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Fin de reinado en Harare

Decenas de miles de zimbabuenses se encuentran en la calle luego de las demoliciones administrativas de mayo de 2005. Popular por su lucha en contra de la segregación racial, el presidente Robert Mugabe se encierra en un autoritarismo destructor, reflejado en una brutal reforma agraria. Aislado, Harare se apoya en Pretoria, su aliado histórico.

Sentado a la entrada del camino que lleva a la iglesia de San Alfonso, sobre la ruta asfaltada de Tafara, uno de los numerosos townships (distritos negros) de Harare (capital de Zimbabwe), Kudakwashe Sithole espera el camión que va a llevarlo a 150 kilómetros de allí, a su pueblo natal de Kadoma, en el Mashonaland occidental. En este principio de julio, hace ya tres semanas que Sithole duerme al borde de la ruta, con su mobiliario depositado a su lado. Se abriga con una de las abigarradas frazadas distribuidas por la Iglesia a las numerosas familias que han perdido su vivienda durante la operación Marambutsvina. Iniciada en abril de 2005, Marambusvina significa “limpiar la basura” en shona, o “restaurar el orden”, según la traducción oficial.

A semejanza de miles de otros residentes de Tafara y de la aldea vecina de Mabvuku, Sithole fue obligado por la policía a destruir, con sus propias manos, las tres piezas de material donde vivía con su familia desde hace quince años. De no hacerlo, hubiera sido detenido, como otros 40.000 de sus conciudadanos, y obligado a pagar una multa de 600.000 dólares zimbabuenses por cada pieza 1. El propietario, un desocupado ex funcionario del correo, vivía en el edificio principal de la pequeña parcela que alojaba a la familia Sithole. Debió presenciar impotente la destrucción de las tres piezas construidas sin autorización de la municipalidad. Estos pequeños edificios, muy corrientes, estaban destinados a alojar a los niños cuando habían crecido o, más frecuentemente, a alquilarlos a los recién venidos incapaces de poder comprarse una parcela, ya fuera por ingresos insuficientes o a causa de la dificultad para conseguir un permiso de construcción.

Estas demoliciones se produjeron en un momento en que la falta de viviendas era flagrante: en el año 2000, 670.000 familias –de las cuales el 20% provenía de la clase media– se encontraban en una lista de espera para la adquisición de un terreno destinado a construir su vivienda principal. Desde entonces, el éxodo provocado por el movimiento de redistribución de las tierras hizo explotar las demandas 2. En este contexto, y con fondo de una crisis política persistente, el gobierno emprendió la operación de retorno obligado de centenas de miles de personas a las zonas rurales que, sin embargo, pasaban por un mal momento a causa de la fuerte sequía y la desorganización engendrada por la confiscación de las tierras.

Las iglesias de todas las confesiones se movilizaron para responder a una crisis cuya amplitud el gobierno se niega a reconocer. Tuvieron el apoyo de las organizaciones no gubernamentales –cuya presencia, para nada apreciada por las autoridades, se había vuelto discreta– y de las agencias de Naciones Unidas. Éstas últimas enviaron personal especializado con el fin de detectar, entre las víctimas, a los enfermos de sida que estaban en tratamiento. Dispersos, enviados por la fuerza a las zonas rurales, o escondidos para evitar la deportación hacia campos de tránsito desprovistos de todo, miles de estos enfermos no respondieron al llamado. Zimbabwe, un país duramente golpeado por el virus –entre 24% y 35% de los 11 millones de habitantes serían seropositivos– sufrió la mayor disminución del mundo en la esperanza de vida: ¡disminuyó veinte años en menos de 10 años 3! Ahora se encuentra en la posición 147 en la escala de desarrollo humano.

Allí donde las topadoras efectuaron las primeras demoliciones, como en Hatfield, Chitungwiza, White Cliff Farm o en Mbare, los bordes de las rutas están tapizados de restos, en muchos casos de cemento, porque las construcciones se realizaban con materiales industriales y no con materiales de recuperación, como ocurre frecuentemente en África. Así, el gran mercado de pulgas de Mbare, Mupedznahamo (“el fin de todos nuestros problemas económicos y sociales”) no era, hacia fin de junio, más que escombros y restos de metales, “como después de un bombardeo”, exclamó el cardenal Wilfrid Napier al visitar estos sitios encabezando una delegación del Consejo de las Iglesias Sudafricanas. En otros lugares desaparecieron barrios enteros, con puestos de venta y depósitos. Las fotos satelitales distribuidas por la Red Integrada de Información Regional (IRIN, según su sigla en inglés), el centro de información de la ONU 4, dan la impresión de que un verdadero tsunami se ha abatido en cada uno de esos lugares.

A pesar de las reacciones cada vez más indignadas de las asociaciones, de la oposición, de las iglesias y, por cierto, de la “comunidad internacional”, la operación Marambutsvina se extendió rápidamente, con la ayuda del ejército, a todos los centros urbanos del país y especialmente a Bulawayo, segunda ciudad de Zimbabwe. Según la ONU, que envió una investigadora, Anna K. Tibaijuka, 2,4 millones de personas resultaron, “en diferentes grados”, indirectamente afectadas por los desalojos forzados 5. Unicef informó que 220.000 niños dejaron de ir a la escuela como consecuencia de la pérdida de su vivienda, y también registró el caso de numerosos niños que enfermaron por la exposición al fuerte frío de las noches del invierno austral. La región de Harare, ubicada en una hermosa meseta a 1.600 metros de altura, puede tener temperaturas cercanas a cero.

El poder no manifiesta ningún pesar por todo esto: son medidas legítimas de “renovación urbana” y de descongestión de las ciudades, cuyo mantenimiento parece, por otra parte, una verdadera obsesión para el gobierno, que se muestra en esto como queriendo rivalizar con la administración colonial. Se trataría incluso de una “iniciativa elogiable” dirigida a “luchar contra la miseria”, y a reprimir la criminalidad y el mercado negro, según la vicepresidenta Joyce Mujuru 6. Después de haber acusado a Londres de presionar a la investigadora tanzanesa enviada por Naciones Unidas, el gobierno anunció un vasto programa de construcción de viviendas bautizado Garikai (“Siéntanse bien”) con el fin de manifestar su buena fe pero, sobre todo, para calmar las reacciones internacionales. Se mostró dispuesto a gastar el equivalente a 300 millones de dólares estadounidenses. Harare, que no dispone de esta suma, espera el apoyo externo.

Debilitar la oposición 

¿Pero por qué un régimen ya frágil por su aislamiento internacional 7–con la notable excepción de Sudáfrica y China–, y en búsqueda desesperada de inversiones extranjeras y de dinero fresco para pagar los atrasos de la deuda, se ha embarcado en una operación como la de Murambatsvina? Según intelectuales cercanos a la ZANU–PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front, o Unión de Pueblos Africanos de Zimbabwe – Frente Patriótico), el partido de Mugabe, lo que explicaría esta política es la grave escasez de divisas. El gobierno está convencido de que el mercado negro del dólar estadounidense –cuya cotización paralela es de alrededor de una vez y media la cotización oficial– es alimentado por las transferencias clandestinas de los emigrados residentes en países vecinos 8 y por transacciones ilícitas. Por eso aumentó el tipo de cambio reservado para la diáspora y lanzó una operación de captación de divisas en el sector formal (hoteles, empresas, etc.) y en el informal, que representa, según su visión, todos los peligros. En efecto, en los círculos del poder se recuerda que los movimientos rebeldes de Liberia y de Sierra Leona fueron financiados gracias a tráficos diversos, especialmente de diamantes.

Pero los ejemplos recientes de Ucrania y de Georgia son los que explican, sobre todo, la amplitud de Murambatsvina. En esos países, las manifestaciones callejeras lograron terminar con poderes fuertes, lo que resultó más fácil porque gozaban de la simpatía de Occidente. Ahora bien, la operación de demolición fue lanzada algunas semanas después de las elecciones legislativas del 31 de marzo de 2005, que ganó la ZANU-PF (78 bancas, contra 48 para el Movimiento para el Cambio Democrático – MCD 9) pero que fueron desautorizadas, como las anteriores, por la “comunidad internacional”, aunque los observadores africanos –los únicos presentes– las hayan juzgado “libres y equitativas”. El poder, replegándose en su postura de víctima, clama más que nunca que Occidente estigmatiza a Zimbabwe porque su gobierno atacó la herencia colonial, al expulsar a un puñado de blancos de las tierras que habían ocupado por la fuerza hace cien años. “¿Es posible afirmar que Egipto o Uganda son más democráticos que Zimbabwe?”, se repite con entusiasmo en los medios del partido.

Harare esperaba, luego de las elecciones de marzo de 2005, un comienzo de normalización de las relaciones con la Unión Europea, con el fin de romper el “encierro anglo-estadounidense”, como lo dejaba presagiar la actitud “constructiva” de algunos países del sur de Europa favorables al restablecimiento de un diálogo mínimo con Harare. Pero, si bien la Unión señaló los progresos realizados por el poder en la organización de esa elección –en comparación con las muy controvertidas elecciones legislativas de 2000 y de la presidencial de 2002– de todas formas, mantuvo sus sanciones 10. Desde de la invasión de Irak en 2003, el gobierno de Mugabe teme una agresión armada, lo que explicaría las recientes compras de equipos militares a China, que incluyen 12 aviones de combate y 700 vehículos de transporte de tropas por 240 millones de dólares estadounidenses. En enero de 2005, la secretaria de Estado estadounidense Condoleeza Rice calificó a Zimbabwe como “puesto de avanzada de la tiranía”, junto con Cuba, Irán, Bielorrusia, Birmania y Corea del Norte. El 22 de julio de 2005, el ministro británico de Relaciones Exteriores, Jack Straw, pidió al Consejo de Seguridad que se encargara del tema. Pero China se opuso a toda decisión apresurada.

El ala “moderada” de la ZANU-PF sacó provecho de este nuevo rechazo occidental: encarnada especialmente en el gobernador del Banco Central Gideon Gono, promovía un acercamiento a Occidente y una normalización de las relaciones con las instituciones financieras internacionales, gracias al respeto de los criterios de “buena gobernanza” y a la adopción de políticas de liberalización. Los “duros”, en cambio, de los cuales forma parte el esposo de la vicepresidenta, el general Solomon Mujuru, así como el ministro de Seguridad Didymus Mutasa (encargado también de la reforma agraria), prepararon una guerra preventiva contra los insurgentes potenciales: las capas de población urbana, sobre todo las de menores ingresos, que votaron masivamente a la oposición.

Mientras que a nivel nacional el MDC perdió 16 bancas con relación al año 2000, en Harare logró alzarse con todas las bancas a cubrir, salvo una que con lo justo pudo lograr la ZANU. En Bulawayo, feudo de la oposición, el MDC tuvo una victoria completa, como también en Mutare, Gweru o Masvingo; la ZANU obtuvo principalmente los votos rurales, sobre todo en la zona Shona. Una ilustración de la doble separación entre ciudad-campo y entre grupos étnicos, ya que el MDC resistió mejor en las regiones rurales Ndebele, el grupo étnico donde está más arraigado y que es originario de Bulawayo.

El plan era echar de las ciudades a los potenciales sostenedores de la oposición, como son las capas pobres de los suburbios, con el pretexto de que sus casas no habían sido homologadas por las autoridades. Pero, según los diputados electos del MDC de Harare y de Bulawayo, mediante la asignación de nuevas parcelas, prevista en el programa de reconstrucción, el poder se apresta a favorecer con prioridad a los simpatizantes de la ZANU-PF, creando de esa manera una nueva base electoral.

La oposición, a la que el gobierno no siempre le reconoce legitimidad, y con la cual se niega a todo diálogo fuera del parlamento, está desamparada y minada por los crecientes desacuerdos. “¿Es posible perseguir eternamente el objetivo de una victoria electoral cuando se sabe que el poder no juega limpio?”, nos confiaba el presidente del partido, Morgan Tsvagirai, que ahora está pensando en multiplicar las acciones de desobediencia cívica (sentadas, huelgas, etc.) con el fin de obtener las reformas indispensables para la realización de elecciones justas (constitución, ley electoral, libertad de prensa, etc.). Pero la intimidación y el acoso han acabado con el entusiasmo de los militantes, y el MDC no realizó ninguna acción coordinada contra Murambatsvina.

Fundado en 1999, el MDC tampoco ha podido formular propuestas “incisivas” de recambio a la necesaria pero brutal redistribución de las tierras organizada por el poder, según Brian Raftopoulos, uno de los intelectuales cercanos a la oposición. Además, los apoyos declarados o supuestos de ésta fueron las primeras víctimas de las expropiaciones. Hasta 1997 era bastante buena la coexistencia con la minoría blanca, que poseía la parte principal de las riquezas del país. Pero en 1999, la entrada en la política de algunos elementos que tenían en la mira a la minoría blanca –cuyos intereses económicos, heredados de la colonización, habían sido hasta ese momento respetados e incluso protegidos por el gobierno– equivalió a una ruptura de contrato. Al final de los años 1990, el fuerte descontento popular producido por el agravamiento de la crisis económica 11, se iba canalizando, de a poco y no sin demagogia, hacia la campaña por la “reapropiación” de las tierras.

Controvertida reforma agraria 

En el año 2000, el partido ZANU-PF que, con el rechazo de la nueva Constitución por referéndum, enfrentaba el primer gran desafío a su poder, cambió radicalmente de táctica y lanzó un ataque frontal contra toda una serie de “enemigos y traidores” de la causa patriótica, históricamente encarnada por el partido de Mugabe: la antigua potencia colonial, la población blanca, el MDC, los movimientos asociativos, los asalariados agrícolas y la población urbana donde recluta sus bases la oposición. Esta ofensiva cambió el contorno del paisaje político e hizo resurgir la “cuestión racial”, “paralizada” por los acuerdos de Lancaster House con Gran Bretaña 12. La creación de una nación multiétnica, parecida a la que se está construyendo en Sudáfrica, no fue objeto en Zimbabwe de una campaña a fondo, porque la ejemplar reconciliación local se efectuó principalmente gracias a un entendimiento con el capital blanco, más que entre razas, señala Ibbo Mandanza, jefe de redacción del Daily Mirror en Harare.

El balance de la reforma agraria es muy controvertido: se redistribuyó el 80% de las granjas, pero, según el representante del Banco Mundial en Harare, la pobreza aumentó significativamente. Las mejores tierras fueron acaparadas por la burguesía negra, que ya se había asegurado el control del 20% de las granjas comerciales adquiridas por el Estado durante los años anteriores pero, durante esa redistribución tan caótica, 150.000 familias recibieron granjas de pequeño tamaño situadas en su mayoría en las regiones más áridas. Y el indispensable aporte del Estado al financiamiento de la infraestructura necesaria para la viabilidad de esas tierras no se efectuó.

Algo más paradójico aun es que los intereses de los 350.000 ex trabajadores agrícolas fueron completamente ignorados. Se trataba del proletariado agrícola más importante del África subsahariana, que conformaba –incluyendo las familias– el 20% de la población 13. En 2003, sólo 100.000 trabajadores habían vuelto a encontrar un empleo. Echados por los nuevos propietarios de las granjas donde residían desde generaciones, muchos tomaron el camino de las ciudades, para ser luego alejados de ellas durante el operativo de “limpieza”. La partida de esta mano de obra competente y el desguace de las granjas fue desastroso. Así, la producción de tabaco, que durante mucho tiempo fue la primera fuente de ingresos del país, se redujo a un cuarto; y este año, a causa de una severa sequía, el faltante de cereales alcanzó la cifra récord de 1,2 millones de toneladas, de manera que la producción no cubre más que un tercio de las necesidades del país.

Al poder de Mugabe sólo le queda el salvavidas ofrecido por Sudáfrica, mediador sin éxito, hasta el presente, en el conflicto interno de Zimbabwe. Pretoria, vinculada a Harare por un pasado común de lucha contra la segregación racial, podría ahora disponer de una palanca formidable: el otorgamiento de una ayuda financiera vital, a cambio de profundas reformas políticas y económicas.

 

  1. Un dólar estadounidense vale 17.000 dólares zimbabwenses. Existen tres tipos de cambio: uno para la compra de equipos y de bienes por el gobierno (845 dólares zimbabwenses por un dólar estadounidense), uno oficial para los importadores que resulta del remate bimensual de las divisas, y que en julio era de 12.000 dólares zimbabwenses por dólar estadounidense; y un tercer tipo tipo para la diáspora, que en general es ligeramente superior al segundo.
  2. Colette Braeckman, “La batalla por la tierra en Zimbabwe”, Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, mayo de 2002.
  3. Le Monde, París, 22-7-05.
  4. La IRIN depende de la oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA): www.irinnews.org/français.asp
  5. Informe entregado el 21 de julio de 2005 al secretario general Kofi Annan.
  6. The Herald, Harare, 26-7-05.
  7. Robert Mugabe y 76 personalidades están sometidos a sanciones que les prohiben especialmente viajar a los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Australia, donde sus eventuales bienes están congelados. Estados Unidos también ha identificado veinticuatro granjas comerciales y dos firmas de Zimbabwe que son propiedad de miembros del partido en el poder, del ejército o de generales jubilados, con los cuales están prohibidos el comercio y las relaciones financieras.
  8. Las transferencias legales de los emigrados representaron 54 millones de dólares estadounidenses en 2004.
  9. A esas 78 bancas hay que agregar 30 bancas suplementarias de diputados nombrados por el presidente, conforme a las prerrogativas que le atribuye la Constitución surgida de los acuerdos de Lancaster, concluidos en vísperas de la independencia y destinados a asegurar una representatividad mínima a la minoría blanca. El proyecto de nueva Constitución sometido por la ZANU-PF al referéndum del año 2000 –y rechazado en su conjunto por los electores– preveía la abolición de esta cláusula.
  10. Desde 1999 la ayuda internacional está suspendida a causa de los atentados contra la democracia.
  11. En 1991, el gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un acuerdo de ajuste estructural, con la esperanza de incrementar las inversiones extranjeras, incluso en el sector minero (oro, platino, carbón, etc.). Los efectos negativos de esta política fueron inmediatos y duraderos: aumento de las tasas de interés y de la inflación, una caída del 65% en la bolsa de valores, desindustrialización –caída del 40% en el sector manufacturero–, despidos masivos y rápida declinación del poder de compra.
  12. En 1990, los acuerdos de Lancaster House preveían que, durante diez años, la tierra se cedería al gobierno o a los compradores potenciales, únicamente sobre una base voluntaria y en condiciones de mercado.
  13. Henri Bernstein, Reclaiming the Land, Zed Books, Londres, 2005.
Autor/es Augusta Conchiglia
Publicado en Artículos especiales para eldiplo.org
Número de ediciónNúmero 75 - Septiembre 2005
TraducciónLucía Vera
Temas Política, Sociedad, Economía
Países Zimbabwe, China