de interferencias. Una mujer, aparentemente en plena actividad física, acompaña el ritmo de la música: "Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo (...). Ahí sí... Ahora sí se escucha". Un locutor aclara la situación: "¿Es esto lo que tenés que hacer cuando no podés escuchar bien la radio? Las interferencias y las radios ilegales... (ruido de interferencia) son culpables de que no puedas elegir libremente lo que querés escuchar (ruido de interferencia). Y el gobierno nacional debe garantizar tu derecho a que sintonices la radio sin interferencias. Los que hacemos radio en Argentina queremos que cada día nos escuchés mejor".

Este mensaje es parte de una campaña que difunde la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA). Allí está implícita la demanda de penalizar a las emisoras "ilegales", a las que se responsabiliza por las interferencias.

Cualquier oyente de radio sabe que las interferencias existen; sin embargo, ARPA omite mencionar en su campaña que la Ley de Radiodifusión 22.285, dictada por la última dictadura militar en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, excluye en su artículo 45 a las entidades sin fines de lucro de la posibilidad de acceder a una licencia de radiodifusión. Tampoco menciona que según el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el derecho a la información no se limita a la posibilidad de cambiar de dial: consiste también en el derecho a "investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada a la Constitución Nacional, sostiene en su artículo 13, inciso 3: "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, (...) de frecuencias radioeléctricas, (...) o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas". 

La ofensiva mediática de ARPA no es casual 1. El pasado 27 de agosto, representantes de distintas organizaciones sociales que impulsan la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia 2, leyeron desde el auditorio de Radio Nacional los principios del documento en una emisión especial del programa "Las 40", que conduce Mona Moncalvillo, directora de la radio. El programa fue retransmitido a todo el país a través de las cuarenta emisoras AM de Radio Nacional, sesenta radios agrupadas en el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), radios universitarias, rurales, indígenas, de frontera, pequeñas radios privadas del interior del país y, desde Ecuador, retransmitido a dieciocho países de América Latina a través de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER).

El documento fue suscripto por más de mil organizaciones y ciudadanos argentinos y extranjeros que incluyen a todos los gremios de la comunicación del país 3; los organismos de derechos humanos, asociaciones de radiodifusores universitarios y cooperativos, universidades nacionales, Poder Ciudadano, el CELS, la Asociación Periodistas, organizaciones de base como la Federación de Tierra y Vivienda, Barrios de Pie; académicos locales, como Damián Loreti, director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, e internacionales, como Armand Mattelart, Antonio Pasquali y María Rosa Alfaro; personalidades de la cultura como Pino Solanas, y otros.

Ratificando los derechos humanos como "piedra fundamental de la vida en democracia" 4 y "convencidos de que los procesos de consolidación de democracia y justicia en nuestro continente son plenamente dependientes del ejercicio del derecho a la información de modo universal", los integrantes de la iniciativa acordaron veintiún principios -uno por cada año transcurrido desde 1983- que deberían constituir los contenidos básicos de una nueva ley de radiodifusión.

Se destacan: la prohibición de transferir, vender y subastar las frecuencias, que pertenecen a la comunidad; la adopción de normas antimonopólicas y políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación; el respeto a las incumbencias profesionales y derechos de propiedad intelectual de los trabajadores y artistas; un registro público y abierto de licencias, así como la identificación fehaciente de sus titulares; la prohibición de todo tipo de discriminación a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria del servicio; la necesidad de que los medios estatales sean públicos y no gubernamentales; la reserva de al menos un 33% de frecuencias en todas las bandas para entidades sin fines de lucro; cuotas de difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia; la limitación de las repetidoras; una publicidad de total producción nacional y separada de los contenidos de la programación; el respeto del sistema federal; la garantía de los derechos del público; y "la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la Ley 22.285" 5.

Prioridades

 La iniciativa también fue presentada en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados, que la convirtió en expediente parlamentario. Además, el 10 de septiembre, varios representantes de la iniciativa mantuvieron una reunión con Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia de la Nación, Enrique Albistur, secretario de Medios, y Sergio Fernández Novoa, coordinador general del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER). Allí, Néstor Busso, presidente de FARCO, calificó a la iniciativa de "histórica", pero remarcó que "una nueva ley sólo es posible con la decisión política del Presidente". A su vez, Loreti señaló no sólo la necesidad de modificar el artículo 45, sino también el artículo 7 6, y destacó las falencias del COMFER, organismo cuyo diseño y funciones han quedado superadas.

Parrilli reconoció que es intención del gobierno contar con una nueva ley antes de finalizar su mandato, pero admitió "que no es un tema prioritario" en la agenda del Ejecutivo. Asimismo expresó que el gobierno está contemplando la posibilidad de "avanzar en la normalización de las radios sin tener que derogar la ley", a pesar de que hace ya un año que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo 45 7. Ante esta situación, el 17 de septiembre la Asociación Periodistas difundió un comunicado en el que "considera preocupante que luego de doce meses, el Gobierno Nacional recién esté ‘evaluando' la forma de neutralizar los efectos de una norma anticonstitucional sancionada durante la última dictadura, y que todavía no haya encarado ninguna medida concreta".  

De hecho, las medidas tomadas durante este último año por el interventor del COMFER, Julio Bárbaro, no parecen ir en el sentido indicado. El organismo convocó a fines del 2003 a un Censo Único de Organizaciones Colectivas Privadas sin fines comerciales que desean prestar servicios de radiodifusión 8 en el que se inscribieron más de 400 organizaciones, pero el COMFER publicó los pliegos de normalización a pesar de que el interventor se había comprometido a esperar la modificación del art. 45 para normalizar el espectro.

Ante la impugnación de Néstor Busso y Juan Carlos Chirinos, Parrilli resolvió suspender el proceso de normalización hasta tanto no se expida su servicio jurídico permanente. Por otra parte, la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Santa Rosa de Río Primero (Córdoba), logró que la Cámara Federal de Córdoba declarara la inconstitucionalidad de las resoluciones del COMFER N° 1172/2003, 241/2004 y 1202 de septiembre de 2004, que suspendían el acceso a los pliegos para lograr las licencias de instalación, funcionamiento y explotación de la TV por cable. Esta situación se venía repitiendo desde el año 2000 9. Según Julio Rodríguez Villafañe, abogado y presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación, "la mayor discriminación, injusticia e inequidad se da en el acceso a la televisión. (...) Desde 2001 todos los servicios públicos tuvieron que congelar sus tarifas; sin embargo el servicio de cable aumentó casi el 70% con un mercado cautivo, mientras el Estado le garantiza que no entre la competencia". Sólo siete ciudades argentinas cuentan con más de un canal de aire gratuito e incluso Canal 7, el canal del Estado, no llega de forma gratuita a gran parte del país.

Por otra parte, el 14 de septiembre pasado, el interventor del COMFER, quien no estuvo presente en la reunión que los representantes de la iniciativa ciudadana habían mantenido cuatro días antes con Parrilli, participó de una reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación, para debatir un proyecto del presidente de la Comisión, Guillermo Raúl Jenefes (PJ), integrante del Consejo Directivo de la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA) que nuclea a canales privados argentinos de televisión abierta. Ex presidente del multimedios Radiovisión Jujuy S.A., Jenefes figura allí en representación de Canal 7 de Jujuy, que integra el multimedios pertenciente a la familia de su esposa. Tras disponer la llamada al Poder Ejecutivo para que dentro de los ciento ochenta días corridos normalice el funcionamiento de los servicios de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia que estuvieran en funcionamiento al 1-3-04 "sin la licencia correspondiente y que se hubieran presentado ante la Autoridad de Aplicación con la finalidad de obtener la misma, como así también cumplan con la normativa legal vigente", el proyecto, firmado entre otros por Jorge Capitanich y Miguel Ángel Pichetto, retoma el proyecto de penalización de las emisoras "ilegales", que había perdido estado parlamentario 10.

Para Sergio Fernández Novoa, "la ilegalidad existente en la radiodifusión argentina tiene un principal responsable que es el Estado (...). Por lo tanto, me parece que pensar la idea de la penalización es algo absolutamente inoportuno. (...) No tiene sentido estar hablando de plazos de normalización para después penalizar cuando este Parlamento primero puede dar la posibilidad de la legalidad". Sin embargo, Bárbaro declaró ante la Comisión que "uno lentamente madura o achica expectativas y dice ‘para una ley no damos, entonces qué tema puntual podemos resolver todos juntos'" 11.  

Un importante sector de la sociedad argentina no se resigna a ‘achicar sus expectativas'; al contrario, se moviliza para llevarlas a cabo y alcanza importantes consensos. Es de esperar que, por su parte, el Estado no continúe haciendo concesiones a intereses privados, porque la ley de radiodifusión constituye la herramienta esencial de las políticas de comunicación de un país, y la que sigue vigente en Argentina después de 21 años de democracia es la que dictó una dictadura sangrienta y expoliadora.

  1. Susana Reinoso, "ARPA reaviva un debate pendiente", La Nación, Buenos Aires, 18-9-04.
  2. El texto completo de la iniciativa puede consultarse en la página internet de Farco (www.farco.org.ar).
  3. Tanto aquellos agrupados en la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de Medios de Comunicación (Cositmecos), que reúne a trabajadores de todas las actividades de los medios, como los de la Federación de Trabajadores de la Comunicación (Fetracom) que integran la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
  4. Los fundamentos de la iniciativa incluyen, entre otros, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y recuerdan los dichos de la Declaración de los tres relatores de Libertad de Expresión (OEA, ONU y Organización de Seguridad y Cooperación en Europa) para la Libertad de los medios de Comunicación realizada en noviembre de 2001. Allí dice: "Radiodifusión: La promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión...".
  5. Varios de estos puntos refieren a modificaciones a la Ley que en 1999, a dos meses de dejar el poder, efectuó el ex presidente Carlos Menem por el Decreto de necesidad y urgencia 1005. Allí aumentó la tenencia de licencias de 4 a 24, autorizó expresamente las redes y la transferencia de licencias y estableció que los espacios de publicidad eran acumulativos por bloques de hasta seis horas. Por medio de este decreto, Menem legalizaba a posteriori las transferencias de licencias realizadas por el CEI Citicorp Holding, el Grupo Telefónica y Atlántida Comunicaciones. Véase, S. Reinoso, La Nación, 28-9-1999; y Natalia Aruguete y Washington Uranga, "Medios del Estado, al servicio del poder económico", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, abril de 2004.
  6. El pasado 21 de septiembre, las comisiones de Libertad de Expresión y de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados firmaron con un despacho de mayoría y otro de minoría las reformas al artículo 45 de la ley de radiodifusión que ya cuenta con media sanción del Senado. En todos los proyectos, el nuevo artículo permite a toda persona física o jurídica acceder a una licencia de radiodifusión. El debate se centra ahora en la posibilidad de que accedan a las licencias las empresas de servicios públicos. Asimismo ambas comisiones presentaron un proyecto de ley para derogar los artículos 7 y 72 (inciso a) que enmarcan a la Ley en la Doctrina de Seguridad Nacional, así como para sustituir el artículo 96, que indica que los miembros del directorio del COMFER deberán representar a cada una de las tres Armas, razón por la cual, desde 1983, el organismo está intervenido.
  7. Pablo Stancanelli, "Voces múltiples por el derecho a la comunicación"; y Miguel Julio Rodríguez Villafañe, "Absurda (e interesada) discriminación", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, octubre de 2003.
  8. Resolución N° 1174/COMFER/03.
  9. R&TA, Buenos Aires, 13-9-04.
  10. P. Stancanelli, op. cit. El proyecto obliga a las entidades a cumplir con una ley que por definición las excluye, y penaliza a los trabajadores antes que a los dueños.
  11. Versión taquigráfica
Autor/es Pablo Stancanelli
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 64 - Octubre 2004
Páginas:10,11
Temas Política, Derechos Humanos, Estado (Política), Políticas Locales
Países Argentina